El magistrado español Carlos Castresana se dice preocupado por la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, pero sobre todo porque, afirma, en este escenario de violencia e inseguridad el Estado parece ausente, paralizado. A diferencia de otras naciones de Latinoamérica –como Colombia o Guatemala, donde la movilización ciudadana coadyuvó a la caída del presidente Otto Pérez Molina–, el Estado mexicano no sabe qué hacer y eso, advierte, puede llevar al país a la ingobernabilidad. “Ya no es tiempo de palabras, sino de hechos”, advierte quien llevó a juicio al exdictador Augusto Pinochet.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Detrás de la crisis de los derechos humanos en México está la ausencia del Estado, sostiene el magistrado español Carlos Castresana, y pone como ejemplo la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de uniformados locales en complicidad con el crimen organizado.
Consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para temas de justicia e impunidad y exintegrante de la comisión internacional para la justicia en Guatemala, a Castresana le preocupa que el Estado mexicano no dé una respuesta a esta crisis como lo exige la sociedad. Advierte que si ésta no se resuelve con reformas judiciales de gran calado y el compromiso de los actores políticos, podría generarse una situación de ingobernabilidad y una explosión social de graves consecuencias.
Conocedor de la realidad del país desde 1996, Castresana insiste: en México el problema es la ausencia del Estado. Y esa es la diferencia con países en los cuales ha habido una situación similar de violencia, como Colombia, donde a pesar de una larga crisis de 50 años el Estado siempre estuvo presente.
“En Colombia –dice– nunca faltó el Estado. En México la crisis de derechos humanos pasa por la ausencia del Estado”. Y aclara: “No se trata de un Estado fallido o carente de recursos. Simplemente está ausente. No quiere (actuar) o no sabe cómo hacerlo.
“Esa es la parte más preocupante del problema visto desde afuera: un Estado que está paralizado, incapaz de dar respuesta a la legítima demanda de justicia de los ciudadanos.”
Refiere que una de las causas de la violencia exacerbada en México es el fracaso de la transición a la democracia durante los 12 años de gobierno del PAN. Vicente Fox, puntualiza, no quiso crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes del Estado durante el régimen del PRI, y optó sólo por una fiscalía –la que encabezó Ignacio Carrillo Prieto–, mientras que Felipe Calderón optó más por el uso de la violencia institucional para combatir al narcotráfico.
“El 2000, que significó el fin del régimen del PRI y la llegada de Vicente Fox, concitó muchas esperanzas de un cambio y no lo hizo en las instituciones. No hubo una reforma a fondo en las Fuerzas Armadas, ni en las policías ni en el sistema general de justicia.
“No se hizo y ahora se están pagando las consecuencias de un sistema anticuado, que no está al día, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que no es capaz de solucionar y poner fin a esas situaciones gravísimas de violaciones de los derechos humanos mediante una administración de justicia pronta, eficiente y transparente.”
–Esta violencia que vemos ahora ¿es la expresión más clara del fracaso de la transición a la democracia?
–Yo creo que no hay ninguna duda que la decisión de Fox fue equivocada al crear una fiscalía y no una comisión de la verdad. En todos los países donde tenemos referentes es al revés: primero se hace una comisión de la verdad, se esclarecen los hechos y luego, sobre la base de ese esclarecimiento histórico, se hace justicia. En Colombia primero han acordado la creación de la Comisión de la Verdad y luego la del mecanismo de justicia. Eso debería haberse hecho en México.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revistaProceso 2030, ya en circulación)
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