De acuerdo al Informe de “Control del Espacio Público”, trabajo sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, se considera a Veracruz como uno de los estados con gobierno que coarta la libertad de expresión y manifestación, junto con los estados de Michoacán, Oaxaca, Puebla y Guerrero.
El informe fue realizado por Article 19, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), AC; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios Causa; Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Propuesta Cívica, AC; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
La criminalización de la protesta asume múltiples formas, desde la represión desproporcionada de los manifestantes, la investigación y persecución penal del grupo social (con frecuencia dirigida hacia los líderes de los movimientos), hasta la descalificación automática y desde una óptica delincuencial de las organizaciones y colectivos que protestan. Dicha criminalización también implica la creación de sanciones administrativas y delitos ad hoc, que posibilitan la persecución penal de grupos y personas o de sus acciones. Asimismo, alcanza a integrantes de medios de comunicación.
De manera directa, la protesta social puede verse limitada ilegítimamente, criminalizada, a través de disposiciones normativas que expresamente intentan regular la manifestación pacífica y buscan imponer medidas de restricción a los derechos que la integran; por tanto, son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
En estos casos de limitación expresa y directa, es común ver propuestas legislativas que pretenden regular el uso del espacio público a partir de medidas de restricción a la manifestación en cuanto a vías principales, horarios, permisos, etcétera. También suelen imponerse sanciones administrativas, civiles o incluso penales frente al incumplimiento de medidas desproporcionadas, como la exigencia de un aviso o permiso previo, que propician la burocratización del ejercicio de derechos.
A nivel local, también existen propuestas para restringir la protesta social desde el ámbito legis-lativo. En los estados de Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz se han introducido alarmantes iniciativas de ley que atentan contra la libertad de expresión y de reunión. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social expresa su profunda preocupación respecto de estas propuestas; no sólo por la gravedad del contenido –algunas exigen una “causa justificada” para manifestarse– sino por la cantidad que han sido presentadas en los Congresos locales.
El informe expone que en la entidad, está la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado, iniciativa que de acuerdo a la página oficial del Congreso del Estado de Veracruz no muestra cual es el proceso de la misma.
Sin embargo el informe sostiene que los puntos de riesgo o vulneración de la protesta social:- Se encuentran en los artículos 17, 18, 61, 62, 63, 64 y 65. –Establece que para celebrar una manifestación se requiere causa justificada (con finalidad “perfectamente lícita”), así como una autorización por escrito (cinco días antes)– De no contar con permiso para manifestarse, las autoridades de seguridad solicitarán a las personas manifestantes que se retiren y, de no hacerlo, está permitido el uso de la fuerza pública para liberar vialidades, restaurar el orden y mantener la seguridad. –Introduce supuestos amplios de actuación para elementos de seguridad al establecer que “tomará las medidas necesarias para evitar bloqueos de vías primarias”– Permite detenciones a través de una mera presunción de la comisión de un ilícito o por infracciones a la ley.
FUENTE: JORNADA VERACRUZ
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