Mucho se habla del saqueo
en que se ha incurrido en la actual administración a las arcas del erario
estatal, con la complacencia del gobernador Javier Duarte de Ochoa pero
¿quiénes son los encargados de operar los desvíos de recursos a cuentas
privadas y domicilio particulares? Encabezados por Juan Manuel del Castillo
González, Subsecretario de Sefiplan, se menciona a Alejandro Limón Luengas,
quien hace un tiempo fue separado de sus funciones en la Sefiplan por un
faltante aún sin comprobar de 5 millones de pesos y que, no obstante el hecho,
fue premiado y arropado por Juan Manuel del Castillo desde los tiempos en que
despachaba como Secretario Particular del Gobernador Javier Duarte. Limón
Luengas opera en complicidad con el tesorero Arnulfo García Fragoso desde una
de sus guaridas secretas, ubicada en una discreta casa blanca en el número
3348 de la avenida Ruiz Cortines. A ese domicilio transportan millonarias
cantidades de dinero en efectivo a bordo de una Toyota blanco, un Aveo blanco,
un Jeep plata y una Honda CRV plata desde la Sefiplan, dinero que se usa, entre
otras cosas, para apoyar tanto las pasadas campañas electorales de los ahora
diputados Tarek Abdalá, Érik Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Alberto Silva
y demás secuaces, como para enriquecer a todos los participantes de ese círculo
de traidores al pueblo veracruzano y, por supuesto, ir haciendo el guardadito
para la campaña de Juan Manuel Del Castillo, quien si no la logra se quedará
con lo robado. Total, no hay para pagar compromisos oficiales pero sí para
seguir saqueando.
En un país con
el sistema de salud público enfermo y con rezago educativo, la principal
motivación para solicitar un préstamo, de acuerdo con el Global Findex 2014, es
afrontar gastos médicos con un 27 por ciento, seguido por gastos educativos con
un 19 por ciento. Sólo el 7 por ciento se endeuda para empezar, operar o
expandir un negocio.
Solventar gastos médicos es la principal razón para solicitar un
préstamo en México. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– En marzo el costo diario de
la canasta alimentaria básica fue de 89.30 pesos, mientras que el salario
mínimo llegó a los 73.04 pesos, de acuerdo con la Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza. Sobrevivir con ese ingreso implica el riesgo de recurrir al
endeudamiento si se padece una enfermedad o se desea continuar estudiando,
alertan especialistas y análisis sobre el endeudamiento de los mexicanos.
El 51 por ciento de los adultos en México reportó haber adquirido un
préstamo en los últimos 12 meses, de acuerdo con el Global Findex 2014. Sin
tomar en cuenta las personas que tienen una tarjeta de crédito o solicitaron
créditos hipotecarios o automotrices, sólo el 10 por ciento de la población
obtuvo un préstamo a través de una institución financiera formal y el resto
mediante familiares o amigos.
La principal motivación para solicitar un préstamo, reportó la encuesta,
fue afrontar gastos médicos con un 27 por ciento, seguido por gastos educativos
con un 19 por ciento, mientras que el 7 por ciento mencionó hacerlo para
empezar, operar o expandir un negocio.
“Cuando se analizan las cifras de pobreza, se cree que los problemas
están concentrados ahí, en los pobres, pero los datos muestran que dado los
cambios en el patrón del consumo, se encuentra que en general las familias dedican
más de su gasto a la alimentación y eso es empobrecimiento porque brindan menos
dinero para otras cosas como educación o salud, elementos que pueden verse
resentidos”, expuso el economista Marcelo Delajara, del Centro de Estudios
Espinosa Yglesias (CEEY).
Más de la mitad de los trabajadores en el país, el 57.4 por
ciento, labora en el sector informal, lo cual priva de acceso a la seguridad
social.
Los recursos para atender a la población sin seguridad social pasaron de
108 mil 424 millones de pesos en 2004 a 236 mil millones de pesos en 2015, de
acuerdo con el “Primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la
Salud” de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Sin embargo, el incremento no se refleja en mejores servicios médicos:
“no se surten completas las recetas de medicamentos, se generan largas esperas
para consultas especializadas, estudios y cirugías, y en ocasiones se niegan
los tratamientos”, enlista el estudio.
El 63.4 por ciento de las unidades de primer nivel urbano y el 59.5 por
ciento de las del área rural tienen fallas en el surtimiento completo de
medicamentos; una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que
se le recetan y 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas,
medicamentos o estudios de laboratorio.
En cuanto a la necesidad de endeudarse para poder seguir estudiando,
revelan datos del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), en México 31
millones de personas mayores de 15 años de edad tienen rezago educativo: cinco
millones no saben leer ni escribir, diez millones no han terminado la primaria
y 16 millones no han concluido la secundaria.
Asimismo, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el
nivel superior se educa sólo al 30.1 por ciento de la población de entre 18 y
22 años de edad.
Respecto al uso de los ahorros y los préstamos para hacer frente a una
urgencia económica, expuso el Global Findex 2014, el 48 por ciento de la
población adulta en México estimó probable pagar una urgencia económica
equivalente a 6 mil 400 pesos en caso de una emergencia.
Entre aquellos que indicaron poder afrontar esta urgencia económica, uno
de cada cuatro mencionó que lo haría a partir de sus ahorros, mientras que la
fuente más socorrida sería los familiares o amigos en un 51.2 por ciento.
CRÉDITO VÍA TARJETAS
La tarjeta de
crédito es el producto crediticio con el mayor número de contratos. Foto:
Cuartoscuro.
Las instituciones bancarias (múltiple y de desarrollo) ofrecen créditos
personales, de nómina, grupales, ABCD, hipotecarios, automotrices y las
tarjetas de crédito. Las sociedades pertenecientes al sector de ahorro y
crédito popular, por su parte, brindan créditos al consumo y a la vivienda.
De acuerdo con el Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2016 de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dentro de la banca múltiple, la
tarjeta de crédito fue el producto crediticio con el mayor número de contratos.
Al cierre de junio de 2015, el total de contratos de este producto alcanzó la
cifra de 27.7 millones: alrededor de 1 de cada 2 contratos de crédito
corresponden a tarjetas de crédito.
Banamex es el banco con mayor crecimiento, superando un millón de
contratos adicionales respecto de 2013, seguido por Bancoppel con 645 mil
contratos adicionales en el mismo período.
Los créditos personales son el segundo producto crediticio más numeroso
con 11.3 millones de contratos (el 22 por ciento del total de contratos de
crédito). Banco Azteca (47.8 por ciento) y Banco Ahorro Famsa (21.2 por ciento)
fueron las instituciones con mayor participación al cierre de junio del año
pasado.
Banco Azteca ofrece a los consumidores de bajos ingresos préstamos
a largo plazo para pagar bienes de comercio de línea blanca, electrónica o
muebles. De acuerdo con Alejandro Valenzuela, director general del banco,
propiedad de Ricardo Salinas Pliego, entre los 13 millones 500 mil
clientes, el promedio tiene alrededor de 2 mil 600 pesos en su cuenta bancaria.
El tercer producto más demandado fueron los créditos de nómina al
contabilizar 4.6 millones de contratos, es decir, 130 mil contratos adicionales
respecto de lo reportado en diciembre de 2013. En este caso, Santander fue el
banco que más crecimiento reportó, al sumar 436 mil créditos de nómina más en
comparación a lo registrado en 2013.
Dentro de la banca múltiple, Nuevo León y la Ciudad de México acapararon
los contratos de crédito. En contraste, Oaxaca, Zacatecas y Chiapas registraron
los indicadores más bajos.
En cuanto al sector de entidades de ahorro y crédito popular, el 98 por
ciento de los contratos de crédito reportados correspondieron a créditos al
consumo. A junio de 2015 se contabilizaron 2.5 millones de contratos de los
cuales Caja Popular Mexicana concentra el 52 por ciento.
En los créditos a la vivienda, a junio de 2015 únicamente se
suscribieron 62 mil contratos. La participación de las Socap corresponde
al 60 por ciento del total y Caja Morelia Valladolid concentró la mayoría con
el 12 por ciento. En el caso de las Sofipo, el número de créditos a la vivienda
ascendió a 25 mil créditos y Te Creemos registró el 71 por ciento de los
créditos.
En este sector Guanajuato es la entidad con mayor cobertura, seguida de
Colima y Querétaro.
ÍNDICE DE MOROSIDAD EN MARZO 2016
La cartera total de crédito en el sector de banca múltiple creció 13.9
por ciento en marzo de este año en comparación con el mismo mes de 2015,
reportó la CNBV.
Por segmentos, los incrementos anuales fueron 15 por ciento en cartera
comercial, 13.3 por ciento en consumo y 10.3 por ciento en vivienda.
Dentro del crédito al consumo, el otorgado a través de tarjetas de
crédito aumentó 7.2 por ciento anual en marzo y representó el 40.1 por ciento
del total; los créditos de nómina crecieron 19.8 por ciento y conformaron el
24.7 por ciento de este portafolio; y los créditos personales subieron 19.9 por
ciento más y fueron el 20.4 por ciento del total.
El Índice de Morosidad (IMOR) –la relación entre el monto de la cartera
vencida respecto de la cartera de crédito total– en la cartera de consumo
presentó un nivel de 4.06 por ciento, una disminución de 0.94 pp anuales. La
cartera de tarjeta de crédito tuvo un IMOR de 4.97 por ciento, 0.43 pp menos
que el año anterior.
La morosidad de los créditos a la vivienda se situó en 3.3 por ciento,
0.41 pp menos que en marzo 2015. El crédito destinado a vivienda media
residencial alcanzó un IMOR de 3.44 por ciento, mientras que el segmento de
vivienda de interés social registró un IMOR de 10.37 por ciento.
Los brazos de Javier Duarte. Funcionarios que autorizaron la
entrega de contratos a la red de empresas fantasma.
Arturo Ángel (@arturoangel20) y Víctor Hugo Arteaga
mayo 24 2016
Funcionarios cercanos al gobernador de Veracruz, Javier Duarte,
entregaron contratos a una red de empresas fantasma para la compra de productos
que debían destinarse a población vulnerable, pero que nunca llegaron a su
destino. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de Mexicanos Contra la
Corrupción y la Impunidad.
El procedimiento es simple: al
arranque del sexenio se selecciona a promotores del voto del PRI, se les pide
su firma sin decirles para qué la quieren y éstas se usan para crear nuevas empresas.
A estas compañías se les asigna un domicilio fiscal falso, que ninguna
autoridad revisa.
Una vez
creadas, las empresas se registran como proveedoras del gobierno, capaces de
vender desde pañales hasta cemento. Un pequeño grupo de funcionarios, cercanos
al gobernador, se asegura que se les otorguen contratos, vía adjudicaciones
directas o licitaciones cerradas.
En estos
contratos se finge la compra de productos, que debían distribuirse en zonas
populares, pero que nunca llegan. Después de obtener el dinero, la empresa
cierra.
El
gobierno de Veracruz utilizó este mismo procedimiento una y otra vez para
desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013.
En esos
años, funcionarios de la administración de Javier Duarte en Veracruz firmaron
73 contratos para la adquisición y distribución de bienes que, en el papel,
serían destinados a personas en situación de pobreza, damnificados por
desastres naturales, niños y ancianos. Pero que no hay constancia de que
fueran entregados.
Las
secretarías locales de Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF
estatal fueron las responsables de firmar estos contratos, que en todos los
casos fueron concedidos a una red de 21 empresas, las cuales tienen diversos
elementos en común: fueron fundadas al arranque del sexenio de Javier Duarte,
desaparecieron después de conseguir el contrato, o –como ocurre con 13 de
ellas– los socios están relacionados entre sí.
No son
las únicas “coincidencias”: 12 fueron registradas ante la Secretaría de
Economía con las mismas dos direcciones de correo electrónico y 11 están
ubicadas en un mismo barrio habitacional popular. En todos los casos, las
direcciones fiscales son casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o
herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido
una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios.
En las
entregas siguientesAnimal Políticoexplicará a detalle cuáles son estas
compañías y sus nexos entre ellas. En tanto, se puede adelantar que no sólo hay
empresas fantasma, sino que además los productos que supuestamente se
adquirieron no llegaron a su destino o es imposible saber qué ocurrió con
ellos, porque las dependencias involucradas reconocieron que no tienen ningún
comprobante que pruebe su entrega. Un grafólogo revisó las firmas que aparecen
en los contratos y determinó que, en algunos de los casos, son falsas o no
corresponden a la misma persona.
Los
contratos fueron firmados por un pequeño grupo de funcionarios que pertenecen
al grupo político de Javier Duarte desde hace años. Son los mismos que han
ocupado en este sexenio las oficialías mayores o tesorerías de las principales
dependencias públicas y se han relevado unos a otros.
Estos
funcionarios son los mismos que han estado presuntamente involucrados en otros
casos de corrupción y hasta se han anunciado investigaciones en su contra,
averiguaciones previas abiertas o denuncias de la Auditoría Superior de la
Federación, pero nada ha pasado.
Está, por
ejemplo, Edgar Spinoso, quien fue Oficial Mayor de la Secretaría de Educación
hasta que fue removido porque la Auditoría Superior de la Federación alertó de
posibles desvíos en más de 80 por ciento de las aportaciones federales para los
programas en Educación. Pero eso no hizo que terminara su carrera política y
hoy Spinoso es diputado federal.
Otro es
Vicente Benítez González, quien era el Subsecretario de Desarrollo Social y
Humano de la Sedesol-Veracruz y quien colabora con Duarte desde que éste era
diputado federal, en 2009. Benítez era Tesorero en la Secretaría de Finanzas
local cuando, en enero de 2012, la Policía Federal decomisó una maleta con 25
millones de pesos en efectivo que llevaban dos funcionarios de esa secretaría
de Finanzas de Veracruz. Tras este hecho, Duarte anuncióla renunciade
Benítez al cargo de Tesorero.
Pero
Benítez sólo estuvo un año fuera del gobierno porque regresó como subsecretario
de Desarrollo Social, desde donde le tocó anunciar un programa estrella del
gobierno de Duarte: la fundación de tiendas comunitarias, que hoy –como
reconoce la propia Sedesol local– no existen.
En marzo
de 2014, Benítez llegó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de
Veracruz para relevar precisamente a Edgar Spinoso. Hoy es candidato a diputado
local.
Un
ejemplo más de los funcionarios de las dependencias que avalaron los 73
contratos: Tarek Abdalá Saad, quien fue director de Finanzas y Administración
de DIF y más tarde sustituyó a Vicente Benítez como tesorero, cuando éste tuvo
que salir del cargo por el escándalo de los 25 millones de pesos decomisados.
Tarek
Abdalá es hoy diputado federal por Cosamaloapan y la PGR tiene abiertas tres
averiguaciones previas vinculadas en su contra por el presunto desvío de más de
casi dos mil millones de pesos durante su gestión como tesorero de Veracruz en
2012 y 2013.
La
investigación de Animal Político, cabe subrayar, sólo se centra en 73 contratos
por poco más de 645 millones de pesos que asignaron estas cuatro dependencias
en 2012 y 2013. Una mínima parte de los contratos que cada año firman estas
dependencias.
De estos
73 contratos analizados, 16 fueron por adjudicación directa –sin concurso– y
otros 57 se otorgaron vía licitaciones cerradas, en las que los propios
funcionarios siempre invitaron a las mismas 21 compañías, 19 de las cuales
fueron creadas en el sexenio de Javier Duarte y su historial comercial es nulo
más allá de obtener estos contratos.
Luis
Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal y constitucional, revisó los
documentos de esta investigación –que incluyen contratos, actas constitutivas y
respuestas de transparencia de las dependencias– y consideró que en la entrega
de estos contratos “hay señales claras de irregularidades fuertes, que pueden
calificarse incluso de delictivas por parte de los funcionarios del estado de
Veracruz que están involucrados en (la entrega de) licitaciones directas o
restringidas”.
Animal
Político buscó desde la semana pasada la versión del Gobierno de Veracruz y de
las dependencias estatales involucradas en la firma de estos contratos. Se les
entregó la base de datos de todas estas adjudicaciones y licitaciones para su
revisión. El
Director de Información del gobierno del estado, Bernardo Gutierrez Parra,
señaló que debido al periodo de veda electoral estaban impedidos para dar
un posicionamiento público.
También
se pidió la postura de los funcionarios que participaron en la entrega de
estos contratos y que ahora son diputados federales por el PRI. La
respuesta que entregó la Coordinación de Comunicación Social de la bancada de
ese partido fue que los legisladores se encontraban participando en las
campañas electorales de Veracruz y que no estaban disponibles para dar su
posicionamiento.
El caso
Sedesol
En 2013
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz firmó 45 contratos en
los que siempre participaron empresas de esta red, por un monto de 243 millones
766 mil 548 pesos. Los conceptos fueron variados: desde materiales de
construcción para pisos y techos de viviendas en zonas marginadas hasta útiles
escolares, artículos de limpieza, cobertores, cobijas y despensas.
Los
contratos se entregaron vía “licitaciones simplificadas”, un mecanismo legal
que establece que deben participar tres empresas en una competencia, pero son
seleccionadas por los funcionarios. Este mecanismo sólo tiene una limitación:
el monto total del contrato no puede superar los seis millones de pesos, pero
los funcionarios cuidaron que esto no sucediera.
En los 45
contratos participaron las mismas empresas. En algunas licitaciones les tocaba
ganar y en otras perder, pero siempre eran las mismas.
Por
ejemplo, en la licitación 222-13 por paquetes de láminas, Sedesol Veracruz
invitó a las empresas Importadora Denylk, Merca Carrey y AD911. La primera es
propiedad de Román Ulises Alvarado y la segunda, de Adriana Montes Hernández.
Román es sobrino de Adriana y ambos, en realidad, son habitantes de una zona
marginada en Boca del Río y no sabían –según confirmaron– que eran
“propietarios” de empresas. La tercera empresa invitada, AD911, es una compañía
creada seis meses antes de la licitación. El contrato fue para Importadora
Denylk.
Pero hubo
“revancha” para AD911 porque tres días después, la misma dependencia la invitó
a la licitación 233-2013, también por paquetes de láminas. En esta ocasión ganó
y derrotó a una empresa llamada Mogarver.
Esta
última empresa es propiedad de Martha Hernández, media hermana de Adriana y
madre de Román Ulises Alvarado.
Ya en
2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado que Sedesol
de Veracruz estaba usando esta misma estrategia: para evitar que hubiera
licitaciones abiertas y así pudieran controlar qué empresas participaban, los
funcionarios de la dependencia dividían un mismo contrato en partes para que no
superaran los 6 millones de pesos que fija la ley como tope. La Contraloría de
Veracruz anunció que había integrado por ello el expediente 094/2013, pero no
hubo sanción alguna.
En 2013,
Sedesol Veracruz continuó con la misma práctica y por eso los contratos que se
entregaron son máximo por 5 millones 800 mil pesos.
Otro caso
detectado se dio en cinco contratos para la compra de uniformes, útiles
escolares y despensas de artículos no perecederos o de limpieza. Los productos
debían repartirse a través de “tiendas comunitarias en zonas marginadas” que
forman parte del programa social “Adelante”, pero estas tiendas no existen,
según reconoció en entrevista el coordinador de dicha estrategia, Jesús
González Herrera.
–Esto
implicaba un despliegue presupuestal amplio que no pudo llevarse a cabo (…). Sí
hubo reglas de operación para este programa, pero no se ha materializado nada
por la insuficiencia presupuestal –señaló.
–¿Entonces
no hay ninguna tienda comunitaria de Sedesol local?
–No.
Dijo
desconocer por qué se pagaron esos contratos si las tiendas nunca se crearon.
Aquí el
audio de esa entrevista:
En
el periodo en que se concedieron estos contratos Vicente Benítez González era
el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol-Veracruz, el área
que se encarga de los programas sociales y combate a la pobreza de acuerdo con
el organigrama de esa dependencia.
Benítez
empezó el sexenio como Tesorero en la Secretaría de Finanzas local, hasta que
perdió el cargo porque la Policía Federal decomisó en el Aeropuerto de Toluca,
en enero de 2012, una maleta con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban
dos funcionarios de la secretaría de Finanzas de Veracruz.
La
Procuraduría General de la República investigó los hechos, pero determinó que
no había delito y autorizó el regreso de los 25 millones de pesos. Benítez fue
reubicado como subsecretario de Desarrollo Social.
En una
denuncia contra el gobernador Duarte que el PAN interpuso en marzo pasado ante
la PGR, por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, Benítez fue identificado
como uno de sus presuntos prestanombres. La denuncia señala que a través de él,
el gobernador habría realizado inversiones en Miami, Florida, mediante una
firma denominada Capital Investment Property Services.
En marzo
de 2014 volvieron a reubicar a Benítez, que fue nombrado en la Oficialía Mayor
de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ahí relevó a Edgar Spinoso. Se mantuvo
en ese cargo hasta el 22 de febrero de este año, cuando renunció para ser
candidato del PANAL por la diputación local de San Andrés Tuxtla.
Cuando
Sedesol-Veracruz emitió las 45 licitaciones adjudicadas a la red de empresas,
en 2013, el titular de la dependencia era Alberto Silva Ramos, quien colaboró
con el exgobernador Fidel Herrera desde que él era senador de la República, en
2002. Los contratos fueron firmados en su totalidad por su director jurídico,
Juan Carlos Rodríguez, y su jefe administrativo Humberto Benítez Pérez. Ambos
son colaboradores cercanos de Silva desde que era alcalde de Tuxpan, en 2010.
De
acuerdo conun perfilde
su trayectoria política y personal, Alberto Silva y Javier Duarte se conocieron
cuando trabajaron juntos en la Secretaría de Gobernación en 1994.
Antes de
trabajar directamente en el gabinete de Duarte, Silva se desempeñó como alcalde
del municipio de Tuxpan hasta 2012 y en 2013 pidió licencia para asumir la
titularidad de Sedesol Veracruz. En 2015 fue electo como diputado federal por
Tuxpan pero en marzo de este año pidiólicencia indefinidaal Congreso para regresar al gabinete
de Duarte como coordinador de Comunicación Social.
Los
contratos de la Secretaría de Educación
Entre
octubre de 2012 y marzo de 2013, la secretaría de Educación de Veracruz
adjudicó siete contratos a seis empresas por un total de 324 millones 414 mil
pesos para la compra de materiales didácticos. En este caso se entregaron vía
adjudicaciones directas, a pesar de que la Ley de Adquisiciones de Veracruz
sólo permite esta opción en situaciones de “emergencia”.
Una de
las empresas fue Abastecedora Romcru, que recibió un contrato por 131 millones.
Está registrada ante la Secretaría de Economía con uno de los dos correos
electrónicos con los que 12 de estas empresas se dieron de alta:palermo712@hotmail.comybruno061887@hotmail.com.
Su accionista, Raúl Chirinos Escobar, es hijo de Concepción Escobar, una mujer
que aparece como socia de Publicidad Akkira, otra compañía de esta red. Ambos
niegan ser dueños de empresa alguna.
En otro
de los casos la empresa Comersil, cuyo correo electrónico es el mismo con el
que se registró Abastecedora Romcru, recibió dos adjudicaciones de esta
dependencia por 26 millones 23 mil pesos.
Se pidió
a la Secretaría de Educación local nombres y ubicaciones de las escuelas
“beneficiadas” y comprobantes de su entrega. La respuesta fue: “Distribuidos a
diversos centros educativos del Estado”, pero se negaron a precisar cuáles.
La
adjudicaciones directas de estos contratos estuvieron avaladas por Edgar Spinoso
Carrera, quien fue Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz en
2012 y 2013.
Spinoso
coincidió con Javier Duarte en el gobierno de Fidel Herrera entre 2005 y 2009:
Duarte como secretario de Finanzas del estado y Spinoso como tesorero en la
Secretaría de Educación. Al iniciar su sexenio, en diciembre de 2010, Duarte
colocó a Spinoso en la Subsecretaría de Finanzas y luego lo mandó a la
Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz.
En marzo
de 2014, después que la Auditoria Superior de la Federación alertó de posibles
desvíos en más de 80 por ciento de las aportaciones federales para los
programas en Educación, Spinoso fue relevado del cargo, pero no hubo ninguna
investigación en su contra.
En 2015
se dio a conocer que dos años antesla PGR abrió una
investigaciónpor
peculado contra él, Tarek Abdalá y Tomás Ruíz González, otros funcionarios
involucrados en esos contratos de los que se hablará más adelante. La denuncia
fue por acusaciones hechas tanto por la Auditoría Superior de la Federación
como por particulares.
En 2016
el nombre de Spinoso fue incluido en una denuncia del candidato del PAN al
gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, como parte de una supuesta red de
prestanombres a través de los cuales Duarte habría adquirido propiedades por
tres mil millones de pesos en Estados Unidos.
Otro
funcionario que trabajó en la Secretaría de Educación de Veracruz cuando se
entregaron los contratos es Adolfo Mota Hernández, quien la encabezó desde el
inicio del gobierno de Duarte. Entre 2002 y 2004 fue presidente estatal del PRI
en Veracruz y de 2006 a 2009 fue diputado federal. Duarte nombró a Mota
secretario de Educación y durante su gestión la Auditoría Superior de la
Federación alertó de desvíos del dinero público. Por ejemplo, en la Cuenta
Pública del 2012 los auditores detectaron 120 millones de pesos que la
Secretaría de Educación no comprobó qué destino tuvieron.
Pese a
eso Mota se mantuvo en el cargo hasta que renunció para iniciar campaña como
candidato a diputado federal, labor que desempeña actualmente.
Los
contratos de Protección Civil
La
Secretaría de Protección Civil de Veracruz entregó en 2013 nueve contratos a
cuatro empresas de esta misma red por un total de 29 millones 628 mil 120
pesos. En todos los casos fueron adjudicaciones directas para la adquisición de
despensas, cobertores, colchonetas o kits de limpieza.
Entre ellas
está Comersil, que recibió de esta dependencia tres adjudicaciones para la
compra de despensas para damnificados por 12 millones 750 mil pesos, y a la
cual la Secretaría de Educación local le dio también dos contratos por concepto
de materiales didácticos.
Los
beneficiarios serían personas afectadas por las temporadas de lluvias o
tormentas tropicales. Sin embargo, a solicitud expresa, la dependencia
reconoció que, tras una “búsqueda exhaustiva”, no existía ninguna lista donde
se consignaran los nombres de los beneficiados y que no podía confirmar quiénes
recibieron los productos. Eso sí, confirmaron que los contratos se pagaron.
Zaide Del
Carmen Zamudio Corro firmó los nueve contratos que la Secretaría de Protección
Civil entregó en 2013 a la red de empresas, bajo el cargo de jefa de Unidad
Administrativa que mantuvo hasta 2015.
Antes de
formar parte del gabinete de Duarte trabajó entre 2005 y 2009 en la
administración del exgobernador veracruzano Fidel Herrera como contralora
interna de la Secretaría de Gobierno y, después, de la Secretaría de Seguridad
Pública.
Hoy
Zamudio es Directora Ejecutiva de Administración del órgano Público Electoral
(OPLE) de Veracruz, cuyo nombramiento fue criticado por representantes de otros
partidos políticos, quienes denunciaron que se trataba deuna intromisióndel
gobierno de Duarte en el organismo. Señalaron que Zamudio aportó 37 mil 500
pesos a la coalición PRI – PVEM en el proceso electoral federal de 2015.
La
titular de Protección Civil cuando se concedieron estos contratos fue Noemí
Guzmán Lagunes,designada en ese cargo por Javier
Duarte al iniciar el sexenio, y donde se mantuvo hasta que renunció el 6 de
enero de 2015 para iniciar campaña como diputada federal por la coalición
PRI-PVEM, cargo que ocupa actualmente.
Los
contratos del DIF
El DIF
estatal dio, entre 2012 y 2013, 12 contratos a esta red de empresas. Los
conceptos fueron: juguetes, pañales desechables para adultos mayores, sistemas
de purificación, mochilas escolares, productos de limpieza y paquetes
escolares.
Entre
ellas está la ya mencionada Abastecedora Romcru, con un contrato de 4 millones
114 mil pesos por electrodomésticos, o Pefraco, a la que le dieron un contrato
de seis millones 31 mil pesos por mochilas escolares, y que también recibió una
adjudicación de la Secretaría de Educación local.
De nueva
cuenta no hubo competencia abierta: todo se entregó mediante licitaciones
simplificadas a compañías invitadas directamente por la dependencia.
En dos
ocasiones se hicieron solicitudes de información sobre los contratos. En ambas
ocasiones no se proporcionó la información. Sólo se envióun linka
una página web de la dependencia donde aparecen los documentos de la licitación
y una síntesis del contrato, pero no el documento íntegro.
También
se le solicitó las listas de los beneficiarios de estos contratos en
específico, pero la respuesta de la dependencia fue remitir al mismo link,
donde no hay lista alguna.
Del 2010
al 2012 Antonio Tarek Abdalá Saad se desempeñó como Director de Finanzas y
Administración del DIF Estatal, cargo que dejó para convertirse en Tesorero de
la Secretaría de Finanzas del estado tras la renuncia de Vicente Benítez por el
escándalo de las maletas con 25 millones de pesos que le decomisaron a sus
subordinados en el aeropuerto de Toluca.
Tarek se
mantuvo en el cargo de Tesorero del gobierno de Veracruz hasta diciembre de
2014. Su oficina era la responsable del manejo de todo el dinero público de la
administración estatal, de las partidas que se asignan al DIF y al resto de las
dependencias, y de los pagos de cada contrato.
Actualmente
Tarek Abdalá es diputado federal por Cosamaloapan y en febrero de este año, ya
en el cargo como legislador, enfrentó señalamientos de presuntos nexos con el
crimen organizado tras difundirseuna fotodonde
aparece con Francisco Navarrete, presunto jefe de plaza en Tierra Blanca del
Cártel Jalisco Nueva Generación.
También
en febrero de este año, el diario Reformapublicóque
la PGR tenía abiertas tres averiguaciones previas en donde estaba implicado
Tarek Abdalá por el presunto desvío de más de casi dos mil millones de pesos
durante su gestión como tesorero de Veracruz en 2012 y 2013.
El jefe
de Tarek Abdalá cuando se desempeñó como tesorero era Tomás Ruiz González,
secretario de Finanzas del estado hasta marzo de 2013, cuando presentó su
renuncia. En 2015 la PGR reportó que desde 2103 tenía abierta una investigación
por el delito de peculado contra este funcionario.
Tras
estar dos años fuera del gobierno de Veracruz, Duarte nombró a Ruiz
González como secretario de Obras del estado en marzo de 2015, cargo en el que
aún permanece.
*Animal Politico pone a
disposición de sus lectores los documentos que utilizó para la realización de
este reportaje y que pueden descargarse en los links que están aquí abajo:
Este martes 24 te diremos cómo hizo el Gobierno de Javier Duarte en Veracruz para desaparecer 645 millones de pesos, destinados a la población vulnerable del estado, y entregarlos a una red de empresas fantasma.
