“¡Magia!.. Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de
pesos; entrega el dinero a empresas fantasma”
Por Edgar Hernández*
Es una verdadera vergüenza para los
veracruzanos enterarnos, en el día a día, la cantidad de raterías que se
suceden en un gobierno al que cada vez que se le rasca sale pus.
Han sido tantos los miles de millones de pesos los desviados que se perdió la
cuenta, no así el saldo que habremos de pagar los siguientes 40 años vía dos
generaciones.
Habría que coincidir en que el de Javier Duarte es el peor gobierno que ha
tenido en su historia Veracruz, el que más saqueo registra, el que nos hereda
120 mil millones de pesos en deuda, una escalada imparable de violencia y
sangre producto de la inseguridad pública y una pobreza extrema que nos alcanzó
y rebasó.
En el ocaso del régimen se vive un auténtico estado de indefensión, un estado fallido que jamás acertó en la gobernabilidad y que abrió de par en par las puertas a la corrupción y el crimen organizado.
Investigaciones ya no digamos ministeriales sino de simple corte periodístico revelan como funcionarios cercanos al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, entregaron contratos a una red de empresas fantasmas para la compra de productos que debían destinarse a la población vulnerable, pero que nunca llegaron a su destino.
Los resultados de la indagación fueron posibles gracias al apoyo de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” que da cuenta en primer término de un pillo de siete suelas, protegido del gobierno Duartista, Vicente Benítez quien en su calidad de Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol-Veracruz, entregó contratos patito para embolsarse millones de pesos.
Habrá que recordar al tristemente célebre Vicente Benítez –hoy candidato a diputado- que empezó el sexenio como Tesorero en la Secretaría de Finanzas hasta que perdió el cargo porque la Policía Federal decomisó en el Aeropuerto de Toluca, en enero de 2012, una maleta con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban dos funcionarios de su área.
Habrá que recordar además que en una denuncia contra el gobernador Duarte que el PAN interpuso en marzo pasado ante la PGR, por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, Benítez fue identificado como uno de los presuntos prestanombres. A través de él, el gobernador habría realizado inversiones en Miami, mediante una firma denominada Capital Investment Property Services.
En marzo de 2014 volvieron a reubicar a Benítez, que fue nombrado Oficial Mayor de la Secretaría de Educación y se mantuvo en ese cargo hasta el 22 de febrero de este 2016, cuando renunció para ser candidato por la diputación local de San Andrés Tuxtla.
En otra páginas de las transas hay testimonios de que cuando Sedesol-Veracruz emitió las 45 licitaciones adjudicadas a la red de empresas, en 2013, el titular de la dependencia era Alberto Silva Ramos, quien colaboró con el ex gobernador Fidel Herrera desde que él era senador de la República, en 2002.
Los contratos fueron firmados en su totalidad por su director jurídico, Juan Carlos Rodríguez y su jefe administrativo Humberto Benítez Pérez. Ambos fueron colaboradores cercanos de Silva desde que era alcalde de Tuxpan, en 2010.
Los contratos de la Secretaría de Educación
Entre octubre de 2012 y marzo de 2013, la secretaría de Educación de Veracruz adjudicó siete contratos a seis empresas por un total de 324 millones 414 mil pesos para la compra de materiales didácticos que se entregaron vía adjudicaciones directas en contra de la ley.
Una de las empresas fue Abastecedora Romcru, que recibió un contrato por 131 millones. Su accionista, Raúl Chirinos Escobar, es hijo de Concepción Escobar, una mujer que aparece como socia de Publicidad Akkira, otra compañía de esta red.
En otro de los casos la empresa Comersil recibió dos adjudicaciones de esta dependencia por 26 millones 23 mil pesos.
En marzo de 2014, después que la Auditoria Superior de la Federación alertó de posibles desvíos en más de 80 por ciento de las aportaciones federales para los programas en Educación hubo ajustes en las cabezas.
En 2015 se dio a conocer que la PGR abrió investigaciones contra Tarek Abdalá y Tomás Ruíz González. La denuncia fue por acusaciones hechas tanto por la Auditoría Superior como por particulares.
Otro funcionario que trabajó en la Secretaría de Educación de Veracruz cuando se entregaron los contratos es Adolfo Mota Hernández, quien la encabezó desde el inicio del gobierno de Duarte. Durante su gestión la ASF alertó de desvíos del dinero público.
En la Cuenta Pública del 2012 los auditores detectaron 120 millones de pesos que la Secretaría de Educación no comprobó qué destino tuvieron. Pese a eso Mota se mantuvo en el cargo hasta que renunció para iniciar campaña como candidato a diputado federal, labor que desempeña actualmente.
Otras dependencias con registro de pillerías detectadas en la investigación son la Secretaría de Protección Civil con 9 contratos patito cobrados por 29 millones 628 mil pesos.
Zaide Del Carmen Zamudio Corro firmó los nueve contratos que la Secretaría de Protección Civil entregó en 2013 a la red de empresas, bajo el cargo de jefa de Unidad Administrativa que mantuvo hasta 2015.
Hoy Zamudio es Directora Ejecutiva de Administración del órgano Público Electoral (OPLE) cuyo nombramiento fue criticado por representantes de otros partidos políticos, quienes denunciaron que se trataba de una intromisión del gobierno de Duarte.
Otra que fue balconeada fue la misma titular de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes, jefa de Zaisde.
Noemí fue designada en ese cargo por Javier Duarte al iniciar el sexenio, y donde se mantuvo hasta que renunció el 6 de enero de 2015 para iniciar campaña como diputada federal por la coalición PRI-PVEM, cargo que ocupa actualmente.
Los contratos del DIF
El DIF estatal dio, entre 2012 y 2013, 12 contratos a esta red de empresas. Los conceptos fueron: juguetes, pañales desechables para adultos mayores, sistemas de purificación, mochilas escolares, productos de limpieza y paquetes escolares.
Entre ellas está la ya mencionada Abastecedora Romcru, con un contrato de 4 millones 114 mil pesos por electrodomésticos, o Pefraco, a la que le dieron un contrato de seis millones 31 mil pesos por mochilas escolares, y que también recibió una adjudicación de la Secretaría de Educación local.
Son, en síntesis, un caudal de irregularidades que por más explicaciones oficiales que se den cargan un tufillo de corrupción que no deja de oler y que, sin duda, enturbian el proceso electoral particularmente en contra del abanderado priista Héctor Yunes Landa que ya no sabe còmo cabecear tanto golpe al corazón del poder.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo