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Los afectados
han denunciado a 25 funcionarios, entre ellos miembros del Gabinete de Javier
Duarte, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición y
peculado, delitos por los que pagarían penas de cuatro a quince años en
prisión por el faltante de 4 mil 100 millones de pesos destinados para el
pago de pensiones en Veracruz. “Los pensionados han decidido pasar
del sospechosismo a los datos concretos, tienen las herramientas y la disposición para
cuestionar el sistema de opacidad del Instituto de Pensiones del IPE”,
dice Juan José Llanes, abogado de la organización que agremia a 28 mil personas
que exigen sus ahorros.
Por Miguel
Ángel León Carmona
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo/BlogExpediente).– Un listado
de 25 funcionarios del Gobierno de Veracruz son acusados de ser los
responsables por el desfalco de 4 mil 100 millones de pesos de las arcas
destinadas a pagar a los pensionados. Esta lista incluye al menos seis de
los miembros del Gabinete de Javier Duarte de Ochoa.
Blog Expediente tuvo acceso a la Carpeta de Investigación
425/2016, documento en que se detalla los nombres y cargos de los funcionarios
señalados ente la Fiscalía General del Estado por el uso indebido de la suma
multimillonaria, entregados en gran medida al gobierno del priista, Javier
Duarte de Ochoa.
“Esta denuncia se debe únicamente a la disposición de la Reserva Técnica
y será la primera de varias en contra de esta élite privilegiada. Los
pensionistas han decidido pasar del sospechosismo a los datos concretos”,
comparte Juan José Llanes, abogado de la Coalición de Pensionistas
Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV).
El defensor legal de los 28 mil agremiados, explica que Antonio Gómez
Pelegrín, Secretario de Finanzas, en días recientes entregó una carpeta
informativa, presumiendo la liquidación de un préstamo, obtenido desde el año
de 2009 de las aportaciones obrero patronal de los trabajadores estatales en
activo.
“El gobierno del estado ha tratado de farolear, diciendo ya pagamos lo
que nos prestaron. ¿Pero por qué el consejo directivo del IPE realizó tal
préstamo? Se trata de un acto indebido con base en el Artículo 16 de la Ley 287
(Ley de Pensiones del Estado de Veracruz)” detalla.
Aunado a lo anterior, Alberto Silva Ramos, Coordinador de Comunicación
Social, publicó el 20 de mayo de 2016 un boletín donde confirma el pago de
pensiones y jubilaciones con 360 millones también tomados de la Reserva
Técnica.
“En la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Instituto de
Pensiones del Estado (IPE), se acordó disponer de 360 millones de pesos de la
reserva técnica para garantizar el pago de pensiones y jubilaciones”. (1)
A continuación se presenta un resumen de la denuncia interpuesta por la
FEDIPEV, donde se detallan los argumentos legales presentados, los nombres de
los funcionarios implicados, los castigos a los que pudieran ser acreedores y
las exigencias los pensionistas a la misma FGE.
“A los servidores públicos que fueron señalados como responsables, los
instamos a comparecer sin reticencias y a exponer -sin cortapisas- LA VERDAD
HISTÓRICA de lo acontecido al Instituto de Pensiones, y a explicar puntual y
detalladamente las razones de su quebranto financiero”.
“Y si -por cualquier razón anómala- los hechos no son investigados y
sancionados como se debe, serán agotadas todas las instancias legales que
conduzcan a la absoluta reparación del daño y al restañamiento de los
agravios”, se lee en la denuncia penal.
ADEMÁS
LOS 25 FUNCIONARIOS SEÑALADOS POR LA FEDIPEV
“Todos -salvo error de apreciación de los suscritos-, cometieron actos
que se consideran constitutivos de ilícito penal… Interponer por escrito FORMAL
DENUNCIA, QUERELLA O ACUSACIÓN, en contra de los CC:
1.- OCTAVIO ANTONIO GIL GARCÍA, Consejero Presidente
2.- JOSÉ ADÁN CÓRDOBA MORALES, Secretario Técnico
3.- RICARDO GARCÍA GUZMÁN, Comisario Propietario
4.- FLAVINO RÍOS ALVARADO, Secretario de Gobernación
5.- ANTONIO GÓMEZ PELEGRÍN, Secretario de Finanzas
6.- XÓCHITL ADELA OSORIO MARTÍNEZ, Secretaria de Educación y Cultura
7.-FERNANDO BENÍTEZ OBESO, Secretario de Salud
8.- ALFREDO FERRARI SAAVEDRA, Secretario de Desarrollo Social
9.- GERARDO MANCILLA ARTEAGA, Secretario de Desarrollo Económico y
Portuario
10.- MANUEL ARELLANO MÉNDEZ, Representante Sindical, SNTE 56,
(Propietario)
11.- ACELA SERVÍN MURRIETA, Representante Sindical, SETSE, (Propietario)
12.- ENRIQUE LEVET GOROZPE, Representante Sindical, FESAPAUV,
(Propietario)
13.- ENRIQUE CRUZ CANSECO, Representante Sindical, SDTEV, (Propietario)
14.- RICARDO DIZ HERLINDO, Representante Sindical, SUTSEM, (Propietario)
15.- FAUSTINO GARCÍA HERNÁNDEZ, Representante Sindical, FSTSEM y ODV,
(Propietario)
16.-ÁNGEL CRUZ LAGUNES, Representante Sindical, (Suplente)
17.- ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓN, Representante Sindical, (Suplente)
18.- FRANCISCO SALVADOR TORRES PERALTA, Representante Sindical,
(Suplente)
19.- EÉDGAR MURRIETA GONZÁLEZ, Representante Sindical,(Suplente)
20.- JOSÉ ÁLVARO PÉREZ VELA, Representante Sindical,(Suplente)
21.- LUIS SARABIA OLGUÍN, Representante Sindical, (Suplente)
22.- CASIMIRO HERNÁNDEZ CUERVO, Representante Sindical, (Suplente)
23.- VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ, Representante Sindical, (Suplente)
24.-OSWALDO DANIEL AHUMADA AGUIRRE, Representante Sindical, (Suplente)
25.- JORGE OCTAVIO TÉLLEZ KAWAS, Representante Sindical, (Suplente)
ARGUMENTOS LEGALES
El 11 de febrero de 2016, los consejeros del IPE determinaron disponer
de setecientos sesenta y cinco millones, setecientos treinta y seis mil
ochocientos noventa y tres pesos 21/100 M.N. del Fondo de la Reserva Técnica, y
de esa cantidad pagar quinientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.
para la cobertura de obligaciones y prestaciones pendientes por cubrir, a cargo
del IPE. Acuerdo número 85,217.
Sin embargo, explica el documento ante la FGE, el destino de los otros
doscientos veinte millones setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y
tres pesos 21/100 M.N. es incierto, toda vez que el único destino posible de la
totalidad de lo sustraído de la reserva técnica (los $765 millones 736 mil
893.21), era la cobertura de obligaciones y prestaciones pendientes de pago, y
no solamente $545 millones. De ahí que se tiene que se sustrajeron $220
millones 736mil 893.21 de la reserva técnica, sin definirse su objeto.
De igual manera, se tiene que el Gobierno del Estado de Veracruz, por
conducto de su vocero oficial, Alberto Silva Ramos, admite que recibió en
préstamo en el año 2009, la cantidad de 1 mil 600 millones de pesos, que –dice
la información- se pagaron en el año 2010.
“Ahora bien, si bien es cierto que en el año 2009 se encontraba en vigor
la ahora abrogada Ley número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz, también
cierto es que las disposiciones que regulaban la Reserva Técnica, eran
idénticas a las que, en la Ley en vigor, norman ese tópico. En concreto,
tampoco en el año 2009, al amparo de la Ley número 20 de Pensiones del Estado,
podía disponerse de los recursos de la Reserva Técnica para “prestar” dinero al
Gobierno del Estado de Veracruz”,
ADEMÁS
DELITOS Y CASTIGOS
Abuso de autoridad: los 25 servidores públicos denunciados,
indebidamente, considera la Fedipev, habrían realizado inversiones en deuda con
recursos públicos y aplicaron los fondos procedentes de la Reserva Técnica del
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz a un fin distinto al que estaba
destinado, haciendo con ellos una erogación ilegal.
“Artículo 318 del Código punitivo estatal.- Se impondrán de tres a diez
años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor
público que: …IV. Indebidamente otorgue o realice obra pública o contrate
adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, inversiones
de fondos y valores o deuda, con recursos públicos; V. A sabiendas aplique
fondos públicos a un fin distinto al que estaban destinados o hiciere con ellos
una erogación ilegal…”
Incumplimiento del deber legal: dado que los servidores públicos
denunciados dejaron de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o
comisión en perjuicio de los derechos de los pensionistas, toda vez que
autorizaron indebidamente la disposición de recursos procedentes de la Reserva
Técnica del IPE. De igual manera, los denunciados tuvieron conocimiento de que,
con las acciones que tomaron, existía la posibilidad de lesionar el patrimonio
del Instituto, y no evitaron el daño a pesar de que dentro de sus facultades
estaba hacerlo.
El Artículo 319 del Código punitivo estatal dispone (al describir y
sancionar el Incumplimiento del Deber Legal) que “Se impondrán de uno a ocho
años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al servidor público
que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en
perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”.
Coalición: dado que los denunciados se unieron para tomar medidas
contrarias a la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, con el riesgo de
que las decisiones que tomaron traigan aparejada la suspensión del servicio que
debe dar el IPE a los pensionistas, particularmente, el pago de sus pensiones,
dado que dispusieron indebidamente de los recursos de la Reserva Técnica
destinados a garantizar la cobertura -o cubrir, dado el caso- el pago de las
prestaciones de los derechohabientes.
Por otra parte, el Artículo 321 (que prevé el delito de Coalición)
define que “Se impondrán prisión de seis meses a seis años y multa hasta de
doscientas veces el salario, a los servidores públicos que se unan para tomar
medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general,
para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de
impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de
gobierno”.
Peculado: dado que los denunciados, en provecho ajeno, dispusieron del
dinero que recibieron en administración, procedente de la Reserva Técnica del
Instituto, para aplicarlo a un fin que no se encuentra previsto en la Ley de
Pensiones del Estado de Veracruz.
que se define en el Artículo 323 del Código sustantivo penal, dice que
“Se impondrán de cuatro a quince años de prisión y multa hasta de seiscientos
días de salario al servidor público que, en provecho propio o ajeno, utilice o
disponga de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiere recibido en
administración, depósito o por otra causa en razón de su cargo”.
“QUEREMOS LA VERDAD HISTÓRICA”
Más allá de un linchamiento social contra los 25 funcionarios expuestos
en la denuncia 425/2016, Juan José Llanes, advierte que lo que exigen los
pensionistas veracruzanos es la verdad; el trasfondo de los acuerdos entre el
Gobierno del estado y el consejo directivo del IPE y sobre todo, la ubicación
de los faltantes millonarios de la reserva técnica.
“Los pensionados han decidido pasar del sospechisismo a los datos
concretos, tienen las herramientas y la disposición para cuestionar a este
sistema de opacidad del Instituto de Pensiones del IPE”, comentó Llanes Gil del
Ángel.
Finalmente, los demandantes, exigieron a la FGE, que se practiquen
tantas y cuantas diligencias que sean necesarias a fin de determinar la verdad
de los hechos denunciados. Además, solicitar el ejercicio de la acción penal y
reparadora del daño en contra de los 25 agremiados.
Así la última medida ejercida por la coalición de pensionistas, quienes
no obstante de haber emitido una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), y ahora un procedes legal, advierten que de no ver acciones
contra los funcionarios y no reciben una sanción como se debe, agotarán todas
las instancias legales que conduzcan a la absoluta reparación del daño y al
restañamiento de los agravios
