La reacción en Los Pinos ha llegado demasiado
tarde. De poco o tal vez de nada servirá el juicio para los Duarte, para los
Moreira, para Borge, para Medina, para quienes han afectado el devenir de las
entidades en donde han gobernado, y es opinión generalizada la imposibilidad de
lograr Peña Nieto repunte en el respaldo y la confianza ciudadana. Desde hace
dos años se habló y fuerte del parteaguas surgido en la desaparición de los 43
normalistas en Ayotzinapa. Se hicieron los señalamientos necesarios para ubicar
el grado de importancia de llevar a cabo una investigación seria y ofrecer así
una respuesta a todas las interrogantes surgidas antes, en el momento y después
de la mentada “verdad histórica”. Conocedores de los conflictos dentro del
gabinete del mexiquense advierten una expresión: “lo hicimos y lo podemos
tronar”. Empezó así la politización de un tema del cual por más intentos hechos
no logran sacudirse el estigma sobre el cual empezó a derrumbarse el actual
gobierno. Dos grandes preguntas siguen sin respuesta: ¿qué ocultan, a quien
protegen?
Entre muchas críticas impusieron las reformas, los
dos primeros años del mandato de Enrique Peña Nieto, si bien recibían una
fuerte descarga de críticas, todas ellas con un alto porcentaje de
razonamientos suficientes, iban logrando abrirse paso. Después del caso
Ayotzinapa, nada fue igual. Se han presentado en cadena una serie de
acontecimientos cuyo registro puntual ha desgastado al gobierno federal. Las
consideraciones sobre el enriquecimiento en un abrir y cerrar de ojos de
funcionarios adscritos a dependencias de segundo nivel, desde los cuales
forjaron las nuevas “cajas chicas” del equipo. El incumplimiento de cancelar
los incrementos a las gasolinas, los cambios en los medidores de energía
eléctrica con abusos nunca antes vistos en las lecturas y en los cobros, las
persecuciones de Hacienda y la reforma fiscal fomentadora del cierre de cientos
de comercios medianos y pequeños.
Llegó la “casa blanca” y las otras mansiones
adquiridas en los momentos más críticos para la economía tanto nacional como la
familiar; el anuncio de los desempleos; la pérdida de los registro para
comparar la pobreza generada; el aumento en las tasas de desempleo; las
propiedades como la de Miami, es decir las ubicadas en el extranjero; el vaivén
de las calificadoras de crédito; la devaluación del peso; el endeudamiento en
niveles nunca antes visto; la disminución de las reservas internacionales
motivo de orgullo en los dos primeros años de gobierno por sus “registros
históricos”; los yerros de enfrentar a la sociedad, de dividirla en las
propuestas para matrimonio y adopciones de parejas del mismo sexo; el lío de la
mariguana; las interrogantes aún abiertas sobre el escape y la recaptura de
Joaquín Guzmán Loera El Chapo; la improductividad en el campo
provocadora de importación sin límite de alimentos; la ganga con la cual han
ofertado las llamadas Rondas petroleras.
Cada punto, cada paso, ha contribuido a partir de
hace dos años, del momento en el cual se presentó un escenario en el cual las
víctimas eran jóvenes, como en 1968, al desprestigio y al derrumbe de la
presidencia. Las cifras revelan la inseguridad existente, el fracaso al
enfrentar a las grandes mafias, el de lograr no sigan siendo víctimas de la
delincuencia tanto los ciudadanos como sus patrimonios. Guardar silencio sobre
expedientes abiertos en contra de ex gobernadores señalados por prácticas
abusivas tanto en lo económico como en lo social y no solo por mexicanos sino
por gobiernos extranjeros, ha tenido un alto costo. Existe una indignación
latente, presente, puesta al conocimiento público con las marchas, las
manifestaciones, en pancartas y en relatos de quienes se han visto afectados.
El conflicto magisterial también ha arrojado, aún con esos visos de una seudo
solución a la cual no le dan ni un ápice de credibilidad, una gran carga de
adjetivos basados en la corrupción reinante.
Con ese peso encima resulta totalmente explicable
perdiera el PRI tantas gubernaturas en los comicios del 5 de junio. Y, las
estrategias no se ve logren avanzar para lograr una posición por lo menos digna
en las del próximo año en donde de nueva cuenta aparecen tres entidades en las
cuales la corrupción y los malos manejos han reinado. Estado de México,
Coahuila y Nayarit. La forma, la limpieza de estos procesos podría abonar
algunos sufragios para el tricolor en las del 2018, pero la duda es muy grande.
Salir del boquete no es tarea fácil por más estrategas del extranjero,
conocedores probados de triunfos en zonas de grandes conflictos, consejeros con
mucha experiencia en enderezar mandatos con desánimos e inconformidades
demostradas, contratados. La cercanía con los ciudadanos no es factor para
generar confianza sino todo lo contrario.
Difícilmente, supongo, don Enrique visualizó así el
año en el cual el titular del Poder Ejecutivo se sabe controlador absoluto de
los sucesos en el país, tiempo de determinaciones de futuro, momento en el cual
saborean todo el poder conferido. Para el mexiquense es todo lo contrario y la
toma de algunas decisiones se genera cuando ya se considera demasiado tarde,
más aún si se persiste en la farsa, en la mentira, en la simulación como lo han
sido los cambios en el gabinete. El de Luis Videgaray, por ejemplo, no ha sido
ni siquiera festejado por la clase económicamente poderosa, como tampoco han
celebrado la llegada de José Antonio Meade, porque finalmente el recorte
anunciado pega para todos lados.
Permanece el rechazo a los escenarios para la
televisión y sobresale el clima de miedo sobre el cual desenvuelve sus tareas
el primer mandatario. Se advierte aún no ha llegado lo peor y se revive la
frase: “si creemos estar mal, podemos estar mucho peor”. Porque faltan los
llamados “coletazos” del animal herido y, quienes saben de vanidades advierten
la llegada de éstos una vez confirmada una derrota con registro en la historia
del país.
CORRUPCIÓN EN
COAHUILA Y VERACRUZ
Al igual que sucede en Nuevo León con el ex
gobernador Rodrigo Medina, en Coahuila la corrupción se mantiene impune. En el
mandato de Rubén Moreira, hermano del impune dirigente del PRI, Humberto
Moreira, empresas fantasmas reciben decenas de millones de peso del erario. A
pesar de ser exhibidos los mecanismos de despojo del patrimonio de la entidad,
nadie investiga ni persigue la permanente comisión de estos delitos por parte
de funcionarios del gobierno estatal en colusión con empresarios allegados.
La investigación de un diario capitalino revela a
presuntas compañías con domicilios en bodegas, casas inhabitadas y vecindades o
viviendas de fraccionamientos populares y edificios de oficinas, donde nadie
las conoce, ubicadas tanto en la capital de la República como en las ciudades
Monterrey y Saltillo. Se les otorgan millones a través de contratos con
adjudicación directa y facturan cifras con más de seis ceros, pero ni
siquiera cuentan con portales en Internet, ni teléfonos, ni logotipos de
identidad, ni correos electrónicos. Venden de todo, desde consultorías hasta
piezas de pollo, huevo, edredones, medicamentos y materiales de curación. Todo
ello recuerda la desfachatez con la cual se adquirían pantaletas y baby dolls
con cargo a los presupuestos asignados por la federación.
Ahí están los nombres de las empresas, aunque no
aparecen en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Gobierno de Coahuila:
Nuberia Comercial, Murano, Vilansa, Asha Consultores Especializados,
Consultorías Bardo, Vilzel Consultoría Integral y Hotelería y Alimentos GRF;
Comercializadora Universal Tobosa y Constructora y Comercializadora Sara. Ese
es un hilo de la madeja, una en la cual debiera incluirse a don Humberto, el ex
líder del PRI y rematador en la estrategia para llevar a EPN a la candidatura
por la presidencia, acción vista como la gran protectora de toda la existencia
del coahuilense.
Aunque en México predomina el imperio de la
impunidad y no se investiga nada, en Estados Unidos se encuentran
investigaciones en curso, las cuales dan como resultado el decomiso de diversas
propiedades a funcionarios y políticos mexicanos, quienes invirtieron sus
“ganancias” en el mercado inmobiliario de ese país, a pesar de demostrarse
fueron adquiridas con recursos fiscales de mexicanos. El más reciente caso es
del de Herminia Martínez de la Fuente, suegra de Humberto Moreira Valdés, ex
gobernador de Coahuila, quien acordó entregar al Gobierno de Estados Unidos una
propiedad ubicada en el condado de Bexar, Texas, valuada en 600 mil dólares.
El acuerdo se desprendió de una investigación de
las autoridades federales de Estados Unidos y del condado de Bexar durante un
año en contra del ex mandatario de Coahuila y funcionarios de su gobierno,
quienes fueron acusados de lavar millones de dólares robados al erario de ese
estado. El pasado 13 de septiembre, el Juez de Distrito Oeste de San Antonio,
Xavier Rodríguez, firmó a solicitud de los fiscales que los términos del
acuerdo fueran sellados. En este tema la pregunta surge al conocer la
procedencia de los recursos con los cuales fueron adquiridas propiedades tanto
en este caso como en el del ex tesorero, en virtud de ser parte del erario por
lo tanto debiera reintegrarse cualquier suma al gobierno y particularmente al
coahuilense, no quedarse los EU con esos fondos o ¿ya es costumbre?
Todo parece indicar al gobernador de Veracruz,
Javier Duarte de Ochoa, le espera una suerte similar, pues el Sistema de
Administración Tributaria tiene una investigación en curso en bancos mexicanos
y extranjeros de las cuentas de sus suegros. La Auditoría Fiscal Federal, a
través de la Oficina Central de Análisis Técnico Fiscal realiza un estudio de
los manejos financieros de Jesús Antonio Macías Yazegey y de María Virginia
Yazmín Tubilla, padres de Karime Macías Tubilla, esposa de Duarte. Además, la
Procuraduría General de la República investiga una presunta red de lavado del
mandatario estatal en la cual están involucrados funcionarios y familiares.
Esta indagatoria es independiente de la iniciada contra el gobernador por
enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
LIQUIDACIÓN ILEGAL
Como suele suceder por desgracia en nuestro país,
todo es cuestión de tiempos y protecciones. Por ejemplo: ahora es el turno de
don Enrique Ochoa quien ha prometido logrará triunfos en las entidades cuyas
elecciones se llevaran a cabo el próximo año. De ahí nada resulte criticable y
que los mecanismos para el despojo de los recursos presupuestales en las
últimas administraciones federales se multipliquen y diversifiquen. Entre estas
resalta el caso del ex director general de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) quien aseguró una liquidación por un millón 200 mil pesos, a pesar de
haber laborado en esa empresa sólo dos años y 195 días. EL Manual de Trabajo
para Servidores Públicos de Mando de CFE es claro: si un funcionario se separa
“por voluntad propia” las compensaciones sólo aplicarán después de los tres
años de servicio. Se retiró solito y además con lo considerado como un “gran
premio” por la recaudación lograda a través de cobros excesivos a las tarifas y
reordenamiento de kilowatts para clasificar los consumos domésticos.
La CFE autorizó una “autoliquidación” fuera de la
norma, concluyeron los abogados Mará Luisa Campos, de la Asociación Nacional de
Abogados Democráticos (ANAD), y Manuel Fuentes Muñiz, profesor de Derecho de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), tras revisar el expediente de la
renuncia y la liquidación de Ochoa Reza. Según el jerarca tricolor existe la
necesidad de “limpiar la casa” para adquirir autoridad moral y así señalar a
los opositores cuando incurran en actos de corrupción. Lo de su liquidación
¿qué es? ¿cómo se clasifica? ¿en cuál renglón o partida encaja? ¿Fue
autorización presidencial? En vísperas del primer enjuiciamiento del sexenio:
el comal le dice a la olla, oye olla que quemada estás.
MUERTOS Y ENLODADOS
Para las familias es una desgracia registrar entre
sus miembros un fallecimiento. Más aún si éste se da en condiciones de
violencia. Sin embargo las lágrimas vertidas en los velorios, dentro de los
cementerios son pocas comparadas con las llegadas horas, días después. Ante esa
incapacidad cientos, miles de veces demostrada de los encargados de investigar
y castigar, la tarea inmediata es desacreditar la vida íntima de las víctimas.
Así, lo mismo los refieren como homosexuales que dan santo y seña de sus relaciones
maritales y extramaritales, según sea el caso. No dudan en ubicarlos dentro de
los cárteles de la droga o calificarlos de distribuidores de estupefacientes.
No es un asunto aislado el pronunciamiento del
Papa, las oraciones en donde la petición es para frenar la violencia en México,
la ejercida en contra de los sacerdotes, porque hasta ahí se extiende el manto
de los señalamientos con los cuales se hace más víctima a las víctimas. En la
pelea por la iniciativa peñanietista sobre el matrimonio entre parejas del
mismo sexo, se levantó una andanada en contra de los curas. Diferentes grupos
se han dado a la tarea de hablar de relaciones homosexuales entre sacerdotes e
incluso dan a conocer una lista con 38 nombres. Las autoridades no han actuado
en la investigación de la cual se desprendería si existe daño moral,
desprestigio, afectaciones directas a las personas enlistadas.
Eso sí, de inmediato y sobre el plagio del
sacerdote José Alfredo López Guillén señalaron la ruta seguida por el prelado y
la presencia junto a él de un joven con quien comió un par de tortas y un
refresco. La referencia, fue claro, se hizo con otro ánimo y no precisamente el
de informar sobre las pesquisas. Una vez encontrado su cadáver ya veremos cual
es la siguiente historia tejida ante esa incapacidad para investigar. Este es
otro renglón con el cual los jerarcas de la Iglesia Católica reclaman a Peña
Nieto los abusos cometidos en su contra. Han dado a conocer la existencia de
diez entidades en donde ejercer el sacerdocio es de muerte. Veracruz, Guerrero,
Estado de México, Michoacán, Puebla, Baja California, Colima, Durango,
Chihuahua, Guanajuato, han sido enmarcadas por el secuestro, la tortura y la
ejecución permanente de clérigos.
Es así fácilmente demostrable el grado de
inseguridad existente. Ninguna profesión, oficio, práctica se salva. La
exposición es pareja y si se pertenece a un núcleo determinado o de
reconocimiento colectivo se torna en riesgoso. Solamente la actividad política
dentro de los partidos en el poder, en el municipal, estatal o federal,
permanece resguardada; siempre y cuando la veintena de guaruras se caracterice
por la lealtad y los magníficos sueldos.
PIERDE PESO
A la espera del resultado del primer debate entre
Hillary Clinton y Donald Trump, el dólar libre avanzó ese lunes un centavo
frente al cierre del viernes y se vendía hasta en 20.21 pesos en bancos de la
Ciudad de México. El menor precio a la compra era de 19.02 pesos. Analistas
esperaban una recuperación del peso como consecuencia de un aumento en los precios
del petróleo, ante la esperanza de un acuerdo entre los miembros de la OPEP
(Organización de Países Exportadores de Petróleo) para limitar su producción
petrolera en una reunión celebrada en Argelia.
En el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México
informó: el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera pagaderas en el país es de 19.7211 pesos. Fijó las tasas de Interés
Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 90 días en 4.6389 y 4.7575 por
ciento, en ese orden, con un alza de 0.0046 y 0.0021 puntos porcentuales,
respectivamente. La volatilidad del peso frente al dólar continuará en los
próximos días, derivada de eventos internacionales como el debate presidencial
en Estados Unidos, advirtió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
