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La violencia se desborda en Guerrero,
donde el gobernador, lejos de garantizar la seguridad a sus representados,
durante 2016 sólo se ha dedicado a “negociar” con las bandas delincuenciales,
en especial con las del Mojarro y del Tequilero. Lo hizo en enero, junio,
agosto, septiembre, noviembre y la semana pasada, luego del secuestro de un
ingeniero oriundo de San Miguel Totolapan. En esta ocasión los totolapenses,
hartos del vacío de poder, imitaron a sus vecinos de un poblado del municipio
de Ajuchitlán del Progreso y formaron un grupo de autodefensa.
CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- El
lunes 12, habitantes de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan y
comunidades del vecino municipio de Ajuchitlán del Progreso decidieron tomar
las armas para defender su vida y patrimonio con el objetivo de revertir los
efectos de la narcoviolencia en la zona.
El hartazgo de los pobladores de la
primera localidad, ubicada en el municipio considerado como el principal
productor de amapola y heroína en la entidad, enclavado en la convulsionada
región de Tierra Caliente, estalló el domingo 11, cuando sicarios de la banda
Los Tequileros, liderada por Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero,
secuestraron al ingeniero Isauro de Paz Duque, un contratista originario de ese
poblado, quien se ha beneficiado con obra pública federal y estatal en la
región.
El lunes 12, acompañados de algunos
totolapenses, los familiares de De Paz Duque realizaron una protesta en la
cabecera municipal. Se lanzaron contra varios jóvenes, a quienes señalaron de
ser halcones de Los Tequileros, así como en contra de María Félix de Almonte,
la madre del líder de la banda, y de la regidora priista María del Carmen
Barrera Navarro, por presuntos nexos con esa organización delincuencial.
Después anunciaron la conformación de
un grupo de autodefensa y reprocharon la incapacidad del gobierno de Héctor
Astudillo Flores para garantizar la seguridad en la Tierra Caliente y el resto
de la entidad.
Mediante videos difundidos en redes
sociales, la esposa del contratista secuestrado, Yadira Guillermo García,
advirtió que la madre de El Tequilero, la regidora Barrera Navarro y una
veintena de jóvenes considerados halcones serían liberados cuando soltaran a De
Paz Duque.
El grupo de autodefensa de la
cabecera de San Miguel Totolapan también difundió un videomensaje en el cual
aparecen varios encapuchados empuñando armas de bajo calibre:
“El gobierno se ha mostrado incapaz
de restablecer la paz y tranquilidad de nuestro pueblo –dice uno de ellos–. Nos
pronunciamos como un movimiento totolapense por la paz y la seguridad de todos.
Demandamos la liberación de los levantados y secuestrados, que cese la
violencia y se restablezca la paz para seguir trabajando con tranquilidad, como
lo anhelamos y lo deseamos todos. Somos un pueblo pacífico y trabajador y nos
negamos a seguir bajo el yugo de la delincuencia.”
También hizo un llamado a los
desplazados por la narcoviolencia para que regresen y coadyuven a retomar el
control de este municipio castigado por el crimen:
“Ya no estamos dispuestos a seguir de
espectadores e indiferentes a tanta sangre derramada. Ya no queremos que se
sigan violentando nuestros derechos humanos, ya no queremos que nuestro
municipio, nuestra región y nuestro estado de Guerrero siga siendo un
cementerio y un valle de lágrimas de las madres que pierden a sus hijos por
culpa de la violencia y la inseguridad que nos azota y por la disputa entre los
grupos del crimen organizado.”
El mismo lunes 12 por la noche,
habitantes del municipio de Ajuchitlán del Progreso difundieron un tercer video
para anunciar la creación de una guardia comunitaria en los poblados de El Coco
y La Laja para defender su vida y patrimonio, y confrontar directamente a Los
Tequileros.
Al siguiente día, el gobernador
Astudillo anunció la conformación de un grupo para proteger la integridad de la
señora de Almonte y negociar con El Tequilero. El propósito: liberar al
ingeniero secuestrado.
En un comunicado, expuso: “El
propósito del equipo negociador es buscar que no lastimen a la persona
reportada como desaparecida, ni tampoco a la madre del jefe de la banda de Los
Tequileros, que al parecer se encuentra en manos del grupo de autodefensa”.
La amenaza del
“Tequilero”
El miércoles 14 fue liberado el
ingeniero Isauro de Paz; en reciprocidad, el grupo de autodefensa de la cabecera
municipal entregó a la Policía Estatal a la señora De Almonte. La mamá del
Tequilero fue escoltada por la Policía Estatal hasta el poblado de San Antonio
La Gavia, su lugar de origen, considerado el bastión del líder de la banda.
El grupo de autodefensa decidió
retener a la regidora Barrera Navarro, quien es señalada como enlace del narco
y la política, así como a los jóvenes. Asimismo, exigió al gobernador Astudillo
presentarse en San Miguel Totolapan, asumir el compromiso de garantizar la
seguridad para los pobladores y cumplir con su promesa de detener al Tequilero.
El jueves 15, el mandatario estatal
acusó a la autodefensa de actuar al margen de la ley y de cometer delitos,
entre ellos la retención de la señora De Almonte, sin contar con “ningún
elemento de carácter legal para hacerlo”. Luego anunció que sólo acudiría a la
cabecera de San Miguel Totolapan si había condiciones de seguridad para él y
sus colaboradores, y exigió que los jóvenes y la regidora fueran liberados.
Ante la presión de los inconformes,
Astudillo se asumió como negociador entre la autodefensa de San Miguel
Totolapan y Los Tequileros. El viernes 16, durante un acto público en la
residencia oficial Casa Guerrero, volvió a justificar su papel de negociador
entre los narcos que operan en la entidad y el grupo de autodefensa de San
Miguel Totolapan.
“Peor hubiera sido que el gobierno no
hubiera puesto su parte y eso hubiera terminado en una gran tragedia. El
gobierno puso su parte –dijo–. Pueden criticarme mucho, pueden decir muchas
cosas, pero yo estoy consciente que hice lo más adecuado para evitar que en ese
lugar se cometiera una barbarie.”
Horas después, los totolapenses
liberaron a los presuntos halcones retenidos y se informó que sólo cuatro
personas, entre ellos la regidora, serán consignados ante autoridades
ministeriales, pese a que, según el gobernador, los inculpados no pueden ser
vinculados a proceso porque fueron detenidos por un grupo de civiles armados.
La autodefensa afirma que el
conflicto en la zona no se ha resuelto porque aún sigue libre El Tequilero,
quien incluso ya amenazó que en cuanto se retire la vigilancia policiaca de la
cabecera su banda va a arremeter contra los pobladores que mantuvieron cautiva
a su madre.
Los secuestros
No es la primera vez que el
mandatario estatal funge como “negociador”. En enero pasado hizo tratos con la
banda del Tequilero, presunto brazo armado del exalcalde priista totolapense,
Saúl Beltrán Orozco, quien es señalado como uno de los principales impulsores y
financiadores de la campaña del propio Astudillo.
El año pasado, Catalino Duarte
Ortuño, un exdiputado federal perredista presuntamente vinculado con el narco,
acusó públicamente a Beltrán Orozco de ser compadre del Tequilero y de permitir
que San Miguel Totolapan, considerado el principal productor de heroína y
mariguana, se convirtiera en el bastión de ese grupo delincuencial.
En junio último, sicarios de la
citada banda irrumpieron en tres poblados del municipio de Ajuchitlán del
Progreso y ejecutaron a un hombre, incendiaron vehículos y se llevaron por la
fuerza a 10 personas, una de las cuales fue asesinada. Su cuerpo fue localizado
días después. El resto continúan desaparecidas.
A finales de agosto y principios de
septiembre Los Tequileros secuestraron a una decena de trabajadores de la
empresa minera Beneficiadora de Minerales Temixco, localizada en Arcelia, cuyo
propietario es el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz.
Astudillo anunció entonces que
estaban negociando con El Tequilero para liberar a los trabajadores de la
minera, como lo hizo con el caso del secuestro masivo que se registró a
principios de enero en esa franja de la entidad controlada por la delincuencia.
En esa ocasión el grupo criminal
secuestró a 21 personas de los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan.
Sus captores los liberaron después de que el gobierno de Astudillo negoció con
el líder de la banda y se comprometió a detener a su rival Johnny Olascoaga
Hurtado, El Mojarro, jefe de La Familia afincado en Arcelia.
En esa ocasión el grupo del Tequilero
difundió un video en redes sociales en el cual confirmó que la liberación de
las víctimas fue pactada con las autoridades.
En la grabación, un hombre armado y
encapuchado afirma que El Mojarro provocó el cierre de la mina de oro Campo
Morado, en Arcelia, en febrero del año pasado, porque les exigió una cuota de
20 millones de pesos a los empresarios belgas que la explotan, y sostiene que
el líder de La Familia tenía una flotilla de camiones de carga que rentaba a la
compañía.
Además, El Tequilero exigió al
gobernador Astudillo y al fiscal Xavier Olea Peláez cumplir su compromiso de
detener al Mojarro, pues de lo contrario, advirtió, la violencia seguirá en
esta zona productora de oro y de amapola.
Hasta el momento El Mojarro sigue
operando impunemente en Arcelia, donde es protegido por autoridades de los tres
niveles y empresarios mineros, mientras que El Tequilero mantiene su bastión en
el municipio vecino de San Miguel Totolapan.
Desde hace dos años, Proceso ha
documentado la lucha que mantienen El Tequilero y El Mojarro por el control de
las zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de
Tierra Caliente, así como la forma en que la delincuencia se enquistó en la
industria minera.
A mediados de noviembre, Los
Tequileros secuestraron al menos a 10 personas en el poblado de San Jerónimo,
municipio de Ajuchitlán del Progreso. En esa ocasión los lugareños se
organizaron y formaron un grupo de autodefensa.
A pesar de que los plagios masivos se han convertido en una práctica
sistemática de los grupos armados, ninguna autoridad ha implementado hasta
ahora un mecanismo para revertir los efectos de la violencia en este lugar
controlado por el narcotráfico.
