Desde
mayo de 2013 existe una denuncia penal por peculado y enriquecimiento ilícito
contra el gobernador Francisco Vega de Lamadrid por la compra de propiedades en
México y Estados Unidos con un valor de 113 millones de pesos.
Las propiedades supuestamente se adquirieron a través de
terceras personas, amparadas en los cargos públicos que ostentaban entonces, de
acuerdo con la denuncia interpuesta por la diputada federal Nancy Sánchez
Arredondo, en aquel tiempo dirigente estatal del PRI.
Sin embargo, la querella se perdió en el laberinto burocrático
de la justicia durante la gestión del procurador Rommel Moreno Manjarrez,
actual funcionario del Nuevo Sistema de Justicia Penal federal.
Es más,
el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso en julio de ese año una sanción de
600 mil pesos a los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), del
Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) por el
uso indebido de la información contenida en la malograda querella, con la
difusión del spot “Kiko no es fiar”, pautado por el propio
organismo electoral para su transmisión en radio y televisión, según el
expediente SCG/PE/PAN/CG/28/2013.
El INE
validó la queja del PAN, que adujo que se trataba de un promocional que
denostaba a Vega de Lamadrid y calumniaba a ese instituto político.
Una vez
que Kiko Vega
se convirtió en gobernador electo, trascendió la cuantiosa inversión que
realizó en Baja California Sur en el consorcio turístico “El Anhelo Baja
Resort”. Incluso el mismo mandatario reconoció en su momento que su
participación fue en especie al ceder a sus socios terrenos de su propiedad
frente al mar.
Sin
embargo, tiempo después el diputado Luis Moreno Hernández dio a conocer que Kiko Vega había mandado construir una nueva
casa en la avenida Maltrata, colonia Cumbres de Juárez, de la ciudad de
Tijuana. La residencia ocupa una superficie de 2 mil 500 metros cuadrados y
está valuada en 4 millones de dólares aproximadamente.
Para Moreno Hernández es inexplicable la riqueza del mandatario
estatal, cuando su sueldo es de 110 mil pesos mensuales, además de que inició
su actividad empresarial con casas de empeño.
Pero dicha casa no es la única. También posee inmuebles en San
Diego, California, Acapulco (Guerrero), Ciudad de México, Cancún (Quintana
Roo), Tijuana (Baja California) y Los Cabos (Baja California Sur).
El pasado 6 de octubre, el gobernador bajacaliforniano dijo que
“todo lo que he tenido en mi vida lo he puesto a mi nombre, aunque yo sé que
como estoy en política, el poner mi nombre en ocasiones se puede volver algo
incómodo“.
También advirtió que ser gobernador “no me debe impedir tener
negocios. La ley sí me impide que me sirva del gobierno para hacer negocios,
pero eso no sucede, sin embargo, que se diga que con 109 mil pesos ¿cómo puedo
tener lo que tiene? Señores, yo busqué ser gobernador siendo empleado”, por lo
que –reiteró– además de ser funcionario seguirá en la iniciativa privada.
Propiedades
La
diputada federal Nancy Sánchez, del PRI, comenta que aparte de las propiedades
que poseeKiko Vega, sus hijas Zaira y Zarema Vega
Labastida, y su actual esposa, Brenda Ruacho, también cuentan con inmuebles que
han sido adquiridos a través del socio del gobernador, Enrique Rafael Victoria
Espinoza.
Éste aparece como comprador inicial de las propiedades, al igual
que Zarema y Zaira, otras más en sociedad con sus hermanos y también en las que
su mamá aparece como vendedora y otras como beneficiaria.
En una
conferencia de prensa que ofreció en 2013 para informar sobre la denuncia penal
contraKiko Vega, en la que estuvo el senador
Héctor Yunes, advirtió que aquel es propietario de siete bienes inmuebles en
Estados Unidos con un costo de 57 millones de pesos, y de 17 propiedades en
México con un valor de 76 millones de pesos, “obtenidos de manera dudosa y
discrecional”.
De
acuerdo con la denuncia, en febrero de 1992 Kiko Vega compró una casa en el exclusivo
fraccionamiento Chapultepec de Tijuana, con una superficie de 525 metros
cuadrados y valor catastral de 2 millones 615 mil pesos. En ese tiempo era
director de Inmobiliaria del Estado, en el gobierno de Ernesto Ruffo.
En julio de 1994, Inmobiliaria del Estado vendió a su socio
Enrique Victoria un terreno de 2 mil 358 metros cuadrados –ubicado en el
fraccionamiento Mariano Matamoros– en 209 mil pesos, y en enero del año
siguiente Vega de Lamadrid compró esa superficie, cuyo valor supera los 6
millones 281 mil pesos.
En noviembre de 1998, a unos días de convertirse en alcalde de
Tijuana, compró en 1.2 millones de pesos un predio de 2 mil 458 metros
cuadrados en el fraccionamiento Alcalá. El valor, a mediados de 2013, era de 5
millones de pesos.
En el segundo año de su gestión municipal, en mayo de 2000, se
inició la construcción de 23 condominios en la avenida Ermita, con valor de 10
millones 350 mil pesos.
En
2001, Kiko Vega buscó por primera ocasión ser
candidato del PAN al gobierno de Baja California, pero al no conseguirlo
regresó a la administración pública municipal, y durante el último semestre de
su gobierno adquirió un terreno por 2 millones 360 mil pesos.
Además
ordenó la desincorporacion del patrimonio de Tijuana de un terreno de 9 mil
metros cuadrados y otro de 8 mil 326 metros cuadrados, mismos que fueron
adquiridos en 5 millones 503 mil 732 pesos por Enrique Victoria Espinoza. Esta
propiedad, cuyo valor asciende a 22 millones de pesos, Kiko Vega la pagó al mismo precio.
En diciembre de 2003, Josefa Romero Barragán compró un inmueble
al municipio de Tijuana en 120 mil pesos 600 pesos, y 19 días después se lo
vendió a Francisco Vega. Una década más tarde su valor catastral era de 876 mil
pesos.
Las
campañas electorales de 2013, en las que Kiko participó como candidato, iniciaron el
25 de abril. Un día antes registró un terreno de mil 402 metros cuadrados con
un valor de un millón 864 mil pesos, ubicado en la avenida Ojeda Robles,
producto de la prescripción de un litigio contra Vicenta Mayor viuda de
Domínguez, iniciado en 2008.
La querella presentada por la diputada priista también advierte
que compró inmuebles en el condado de San Diego, California, entre los que se
encuentran una casa en Bonita, a nombre de Zarema Vega, adquirida en 1989 por
556 mil dólares; una casa en La Jolla, con valor de un millón de dólares, y un
departamento en el centro de San Diego, en abril de 2006, por 705 mil dólares,
a nombre de su hija mayor.
También una casa en Chulavista, a nombre de Brenda Ruacho, en
octubre de 2001, con un valor de 312 mil dólares, y otra más en la misma zona,
con valor de 807 mil 500 dólares, comprada en diciembre de 2008.
Multa
electoral por ‘injurias’
La coalición entre el PRI, PVEM, PT y PES produjo un spot de
radio y televisión denominado “Terrenos”, que transmitió durante la última
quincena de la campaña electoral –de acuerdo con las claves RV01061-13 y
RA01649-13–, pero fue suspendido “de manera urgente” por el Consejo General del
entonces IFE, y los partidos responsables fueron sancionados económicamente.
El spot
decía: “Kiko Vega, cuando fue alcalde de Tijuana,
se robó varios terrenos propiedad del municipio (…) Más de 40 propiedades
durante y después de su mandato. Ahora Kiko Vega es investigado por
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del crimen organizado (…) ¿No crees
que es hora de cambiar? Kiko Vega no es de fiar”.
La multa para el PRI fue de 486 mil 719 pesos, para el PES de 61
mil 685 pesos, mientras que el PT y PVEM tuvieron que pagar 51 mil 692 pesos a
cada uno.
Estos partidos advirtieron que el mensaje no agravaba la honra
ni la dignidad de Francisco Vega, y respondía a la preocupación creciente “por
la prevención, persecución, investigación y sanción de delitos que impliquen la
comisión de actos de corrupción generados por servidores públicos”.
Los consejeros electorales desestimaron el alegato y ordenaron
las sanciones.
Niegan
investigación contra Vega
El gobierno de Baja California respondió en un comunicado a las
versiones difundidas en la columna “En Privado” y el programa de televisión
“Chapultepec 18”, en las que se menciona una supuesta investigación al gobernador
Francisco Vega de Lamadrid por parte de autoridades federales.
“No existe ninguna comunicación oficial, evidencia o indicio de
que se esté llevando investigación alguna por parte de ninguna autoridad”,
subrayó.
En estricto cumplimiento de la ley, agregó, el gobernador del
estado ha presentado en tiempo y forma su declaración patrimonial, en su
carácter de servidor público, en la que da cuenta de sus bienes.
Además, sostuvo, en su carácter de empresario ha cumplido en
todo momento con sus declaraciones fiscales y contribuciones.
Concluyó: “El mandatario estatal reitera el respeto absoluto de
esta administración a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, dentro
y fuera del territorio bajacaliforniano”.
