POR NOÉ ZAVALETA Foto:
Miguel Ángel Carmona
XALAPA,
Ver. (apro).- Sergio Rodríguez Cortés, exdirector del Servicio Nacional del
Empleo en la primera mitad del sexenio de Javier Duarte y promotor del voto en
su campaña a gobernador en 2010, fue nombrado hoy presidente de la comisión
especial para conocer la deuda pública real del estado.
Por mayoría de votos, el pleno del
Congreso local se inclinó por el diputado perredista Sergio Rodríguez para
encabezar la comisión que investigará la deuda que dejó Duarte de Ochoa.
Cabe destacar que Rodríguez Cortés fue
estigmatizado al interior de su partido y ante la opinión pública, pues a la
mitad de la campaña de 2010 fue cooptado por el PRI y trabajó promoviendo el
voto para Duarte entre la militancia perredista.
En el primer trimestre de 2011, Duarte
de Ochoa tomó la protesta a Sergio Rodríguez como director del Servicio
Nacional del Empleo, aunque fue hasta mediados de 2013 cuando fue despedido del
gobierno duartista y se reincorporó a los trabajos del PRD.
En 2014, Sergio
Rodríguez fue nombrado líder estatal del PRD, y más tarde, en diciembre de
2015, el portal SDP Noticias exhibió
fotografías de él recostado en una cama contemplando fajos de billetes de mil
pesos.
La llamada Comisión Especial para la
Verdad sobre la Deuda Pública del Estado de Veracruz 1998-2016 quedó integrada
por el propio Sergio Rodríguez como presidente; el panista Manuel Francisco
Martínez Martínez como secretario, y los legisladores Juan Manuel de Unanue
Abascal y María del Rocío Pérez Pérez, como vocales.
En un inicio, el legislador Ricardo
García Escalante también era propuesto para integrar dicha comisión, sin
embargo, la legisladora panista Rosario Guzmán Avilés le recordó que no era
propio que integrara esa instancia, pues su padre, Ricardo García Guzmán,
fungió como el último contralor general que tuvo Javier Duarte. Así, tras
acalorado debate en tribuna, García Escalante decidió declinar en su intención.
El pasivo contingente y el presunto daño
patrimonial que perpetró el expriista Javier Duarte –quien solicitó licencia al
cargo el pasado 12 de octubre y desde el 19 de ese mes se encuentra prófugo de
la justicia y es buscado por la PGR– asciende a 180 mil 888 millones 402 mil
510 pesos, según un diagnóstico de riesgo financiero de la Comisión de Hacienda
de la pasada legislatura y que fue entregado a este reportero.
La cifra es alarmante si se considera
que el ejercicio fiscal del gobierno de Duarte por año promedió entre los 95
mil y 100 mil millones de pesos anuales, es decir, el exmandatario cometió daño
patrimonial equivalente al presupuesto total de casi dos de los seis años que
encabezó la administración estatal.
Asimismo, la deuda pública bancaria
reconocida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) alcanza los
48 mil 183 millones de pesos y, en contraste, Duarte arrancó con un pasivo
bancario de 11 mil millones.
A ello se suman más de 12 mil 877
millones de “pasivo circulante”, por deudas con contratistas (obras públicas ya
concluidas), proveedores (insumos ya gastados), terceros institucionales y
medios de comunicación.
Además, se deben considerar 12 mil 775
millones de ministraciones pendientes de transferir a entes públicos como
ayuntamientos y organismos autónomos y públicos descentralizados.
En el pasivo contingente se ubicaron mil
363 millones de pesos en juicios pendientes de resolución del gobierno central;
más 38 mil 300 millones de pesos en cuentas pendientes por regularizar; 3 mil
568 millones en resolución de fideicomisos, y 5 mil 549 millones de pesos tras
un juicio perdido con la empresa Finamed en la Secretaría de Salud.
Además, 6 millones 395
mil pesos de pasivo con la empresa Airbus Helicopters; 2 mil 338 millones 700
mil pesos en adeudos con la Universidad Veracruzana; 5 mil 309 millones en
adeudos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE); más 940 millones de pesos
por las empresas “fantasma” que detectó la PGR, aparte de los 645 millones de
pesos que el portal Animal Político exhibió
que el gobierno de Duarte facturaba sin que se prestaran los servicios correspondientes.
Y como colofón, el daño patrimonial sólo
en 2015 ascendía a 14 mil 34 millones 307 mil 510 pesos, donde las denuncias
para el reintegro de recursos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
sigan acumulándose en reclamo de 35 mil millones de pesos.
Es decir, en 70 meses de gobierno,
Duarte y su séquito desviaron, dejaron de pagar, de ministrar, transferir o de
ejercer, en perjuicio de ciudadanos, organismos autónomos, ayuntamientos y
demás, más de 180 mil millones de pesos, según el reporte de la Comisión de
Hacienda.
Las “áreas de riesgo financiero” de
Veracruz, analizadas por diputados de oposición (PAN y PRD), apuntaron a que se
desviaron 3.5 de cada 10 pesos del erario.
La comisión de diputados que habrá de
investigar la situación real de la deuda pública será apoyada por un comité
técnico, el cual estará integrado por cinco ciudadanos de amplio conocimiento
en finanzas, mismos que tendrán derecho a voz en las reuniones de la comisión.
La diputada perredista Yazmín de los
Ángeles Copete Zapot y el legislador del PVEM Manuel Francisco Martínez
celebraron la creación de esta instancia que tendrá como objetivo investigar
los montos y destino de los créditos contratados por las anteriores administraciones
estatales.
