Por: Leopoldo Maldonado (@snaiperG)
La lucha contra el incremento a la
gasolina revela el hartazgo ante un gobierno que funciona para protegerse a sí
mismo y no a la ciudadanía.
Una vez más, nuestro país está
convulsionado por la incapacidad e insensibilidad política del gobierno
federal. De forma inusitada, recibimos el 2017 con protestas en diversas
regiones del país, incluyendo aquellas donde este ejercicio cívico no es común.
La razón: el aumento de 20 % en el precio de las gasolinas.
Dos cuestiones están en juego, y valdría la pena delinearlas.
Lo primero tiene que ver con el hartazgo
social acumulado. En el plano político sería simplista reducir el actual encono
social a una decisión antipopular. Sí, es diferente cuando el agravio se
percibe personal, en concreto, cuando afecta la economía individual y familiar.
Sin embargo la lucha contra el gazolinazo
se imbrica en una “cadena de equivalencias” que desvela una crisis institucional
más profunda, que trasciende a la figura presidencial y la percepción (mala)
sobre ella. En efecto, la ciudadanía está harta de un gobierno que aumenta la
brecha entre sí mismo y la sociedad. Pero también ha llegado a un límite debido
a organismos electorales que no protegen el voto; comisiones públicas de
derechos humanos que no defienden derechos humanos; poderes legislativos que no
operan en favor de los problemas sociales más apremiantes (hablando de leyes y
designaciones de altos funcionarios); poderes judiciales que no garantizan
justicia; procuradurías de justicia que solamente garantizan impunidad. Una
burocracia enorme pero ineficiente, sentada sobre un orden legal laberíntico.
A ello habría que sumar la corrupción
cínica de gobernadores, alcaldes, y demás funcionarios de diversos niveles. En
resumen, un gobierno que funciona para protegerse a sí mismo, en lógica
mafiosa, y no a la ciudadanía, su razón primordial de ser.
Otro nivel de análisis tiene que ver con
el discurso. Éste, concebido como campo de disputa y no únicamente como arma
política, ha sido un elemento fundamental en las movilizaciones contra el
gasolinazo. Desde el aparato del Estado –presumiblemente– se ha incentivado una
estrategia de comunicación que el periodista Jacinto Rodríguez ha llamado “estrategia de rumor”. Ello ha derivado en el
paralizante pánico social, ante los saqueos perfectamente coordinados y
organizados.
Dicha estrategia añeja, prevista en los
manuales de la Secretaría de Gobernación durante la década de los 70, encuentra
una genial plataforma multiplicadora en la redes sociales y la falta de rigor
periodístico de muchas casas de medios. En el colmo del absurdo, aquellos
medios que buscan informar con precisión, como Animal Político, se convierten en foco de
sesudos análisis “criminológicos” de la Comisión Nacional de Seguridad.
Por su parte, entre el texto y el subtexto del discurso gubernamental, encontramos abierta confrontación (“quitaremos licencias a transportistas que realicen bloqueos”), regaño (“les tendríamos que reducir el gasto social”), y hasta el traslado de responsabilidades institucionales a la propia sociedad (“¿Ustedes qué harían?”).
Un gobierno que se empecina en marcar una frontera mediante un “ustedes y nosotros”, que echa mano del más anquilosada pero no menos eficiente fórmula que equipara la protesta con violencia. Un gobierno que -por otro lado- hace mutis frente al asesinato de dos manifestantes a manos de policía federal en Ixmiquilpan, las detenciones arbitrarias, los abusos en el uso de la fuerza, las agresiones a periodistas que ya suman 22 en este contexto.
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