CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- En su discurso del jueves 5, luego de los bloqueos
carreteros en casi todo el país debido al descontento generalizado por el
aumento a la gasolina, el presidente Enrique Peña Nieto intentó justificarse.
Aseguró que entendía “el enojo y malestar” de la población, y comentó que el
gobierno federal también se ha apretado el cinturón en casi 19 mil millones de
pesos.
Los dueños de los vehículos automotores deberán pagar más por la
gasolina que consuman –la Magna subió 14.2%, la Premium 20.1% y el diésel 16%–,
mientras que la alta burocracia –secretarios de Estado y directores de organismos
descentralizados, entre otros– no pagará un solo peso, pues goza de
“prestaciones inherentes al puesto”.
El
secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, encargado de recaudar el
impuesto indirecto a las gasolinas, por ejemplo, puede acabarse seis tanques de
gasolina a la quincena, si el tanque de su vehículo tiene una capacidad de 60
litros.
En su apartado de materiales y suministros, el Presupuesto de
Egresos de la Federación menciona una partida llamada “combustibles,
lubricantes y aditivos” que, en la parte correspondiente al “secretario”,
consigna un presupuesto de 156 mil 951 pesos al año para él. En otras palabras,
Meade recibe 6 mil 539 pesos a la quincena para abastecerse de combustible.
En el
otro extremo están los 7 millones de ciudadanos que ganan un salario mínimo
general; algunos tienen incluso dos empleos para sobrevivir. Digamos que ganan
2 mil 401 pesos. Si alguno de ellos invirtiera todo su dinero para comprar la
gasolina Premium, le alcanzaría para adquirir 134.9 litros que servirían para
llenar 2.24 veces el tanque al mes, pero se quedaría sin comer.
Lo cierto es que los trabajadores viajan en transporte público y
algunos ya no tendrán fondos para comprar la canasta básica, que en 2016 se
cotizó en 3 mil 139 pesos.
Esos privilegios también incluyen a los órganos autónomos, pues
sus directivos reciben gasolina gratis mientras estén en funciones.
Las prestaciones para los integrantes de la Suprema Corte, según
el presupuesto, es de 4 millones 717 mil 686 pesos al año, mientras que el
Consejo de la Judicatura tiene asignados, para ese rubro, 98 millones 231 mil
11 pesos.
A su vez, el presidente del Instituto Nacional Electoral, según
el presupuesto de egresos, cuenta con 358 mil 201 pesos al año; es decir, 29
mil 850 pesos al mes, que le sirven para comprar mil 677 litros de gasolina
Premium.
Lo que destina el Poder Legislativo para la compra de
combustible es igual de escandaloso que el de los secretarios de Estado. Según
el presupuesto, los diputados federales tienen una partida de 8 millones 193
mil 619 pesos; el Senado, 3 millones 723. 32, y la Auditoría Superior de la
Federación, 1 millón 156 mil 715.
La Presidencia de la República, según el presupuesto, tiene
asignados 9 millones 424 mil 607 pesos para gasolina al año; la secretaría
particular, 1 millón 430 mil 802 pesos, y la Jefatura de la Oficina de la
Presidencia, 180 mil 477 pesos.
Todo lo anterior sin contar que cada uno de los secretarios de
Estado, los integrantes del INE, la Corte, los legisladores y directivos de
organismos descentralizados tienen una partida adicional de “servicios de
traslado y viáticos”, que incluyen boletos de avión. Las aeronaves utilizan
turbosina.
Para justificar el alza y atemperar el malestar de la población,
Peña Nieto dijo que el gobierno federal también se ha apretado el cinturón
recortando “casi 190 mil millones de pesos y ha eliminado alrededor de 20 mil
plazas laborales, lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones de
más de 7 mil 700 millones de pesos y, a partir del primer trimestre de este
año, se reducirá en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos
de mando superior de dependencias federales”.
Lo que no dijo es que la gasolina gratis no se ha eliminado.
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