Morir amenazada por narcopolíticos y en
el abandono del nuevo amanecer
Olga Alicia Aragón / A los 4 Vientos*
Miroslava Breach
Velducea fue asesinada por intereses inconfesables que su intensa investigación
periodística puso al descubierto, al documentar el enriquecimiento ilícito del
ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, así como las redes criminales de narcotraficantes
y políticos -tanto del Partido Revolucionario Institucional como de Acción
Nacional-, vinculadas a esferas superiores de poder que controlan estructuras
de gobierno y grandes zonas del estado.
A tales hechos,
Miroslava puso nombres y rostros.
En el Chihuahua de
la última década fue consolidándose un sistema de poder criminal en el que
políticos y empresarios tejieron alianzas con narcos regionales que, además de
terror, ha generado riqueza personal y una corrupción rampante. La ola de
homicidios de los meses recientes y la cacería desatada en contra del ex
gobernador Duarte y de sus más cercanos colaboradores, nacen de esa simbiosis
criminal.
En ese contexto
asesinan a la periodista.
Sus colegas de
Chihuahua coinciden con autoridades federales y estatales: Miroslava Breach fue
victimada por su trabajo periodístico, arrojó luz sobre negocios efectuados en
la oscuridad, desde las estructuras del poder y bajo un manto de impunidad.
El crimen, además,
se ejecuta en una atmósfera envenenada por la guerra política que se desató en
la entidad desde los pasados comicios locales, con la mira puesta en la
presidencia de la república que se disputa en el 2018; guerra que involucra a
grupos criminales incrustados de antaño en ámbitos de gobierno
El gobernador
Javier Corral Jurado, el Fiscal general César Augusto Peniche Espejel y el
comisionado nacional de seguridad de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales
Heredia, coinciden en que la línea de investigación del asesinato se encuentra
en los escritos periodísticos de Breach. Dicen que todo señala al crimen
organizado. “Es obra de la narcopolítica”, asegura Corral.
Roberto Campa
Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
-quien el pasado jueves expresó en entrevista periodística plena confianza en
que el crimen se resolverá pronto en investigación que realizan de manera
conjunta la Fiscalía de Chihuahua y la Procuraduría General de la República
(PGR)-, tenía conocimiento, igual que el gobierno de Javier Corral, de que
Miroslava Breach estaba amenazada por narcopolíticos, como consta en documentos
de los que obtuvo copia A los 4 Vientos.
Miroslava develó en
reportajes, crónicas y columnas el modus operandi, basado en la extrema
violencia, con que mafias criminales han sometido durante años a la población,
especialmente en la sierra Tarahumara, para apoderarse de zonas estratégicas no
sólo para el cultivo y trasiego de drogas, sino para impulsar megaproyectos
empresariales en territorios codiciados por sus valiosos recursos hídricos,
forestales, minerales e hidrocarburos.
Basta para
constatarlo la relectura de sus reportajes recientes.
Isidro Baldenegro
López, luchador social indígena de la Sierra Tarahumara, asesinado en enero
de 2017. Su crimen, hasta hoy, impune (Foto. Desinformémonos).
La defensa del
bosque de la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen, en el municipio de
Guadalupe y Calvo, fue tema constante de la periodista. Ahí asesinaron el
pasado 17 de enero al rarámuri Isidro Baldenegro, quien durante años encabezó
la incansable lucha de su pueblo en medio de constantes amenazas por parte de
talamontes vinculados a narcotraficantes.
Miroslava ya no alcanzó a escribir su
última investigación que, según reveló La Jornada el 25 de marzo, trata
sobre la perforación ilícita de pozos de agua y la compra de
equipos de alta tecnología para riego en nueve municipios de la entidad, “como
parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico”.
La corresponsal,
sin embargo, había publicado un reportaje el 02 de mayo de 2013 (“A
balazos” defenderán agua productores chihuahuenses), dando voz a
ejidatarios y productores agrícolas de los poblados de El Sauz, Encinillas y
Colonia Cuauhtémoc, quienes denunciaron que sus acuíferos, que durante décadas
sustentaron gran parte de la actividad agrícola del estado, se están secando
porque “gente extraña, con mucho dinero y guardias armados, compraron
grandes extensiones, perforaron pozos a 300 metros y sembraron, en algunos
casos, hasta mil hectáreas de nogal”, para exportar enormes tonelajes
de nuez al mercado asiático, negocio que garantiza ganancias multimillonarias.
Otra investigación
emblemática generó en marzo de 2016 fuertes amenazas en su contra: la
postulación de narcotraficantes, hombres y mujeres, de uno y otro partido
político, como candidatos a alcaldes en varios municipios de la sierra.
En fecha más
cercana a su muerte, escribió sobre la estructura narcopolítica en el estado:“Infiltra
el narco gobiernos municipales de Chihuahua” (La Jornada, febrero
20 de 2017), dijo que por amenazas o complicidad, jefes regionales del
narcotráfico en las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos
municipales, impusieron a jefes policiacos, colocaron a su gente en la nómina y
decidieron nombramientos en áreas de obras públicas.
Breach ubicó por lo
menos a diez directores de Seguridad Pública “vinculados al crimen organizado”
en los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares,
Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos, regiones
dominadas por dos grupos criminales, ambos relacionados con políticos priistas
y panistas: “Los Salazares” en el sur de la Tarahumara, y en
el noroeste del estado Carlos Arturo Quintana,“El 80”, uno de los jefes
operadores de La Línea, como se conoce al brazo armado del cártel de Juárez.
El pasado 17 de
marzo, el diario El Mexicano, de Juárez, Chihuahua, publicó esta imagen que se
elaboró con información que proporcionó la Fiscalía General del Estado (Imagen:
El Sol de México).
Rodeada por
asesinos
El asesinato de
Miroslava conmocionó a los chihuahuenses, causó fuerte impacto en el país y
trascendió fronteras.
Su muerte debe
pesar también sobre un gobierno indolente que -afirman familiares y algunos de
sus más cercanos colegas y amigos-, nada hizo para protegerla, a pesar de estar
enterado de las amenazas que recibía.
Ahora se conoce que
los asesinos tuvieron bajo acecho a la periodista; seguían sus pasos y
estudiaron su rutina para escoger el momento de ejecutarla, como revelan las
videograbaciones de inmuebles vecinos al escenario del crimen, aseguradas por
la Fiscalía General del Estado.
Miroslava Breach,
quien nació en el pueblo serrano de Chínipas hace 54 años y ejerció durante más
de dos décadas el periodismo en Chihuahua (reportera de El Heraldo y El Diario,
corresponsal de La Jornada desde mayo de 1997, columnista de El Norte de Juárez
y directora de la agencia MIR), fue acribillada a mansalva en la
capital del estado, el jueves 23 de marzo, a las 7:06 de la mañana, cuando
sacaba su camioneta de la cochera de su casa ubicada en José María Mata 6909,
colonia Vallarta, para llevar a la escuela a su hijo adolescente Carlitos,
quien se retrasó un minuto en salir y por fortuna aún no subía al vehículo.
Andrea, su hija mayor, permanecía adentro de la casa.
El sicario
profesional le disparó ocho balazos calibre .38, directos a la cabeza. No falló
un tiro. Fue un mensaje a sangre y fuego, reforzado con otro, redactado en una
cartulina, que el asesino dejó junto al cuerpo de la periodista, como muestran
imágenes videograbadas por cámaras de inmuebles vecinos, difundidas por la
Fiscalía con el propósito de que los ciudadanos ayuden a identificar al
criminal.
Trascendieron
diversas versiones sobre ese mensaje, pero una fuente confió a esta reportera
haber leído el escrito en una fotografía de la cartulina. Asegura que dice
textualmente:
“Esto te pasó por
lenguona, por estar cerca del gobernador. Ahora sigues tu Javier. Firma: El 80”
La escena del
crimen (Foto: Diario Digital).
Ocho horas después
del crimen, casi a las tres de la tarde, el gobernador Corral, en compañía del
Fiscal general César Augusto Peniche Espejel, dio una conferencia de prensa.
Para ese momento el
mundo ya estaba enterado del asesinato de la periodista, la Unesco y Amnistía
Internacional, entre una diversidad de organismos internacionales de derechos
humanos y organizaciones locales, nacionales e internacionales de periodistas
exigían justicia para Miroslava; la Cámara de Diputados y el Senado de la
República se unieron a este clamor exigiendo una investigación profesional,
protección a la familia Breach y medidas de protección para otros periodistas
chihuahuenses en peligro.
Corral destacó ante
los medios dos aspectos medulares: La única línea de investigación -dijo- es el
trabajo periodístico de Miroslava Breach.
Y se comprometió a
transparentar la investigación. Instruyó a la Fiscalía para integrar “una
comisión interinstitucional que incluya la participación de periodistas”.
“Es justo lo que
esperamos”,
comentó la reportera Dora Villalobos, convencida de que “por primera vez se
está ante la posibilidad real de que el asesinato de un (a) periodista no quede
impune”.
A 15 días del
crimen, cabe señalar, sólo ha trascendido una precisión que hizo el gobernador
a un grupo de colegas de Breach: los periodistas no participarán en la comisión
interinstitucional, sino en “una comisión de seguimiento” de
la investigación.
La protesta de un
gremio al que los reiterados agravios no amedrentan . Marcha en la Ciudad
de México. Periodistas demandan Justicia para Miroslava (Foto: Jesús P.
Pelayo).
Coraje, lágrimas y
dignidad
El asesinato de
Miroslava se cometió en un contexto sumamente riesgoso para ejercer el
periodismo crítico, de investigación, realizado por ella bajo amenazas de
muerte que empezaron el 23 de septiembre de 2015, cuando escribió para La
jornada sobre el desplazamiento de cientos de familias (“Huyen del
narco 300 familias en Chihuahua”) obligadas por comandos armados
que “asesinaron hombres, secuestraron a varias personas e hirieron a
niños, para obligar a la gente a entregar sus ranchos, huertas, casas y todos
sus bienes” en comunidades como Las Chinacas del municipio de
Chínipas, a unos 600 kilómetros de la capital del estado.
El grupo criminal
de “Los Salazares”, comandado entonces por
Crispín Salazar Zamorano, fue mencionado por primera vez por la periodista. Ahí
empezó el hostigamiento criminal en contra de ella.
El gobernador
Corral aseguró ante los medios que él ignoraba que Breach había recibido
amenazas recientes. “Me acabo de enterar hoy…”, dijo
la tarde del 23 de marzo, cuando ya realizaban la autopsia al cuerpo de la
periodista.
Comentó que la
única vez en que Miroslava (a quien llamó su amiga y con quien dijo tener
comunicación diaria y una relación casi de familia) sólo le había dicho una
vez, hace casi dos años (cuando él aún era senador), que había sido amenazada.
Otra es la versión
de colegas de Breach Velducea quienes afirman, pidiendo el anonimato debido al
riesgo en que se encuentran, que al menos en tres ocasiones Corral fue
informado, en algunos casos detalladamente, de las amenazas en contra de ella y
de otra periodista; primero en septiembre de 2015, luego en marzo de 2016,
después en agosto cuando ya era gobernador electo y por último en octubre
cuando ya fungía como jefe del ejecutivo.
Estrujante es el
relato de un testigo, incluido en actas ministeriales de la Fiscalía del Estado
y de la PGR dentro de la investigación del crimen, sobre la última amenaza
telefónica que recibió la periodista.
“Miroslava ya no
quiso informar al gobernador sobre esta llamada. Dijo que no tenía
caso hacerlo porque de cualquier modo nada hacía para protegerlos a ella y a
otros compañeros en peligro, sabiendo todo lo que ya se le había informado”. Eran los primeros
días de enero, recuerda el testigo y narra parte del diálogo:
Imagen: SDP Noticias
-Estos cabrones
siguen chingando. Me volvieron a amenazar.
-¿Son los mismos?
¿Ya se lo informaste al gobernador?
-Sí, son los mismos
cabrones. Y no pienso comentarle nada a Corral. Se supone que él ya sabe, ya
debe saberlo, lo saben sus asesores.
-Pero una cosa
es “deber” y otra “saber”. Tienes que decirle.
-No, que se vaya a
la chingada. Ya se lo he dicho, él lo sabe (sobre las amenazas). Y si no tiene
capacidad para analizar la situación, si en la Fiscalía no tienen la
inteligencia para ver lo que está sucediendo y sus asesores (de Corral), aun
enterados de lo que está pasando, no pueden ver lo que viene, si él tampoco
puede prever el desmadre que se le vendría si matan a un periodista, que se
chingue por pendejo.
-Pero eres tu
quien está en peligro…
-No sólo yo. Somos
tres. Y si él no actúa aunque sea para evitar las broncas en que se metería su
gobierno, que se chingue-, repitió la periodista.
“Fueron palabra al
calor del coraje y la impotencia, del sentimiento de indefensión que tenía
Miros”,
comentó el testigo durante el funeral.
(Newsweek en Español -donde
se publicó originalmente este reportaje el pasado 31 de marzo en versión corta
por razones de espacio-, informó que desde sus oficinas centrales de la Ciudad
de México, a través de su coordinador de reportajes especiales buscó
insistentemente al gobernador Javier Corral, pero, hasta el cierre de su
edición, no obtuvo respuesta).
El día que mataron
a Miroslava, con una mirada de dolorosa incredulidad ante la atrocidad del
crimen, una colega que igual sufrió amenazas comentó A los 4
Vientos: “nos costó lágrimas vivir bajo esta situación, pero creo
que en realidad no dimensionábamos el peligro en que nos encontrábamos”.
Recuerda aquel
atardecer de enero del presente año, cuando ambas lloraron de coraje, miedo e
impotencia.
“A
veces nos dolía mucho pensar que nuestro trabajo periodístico no
servía de nada, sentíamos que era como predicar en el desierto y quizá no valía
la pena vivir amenazadas Así se lo dije a Miros y ella me contestó, con una
mueca de sonrisa, tratando de contener sus lágrimas: mejor nos retiramos del
periodismo, ¡vámonos a vender tacos!”
Claro –agregó la
compañera de la periodista asesinada-, ella no podía dejar de escribir. Yo
también lloré porque sentí miedo, pero un miedo extraño, con cierta alegría y
convicción cuando me dijo: “tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo
lo mejor que podamos. No debemos guardar silencio ante tanta marranada. Con qué
cara vamos a ver a nuestros hijos si no hacemos lo que está en nuestras manos
para que se conozca la verdad”.
Quienes compartieron
con Breach su concepción sobre el periodismo de profundo compromiso social,
destacan su profesionalismo.
“Miroslava
realizaba su trabajo con rigor ético; investigaba mucho cada tema,
cruzaba información con varias fuentes, conseguía documentos y expedientes,
verificaba hasta el último dato y sólo publicaba aquello que tenía plenamente
documentado”, comentó
Alejandro Gutiérrez (en la foto a la derecha), corresponsal del
semanario Proceso en España, amigo de Breach Velducea desde que ella regresó a
Chihuahua en 1995, después de haber estudiado ciencias políticas en la
Universidad Autónoma de Baja California Sur y ejercer los primeros años de su
carrera periodística en ese estado peninsular.
Narcopolíticos
azules y tricolores
Corral sostiene que
el asesinato de Miroslava Breach es obra de la narcopolítica.
Este crimen “fue
milimétricamente planeado”, fue un “silenciamiento” por su
trabajo periodístico. “Y digo esto – agregó el gobernador en
entrevista con Álvaro Delgado, publicada el 26 de marzo en Proceso-, porque
hubo un trabajo frontal sobre esos vínculos de la narcopolítica”.
“Miroslava
documentó las relaciones de narcotraficantes con el PRI en Chihuahua”. Por ello,
enfatizó Corral, el equipo interdisciplinario encabezado por la Fiscalía,
investigará el“móvil político” en el asesinato vinculado con la
tarea periodística.
El gobernador
panista se refiere al reportaje de Breach del 4 de marzo de 2016 (“Impone
el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”. La
Jornada). Pero omite un dato esencial: la periodista no sólo
documentó los vínculos del PRI con el narcotráfico,también los del PAN.
“Grupos del crimen
organizado lograron infiltrar las listas de candidatos a
alcaldes, principalmente en el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
aunque también las del Partido Acción Nacional (PAN), para las elecciones del 5
de junio en municipios serranos y en corredores de trasiego de droga”, escribió Breach
aportando nombres de candidatos y de municipios, entre ellos Namiquipa,
Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura.
Señaló al
narcotraficante Arturo Quintana, El 80, quien “pretendió
imponer a su suegra, Silvia Mariscal Estrada, como candidata del PRI en
Bachiniva, junto con otros candidatos narcos en los municipios del
noroeste del estado, incluido Namiquipa con la candidatura de Ramón Alonso Enríquez
Mendoza”.
Aspecto de la
comunidad serrana de Loreto, municipio de Chínipas, Chihuahua, una de las más
afectadas por la violencia de narcotraficantes que despojan impunemente a la
gente de sus propiedades (Foto: La Jornada).
En Chínipas,
municipio de la baja Tarahumara gobernado entonces por un panista “también
vinculado al grupo criminal que domina la región” -escribió Breach-,
el PRI registró a Juan Miguel Salazar Ochoa, sobrino del capo Crispín Salazar
Zamorano.
La Comisión Estatal
para el Proceso Interno del PRI –señala el reportaje- decidió que las
candidaturas serían por designación directa en 34 de los 67 municipios; por
paridad de género, 33 o 34 mujeres serían candidatas. “Ello ocasionó
que esposas, hermanas, cuñadas y hasta suegras de ex alcaldes o de personajes
identificados con los grupos criminales fuesen postuladas”.
Este fue el caso,
dijo Breach, de los municipios de Gran Morelos, Uruachi y Urique, entre otros
donde el PRI postularía a familiares de ex alcaldes presuntamente relacionados
con grupos criminales. “También es el caso de Adriana Campos,
abanderada del PAN en Uruachi”.
La difusión
nacional de su reportaje obligó a los partidos a cambiar algunas candidaturas a
última hora ante el Instituto Estatal Electoral.
Y volvieron
las amenazas. La corresponsal reportó la situación a su periódico La Jornada e
informó que había reportado al entonces candidato a gobernador del PAN lo que
estaba sucediendo. Con datos investigados por Breach, el panista se comprometió
a “poner orden” con la gente de su partido, recuerdan colegas
que dieron seguimiento a su reportaje.
En junio de 2013,
el panismo nacional se cimbró con el escándalo de los préstamos a sus senadores.
Javier Corral e Ignacio Zavala se enfrascaron en una disputa pública que pintó
su talante. Prometieron corregir, poner orden y en eso quedó, en promesa, como
la que hizo el hoy gobernador de Chihuahua a la periodista Breach (Imagen. Portal
Animal Político).
El mensajero del
narco
Algunas amenazas
tenían origen identificado, venían de un panista que actuaba como“mensajero”
del capo Crispín Salazar. Miroslava se lo hizo saber al ahora
gobernador, revelaron fuentes muy cercanas a la periodista. Además, dejaría
constancia de la denuncia en su columna del periódico El Norte, firmada con el
seudónimo Don Mirone.
El 25 de noviembre
de 2016 escribió:
“El jueves (24 de
noviembre), mientras Corral estaba ocupado en el evento con Imco,
anduvo tocando puertas en su despacho y en otras oficinas de Palacio el
impresentable ex Alcalde panista de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz,
quien quiere colocarse en una posición de buen nivel en la Secretaría de
Educación y Deporte, para hacerla compatible con su plaza de profe y no perder
tiempo de jubilación.
“El ex
Alcalde de Chínipas es el mismo que vio, calló y negoció con el narco del
pueblo la designación de su sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a
la Presidencia Municipal. Solo cuando los medios de comunicación nacionales
hicieron público tal despropósito, la dirigencia estatal priista sustituyó esa
candidatura junto con la de Namiquipa. Esa información fue uno de los temas de
campaña electoral de Corral, pero los datos nunca le llegaron de su supuesto
correligionario de partido”.
Contundente,
denunció:
Las andanzas del ex Alcalde serrano que
ahora quiere convertirse en funcionario estatal son más graves. Tuvo como
director de la Policía municipal todo su trienio a Martín Ramírez, también
sobrino del capo de la región Crispín Salazar Zamorano. El ex comandante de
Policía aparentemente estuvo involucrado en múltiples asesinatos y desaparición
de personas, mientras el Presidente Municipal dejaba hacer y dejaba pasar los
crímenes”.
Un párrafo
escrito por Miroslava cobra mayor relevancia a partir de su asesinato:
“Schultz también
jugó de mensajero de Salazar, para intentar amedrentar a periodistas que han
documentado lo que sucede en esa región”.
A pesar de la
intervención directa de la periodista para que el gobernador negara a Schultz
el alto cargo que solicitaba, el gobierno del nuevo amanecer -slogan
de la administración corralista-, le otorgó un puesto dentro de la estructura
estatal: coordinador de Educación de la Región Serrana en la Dirección de
Educación Básica de la Secretaría de Educación y Deporte. Dato plenamente
corroborado.
Corral y su
gabinete. (Facebook)
Policías
infiltradas hasta la médula
“A la periodista
Miroslava Breach le quitó la vida un sicario”, escribió Álvaro Delgado, “pero
la mató también la indolencia del poder político y sus complicidades con
el crimen, la narcopolítica ya enraizada en Chihuahua y en todo México”.
Breach Velducea
evidenció los vínculos de políticos y empresarios con grupos criminales y las
secuelas de sufrimiento que esa relación implica para miles de hogares
enlutados por asesinatos, violaciones sexuales, feminicidios, desapariciones de
personas, secuestros, masacres y desplazamientos de cientos de familias a las
que han arrebatado todos sus bienes.
En los tres meses
previos a su asesinato, escribió además un amplio reportaje y una serie de
columnas sobre la infiltración del narcotráfico en las áreas de seguridad
pública de los municipios.
Ella anticipó las
reacciones de los grupos criminales a la decisión del gobierno de Corral de
establecer el mando único de la Policía Estatal en seis municipios del estado
–Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo
Casas Grandes–, como medida urgente para recuperar el control de las policías
municipales.
“No se van a quedar
cruzados de brazos ante el intento de acotar su control
sobre vastas zonas del estado. El fin de semana ya se reportaron
desplazamientos de hombres armados y encapuchados en algunos de los municipios
intervenidos”, informó.
Miroslava tenía
múltiples conocidos en la sierra y en instancias de poder a todos los niveles,
conocía muy bien la geografía del estado y merced a todo ello podía ubicar
estructuras criminales que controlan territorios de siembra de amapola en la
sierra Tarahumara y sus rutas de narcotráfico hacia la frontera con Estados
Unidos, así como la complicidad con el crimen organizado en ayuntamientos, cuerpos
policiacos y otros mandos de gobierno, comentan varios colegas que conocieron
su trabajo. Incluso, señalan, ella sabía qué periodistas estaban o están
vinculados con narcos y qué medios hacen convenios deshonestos con políticos
igualmente corruptos.
“Debe existir
información muy valiosa en los archivos y expedientes que Miroslava fue
organizando a través de muchos años”, observó Alejandro Gutiérrez,
conocedor del trabajo meticuloso que realizaba Breach. Esos archivos, junto con
la computadora y el teléfono celular de la periodista están ahora en poder de
la Fiscalía y/o de la PGR.
El mediatismo de
Corral, en la antesala de la carrera por la gubernatura de Chihuahua. Así
enfrentó a César Duarte en el Congreso de la Unión (Foto: Portal Aristegui
Noticias).
Con la lumbre en
los aparejos
Miroslava Breach es
asesinada en un ambiente de fuerte tensión política por las confrontaciones
entre el ex mandatario César Duarte y el panista Javier Corral, quien con una
promesa electoral atrajo votos suficientes para triunfar en las urnas: “Erradicar
la corrupción. Encarcelar al ex gobernador corrupto junto con
sus cómplices y recuperar para el estado el dinero y los bienes que le fueron
saqueados.”
El crimen se comete
en los albores de una nueva contienda por la Presidencia de la República, que
se anuncia sucia y descarnada, con un panismo estatal presionado por las
críticas crecientes de chihuahuenses que reclaman falta de voluntad política del
nuevo gobierno para cumplir sus promesas de campaña.
Miguel Ángel Osorio
Chong, en abierta campaña desde la Secretaría de Gobernación por la candidatura
presidencial del PRI, el sábado 25 de marzo lanzó un dardo contra el gobierno
de Corral. “Chihuahua se nos descompuso mucho. La federación no
permitirá que se descomponga más”, dijo en Toluca al diario El Universal.
El PAN estatal
reviró: “A Osorio se le descompuso todo el país, no Chihuahua”. Calificó
de“cínico e irresponsable” al funcionario, a quien recordó que el
combate a la delincuencia organizada es una competencia esencialmente federal.
Javier Corral
(quien estima que el daño patrimonial al estado que causó la administración
duartista supera los 6 mil millones de pesos), durante meses soportó la andanada
de críticas por no dar muestras de que cumpliría sus promesas. Entre los
reclamos, destaca la voz del fundador de Unión Ciudadana, el abogado Jaime
García Chávez, quien denunció ante la PGR, el 23 de septiembre de 2014, al
entonces gobernador César Duarte Jáquez y al Secretario de Hacienda Estatal,
Jaime Ramón Herrera Corral, por enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio
abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades, tras la
fundación del Banco Progreso de Chihuahua
Bajo ese contexto,
entre noviembre y diciembre de 2016 a enero de 2017, Miroslava escribió
constantemente sobre las investigaciones realizadas por la Fiscalía contra
Duarte y sus cercanos colaboradores.
El 26 de enero de
2017, publicó en El Norte:
“Las medidas de
protección legal que está tomando el exgobernador César Duarte para protegerse
de acciones penales en su contra, hablan de que está sintiendo la lumbre en los
aparejos. El amparo 15/2017 promovido por su abogado, Ricardo Antonio Sánchez
Reyes Retana, en contra de la decisión del Juez de Control, Eduardo Alexis
Ornelas, quien ordenó reabrir la investigación en su contra por el caso de
Unión Progreso, apunta a un mar de fondo en el tema”.
Breach destacó un
negro curriculum de Reyes Retana, “en casos de corrupción profunda”.
El abogado de
Duarte -recordó la periodista-, estuvo relacionado con la defensa de la empresa
Industria 3 SA de C.V., “aquella supuesta productora de espectáculos a
la que el gobierno del veracruzano Javier Duarte le envió un maletín con 25
millones de pesos en efectivo, dizque para pagar los preparativos
logísticos para la fiesta de La Candelaria, la Cumbre de Tajín y el Carnaval
del Puerto, en enero de 2012, justo cuando empezaba la campaña de Enrique Peña
Nieto.
“¿Será coincidencia que aparezca
ahora defendiendo al Duarte de Chihuahua?”, se preguntó.
Breach fue una
periodista muy crítica al gobierno de Corral. Como expresó Alejandro Gutiérrez,
de Proceso, “Miroslava podía relacionarse con las fuentes y lograba
información notable, lo mismo podía ser afable que firme con sus fuentes, con
algunas establecía un vínculo afectivo pero nunca abandonaba su papel de
periodista, sabía mantener esas fronteras y por su profesionalismo se ganaba el
respeto de sus fuentes y de los colegas, porque sus textos aportaban
información valiosa o los matices de un conflicto”
En su columna,
Breach le advirtió al gobernador: “el escepticismo ya está asentando sus
reales en la ciudadanía, que optó por el cambio el pasado 5 de junio”.
Y envió un claro
mensaje al panista: “solo un temprano golpe de timón reavivaría la
esperanza…”
Corral, la
imagen (Foto: Radiza).
El golpe de timón
Javier Corral
parece haber escuchado el consejo, cuando la periodista yace en su tumba. Su
gobierno ha dado un golpe de timón, al que llamó “Operación justicia
para Chihuahua”.
Justo cuando crecen
los reclamos de justicia para Miroslava, el gobernador panista da un giro de
timón y logra atraer a su favor los reflectores nacionales y extranjeros al
declarar prófugo de la ley a César Duarte, a partir de que el martes 28 de marzo
(a cinco días del asesinato de la periodista) un juez libró orden de
aprehensión contra el priista.
Un día antes, La
Fiscalía detuvo a tres ex funcionarios duartistas: Javier Garfio, ex secretario
de Comunicaciones y Obras Públicas y ex alcalde de Chihuahua; Gerardo Villegas,
ex director de la Administración de la Secretaría de Hacienda estatal, además
de Ricardo Yáñez, quien fue director de Coesvi y director de Vialidad.
Coincidentemente,
al cumplirse una semana del asesinato de Breach Velducea, la Organización
Policial Internacional (Interpol) publicó la ficha roja de búsqueda del
exgobernador Duarte Jáquez, por intervención de la PGR a solicitud de Corral. A
partir de ese momento, el priista ballezano podría ser aprehendido en
cualquiera de los 190 países donde la Interpol actúa.
Además, se tiene en
la mira al diputado federal suplente Antonio Enrique Tarín García, quien el
miércoles 29 de marzo fracasó en su intento de tomar protesta en la Cámara de
Diputados como legislador, tras la muerte del diputado titular Carlos
Hermosillo Arteaga, fallecido en un accidente carretero en la ruta
Parral-Chihuahua, tres días antes de que asesinaran a la corresponsal de La
Jornada.
Tarín, quien se
atrincheró 48 horas en la Cámara de Diputados, obtuvo un amparo para evitar ser
detenido.
“Estamos apenas en
el inicio de un proceso y de una estrategia jurídica en la que vamos
por toda la red de corrupción política que se tejió en la pasada
administración, ex funcionarios y particulares que fueron parte de un diseño de
delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por supuesto
encabezados por el ex Gobernador”, anunció Corral Jurado.
¿Y el asesinato de
Miroslava?, se preguntan colegas y familiares.
El fiscal Peniche, juró hacer
cumplir la Constitución y las leyes (Foto: El Diario de Chihuahua).
El fiscal César
Augusto Peniche, se reunió el pasado 29 de marzo con los legisladores
integrantes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da
seguimiento a las agresiones a periodistas. Ahí, el funcionario chihuahuense
expuso detalladamente los magros avances de la investigación sobre el asesinato
de Breach Velducea e informó con amplitud sobre las órdenes de aprehensión
contra el exgobernador priista y sus más cercanos colaboradores.
-¿Alguna de las
órdenes de aprehensión giradas contra el ex gobernador César Duarte está
vinculada con el crimen cometido contra la periodista-, preguntó el diputado
Virgilio Caballero, de Morena.
-No están
vinculadas-,
respondió el fiscal.
Respecto al caso
Breach, informó que “se tienen identificados” a dos hombres
que participaron en el crimen: al chofer que trasladó al asesino y a quien
escribió el mensaje en la cartulina.
Explicó que el
domingo 26 de marzo fue localizado en una vivienda de la colonia Revolución, en
la ciudad de Chihuahua, el automóvil Chevrolet Malibu, color gris y con “cola
de pato”, presuntamente ligado al asesinato. Precisó que en el domicilio donde
se encontró el vehículo se recabaron evidencias que permiten conectar a quien
redactó el mensaje en la cartulina, corroborar la identidad del conductor y
dispositivos electrónicos en cuyo contenido se detectó información con amenazas
a la periodista.
Adelantó una pista:
la familia donde se encontró el vehículo que utilizaron para el crimen, apunta
a que “son originarios de la sierra, donde Miroslava también es
originaria”.
Y eso fue todo.
Del sicario que
acribilló a la periodista nada se ha dicho. Nada, tampoco, sobre la identidad
de los autores intelectuales.
En medio de la
parafernalia de declaraciones sobre la persecución del gobernador prófugo y las
órdenes de aprehensión ejecutadas, Javier Corral fijó una postura respecto al
asesinato de Miroslava: “no se dará más información a los medios sobre
este caso, para no entorpecer las investigaciones”.
En contraste, se ha
difundido profusamente que dentro del “Operativo justicia para
Chihuahua”, la Fiscalía ya integró conjuntamente con la Secretaría de la Función
Pública al menos 26 carpetas de investigación por diversos delitos contra
exfuncionarios del gobierno de César Duarte para recabar evidencias y
presentarlas ante el Poder Judicial para solicitar las órdenes de aprehensión.
Los medios locales
informaron que entre 56 y 70 exfuncionarios estatales y de la presidencia
municipal de Chihuahua, incluso empresarios que obtuvieron contratos en la
administración duartista, han solicitado el amparo de la justicia federal ante
las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía por presuntos delitos penales
cometidos durante el mandato de César Duarte.
Lo acusaron de
corrupto hace años. Hoy, es prófugo de la justicia (Imagen: contactox.com)
Capacidad de
maniobra
En el acto
celebrado el miércoles 5 de abril en Palacio de Gobierno para rendir informe
del primer semestre de su administración, Javier Corral inició su discurso
citando al chihuahuense de Batopilas, fundador del PAN, Manuel Gómez Morín. “Poco
a poco van quedando atrás las sombras del pasado, nosotros hemos salido de
nuevo a ver las estrellas, en la convicción de que construimos un nuevo
amanecer para todas y todos los chihuahuenses”.
La periodista
Miroslava Breach ya no estuvo ahí para escribir con su ingenioso sarcasmo la
crónica sobre el rumbo hacia el que marcha Chihuahua. El nuevo
amanecer para ella fueron ocho balazos que le arrancaron la vida.
Ocho tiros que arrojaron negras sombras sobre el estado.
En su discurso de
50 minutos, el gobernador mencionó en dos momentos el nombre de la periodista.
La primera, para destacar que Chihuahua pasó del cuarto lugar a nivel nacional
en el mes de noviembre de 2016 en homicidios por cada 100 mil habitantes, al
sexto lugar en enero de 2017.
“Hemos enfrentado
momentos difíciles en este tema, el homicidio de Miroslava Breach y de Adrián Rodríguez
son un ejemplo de ello. Tengan la certeza que en estos casos vamos a llegar al
esclarecimiento de los hechos. La Fiscalía está trabajando en ambos temas y
tenemos un alto porcentaje de avance”, dijo Corral y siguió mencionando
cifras para demostrar la “reducción gradual y sostenida de homicidios
dolosos”. Así, el asesinato de la periodista se redujo en el discurso del
primer panista del estado a un dato estadístico enmarcado en una reducción
sustancial al cierre de marzo con “29 eventos” en comparación
con los 45 homicidios acumulados en enero y 40 en febrero en la capital del
estado.
En el mismo
análisis que ponderó la estadística, el gobernador mencionó que “en el
resultado del mes de marzo se refleja el evento de Rubio donde dos bandas
criminales se enfrentaron con un arsenal bélico que pudieron acumular en los
últimos años con la complicidad de las autoridades”.
El saldo a nivel
estatal, con ese criterio sería positivo: “de la cúspide reflejada en
el mes de octubre con 209 eventos, bajó en los meses de noviembre, diciembre y
enero a 136 eventos en promedio. En febrero subió a 168 y en marzo hay una
reducción con respecto al último mes al quedar la cifra en 147”.
Miroslava fue
asesinada en marzo. Estadísticamente un buen mes para el gobierno del estado.
Debemos actuar con
responsabilidad –agregó el gobernador-, en materia de seguridad pública no se
debe ocultar la información real, “pero tampoco se debe descontextualizar
para crear la sensación de un escenario que solo afecta la percepción y la
objetividad de los ciudadanos. Eso daña la imagen del estado, desalienta
inversiones, reduce el empleo y aleja el turismo”.
Aprovechó para
subrayar que el 75 por ciento de los homicidios está vinculado con el tema de
las drogas, las armas y la delincuencia organizada, y por lo tanto la
Federación “está obligada a realizar las tareas que le corresponden”.
Luego, orientó el
discurso al corazón de su mensaje político: el cumplimiento de su palabra
empeñada desde la toma de posesión del cargo de gobernador de llevar ante la
Justicia “a una camarilla de rufianes”, dijo el gobernador,
que endeudaron al estado comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones
hasta el 2044, y se enriquecieron con dinero de “empréstitos” y
“bursatilizaciones” que en todo caso debió utilizarse en
beneficio de los que menos tienen.
“No hemos
defraudado a los chihuahuenses”, dijo Corral con voz firme y
aclaró a sus críticos que “la supuesta inacción, en realidad era estrategia,
cuidado y rigurosidad”. Anunció que a través de la Secretaría de la Función
Pública se han integrado variadas carpetas de investigación, logrado
judicializar varios casos y obtener órdenes de aprehensión que en su momento serán
ejecutadas contra el ex gobernador prófugo y los exfuncionarios involucrados.
La segunda ocasión
en que Corral mencionó el nombre de Miroslava Breach -periodista que nunca
abandonó su actitud crítica hacia el poder-, fue después de reprochar que en los
últimos meses la crítica contra su gobierno “se ha exacerbado como nunca
antes, en muchos momentos de manera infundada”. Pero a pesar de ello,
celebró que “la libertad de expresión en nuestra entidad sea una
realidad”.
Dijo que no pierde
de vista nuestra realidad, ni los últimos acontecimientos. Por ello, “reitero
mi obligación de hacer justicia para Miroslava Breach, queremos sentar el
precedente de que cualquier delito cometido en contra de las y los periodistas
será castigado con todo el peso de la ley, para que estos hechos no vuelvan a
ocurrir”.
Y concluyó con una
aseveración rotunda. Desde la óptica del gobernador, Chihuahua comienza a
llamar la atención a nivel nacional “por los buenos precedentes que
está sentando”. ¿Cómo para revolverse en su tumba?, se
preguntan los más cercanos colegas de Miroslava.
La exigencia en Chuihuahua
y México (Foto: Portal Animal Político).
Muerte anunciada
El asesinato de
Miroslava Breach fue un crimen anunciado que nunca debió suceder porque muchas
autoridades del estado y del gobierno federal, así como representantes de
organismos de derechos humanos conocieron de las amenazas que recibían y ella y
otra colega, incluidos los medios para los que trabajaban.
¿Se pudo evitar esta muerte? ¿Podía el
nuevo gobierno haber aplicado medidas elementales para proteger la vida de la
periodista?
Todos sabían que
las corresponsales del periódico La Jornada y del semanario Proceso estaban
bajo grave peligro.
Así consta en
diagnósticos elaborados durante meses a partir de marzo de 2016, para solicitar
que se decretara en Chihuahua la “Alerta temprana de protección a
periodistas”,como sucedió en agosto de ese año; también consta en
documentos redactados entre octubre, noviembre y diciembre, con la
participación de integrantes del equipo de transición de Corral Jurado para
aplicar, ya en la actual administración, un plan de contingencia dentro del
Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos
Humanos, cuya Junta de Gobierno preside Roberto Campa Cifrián, subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
En el diagnóstico,
elaborado con la participación de periodistas amenazadas por narcopolíticos, se
señala:
“Se reciben
amenazas directas, por terceros, de manera oral y por vía
telefónica, debido a la cobertura de noticias e investigaciones sobre el crimen
organizado y la corrupción. El crimen organizado reacciona a una nota
periodística de manera inmediata, las amenazas son automáticas”.
Esta situación,
destaca el documento, afecta a todos los periodistas porque el narcotráfico es
un tema de interés social, informativo, que permea toda la vida del Estado.
Más aún, preveían
que con el cambio de gobierno se podían ocasionar “graves afectaciones”
contra periodistas “que han hecho visible las prácticas ilegales
que involucran al gobierno saliente”. Contundente, el diagnóstico: “Se
trata de la denuncia sobre redes de corrupción entre empresarios, funcionarios
y el crimen organizado”.
“Que no haya
continuidad en el gobierno, no significa que se desista de seguir produciendo
amenazas e intimidaciones, incluso cabe la posibilidad de que estas se
incrementen mientras se realiza el reacomodo de poderes e intereses”, advirtieron en su
análisis quienes realizaron el diagnóstico con los testimonios y participación
de periodistas amenazadas.
Se referían al
periodo de alternancia política en el poder, ya que el 4 de octubre de 2016 el
priista César Duarte concluía su sexenio y tomaba protesta como jefe del
ejecutivo el panista Javier Corral.
Organismos sin
capacidad de respuesta, sin recursos y sin “dientes” para contener la
ola de asesinatos de activistas y periodistas en México (Cortesía).
De acuerdo con el
contenido de este documento –A los 4 Vientos tiene copia- la Segob a
través de los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a
Periodistas, así como los asesores del gobierno de Corral que participaron en
la consulta para el plan de contingencia, conocieron desde marzo a diciembre de
2016, las condiciones de riesgo, incluidas las amenazas, en que trabajan
Miroslava Breach y su colega.
El 29 de julio de
2016, la Junta de Gobierno del Mecanismo aprobó el Diagnóstico sobre la
Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del
estado de Chihuahua. Ese mismo día instruyó a la Coordinación Ejecutiva
Nacional realizar -en coordinación con las organizaciones de derechos humanos
solicitantes de la Alerta-, una propuesta de Plan de Contingencia para
iniciar el diálogo con las autoridades del estado.
El 12 de octubre
del mismo año, dentro de los trabajos de elaboración del Plan de Contingencia,
el Mecanismo realizó un taller para identificar acciones concretas contra las
causas estructurales de los riesgos. Este plan se presentaría al gobernador del
estado para sus observaciones y posterior aprobación. El taller se llevó a cabo
con la participación de periodistas de Chihuahua, organizaciones de derechos humanos
que solicitaron la Alerta e integrantes del Consejo Consultivo y de la Unidad
de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo.
El gobernador
Javier Corral conoció ese documento, afirma una de las periodistas que
participó en la elaboración del diagnóstico y en el Plan de Contingencia.
-¿Cuándo recibió el
documento? ¿Se le entregó en mano?
–Sí. Aproximadamente un mes antes del asesinato de Miroslava
Breach, se realizó una reunión en Chihuahua con representantes del Mecanismo de
Protección a Periodistas. “Y todos los que asistimos tuvimos ese
documento en nuestras manos”
-¿Quiénes
asistieron a esa reunión?
-Estuvieron entre
otros, (Roberto) Campa Cifrián, presidente de la Junta de Gobierno del
Mecanismo; César Jáuregui Robles, secretario general de gobierno en el estado y
el gobernador Javier Corral. En la reunión donde nos dividieron en mesas
de trabajo, también estuvo Rodrigo Santiago, director general del Programa de
Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
Ese documento es un grito de alerta sobre la
situación que prevalece en estado, especialmente en la sierra Tarahumara.
Advierte sobre la continuidad y posible incremento de las agresiones a
defensores de derechos humanos y a periodistas.
Menciona el
documento específicamente a las corresponsales de Proceso y de La Jornada,
entre quienes se encuentran en peligro.
Advierte, también,
que “ante el incremento de proyectos extractivos y megaproyectos
inconsultos se produce la persecución y amenazas directas con el interés de que
no se ejerza la labor de defensa y denuncia. Aumento de prácticas
intimidatorias”.
-¿No hay duda
alguna de que las autoridades estatales y federales mencionadas conocieron este
documento?
-Sin duda
alguna. Por eso me asombra la capacidad que tienen para mentir.
Segundo mensaje (Foto:
codigotres.com)
Narcomanta
En un hecho que
enturbió aún más el enrarecido ambiente político en Chihuahua, y a unas horas
de haber anunciado la cacería en contra de César Duarte luego de que se giró la
orden de aprehensión en su contra, apareció una manta colgada de un puente
peatonal, en una de las vialidades más transitadas de la ciudad, el Periférico
de la Juventud, a la altura de la colonia Campesina, con una amenaza escrita en
párrafos negros y rojos contra el gobernador del estado.
“Esto es para que
estés enterado Corral, si me sigues mandando a tus achichincles los voy a matar
a todos. Querías guerra pues ya la tienes. Estoy agarrado a alguien más
poderoso”.En
la línea final advierte a periodistas “hocicones”: No se
metan en lo que no le importa y en una guerra que no van a ganar porque los voy
a matar a todos a la verga”. Y firma“Atte El 80”, el presunto
narco amigo de César Duarte, a quien Javier Corral prometió expulsar de
Chihuahua 72 horas después de asumir como Gobernador.
(Re) Nacimiento de
la Narcopolítica
Desde el municipio
de Guadalupe y Calvo viajaron a la ciudad de Chihuahua cuatro priistas que
tenían un asunto urgente que informar. Se trataba de algo grave, dijeron, y por
lo tanto querían mantener su identidad a salvo. Buscaban, sin embargo, que la
historia que traían consigo fuera publicada por algún diario local.
Era el año de 2004
e iniciaba el proceso interno para postular candidatos a presidentes
municipales y diputados. José Reyes Baeza, exalcalde de Chihuahua, sería
candidato a gobernador, sin conflictos en el partido.
Para lograr la
candidatura, Reyes Baeza enfrentó en la elección interna a Víctor Anchondo
Paredes, quien durante el sexenio de Patricio Martínez (1998-2004) fue Secretario
General de Gobierno, Gobernador interino y líder parlamentario del PRI en el
Congreso local. Reyes obtuvo un amplio triunfo y posteriormente fue postulado
por la coalición electoral “Alianza con la Gente” integrada por el PRI,
el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM).
Reyes Baeza venció
en la elección constitucional con más de 15 puntos de ventaja (56.4 contra
41.3) al panista Javier Corral, quien contendía por primera vez por la
gubernatura del estado, por el PAN aliado en esa ocasión con el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia, Democrática, en la coalición
“Todos Somos Chihuahua”.
Tres años antes, en
enero de 2001, el gobernador Patricio Martínez había sufrido un atentado
en las escalinatas de Palacio de Gobierno; los médicos lograron salvarle la
vida, a pesar de que el mandatario priista recibió un tiro en la cabeza.
Durante el sexenio
de Reyes Baeza la entidad se convertiría en escenario de la más cruenta batalla “entre
narcos” que haya registrado el mundo reciente. Joaquín, “el
Chapo” Guzmán, capo del cártel de Sinaloa -quien se fugó el 17 de enero de
2001 por primera vez de una cárcel de alta seguridad, en Puente Grande, Jalisco
en los primeros días de la presidencia de Vicente Fox- diputaba la plaza al
cártel de Juárez en una guerra sanguinaria que se extendería hasta el sexenio
del Felipe Calderón y los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Pero lo que estaba
sucediendo a principios de 2004 en la sierra Tarahumara, preocupaba hondamente
a estos priistas.
“Podemos asegurarle
a usted que es en este mes y en este año preciso, anótelo
así, cuando nace en Chihuahua la narcopolitica”, comentó uno de
ellos con voz apagada, casi en un murmullo, temeroso de ser escuchado por los
comensales de mesas vecinas donde tomábamos café.
El interlocutor era
un ex alcalde de Guadalupe y Calvo, el municipio situado en el Triángulo Dorado
de la droga, territorio que comparte Chihuahua con Durango y Sinaloa. La
alerta era porque les habían impuesto, por vez primera, a un “narco”
como candidato. Lo que ocurría allí era una réplica de lo que sucedía en
otros municipios de la Tarahumara, y el apoyo, tanto político como financiero,
señalaron, provenía de una misma fuente: el entonces líder estatal de la
Confederación Nacional Campesina (CNC), César Duarte Jáquez.
Escena de la
película “Plomo en la Sierra” (Facebook).
Jesús Velázquez
Rodríguez ganó la alcaldía en 2004. Tres años después sería diputado local por
el distrito 21. En tal condición adquirió notoriedad al formar parte del elenco
de una película protagonizada por Erick del Castillo y Rafael Goyri: Plomo
en la sierra, en la que encarnó a un narcotraficante llamado Chuy
Castillo. En los primeros años del sexenio de Duarte (2010-2016) apareció como
Coordinador estatal de la Tarahumara y en marzo de 2013 tomó posesión como
líder estatal de la CNC.
“No
crea usted que es un asunto menor que se quedará en unos cuantosmunicipios
perdidos en la sierra. Se está construyendo toda una estructura para sacar
adelante la candidatura de Duarte, primero para diputado local, luego para
diputado federal y allá arriba, con el apoyo de gente como Emilio Gamboa Patrón
y otros gallones muy pesados del grupo Atlacomulco, van a fortalecer a Duarte
para hacerlo candidato a gobernador”, confió el priista a principios
del 2004.
Aún no arrancaba la
campaña de Reyes Baeza por la gubernatura, cuando a decir de estos priistas
serranos, ya se estaba construyendo el relevo con Duarte para el 2010.
“Vienen tiempos
terribles”,
dijo el ex alcalde, quien optó por retirarse definitivamente de la política
En medio de una
temprana y soterrada pelea intestina del priismo por el relevo en la
gubernatura, el domingo 22 de febrero de 2009 el gobernador Reyes Baeza y sus
escoltas sufrieron un atentado frente a la edificio de la Dirección de
Vialidades, en la esquina del periférico de La Juventud y el boulevard Ortiz
Mena, arterias de alto tránsito en la ciudad. Ahí murió acribillado su escolta
personal Alejandro Chaparro Coronel y fueron lesionados otros dos agentes.
También fue herido uno de los agresores. El hombre que comandaba al grupo
de cinco sicarios resultó ser un exmilitar del 57º Batallón de Infantería, con
sede en Iguala, Guerrero.
Pruebas dactilares
cotejadas por la procuradora de Justicia, Patricia González, con información
del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, reveleraon la
identidad del sicario detenido: Eduardo Hernández Valdez, de 36 años, quien
había ingresado a la Secretaría de la Defensa Nacional el 10 de septiembre de
2001 y -dato no confirmado por la procuradora-, causó baja de la Sedena en
octubre de 2003.
Todos los aspirante
a la candidatura terminaron declinando sus aspiraciones. El 28 de febrero de
2010 se celebró la convención de delegados del PRI que eligió formalmente como
candidato único a César Duarte, postulado posteriormente en coalición con el
PVEM, el PANAL y el PT.
Todo indica que los
cuatro priistas de Guadalupe y Calvo tenían una “bola de cristal” en
su análisis político, aunque no pudieron ver el declive del priista ballezano,
ahora prófugo de la justicia, buscado por la Interpol en 190 países.
Son días aciagos
para los Duartes, Javier (exgobernador de Veracruz) y César, el exmandatario
chihuahuense, quienes un día soñaron que podían ser presidenciables, cuando en
2012 el recién electo Enrique Peña Nieto dijo en una entrevista televisiva que
ambos Duartes junto con el también ahora perseguido Roberto Borge, ex
gobernador de Quintana Roo, eran “el nuevo rostro” del PRI.
Desde el
renacimiento de la narcopolítica en Chihuahua, peligro sobre el que trataron de
advertir a la sociedad cuatro priístas serranos de Guadalupe y Calvo en 2004,
la fusión de la política y el narco se consolida en estructuras que controlan
buena parte de esos municipios en el estado más grande del país, como logró
documentar la periodista Miroslava Breach Velducea, hasta el día previo a su
asesinato.
La protesta del
gremio en la ciudad de México: ¡Justicia para Miroslava! (Foto: Jesús P.
Pelayo).
Justicia para
Miroslava
Terribles, pero
verdaderas, son las palabras escritas por la periodista Elia Baltazar ( revista
Nexos, marzo 29 de 20017) ante el dolor y la frustración por el asesinato de
Miroslava.
“A pesar de las
evidencias, la documentación de casos y las denuncias, para ninguna autoridad
ha significado un costo político el asesinato de un periodista”, afirma Elia
Baltazar. La capacidad de maniobra de los gobernantes para eludir el costo
político de estos crímenes, parece confirmarse en Chihuahua.
No hay
consecuencias (para autoridades y gobiernos) por sus pésimos resultados en las
investigaciones de los crímenes, agrega Baltazar en su artículo “Periodistas
asesinados, ¿quién gana?”
Dice Elia que de
muy poco ha servido una ley federal frente a la impunidad regional, donde
sabemos que las amenazas contra la integridad de los periodistas casi siempre
vienen del poder y su connivencia con el crimen.
Y nos recuerda la
articulista que “los periodistas hemos caído en las trampas de la
política de la simulación”
Allií donde hay
periodistas asesinados, señala Elia Baltazar, aparecen mecanismos de
protección, pero no garantías para la investigación y la justicia. A cada
asesinato, la clase política responde con “indignadas” declaraciones,
con foros sobre libertad de expresión y promesas que siempre se posponen. Y
exclama: ¡Ya basta!
La experimentada
colega nos llama, como gremio, a que obliguemos a gobernadores y autoridades a
rendir cuentas, “elevar el costo político para todos los actores,
incluido el presidente, el secretario de Gobernación, el procurador y cualquier
otro responsable de garantizar los derechos de los mexicanos. Para eso están
allí”.
En Chihuahua,
decenas de periodistas que exigen justicia para Miroslava se han estado
reuniendo con un objetivo claro: impedir que el crimen quede impune.
Abrieron en
Facebook la página “Justicia para Miroslava”, realizaron asambleas y un mitin de
protesta, decidieron hacer cumplir al gobernador su palabra de integrar a
periodistas a la comisión interdisciplinaria que investiga el crimen de Breach
Velducea; preparan también la edición de un libro para difundir vida y obra de
la periodista victimada; establecieron vínculos con organismos nacionales e
internacionales para emprender esta campaña a todos los niveles.
Exigen, como expresó La Jornada en su
editorial, una investigación conforme a la ley, rápida, exhaustiva y certera.
Que se encuentre a los asesinos, que no se inventen chivos expiatorios, que la
investigación vaya al fondo de la verdad porque nadie aceptara una historia
inventada sobre un solo asesino y algún autor intelectual perdido en un
municipio serrano cuando ese sería el eslabón menor de una sólida
cadena de narcopolíticos incrustrados en altas esferas del poder político y
económico.
* Foto principal: La Parada Digital
