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SinEmbargo
marzo 1, 2018
5:30 pm
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El Gobierno de Baja California, encabezado por el
panista Francisco Vega de la Madrid, desvió mil 432 millones de pesos
destinados al Issstecali, Seguridad Pública, programas sociales, obra pública,
educación y hasta en la compra de desayunos y despensas del DIF en la entidad,
de acuerdo c0n la revisión de la Cuenta Pública 2016 de la ASF.
A través de diez auditorías practicadas a los
recursos federales que la administración estatal recibió en 2016, la entidad
auditora encontró otras irregularidades que suman 204 millones de pesos,
monto que ni siquiera fue ejercido.
Tijuana/Ciudad de México, 1 de marzo
(Zeta/SinEmbargo).- En sólo diez auditorías realizadas a fondos federales que
el Gobierno del Estado de Baja California recibió en 2016, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) detectó mil 432 millones 351 mil 698 pesos en
daños al erario público.
Se trata de dinero que la administración de
Francisco Vega de Lamadrid recibió y gastó, pero no en los programas para lo
que estaban destinados y no pudo comprobar en qué lo utilizó.
Estos desvíos se realizaron
principalmente desde la Secretaría de Planeación y Finanzas, entonces
encabezada por Antonio Valladolid, quien hoy se encuentra en la lista de
diputados plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN) y desde la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), cuando
Manuel Guevara la dirigía.
Además, la ASF detectó subejercicios
por 204 millones 883 mil 839 pesos, dinero desperdiciado por el gobierno
estatal, al no ejercerlo en los rubros de seguridad pública, asistencia social,
proyectos de desarrollo regional e infraestructura social.
El Gobierno de Baja California quitó
dinero programado para Issstecali, Seguridad Pública, asistencia social, DIF,
Conalep, docentes y obra pública para gastarlo en aviadores, servidores
públicos no capacitados para sus puestos, en aumentos no autorizados de
salarios, sobrepagos y otros destinos no conocidos.
Todo esto forma
parte de los hallazgos que el órgano fiscalizador publicó el 20 de febrero de
2018, en su tercera entrega de la revisión a la cuenta pública 2016.
OBRA PÚBLICA Y SANEAMIENTO FINANCIERO
El principal daño a la Hacienda
Pública federal se ubica en la aplicación de los programas Fortafin (Fortalecimiento
Financiero), Fonmetro (Fondos Metropolitanos) y Fortalece (Fortalecimiento de
la Infraestructura Estatal y Municipal) para llevar a cabo 256 proyectos de
infraestructura y apoyar el fortalecimiento financiero del Estado e impulsar la
inversión en entidades federativas.
Por estos tres fondos, en 2016, el
gobierno de Baja California recibió mil 443 millones 623 mil 600 pesos, de los
cuales mil 020 millones 623 mil 600 pesos estaban destinados exclusivamente a
obra pública.
Del monto total, la ASF determinó
recuperaciones probables por 760 millones 373 mil 300 pesos, dinero que fue
depositado a las cuentas de la administración estatal, pero no invertido en los
proyectos designados ni pudo ser localizado.
Gran parte de esa cantidad se
encuentra en los 446 millones 414 mil 077 pesos que formaban parte de Fortafin,
recurso destinado al saneamiento financiero “que no fueron erogados o
vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago”.
Del mismo programa, tampoco pudieron
ser localizados otros 233 millones 769 mil 649 pesos que no se reintegraron a
la tesorería federal.
En los 256 proyectos de
infraestructura que se aprobaron con estos recursos, destaca la rehabilitación
de la vía férrea Tijuana-Tecate con más de 107 millones de pesos de inversión y
el suministro de infraestructura en interconexión para los municipios por 99
millones 999 mil pesos.
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“Los proyectos ejecutivos no estaban
totalmente definidos, existen retrasos en la ejecución de las obras, y en razón
de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población”, explica
el ente fiscalizador en su documento final.
Entre las anomalías respecto a infraestructura detectada por los
auditores, está la desaparición de 14 millones 863 mil 200 pesos del Fondo
Metropolitano, los cuales no fueron transferidos desde el gobierno estatal a
las cuentas de Tijuana y Mexicali.
El Gobierno de “Kiko” Vega tampoco demostró haber realizado la apertura
de las cuentas bancarias y las transferencias de los recursos para el pago de
las empresas contratadas, señala el documento.
Además, de 24 millones 302 mil 200 pesos para proyectos del mismo fondo,
“únicamente se había pagado un monto de 6 millones 166 mil 200 pesos, por lo
que existen recursos no ejercidos por 18 millones 136 mil 45 pesos que no se
reintegraron a la Tesorería de la Federación”, se especifica en una de las
solicitudes de aclaración.
En otro rubro para obra pública, Baja
California recibió 110 millones 880 mil pesos dentro del programa de Proyectos
de Desarrollo Regional, del cual se detectaron 3 millones 879 mil 600 pesos en
probables recuperaciones y un subejercicio (recursos no ejercidos) por un
millón 478 mil 276 pesos.
Al fiscalizar seis obras ya concluidas, la ASF determinó que la
rehabilitación de vialidades en la colonia Fraccionamiento San Pedro en
Mexicali, constituye un probable daño al erario público por 2 millones 863 mil
pesos, dado que ese proyecto “no atendió las necesidades de la población
objetivo”.
Además, al revisar las cuentas bancarias en las que la Federación
transfirió los recursos correspondientes a ese programa, el ente fiscalizador
detectó rendimientos financieros por un millón 15 mil 700 pesos que no fueron
utilizados.
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304 MILLONES PARA ISSSTECALI SIN
LOCALIZAR
En 2016, Baja California recibió 19
mil 777 millones 616 mil 700 pesos en participaciones federales, de los cuales
15 mil 986 millones 178 mil pesos consistieron en recursos líquidos para ser
administrados y ejercidos de manera directa.
La ASF revisó el 60 por ciento de
estos recursos transferidos a la administración de Vega de Lamadrid. Como
resultado, el primer daño a la Hacienda Pública consiste en 304 millones 187
mil 005 pesos que debieron depositarse al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja
California (Issstecali) por concepto de beneficio de seguridad social a los
empleados de gobierno.
“Sin embargo [el Gobierno de Baja
California], no presentó la documentación comprobatoria que acredite el pago
del beneficio, ni la autorización correspondiente”, explica el documento.
Otros 4 millones 475 mil 859 pesos se
destinaron a pagos de aviadores, 395 plazas que no se encontraron autorizadas
por el Congreso de Baja California, pero que recibieron un pago.
Además, se pagaron 13 millones 853
mil 800 pesos a 70 servidores públicos del gobierno estatal que “no contaron
con la documentación que acreditara el perfil requerido para cubrir la plaza
bajo la cual cobraron”.
De igual forma, la ASF halló pagos
superiores a los establecidos en el tabulador para 504 servidores públicos,
quienes en conjunto devengaron 4 millones 877 mil 100 pesos por encima de lo
autorizado.
Las irregularidades en pagos a
trabajadores continúan. Se destinaron 827 mil 037 pesos a ocho servidores
públicos que ya se encontraban dados de baja de sus puestos de trabajo,
mientras que la Secretaría de Planeación y Finanzas no proporcionó evidencia
del pago de un millón 657 mil 916 pesos en beneficios a empleados.
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PAGOS INCOMPLETOS A PROFESORES
De los 11 mil 75 millones 884 mil 100
pesos que el gobierno de Baja California recibió para el pago de nómina
educativa y gasto operativo en 2016, la ASF revisó una muestra del 94.2 por
ciento, esto es 10 mil 435 millones 843 mil 900 pesos.
En los pliegos de observaciones a
esta cuenta, el organismo fiscalizador determinó un probable daño a la Hacienda
Pública federal por 322 millones 866 mil 028 pesos, monto que el Instituto de
Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) utilizó para pagos de nóminas complementaria
y de honorarios, cuotas y aportaciones de seguridad social, conceptos no
autorizados para derogar de este fondo federal.
También en materia de educación, la
ASF halló aviadores. “Con la visita física de una muestra aleatoria de 309
centros de trabajo se identificó que el ISEP realizó pagos a 10 personas por un
millón 90 mil pesos que no se acreditó que laboraron efectivamente en los
centros de trabajo”.
De manera adicional, el gobierno
estatal recibió 311 millones 695 mil 400 pesos para el Programa de Escuelas de
Tiempo Completo, el cual en 2016 operó 488 planteles con una matrícula de 79
mil 177 alumnos.
En este caso, la Auditoría localizó
un daño a la Hacienda Pública por 6 millones 767 mil 700 pesos, correspondiente
a las retenciones del
Impuesto Sobre la Renta a personal
directivo, docente y de honorarios como parte de un programa de apoyo
económico.
“El ISEP no acreditó haber retenido
ni enterado el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los salarios de los
trabajadores del personal o contar con la autorización otorgada a la ampliación
de la jornada laboral pagada con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo
Completo”, determinó la ASF.
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