Empresas de la industria energética y mineras mantienen con comunidades y pueblos indígenas casi mil disputas por el derecho al agua a lo largo del territorio nacional.
La guerra
por el agua ya comenzó. A la fecha existen al menos 916 conflictos sociales en
todo el país que se han generado a partir de la disputa de las reservas
hídricas entre grupos poblacionales y empresas con proyectos de desarrollo
económico en los ámbitos de la minería, la agroindustria, los hidrocarburos, la
generación de energía y la urbanización.
Una de
las causas de la disputa por el vital líquido en México tiene su origen en que
“prevalece un modelo de gestión excluyente e insostenible que favorece a los
negocios muy particulares”, debido a que se fomenta la sobreexplotación y
contaminación del agua, otorgando miles de concesiones a industrias
extractivas, a las que se les permite contaminar y apropiarse de pozos o
afluentes.
Lo
anterior forma parte del “Informe Sobre Violaciones a los Derechos Humanos al
Agua Potable y al Saneamiento en México 2017”, elaborado por 101 organizaciones
civiles, comunidades y colectivos con motivo de la visita oficial a México de
Léo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos
al agua potable y el saneamiento, realizado en mayo del año pasado.
En dicho
informe se plasma lo que desde hace años es una realidad en nuestro país: que
las industrias de desarrollo han comenzado a despojar a comunidades enteras de
su derecho al agua, lo que ha arreciado a partir de la reforma en materia
energética, que promovió el gobierno federal en 2013, y sus leyes secundarias
decretadas en el 2014.
En el
espíritu de dichas reformas se establece que las actividades de exploración y
explotación del subsuelo –minería, petróleo y demás hidrocarburos- tienen ahora
“preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la
superficie y del subsuelo”.
Eso es lo
que ha motivado a miles de empresas, principalmente del sector primario, tanto
estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos
(Pemex), o privadas nacionales o trasnacionales, se hayan comenzado a apropiar
del agua, dejando en segundo plano el suministro a otras actividades
minoritarias como las de tipo agrícola, ganadera, comunitaria e incluso
habitacional.
Datos del REPDA
detallan que durante el 2017 se extrajeron 235.3 mil millones de metros cúbicos
de agua concesionada alrededor de todo el país.
Cifras de
la organización CartoCrítica, indican que en comunidades originarias de las
entidades Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora,
Veracruz y Zacatecas, se concentran casi el 75 por ciento de los conflictos
generados en todo el país por la disputa del líquido con compañías dedicadas al
sector minero.
Pero en
lo que se refiere a las cuencas hidrológicas, las que se encuentran más
explotadas por este sector de desarrollo económico, son las de los ríos Balsas,
Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos,
Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana, de donde se extraen
en promedio anual más de 328.4 millones de metros cúbicos de agua.
El agua
que aportan las cuencas de estos afluentes para el sostenimiento de la
actividad minera durante un año es el equivalente al que podrían utilizar en
conjunto durante casi 50 años las poblaciones actuales de las zonas urbanas de
Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y representa también casi el 0.07
por ciento de toda la reserva de agua dulce renovable con la que cuenta el
país.
De
acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su más
reciente informe sobre “Estadísticas del Agua en México 2016”, para el uso de
la industria autoabastecida se destinan 634 mil 700 metros cúbicos de agua al
año, mientras que para la operación de termoeléctricas se han concesionado 414
mil 900 metros cúbicos de agua por año
COMUNIDADES VS. EMPRESAS
De todos
los sectores industriales que actualmente se disputan el agua con los
pobladores de diversas regiones, el de la minería es el que más agua consume
para sostener su actividad productiva, lo que ha llevado a la movilización
constante de organizaciones civiles a fin de revertir la norma de distribución.
Sin
embargo, dicha protesta no ha surtido ningún efecto, salvo el que termina con
pobladores reclamantes del agua en conflicto con la ley, como es el caso de
Cuetzalan, en la zona norte del estado de Puebla, en donde un grupo de
activistas que se oponen a la operación de cuatro proyectos hídricos de la CFE
actualmente cuentan con orden de aprehensión por parte de la Procuraduría
General de la Republica (PGR).
Lo mismo
sucede en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, en donde un grupo de
ejidatarios se encuentran bajo proceso penal desde el 2015, a causa del reclamo
de devolución de 28 pozos que el corporativo minero Gold Corp y Fresnillo PLC
se apropiaron para mantener la operatividad de la mina Peñasquito.
916Conflictos por agua son los que se suscitan alrededor de todo el país
entre pobladores y las industrias
Los
conflictos con la justicia surgidos por el reclamo del agua no son exclusivos
de las empresas mineras; en el municipio de Saltillo, la empresa Aguas de
Saltillo mantiene un proceso judicial en el Tribunal Agrario con sede en
Monterrey, Nuevo León, a causa de que los habitantes del Ejido Jagüey de
Ferniza fueron despojados de cuatro pozos, los que se privatizaron y ahora son
utilizados para vender el agua al gobierno local para el suministro a la
población.
Otro caso
de despojo de agua, que mantiene vigente una disputa, es el que se registra en
el ejido Gabriel Tepepa, municipio de Cuautla, Morelos, en donde la CFE sustrae
el líquido desde los afluentes Los Sabinos y Agua Hedionda a fin de suministrar
una termoeléctrica que ya opera, así como el área de pruebas de una segunda
planta que entrará en operación este mismo año.
INDUSTRIA SEDIENTA
Datos
pertenecientes al Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) publicados por
la Conagua con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017 detallan que durante
el año pasado se extrajeron 269.4 mil millones de metros cúbicos de agua
superficial y subterránea concesionada alrededor de todo el país.
Del
universo de agua concesionada, el 68 por ciento fue destinada a la generación
de energía eléctrica, pues para esta única actividad se emplearon 183.4 mil
millones de metros cúbicos del líquido; mientras que otros 58 mil millones de
metros cúbicos fueron utilizados en la industria agrícola.
A pesar
de que la Conagua no informa de manera puntual la cantidad de agua concesionada
empleada en el ramo de la minería, asegura que en el sector industrial a nivel
general se otorgó el permiso para que se extrajeran 6.4 mil millones de metros
cúbicos de líquido.
En el
REPDA también se informa que durante ese año el número de inscripciones por
derechos de aguas nacionales llegó a los 408 mil 832 al término del 2017, de
las cuales los sectores de la generación de energía eléctrica solo acaparó 133
títulos y 148 anexos.
50Años de suministro de agua para la CDMX, MTY y GDL, es lo que consume la
minería durante un año
Es decir,
que por cada título y anexo en promedio se extrajeron más de 22.9 millones de
metros cúbicos de agua; siendo la industria más sedienta de todas, con respecto
al número de títulos que posee. En el sector industrial, hubo 13 mil 662
títulos y anexos cada uno extrajo en promedio 471 mil 510 metros cúbicos de
agua.
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