La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que 5 servidores
públicos de la Fiscalía General de Veracruz violentaron el derecho de acceso a
la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, ya que no investigaron
oportunamente la desaparición de una activista desaparecida en el Estado y
omitieron tomar en cuenta el contexto de la labor de activismo y acompañamiento
de la víctima a familiares de desaparecidos, razón por la cual emitió la
Recomendación 4/2018 dirigida al Fiscal Jorge Winckler Ortiz por
irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la
desaparición de la luchadora social Claudia Ivonne Vera García, quien fue
levantada el 23 de marzo de 2016, en Poza Rica, cuando estaba en su oficina.
Por ello emitió una recomendación al Fiscal Jorge Winckler Ortiz, en la que
acreditó que 5 servidores públicos de la Fiscalía a su cargo violentaron el
derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia de
la víctima que aún no aparece, y de sus familiares, y no investigaron
oportunamente la desaparición, ya que omitieron tomar en cuenta el contexto de
la labor de activismo y acompañamiento de la víctima a familiares de personas
desaparecidas, con lo cual dejaron de observar las obligaciones previstas en la
normatividad que rige su actuación.
Y es que la Comisión solicitó en su momento
a la Fiscalía General implementar medidas cautelares en favor de la activista
desaparecida para dar con su paradero, se respetaran sus derechos y se brindara
seguridad a sus familiares. Lo anterior, después de que el 25 de marzo de 2016,
un portal noticioso publicó en internet una nota periodística sobre un grupo
armado que privó de la libertad a dicha activista en el local en el que
trabajaba.
Durante la investigación del caso, la CNDH constató que personal
adscrito a dicha Fiscalía omitió realizar diversas acciones para su
perfeccionamiento, por lo que no garantizaron el acceso a la justicia a los
familiares de la agraviada e incurrieron en irregularidades.
La CNDH considera
que los activistas que representan casos y dan acompañamiento a familiares de
víctimas de desaparición y, en general, de víctimas de violaciones de derechos
humanos, realizan tareas que las ubican en una situación de especial
vulnerabilidad por lo que el Estado tiene un deber reforzado en su protección
y, sobre todo, en investigar los casos de agresiones cometidas en su contra.
Por lo anterior, la Comisión Nacional recomendó al fiscal general del estado de
Veracruz realizar la debida integración de la investigación iniciada con motivo
de la desaparición de la víctima y continuar con la indagatoria de los hechos
conforme a los estándares nacionales e internacionales de debida diligencia y
debido proceso, así como instruir a la Visitaduría General de esa Fiscalía
revisar la indagatoria del caso y presentar un plan de fortalecimiento de la
investigación que tenga como objetivo la localización de la víctima.
También,
colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General
contra los servidores públicos responsables; capacitar al personal de dicha
Fiscalía sobre los protocolos, manuales, criterios ministeriales de
investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados
para la investigación de los delitos que se relacionen con la desaparición de
personas, así como activistas que acompañen y representen casos, tomando en
cuenta el Protocolo de Investigación para la Atención de los Delitos Cometidos
en Agravio a Personas Defensoras de Derechos Humanos con motivo del ejercicio
de su labor, emitido por la misma Fiscalía, así como dotar a los agentes del
Ministerio Público de recursos materiales necesarios para realizar las
investigaciones en casos de desapariciones; asignar a un servidor público de
alto nivel que sea enlace para dar seguimiento al cumplimiento de la
Recomendación, e inscribir a los familiares de la persona desaparecida en el
Registro Estatal de Víctimas y enviar a la Comisión Nacional las constancias
que acrediten su cumplimiento.
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