Los abusos en la Iglesia Católica fueron durante mucho tiempo un tema
tabú, silenciados por algunos responsables de la institución. Debido a la falta
de respuestas, las víctimas de los abusos tomaron la iniciativa y exigen
responsabilidades.
"Durante demasiado tiempo se
negaron los abusos en la Iglesia, se miró hacia otro lado, se silenció. Las
víctimas tienen derecho a reclamar justicia". En septiembre de 2018, el
Cardenal Reinhard Marx, Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana,
pronunció estas palabras y pidió disculpas a las víctimas de abusos sexuales
por parte de sacerdotes en Alemania. En este reportaje, uno de los
representantes de las víctimas en Alemania, Matthias Katsch, opina que el manejo
de los abusos por parte de la Iglesia sigue siendo problemático aún en la
actualidad. El exalumno del Colegio Canisius y vocero de la iniciativa en
defensa de las víctimas denominada "Eckiger Tisch", colaboró a
destapar en 2010 el escándalo de los abusos en la Iglesia Católica en Alemania.
Durante más de treinta años, los hechos cometidos por los jesuitas Peter R. y
Wolfgang S., habían permanecido ocultos. Hasta 2010, cuando los abusos en el
Colegio Canisius fueron hechos públicos por Matthias Katsch y otros compañeros
de escuela. ¿Y luego? Hasta ahora sólo se sabe que después de 2010, ambos
religiosos fueron vistos en Chile. Debido a que la investigación no avanzaba,
Matthias Katsch decidió hacerse cargo del asunto por su cuenta. Viajó a Chile y
buscó allí a los sacerdotes y a otras víctimas. Y los encontró. La cineasta Eva
Müller lo acompañó con su cámara.
El fallecido sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de
Cristo, abusó sexualmente de 60 menores de edad, según un informe revelado este
sábado por esa congregación católica.
La organización indica que, desde su
fundación en 1941 y hasta este año, en total hubo 175 menores de
edad víctimas de violación sexualcometidas
por 33 sacerdotes, incluido Maciel.
La “gran mayoría”, admiten, fueron
niños adolescentes
de entre 11 y 16 años.
Otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas de los cuales 46 no
llegaron a ordenarse sacerdotes, según la investigación.
El documento es el primero reporte histórico en el que los Legionarios
de Cristo han reconocido la magnitud del problema al interior de esa
organización religiosa golpeada por los escándalos en las últimas dos décadas.
Maciel falleció en 2008 luego de años de escándalos por las acusaciones
de pederastia, así como por la paternidad de al menos 4 hijos con varias
mujeres.
“Hemos tocado con nuestras manos la llaga que los abusos han abierto en
las víctimas, en la Iglesia y en nuestra propia Congregación. Hemos
experimentado que cualquier paso de acercamiento a una víctima es un paso
esencial hacia la justicia en la verdad”, señala el informe.
“Hacer luz sobre el pasado, por doloroso que sea, es liberador y
fundamento indispensable para construir el futuro”, añade.
También enumera una serie de medidas de prevención, respuesta y
supervisión que los Legionarios de Cristo, asegura el documento, han tomado
desde 2014 para evitar más casos de abuso sexual.
Aseguran que 45 de las 175 víctimas han recibido algún tipo de
“reparación o reconciliación”.
“Persiste la gran necesidad de seguir facilitando este camino a las
demás”, señala el informe.
Los victimarios
El documento indica que los 175 casos de abuso sexual son “acusaciones
sustanciadas”, es decir, casos en los que no queda duda de que ocurrieron por
haber sido admitidos por los señalados, o porque un tribunal civil o
eclesiástico lo determino.
De los 33 sacerdotes, seis fallecieron, ocho dejaron el sacerdocio, uno
dejó la congregación, y los otros 18 se mantienen en el grupo. El número de
abusadores representa el 2,44% de los 1.353 religiosos ordenados en 78 años,
según la investigación.
Los que siguen en activo, 14 no tienen funciones en público, mientras
que cuatro lo hacen de manera restringida, pues no realizan actividades con
menores en colegios o grupos juveniles.
De los 33 sacerdotes responsabilizados, 14 habían sido también víctimas
de abuso sexual al interior de los Legionarios de Cristo.
Sin considerar al padre Marcial Maciel, el documento detalla el tipo de
abusos cometidos (sin identificar a los responsables) de la siguiente manera:
·11 abusaron de entre 2 y 5 víctimas.
·5 cometieron abuso a entre 6 y 10 víctimas.
·1 sacerdote abusó de 13 víctimas
·9 abusaron “repetidamente” de una única víctima.
·4 cometieron abuso en una sola ocasión.
·2 por vía virtual (sexting).
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Tres meses de investigación, más de
50 diligencias, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no encontró ninguna
irregularidad en las declaraciones de bienes del director de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, luego de que fueron
presentadas 33 denuncias sobre su caso.
Aunque comprobó que sus hijos y
pareja poseen las 25 propiedades y empresas señaladas en una investigación
periodística y dos más, la SFP no encontró que Bartlett tenga injerencia o se
beneficie de ellas en modo alguno, ni que tuviera obligación legal de
reportarlas en su declaración patrimonial.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval
Ballesteros advirtió en conferencia de prensa, no obstante, que el próximo año
sí tendrá que reportarlos públicamente, gracias a la modificación a los
formatos de declaración de bienes de los funcionarios aprobados apenas hace una
semana.
Estos son los argumentos legales por
los que la SFP libró a Bartlett de cualquier responsabilidad:
¿Cuántas
propiedades tiene Bartlett?
El reportaje periodístico presentado
por Carlos Loret de Mola en W Radio y en su página web
aseguraba que el director de la CFE sólo declaró una fortuna de 51 millones de
pesos, pero que en realidad es 16 veces mayor, si se consideran un total de 25
propiedades de sus dos hijos, su pareja sentimental y otro familiar de su
pareja, que sumarían 800 millones.
La Función Pública comprobó que
solo existen cinco inmuebles a nombre de Bartlett con valor de ocho
millones de pesos: un edificio en la calle Tennessee 14, colonia Nápoles
Insurgentes; un inmueble en avenida Mazatlán 101, colonia Condesa; otro en
avenida Revolución 344, colonia Tacubaya; en Avenida Revolución 342, colonia
Tacubaya; y en calle Obrero Mundial 718, colonia Atenor Salas. Todos ellos
fueron reportados tanto en su declaración patrimonial y de intereses inicial
como funcionario, del 24 de diciembre, como en la modificación presentada el 24
de mayo.
La Secretaría fue más allá de las
declaraciones recientes del funcionario y examinó las que presentó cuando fue
senador, de 2012 a 2018, y concluyó que la evolución de su patrimonio
era congruente.
¿Y sus familiares?
Todas las propiedades de familiares
de Bartlett mencionadas en el reportaje son reales y efectivamente están a
nombre de esas personas, e incluso la SFP encontró otras dos que no se habían
mencionado.
Se trata de bienes a nombre de sus
hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, de su pareja Julia Elena Abdalá
Lemus, del hijo de ella, Julio Antonio del Regil Abdalá, de Alfredo Puente Córdoba,
Óscar Manuel González Sánchez y un inmueble a nombre de la persona moral
Cawaret SA de CV.
Pero la SFP descartó que todas estas
personas sirvan como prestanombres del funcionario.
“Esta Secretaría no cuenta con
ningún elemento que sugiera que estos sean prestanombres del servidor
público, en virtud de que no se tiene constancia de la existencia de títulos,
acciones o instrumentos jurídicos con los que se ejerzan actos de dominio
sobre los respectivos inmuebles”, señala el informe técnico hecho público este
jueves tras la conferencia de prensa.
¿Por qué no declaró
todos esos bienes?
La Función Pública confirmó que
legalmente Bartlett no tiene obligación de reportar todas estas propiedades. La
Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que un funcionario debe
indicar los inmuebles o bienes que estén a nombre de sus hijos cuando son
menores de edad o sus dependientes económicos. La investigación, según señaló
Sandoval Ballesteros, confirmó que León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez
tienen ingresos propios y rinden cuentas al Servicio de Administración Tributaria
(SAT).
Cuestionada sobre si se indagó en la
capacidad económica de los hijos para poder tener los bienes y empresas a su
nombre, el director general de Denuncias e Investigaciones de la SFP, Efraín
Álvarez, reconoció que eso no fue parte de la investigación porque
eso excedería las facultades de la Secretaría al ser bienes de particulares y
no de funcionarios públicos, por lo que sólo corroboraron que están a nombre de
ellos y que no reportan beneficios a Bartlett.
¿Qué pasa con los
bienes de su pareja?
La Ley también obliga a un
funcionario a reportar las propiedades e ingresos a nombre de su esposa o
concubina. Sandoval reconoció que Julia Elena Abdalá Lemus es pareja
sentimental de Bartlett, algo reconocido públicamente, pero que no hay
condiciones legales para que tenga que reportar lo que le pertenece a ella, ya
que no se encontró acta de matrimonio que los una, ni hijos, ni que vivan
juntos.
“Después de analizar los domicilios
de ambos en los últimos cinco años, se advierte que no se encuentran en el
supuesto de concubinato, pues no reúnen el requisito de vivir juntos en el
mismo inmueble por más de dos años, ni se acreditó que tengan hijos en
común. Esto significa que el servidor público no tenía la obligación legal
de declarar los bienes propiedad de Julia Abdala Lemus. Con independencia de
que conlleven una relación sentimental, no los vincula el concubinato ni el
matrimonio”, señala el informe técnico de la Secretaría.
Sin embargo, en los nuevos formatos
de declaración patrimonial y de intereses, esa relación afectiva será
suficiente para que tenga que considerar sus bienes, a partir de 2020.
¿Qué empresas
tienen?
La investigación periodística sobre
Bartlett Bienes Raíces señaló que la empresa Cawaret SA de CV funciona como
prestanombres del director de la CFE, ya que mediante ella se compró la casa en
la que actualmente vive, y que también tiene participación en la empresa
Comercial Lebasi SA de CV, sin que las haya reportado en su declaración.
La SFP confirmó que es socio de
Lebasi, pero aseguró que sí fue reportado en su declaración patrimonial, como
una inversión de capital por 25 millones de pesos, aunque no se mencionaba
públicamente el nombre de la empresa.
De Cawaret, Bartlett fue apoderado
legal hasta el 5 de noviembre de 2018, cuando le fue revocado el poder que
tenía, previo a asumir el cargo de director de la CFE.
¿Ha dado contratos
a las empresas de su pareja o hijos?
La respuesta de la SFP es que no.
León Manuel Bartlett Álvarez dirige
Cyber Robotics, constituida en 2010 y que ya tiene contratos en el actual
gobierno. La investigación encontró 35 contratos, más de los exhibidos por el
reportaje periodístico, la mayoría de ellos con hospitales. Por ello, se
determinó que no hay conflicto porque ninguno de los acuerdos comerciales tiene
que ver con CFE ni con el sector energético.
El hijo de Bartlett también participa
en Playa AAK SA de CV, Xibalba Resorts y la Agencia de Publicidad CBW y
Asociados, sin que haya beneficio económico en esta administración.
Por su parte, Abdalá Lemus posee la
empresa JAL Consultoría Especializada, que ofrece servicios de fibra oscura y
ahorro de energía, que según el reportaje fue constituida cuando Bartlett era
senador y en 2017 obtuvo contratos por 2.7 millones de pesos.
Sandoval Ballesteros explicó que
actualmente aparece en el registro de proveedores de gobierno, pero desde
la presente administración no se le ha dado ningún contrato, por lo que no
hay conflicto de interés.
Abdalá también tiene participaciones
en las empresas Digilogics, la joyería Tidure’s, Modafil y TZ’IKIN, pero no se
encontró ninguna relación con el funcionario ni contrataciones que sugieran
conflicto de interés.
La SFP informó que
recibió en total 33 denuncias y alertas contra Bartlett, la
mayoría anónimas, aunque también de políticos como Xóchitl Gálvez y Fernando
Belaunzarán, entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre. Pero todas ellas,
detalló Sandoval, contenían la misma información publicada por Loret de Mola y
ninguna traía datos adicionales.
La investigación inició el 9 de
septiembre. Fueron realizadas más de 50 diligencias y consultas de información
tanto a instancias públicas como a privados, incluyendo los familiares del
director de la CFE, además de que el propio Bartlett compareció ante la SFP el
pasado 2 de diciembre.
Había tres posibles faltas a
investigar: enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, que
fueron descartados por la veracidad en las declaraciones patrimoniales del
funcionario; posible actuación bajo conflicto de interés, rechazada porque no
tiene control sobre las empresas involucradas ni la dependencia que dirige les
ha otorgado contratos; y tráfico de influencias, que tampoco se observó.
Felipe del Sagrado Corazón de Jesús
(Este oscuro personajillo, fue el protector del Chapo (solo imaginemos al propio
Estado, protegiendo al mayor delincuente del mundo) increíble pero cierto. Sinopsis muy reducida de este hijo del diablo, el peor enemigo de México. Un
lastre que debe desaparecer ya!
Empresarios de la
industria de la Tortilla admiten que el aumento al producto es necesario a
partir de Enero aumentará entre 3 y 5 pesos dependiendo del costo actual por lo
cual el kilo de productos de maíz para el consumo básico subirá en 22 y 25
pesos para todos los municipios controlados por los Carteles Unidos, en
testimonio anónimo dos vendedores comentan que se les a citado a reuniones con
representantes del crimen organizado local y se les a pedido no hacerla
escándalo y limitarse a anunciar el aumento a partir del próximo mes, los días
10 a 15 estarán pasando "Los Muchachitos" por el dinero sin falta y
sin excusa, nos dejan claro que no se quieren pasar de ver...$%# con nosotros
pero que no quieren problemas pagas o cierras.
Pedimos a la gente que consume que nos entiendan y sabemos que esto les
afecta pero debemos acatar lo que piden, ustedes necesitan la tortilla y
nosotros queremos seguir aquí no tenemos a donde ir y tampoco podemos pagar lo
que piden de nuestra bolsa porque de ahí comen nuestros empleados, el gas, el maíz,
pedimos una disculpa de antemano y gracias por entender.
MÉXICO.- El Estado mexicano ha
sido incapaz de proteger a los niños en albergues o centros de asistencia
social, donde son constantes los abusos y las violaciones a sus derechos. Las
autoridades no tienen certeza de la situación física, emocional y jurídica de
los niños y adolescentes que se encuentran en esos espacios ni cuentan con
registros adecuados de la incidencia de los delitos que se cometen en éstos.
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) presentó un informe en el que comprobó que en dichos lugares de
acogida se presentan habitualmente lesiones, maltratos, abuso sexual y hasta
desaparición de personas.
El reporte, corresponde a datos
recabados de enero de 2014 a febrero de 2016, con la actualización de alguna
información al 31 de julio de 2019, en ese periodo, 27 mil 372 niñas, niños y
adolescentes estuvieron internados en centros de atención social y albergues
pero en 42.7 por ciento de los casos se desconocía si se encontraban en un
albergue público o privado.
“Esto es preocupante
dado que las autoridades son responsables de la protección y cuidado de las
niñas, niños y adolescentes, y están obligadas a saber dónde se encuentran y
cuál es la situación del ejercicio de sus derechos”, señaló Ismael Eslava,
primer visitador general de la CNDH, al presentar el informe.
De ese universo total, se detectó que
sólo mil 959 chicos tienen posibilidades de reintegración familiar, 627 son
candidatos a adopción, mil 858 presentan necesidad de regularización de su
situación jurídica y había cero candidatos de acogimiento familiar. En tanto
que las autoridades carecen de información sobre la situación jurídica del
mayor número, 19 mil 126.
“Sin el seguimiento oportuno de la
situación jurídica de cada menor de edad, se corre el riesgo de incrementar su
tiempo de permanencia en estos centros, lo cual contraviene las recomendaciones
de la Organización de las Naciones Unidas establecidas en las Directrices sobre
las modalidades alternativas del cuidado de los niños”, apuntó el visitador.
El reporte se realizó con información
sobre el tema solicitada tanto a autoridades estatales como federales, en
algunos casos, hubo entidades que no respondieron o dijeron no contar con los
datos requeridos.
Eslava refirió que sólo 15 de las 32
entidades federativas proporcionaron información sobre los motivos de ingreso
de los menores de edad a los albergues o centros de atención social: protección
o resguardo es la causa más frecuente, con 2 mil 451 casos; migración, mil 837,
víctima de violencia, abandonó, abuso sexual o violación, mil 699; por omisión
de cuidados, mil 673, ingreso voluntario, 792 personas. La CNDH encontró que
sólo dos menores ingresaron a estos centros por carecer de cuidados parental
es, que en teoría la razón principal para el internamiento en esos sitios.
El informe presenta una serie de
recomendaciones para establecer una política pública integral a fin de
garantizar la defensa y protección de los derechos de los menores internados en
los albergues.
Cuando el pasado
muerde. La Procuraduría de Justicia de Estados Unidos afirmó que Manuel
Bartlett, el exsecretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui y el exprocurador
general de la República, Enrique Álvarez del Castillo, permitieron el
crecimiento de las actividades del narcotráfico y apoyaron la distribución de
droga, a cambio de cobrar en la nómina del cártel de Guadalajara.
El fiscal John
Carlton aseguró que los responsables del asesinato de Enrique Camarena
“provienen de diferentes estratos”, y nombró a Rafael Caro Quintero, Ernesto
Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallarda y Manuel Salcido El Cochiloco.
Enseguida, nombró a los funcionarios mexicanos:
“Enrique Álvarez del Castillo, gobernador de Jalisco, y a quien se le pagaron
fuertes cantidades de dinero por su protección al narco; Manuel Bartlett Díaz,
secretario de Gobernación, directamente encargado de la policía política
(Dirección Federal de Seguridad), y Juan Arévalo Gardoqui, general de división
y secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Miguel de la Madrid”
Otros de los participantes que, según la DEA, intervinieron de una u otra
manera en la conjura que llegó al asesinato de Camarena, fueron Javier García
Paniagua, expresidente del PRI; Manuel Ibarra Herrera, exdirector de la Policía
Judicial Federal, y Miguel Aldana Ibarra, director de la Interpol-México,
sujeto a proceso en 1992.
Antecedentes: El
día 20 de diciembre miles de ciudadanos se sorprendieron con la noticia de que
la secretaria de la Función Pública (SFP) o la transformación de Cuarta o López
Obrador exoneraban a Manuel Barttlet por los señalamientos de conflicto de
interés, ocultamiento de información, enriquecimiento ilícito y tráfico de
influencias. La suma a la que se refería la denuncia era de 800 millones de
pesos distribuidos entre su pareja sentimental Julia Abdala y su hijo León
Manuel Barttlet.
¡Resulta que la
Transformación de Cuarta no puede acusar al narcotraficante y asesino Manuel
Barttlet por enriquecimiento ilícito ya que Julia Abdala no es esposa ni
concubina y solo mantiene una relación afectiva y que por tal motivo no está
obligado a declarar sus bienes! En el caso de su hijo resulta sorprendente como
entre Julia y León Manuel lograron acumular esa enorme suma de dinero cuando no
provienen de familias millonarias y ni aunque trabajaran toda su vida podrían
lograr acumular cientos de millones de pesos.
El oscuro origen de
lo ganado. En una declaración que hizo el ex agente de la DEA, Héctor Berrelles
a varios medios de comunicación, declaro que Manuel Barttlet habría recibido de
manos del Cartel de Guadalajara 4 mil millones de dólares para su campaña a la
presidencia de la república. Esos cuatro mil millones pudieron haber servido
para ser lavados en beneficio del Cartel, pagar favores a sus mas cercanos
colaboradores responsables de los asesinatos de Manuel Buendía y del compañero
de Berrelles: Enrique Camarena.
Así se explica por
qué un oscuro político con antecedentes criminales y con orden de detención en
Estados Unidos pudo acumular tantos millones de pesos y poder sortear sin
ningún problema la cárcel debido a la impunidad que le dieron tanto los
gobiernos priistas anteriores y por supuesto Andrés Manuel López Obrador quien
con esto paga los favores de haber sido impuesto como presidente de la
república.
PD. Hoy la
republica de Fifidonia y de la honestidad valiente y la anticorrupción se
visten de gloria.
Otra PD, Amor con amor se paga: Barbacoa de chivo pa los cuates.
Carcel para los fifis y ejecuciones sumarias para los que se opongan a la T
Cuarta.
