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Tres meses de investigación, más de
50 diligencias, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no encontró ninguna
irregularidad en las declaraciones de bienes del director de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, luego de que fueron
presentadas 33 denuncias sobre su caso.
Aunque comprobó que sus hijos y
pareja poseen las 25 propiedades y empresas señaladas en una investigación
periodística y dos más, la SFP no encontró que Bartlett tenga injerencia o se
beneficie de ellas en modo alguno, ni que tuviera obligación legal de
reportarlas en su declaración patrimonial.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval
Ballesteros advirtió en conferencia de prensa, no obstante, que el próximo año
sí tendrá que reportarlos públicamente, gracias a la modificación a los
formatos de declaración de bienes de los funcionarios aprobados apenas hace una
semana.
© Proporcionado por Animal Político Bartlett
Estos son los argumentos legales por
los que la SFP libró a Bartlett de cualquier responsabilidad:
¿Cuántas
propiedades tiene Bartlett?
El reportaje periodístico presentado
por Carlos Loret de Mola en W Radio y en su página web
aseguraba que el director de la CFE sólo declaró una fortuna de 51 millones de
pesos, pero que en realidad es 16 veces mayor, si se consideran un total de 25
propiedades de sus dos hijos, su pareja sentimental y otro familiar de su
pareja, que sumarían 800 millones.
La Función Pública comprobó que
solo existen cinco inmuebles a nombre de Bartlett con valor de ocho
millones de pesos: un edificio en la calle Tennessee 14, colonia Nápoles
Insurgentes; un inmueble en avenida Mazatlán 101, colonia Condesa; otro en
avenida Revolución 344, colonia Tacubaya; en Avenida Revolución 342, colonia
Tacubaya; y en calle Obrero Mundial 718, colonia Atenor Salas. Todos ellos
fueron reportados tanto en su declaración patrimonial y de intereses inicial
como funcionario, del 24 de diciembre, como en la modificación presentada el 24
de mayo.
La Secretaría fue más allá de las
declaraciones recientes del funcionario y examinó las que presentó cuando fue
senador, de 2012 a 2018, y concluyó que la evolución de su patrimonio
era congruente.
¿Y sus familiares?
Todas las propiedades de familiares
de Bartlett mencionadas en el reportaje son reales y efectivamente están a
nombre de esas personas, e incluso la SFP encontró otras dos que no se habían
mencionado.
Se trata de bienes a nombre de sus
hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, de su pareja Julia Elena Abdalá
Lemus, del hijo de ella, Julio Antonio del Regil Abdalá, de Alfredo Puente Córdoba,
Óscar Manuel González Sánchez y un inmueble a nombre de la persona moral
Cawaret SA de CV.
Pero la SFP descartó que todas estas
personas sirvan como prestanombres del funcionario.
“Esta Secretaría no cuenta con
ningún elemento que sugiera que estos sean prestanombres del servidor
público, en virtud de que no se tiene constancia de la existencia de títulos,
acciones o instrumentos jurídicos con los que se ejerzan actos de dominio
sobre los respectivos inmuebles”, señala el informe técnico hecho público este
jueves tras la conferencia de prensa.
¿Por qué no declaró
todos esos bienes?
La Función Pública confirmó que
legalmente Bartlett no tiene obligación de reportar todas estas propiedades. La
Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que un funcionario debe
indicar los inmuebles o bienes que estén a nombre de sus hijos cuando son
menores de edad o sus dependientes económicos. La investigación, según señaló
Sandoval Ballesteros, confirmó que León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez
tienen ingresos propios y rinden cuentas al Servicio de Administración Tributaria
(SAT).
Cuestionada sobre si se indagó en la
capacidad económica de los hijos para poder tener los bienes y empresas a su
nombre, el director general de Denuncias e Investigaciones de la SFP, Efraín
Álvarez, reconoció que eso no fue parte de la investigación porque
eso excedería las facultades de la Secretaría al ser bienes de particulares y
no de funcionarios públicos, por lo que sólo corroboraron que están a nombre de
ellos y que no reportan beneficios a Bartlett.
¿Qué pasa con los
bienes de su pareja?
La Ley también obliga a un
funcionario a reportar las propiedades e ingresos a nombre de su esposa o
concubina. Sandoval reconoció que Julia Elena Abdalá Lemus es pareja
sentimental de Bartlett, algo reconocido públicamente, pero que no hay
condiciones legales para que tenga que reportar lo que le pertenece a ella, ya
que no se encontró acta de matrimonio que los una, ni hijos, ni que vivan
juntos.
“Después de analizar los domicilios
de ambos en los últimos cinco años, se advierte que no se encuentran en el
supuesto de concubinato, pues no reúnen el requisito de vivir juntos en el
mismo inmueble por más de dos años, ni se acreditó que tengan hijos en
común. Esto significa que el servidor público no tenía la obligación legal
de declarar los bienes propiedad de Julia Abdala Lemus. Con independencia de
que conlleven una relación sentimental, no los vincula el concubinato ni el
matrimonio”, señala el informe técnico de la Secretaría.
Sin embargo, en los nuevos formatos
de declaración patrimonial y de intereses, esa relación afectiva será
suficiente para que tenga que considerar sus bienes, a partir de 2020.
¿Qué empresas
tienen?
La investigación periodística sobre
Bartlett Bienes Raíces señaló que la empresa Cawaret SA de CV funciona como
prestanombres del director de la CFE, ya que mediante ella se compró la casa en
la que actualmente vive, y que también tiene participación en la empresa
Comercial Lebasi SA de CV, sin que las haya reportado en su declaración.
La SFP confirmó que es socio de
Lebasi, pero aseguró que sí fue reportado en su declaración patrimonial, como
una inversión de capital por 25 millones de pesos, aunque no se mencionaba
públicamente el nombre de la empresa.
De Cawaret, Bartlett fue apoderado
legal hasta el 5 de noviembre de 2018, cuando le fue revocado el poder que
tenía, previo a asumir el cargo de director de la CFE.
¿Ha dado contratos
a las empresas de su pareja o hijos?
La respuesta de la SFP es que no.
León Manuel Bartlett Álvarez dirige
Cyber Robotics, constituida en 2010 y que ya tiene contratos en el actual
gobierno. La investigación encontró 35 contratos, más de los exhibidos por el
reportaje periodístico, la mayoría de ellos con hospitales. Por ello, se
determinó que no hay conflicto porque ninguno de los acuerdos comerciales tiene
que ver con CFE ni con el sector energético.
El hijo de Bartlett también participa
en Playa AAK SA de CV, Xibalba Resorts y la Agencia de Publicidad CBW y
Asociados, sin que haya beneficio económico en esta administración.
Por su parte, Abdalá Lemus posee la
empresa JAL Consultoría Especializada, que ofrece servicios de fibra oscura y
ahorro de energía, que según el reportaje fue constituida cuando Bartlett era
senador y en 2017 obtuvo contratos por 2.7 millones de pesos.
Sandoval Ballesteros explicó que
actualmente aparece en el registro de proveedores de gobierno, pero desde
la presente administración no se le ha dado ningún contrato, por lo que no
hay conflicto de interés.
Abdalá también tiene participaciones
en las empresas Digilogics, la joyería Tidure’s, Modafil y TZ’IKIN, pero no se
encontró ninguna relación con el funcionario ni contrataciones que sugieran
conflicto de interés.
La SFP informó que
recibió en total 33 denuncias y alertas contra Bartlett, la
mayoría anónimas, aunque también de políticos como Xóchitl Gálvez y Fernando
Belaunzarán, entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre. Pero todas ellas,
detalló Sandoval, contenían la misma información publicada por Loret de Mola y
ninguna traía datos adicionales.
La investigación inició el 9 de
septiembre. Fueron realizadas más de 50 diligencias y consultas de información
tanto a instancias públicas como a privados, incluyendo los familiares del
director de la CFE, además de que el propio Bartlett compareció ante la SFP el
pasado 2 de diciembre.
Había tres posibles faltas a
investigar: enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, que
fueron descartados por la veracidad en las declaraciones patrimoniales del
funcionario; posible actuación bajo conflicto de interés, rechazada porque no
tiene control sobre las empresas involucradas ni la dependencia que dirige les
ha otorgado contratos; y tráfico de influencias, que tampoco se observó.
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