Dos personas fueron vinculadas a proceso
este domingo 10 de noviembre por el delito de trata de personas, luego de haber
contactado a una joven de 18 años a través de la red social Facebook
ofreciéndole un trabajo para después prostituirla. Ocurrió en Cuautitlán
Izcalli, Estado de México.
Los imputados son Sheila Alexandra N. y
Juan N. Fue la mujer quien en julio pasado contactó a su víctima a través un
perfil falso de la red social Facebook. Sheila le ofreció ganar 400 pesos por
hora de trabajo, a lo que la joven de 18 años aceptó.
En su denuncia, la víctima narró que la
mujer nunca le aclaró que se trataba del negocio de la prostitución. Al día
siguiente de ser enganchada, el hombre y la mujer pasaron por ella a bordo de
un vehículo en el que la trasladaron a distintos hoteles del municipio de
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue explotada sexualmente con
diversos sujetos bajo amenaza de hacerle daño si se negaba.
El dinero obtenido a través de la
explotación sexual de la joven de 18 años pasó directamente a manos de Sheila
Alexandra y de Juan.La joven realizó una denuncia ante la Fiscalía
Especializada en Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM), donde se abrió una carpeta de investigación donde se
determinaba la probable participación de los imputados en el delito de trata de
personas en su modalidad de acción dolosa de una persona para enganchar o
transportar a una persona con fines de explotación.
La misma Fiscalía solicitó a un Juez de Control que
expidiera la orden de aprehensión contra Juan N. y Sheila N., misma que fue
cumplimentada por Policías de Investigación a inicios de octubre. Ambos fueron
confinados en el Cereso de Cuautitlán.
El año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, defensores de la comunidad LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En tres estados se concentraron las agresiones.
Texto: Redacción Pie de Página
El 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y defensores del territorio en todo el territorio mexicano. Al menos una treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste del país.
En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han matado a 33 activistas. Y 32 de los casos ocurrieron en 2019. Los estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca (7), Chiapas (6) y Guerrero (cinco).
Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas, activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros.
Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas cautelares aplicadas por el gobierno mexicano. Algunas de las víctimas eran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Chiapas: la más peligrosa
El primer asesinato registrado, el 3 de enero, es el de Sinar Corzo Esquinca, en Arriaga, Chiapas. El integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos había acompañado a pescadores la región en protestas y a vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio.
El 18 de enero asesinaron a Noé Jiménez Pablo, miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, y José Santiago Gómez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común en Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, destituido dos semanas después.
Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del gobierno mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos.
En los límites de Tabasco y Chiapas, el 10 de junio, mataron a José Luis Álvarez Flores, defensor de la preservación del mono Saraguato y del Río Usumacinta. El ambientalista había recibido amenazas de muerte tras denunciar la extracción ilegal de arena del río.
El 18 de junio, a Mario Moreno López, de 64 años de edad, lo mataron en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
Marcha fúnebre por Noé Jiménez y José Santiago. Foto: Francisco López Velázquez
Oaxaca: conflictos territoriales y medio ambiente
Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda el 20 de enero. El activista había manifestado días antes su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca, por la escasez del líquido.
Al día siguiente, en la misma entidad, el activista Bernardino García Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. El activista era representante de su comunidad en las comisiones para lograr la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera, en conflictos por la delimitación de las tierras.
La presencia paramilitar
El 23 de enero, en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque paramilitar. La defensora era integrante de la Organización Popular Ricardo Flores Magón.
El activista denunció amenazas en varias ocasiones, tanto por autoridades locales y de la Comisión Federal de Electricidad, en medio de su oposición a las altas tarifas eléctricas.
Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del Territorio de la Zona Oriente del Istmo, del Comité Regional Istmo de Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de derechos laborales.
El 30 de noviembre, en un ataque armado, murió el defensor indígena Catalino Barradas Santiago. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas denunció que se trató de una ejecución extrajudicial a manos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Eran las vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron heridas otras dos personas, observadores de que los comicios ocurrieran con legalidad.
Contra la comunidad LGBT
El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla, defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de las mayores festividades de la diversidad sexual realizadas desde hace más de 40 años, con reconocimiento internacional.
En Veracruz, en un crimen que sacudió la región murió Miguel Ángel Medina, un joven activista de 21 años, asesinado a golpes de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor, en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como desaparecido. Hasta el día de su asesinato, la comunidad LGBTQI+ contabilizó 16 crímenes de odio en Veracruz.
Miguel Ángel Medina. Foto: foto: Tomada del Facebook de Mike Kardashians.
Activistas y comunicadores
El periodista y defensor de derechos humanos Rafael Manríquez Murúa fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur, el 21 de enero. Supuestamente, el gobierno mexicano lo protegía por medio del Mecanismo de protección de defensores de derechos humanos.
El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez, asesinaron al director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cayó en una emboscada, en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Santiago Enríquez promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.
El homicidio de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero, tres días antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en en la entidad.
El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de la Fiscalía estatal apuntan a que Juan Armando Rodríguez Castro, su pareja sentimental, la atacó con un arma blanca. Las autoridades investigan el crimen como feminicidio.
El 25 de marzo, un hombre mató a tiros a Eulodia Lilia Díaz Ortiz, integrante del Consejo Indígena del Trueque, en Santiago Tianguistengo, Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El agresor es cercano al anterior presidente municipal, Antonio Barrera.
Raquel Padilla. Foto: Daliri Oropeza/Archivo.
Contra buscadores de personas desaparecidas
El activista Abiram Hernández Fernández fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas. De acuerdo con la información de las autoridades locales, el sociólogo murió a golpes.
Zenaida Pulido Lonbera murió asesinada después de un ataque a balazos el 19 de julio de 2019. La activista circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la despaarición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.
Artistas urbanos
El asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez ocurrió el 19 de abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Con él murieron también su padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018, Héctor Armando ya había sufrido un atentado afuera del colegio donde daba clases de artes plásticas.
Cinco días antes, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, AC. Mauricio era un Dj que promovía la paz en Guanajuato, y el rescate de los jóvenes de la colonia Obrera de esa entidad.
Otro músico y activista fue asesinado en el último mes del año. El jaranero “TíoBad” sufrió un secuestro, y tras, varios días desaparecido, lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua.
Protesta por asesinato de TíoBad. Foto: Ehécatl Ríos/Archivo.
Guerrero: contra indígenas y policías comunitarias
El 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal nahual, y Modesto Verales Sebastián, delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron tras una emboscada un día antes, cuando regresaban de una reunión en la ciudad de Chilpancingo.
Un mes después, también en Guerrero, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. El crimen ocurrió en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
El 11 de octubre, en Guerrero, grupos armados atacaron a dos activistas en distintos hechos. El primer caso se trata de Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt). Cantú luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá.
Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfot. Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días después en una fosa clandestina. Los compañeros del también líder de vendedores de Tlapa responsabilizaron de la desaparición de Arnulfo al alcalde de ese municipio, Dionisio Merced Pichardo.
Arnulfo Cerón. Foto: Lenin Mosso/Archivo.
Ataque a activista en CDMX
El asesinato de activistas ocurrió también en la capital del país, contra una vecina que se oponía al desarrollo inmobiliario irregular. El 1 de julio, en su departamento de la colonia Condesa, sus vecinos hallaron muerta a María Cristina Vázquez Chavarría. La mujer era integrante de un movimiento vecinal en contra de construcciones que violan las leyes de planeación en la capital.
A través de videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingreso al edificio de la víctima, el día de su asesinato.
Chihuahua: ataques en la sierra Tarahumara
El 1 de mayo, un grupo armado mató a una madre y su hijo ecologistas. Las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz. El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Testigos señalan que los autores pertenecen al grupo delincuencial “Los Chorohuis”. Madre e hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.
Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guazapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde 2014.
Portal
periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e
internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.
Los abusos en la Iglesia Católica fueron durante mucho tiempo un tema
tabú, silenciados por algunos responsables de la institución. Debido a la falta
de respuestas, las víctimas de los abusos tomaron la iniciativa y exigen
responsabilidades.
"Durante demasiado tiempo se
negaron los abusos en la Iglesia, se miró hacia otro lado, se silenció. Las
víctimas tienen derecho a reclamar justicia". En septiembre de 2018, el
Cardenal Reinhard Marx, Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana,
pronunció estas palabras y pidió disculpas a las víctimas de abusos sexuales
por parte de sacerdotes en Alemania. En este reportaje, uno de los
representantes de las víctimas en Alemania, Matthias Katsch, opina que el manejo
de los abusos por parte de la Iglesia sigue siendo problemático aún en la
actualidad. El exalumno del Colegio Canisius y vocero de la iniciativa en
defensa de las víctimas denominada "Eckiger Tisch", colaboró a
destapar en 2010 el escándalo de los abusos en la Iglesia Católica en Alemania.
Durante más de treinta años, los hechos cometidos por los jesuitas Peter R. y
Wolfgang S., habían permanecido ocultos. Hasta 2010, cuando los abusos en el
Colegio Canisius fueron hechos públicos por Matthias Katsch y otros compañeros
de escuela. ¿Y luego? Hasta ahora sólo se sabe que después de 2010, ambos
religiosos fueron vistos en Chile. Debido a que la investigación no avanzaba,
Matthias Katsch decidió hacerse cargo del asunto por su cuenta. Viajó a Chile y
buscó allí a los sacerdotes y a otras víctimas. Y los encontró. La cineasta Eva
Müller lo acompañó con su cámara.
El fallecido sacerdote Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de
Cristo, abusó sexualmente de 60 menores de edad, según un informe revelado este
sábado por esa congregación católica.
La organización indica que, desde su
fundación en 1941 y hasta este año, en total hubo 175 menores de
edad víctimas de violación sexualcometidas
por 33 sacerdotes, incluido Maciel.
La “gran mayoría”, admiten, fueron
niños adolescentes
de entre 11 y 16 años.
Otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas de los cuales 46 no
llegaron a ordenarse sacerdotes, según la investigación.
El documento es el primero reporte histórico en el que los Legionarios
de Cristo han reconocido la magnitud del problema al interior de esa
organización religiosa golpeada por los escándalos en las últimas dos décadas.
Maciel falleció en 2008 luego de años de escándalos por las acusaciones
de pederastia, así como por la paternidad de al menos 4 hijos con varias
mujeres.
“Hemos tocado con nuestras manos la llaga que los abusos han abierto en
las víctimas, en la Iglesia y en nuestra propia Congregación. Hemos
experimentado que cualquier paso de acercamiento a una víctima es un paso
esencial hacia la justicia en la verdad”, señala el informe.
“Hacer luz sobre el pasado, por doloroso que sea, es liberador y
fundamento indispensable para construir el futuro”, añade.
También enumera una serie de medidas de prevención, respuesta y
supervisión que los Legionarios de Cristo, asegura el documento, han tomado
desde 2014 para evitar más casos de abuso sexual.
Aseguran que 45 de las 175 víctimas han recibido algún tipo de
“reparación o reconciliación”.
“Persiste la gran necesidad de seguir facilitando este camino a las
demás”, señala el informe.
Los victimarios
El documento indica que los 175 casos de abuso sexual son “acusaciones
sustanciadas”, es decir, casos en los que no queda duda de que ocurrieron por
haber sido admitidos por los señalados, o porque un tribunal civil o
eclesiástico lo determino.
De los 33 sacerdotes, seis fallecieron, ocho dejaron el sacerdocio, uno
dejó la congregación, y los otros 18 se mantienen en el grupo. El número de
abusadores representa el 2,44% de los 1.353 religiosos ordenados en 78 años,
según la investigación.
Los que siguen en activo, 14 no tienen funciones en público, mientras
que cuatro lo hacen de manera restringida, pues no realizan actividades con
menores en colegios o grupos juveniles.
De los 33 sacerdotes responsabilizados, 14 habían sido también víctimas
de abuso sexual al interior de los Legionarios de Cristo.
Sin considerar al padre Marcial Maciel, el documento detalla el tipo de
abusos cometidos (sin identificar a los responsables) de la siguiente manera:
·11 abusaron de entre 2 y 5 víctimas.
·5 cometieron abuso a entre 6 y 10 víctimas.
·1 sacerdote abusó de 13 víctimas
·9 abusaron “repetidamente” de una única víctima.
·4 cometieron abuso en una sola ocasión.
·2 por vía virtual (sexting).
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Tres meses de investigación, más de
50 diligencias, y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no encontró ninguna
irregularidad en las declaraciones de bienes del director de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, luego de que fueron
presentadas 33 denuncias sobre su caso.
Aunque comprobó que sus hijos y
pareja poseen las 25 propiedades y empresas señaladas en una investigación
periodística y dos más, la SFP no encontró que Bartlett tenga injerencia o se
beneficie de ellas en modo alguno, ni que tuviera obligación legal de
reportarlas en su declaración patrimonial.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval
Ballesteros advirtió en conferencia de prensa, no obstante, que el próximo año
sí tendrá que reportarlos públicamente, gracias a la modificación a los
formatos de declaración de bienes de los funcionarios aprobados apenas hace una
semana.
Estos son los argumentos legales por
los que la SFP libró a Bartlett de cualquier responsabilidad:
¿Cuántas
propiedades tiene Bartlett?
El reportaje periodístico presentado
por Carlos Loret de Mola en W Radio y en su página web
aseguraba que el director de la CFE sólo declaró una fortuna de 51 millones de
pesos, pero que en realidad es 16 veces mayor, si se consideran un total de 25
propiedades de sus dos hijos, su pareja sentimental y otro familiar de su
pareja, que sumarían 800 millones.
La Función Pública comprobó que
solo existen cinco inmuebles a nombre de Bartlett con valor de ocho
millones de pesos: un edificio en la calle Tennessee 14, colonia Nápoles
Insurgentes; un inmueble en avenida Mazatlán 101, colonia Condesa; otro en
avenida Revolución 344, colonia Tacubaya; en Avenida Revolución 342, colonia
Tacubaya; y en calle Obrero Mundial 718, colonia Atenor Salas. Todos ellos
fueron reportados tanto en su declaración patrimonial y de intereses inicial
como funcionario, del 24 de diciembre, como en la modificación presentada el 24
de mayo.
La Secretaría fue más allá de las
declaraciones recientes del funcionario y examinó las que presentó cuando fue
senador, de 2012 a 2018, y concluyó que la evolución de su patrimonio
era congruente.
¿Y sus familiares?
Todas las propiedades de familiares
de Bartlett mencionadas en el reportaje son reales y efectivamente están a
nombre de esas personas, e incluso la SFP encontró otras dos que no se habían
mencionado.
Se trata de bienes a nombre de sus
hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, de su pareja Julia Elena Abdalá
Lemus, del hijo de ella, Julio Antonio del Regil Abdalá, de Alfredo Puente Córdoba,
Óscar Manuel González Sánchez y un inmueble a nombre de la persona moral
Cawaret SA de CV.
Pero la SFP descartó que todas estas
personas sirvan como prestanombres del funcionario.
“Esta Secretaría no cuenta con
ningún elemento que sugiera que estos sean prestanombres del servidor
público, en virtud de que no se tiene constancia de la existencia de títulos,
acciones o instrumentos jurídicos con los que se ejerzan actos de dominio
sobre los respectivos inmuebles”, señala el informe técnico hecho público este
jueves tras la conferencia de prensa.
¿Por qué no declaró
todos esos bienes?
La Función Pública confirmó que
legalmente Bartlett no tiene obligación de reportar todas estas propiedades. La
Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que un funcionario debe
indicar los inmuebles o bienes que estén a nombre de sus hijos cuando son
menores de edad o sus dependientes económicos. La investigación, según señaló
Sandoval Ballesteros, confirmó que León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez
tienen ingresos propios y rinden cuentas al Servicio de Administración Tributaria
(SAT).
Cuestionada sobre si se indagó en la
capacidad económica de los hijos para poder tener los bienes y empresas a su
nombre, el director general de Denuncias e Investigaciones de la SFP, Efraín
Álvarez, reconoció que eso no fue parte de la investigación porque
eso excedería las facultades de la Secretaría al ser bienes de particulares y
no de funcionarios públicos, por lo que sólo corroboraron que están a nombre de
ellos y que no reportan beneficios a Bartlett.
¿Qué pasa con los
bienes de su pareja?
La Ley también obliga a un
funcionario a reportar las propiedades e ingresos a nombre de su esposa o
concubina. Sandoval reconoció que Julia Elena Abdalá Lemus es pareja
sentimental de Bartlett, algo reconocido públicamente, pero que no hay
condiciones legales para que tenga que reportar lo que le pertenece a ella, ya
que no se encontró acta de matrimonio que los una, ni hijos, ni que vivan
juntos.
“Después de analizar los domicilios
de ambos en los últimos cinco años, se advierte que no se encuentran en el
supuesto de concubinato, pues no reúnen el requisito de vivir juntos en el
mismo inmueble por más de dos años, ni se acreditó que tengan hijos en
común. Esto significa que el servidor público no tenía la obligación legal
de declarar los bienes propiedad de Julia Abdala Lemus. Con independencia de
que conlleven una relación sentimental, no los vincula el concubinato ni el
matrimonio”, señala el informe técnico de la Secretaría.
Sin embargo, en los nuevos formatos
de declaración patrimonial y de intereses, esa relación afectiva será
suficiente para que tenga que considerar sus bienes, a partir de 2020.
¿Qué empresas
tienen?
La investigación periodística sobre
Bartlett Bienes Raíces señaló que la empresa Cawaret SA de CV funciona como
prestanombres del director de la CFE, ya que mediante ella se compró la casa en
la que actualmente vive, y que también tiene participación en la empresa
Comercial Lebasi SA de CV, sin que las haya reportado en su declaración.
La SFP confirmó que es socio de
Lebasi, pero aseguró que sí fue reportado en su declaración patrimonial, como
una inversión de capital por 25 millones de pesos, aunque no se mencionaba
públicamente el nombre de la empresa.
De Cawaret, Bartlett fue apoderado
legal hasta el 5 de noviembre de 2018, cuando le fue revocado el poder que
tenía, previo a asumir el cargo de director de la CFE.
¿Ha dado contratos
a las empresas de su pareja o hijos?
La respuesta de la SFP es que no.
León Manuel Bartlett Álvarez dirige
Cyber Robotics, constituida en 2010 y que ya tiene contratos en el actual
gobierno. La investigación encontró 35 contratos, más de los exhibidos por el
reportaje periodístico, la mayoría de ellos con hospitales. Por ello, se
determinó que no hay conflicto porque ninguno de los acuerdos comerciales tiene
que ver con CFE ni con el sector energético.
El hijo de Bartlett también participa
en Playa AAK SA de CV, Xibalba Resorts y la Agencia de Publicidad CBW y
Asociados, sin que haya beneficio económico en esta administración.
Por su parte, Abdalá Lemus posee la
empresa JAL Consultoría Especializada, que ofrece servicios de fibra oscura y
ahorro de energía, que según el reportaje fue constituida cuando Bartlett era
senador y en 2017 obtuvo contratos por 2.7 millones de pesos.
Sandoval Ballesteros explicó que
actualmente aparece en el registro de proveedores de gobierno, pero desde
la presente administración no se le ha dado ningún contrato, por lo que no
hay conflicto de interés.
Abdalá también tiene participaciones
en las empresas Digilogics, la joyería Tidure’s, Modafil y TZ’IKIN, pero no se
encontró ninguna relación con el funcionario ni contrataciones que sugieran
conflicto de interés.
La SFP informó que
recibió en total 33 denuncias y alertas contra Bartlett, la
mayoría anónimas, aunque también de políticos como Xóchitl Gálvez y Fernando
Belaunzarán, entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre. Pero todas ellas,
detalló Sandoval, contenían la misma información publicada por Loret de Mola y
ninguna traía datos adicionales.
La investigación inició el 9 de
septiembre. Fueron realizadas más de 50 diligencias y consultas de información
tanto a instancias públicas como a privados, incluyendo los familiares del
director de la CFE, además de que el propio Bartlett compareció ante la SFP el
pasado 2 de diciembre.
Había tres posibles faltas a
investigar: enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, que
fueron descartados por la veracidad en las declaraciones patrimoniales del
funcionario; posible actuación bajo conflicto de interés, rechazada porque no
tiene control sobre las empresas involucradas ni la dependencia que dirige les
ha otorgado contratos; y tráfico de influencias, que tampoco se observó.
