26 de marzo de 2021

LA FOTO DE RUBÉN ESPINOSA QUE ENCABRONÓ AL GOBERNADOR DE VERACRUZ

Reproducimos la siguiente nota en memoria del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril. Fue asesinado en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México el 31 de julio de 2015 junto con cuatro mujeres: la activista social Nadia Vera Pérez, la maquillista Yesenia Quiroz Alfaro, oriunda de Mexicali; Mile Virginia Martin, una ciudadana colombiana. ¡Se sigue exigiendo justica!​...

LA FOTO DE RUBÉN ESPINOSA QUE ENCABRONÓ AL GOBERNADOR DE VERACRUZ


Por Redacción / Sin Embargo

En entrevista con SinEmbargo, el fotógrafo Rubén Espinosa dijo:

–Yo me especializo en movimientos sociales. Tengo una portada en la revista Proceso con el Gobernador, esa portada lastimó mucho, de hecho la compraron a granel…

–¿Qué foto es?

–Es una fotografía donde el Gobernador sale con una gorra de policía y de perfil que va caminando. Nosotros en Xalapa nos hemos manifestado siempre que asesinan a un compañero. Fui golpeado en el desalojo de maestros en 2013, en la plaza Lerdo, junto con otros compañeros, a raíz de eso tuvimos que ir a marchar. Hicimos que el Congreso hiciera la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas, que no sirve de nada. Estuve en la colocación de la placa en la plaza Lerdo, donde le pusimos Regina Martínez. He dado cursos de seguridad para los fotógrafos y me han hecho saber que soy un fotógrafo incómodo para el Gobierno del Estado.

–¿Cómo te hacen saber eso?

–No me dejan entrar a los eventos oficiales. En una ocasión cuando fue lo de los 35 cuerpos que encontraron en el Monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río, el entonces Procurador Reynaldo Escobar Pérez iba a dar una conferencia. Entonces me dice una persona encargada de prensa, Edwin, no recuerdo su apellido, que yo qué hacía ahí, que yo no tenía nada que hacer y que estaba estorbando. Entonces de ahí comenzaron a tomarme fotos por parte de la gente de Gobierno del Estado.

–¿Sólo te acosan a ti?

–A mí y al grupo de los periodistas en los que estoy.

Esta es la historia de esa foto y del acoso que desató.

Por Ignacio Carvajal

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo/BlogExpediente).– Ojos inyectados. Mirada extraviada. Labios entreabiertos. Orejas para atrás igual que las aguzan los perros al acecho. El ceño adusto tras las gafas y una gorra de policía. Las lonjas colgadas sobre el cinturón. Los botones de la camisa con su nombre bordado amenazan con salir disparados. La foto de Rubén Espinosa Becerril resultó implacable con el Gobernador veracruzano. Javier Duarte retratado de pies a cabeza: autoritario, rencoroso, desconfiado, rabioso, felón.

Es la imagen escogida por el equipo de la revista Proceso para ilustrar la portada del número 1946. La mitad del cuerpo de Duarte en todo lo alto y ancho. Una imagen como síntesis del contenido: “Veracruz, estado sin ley”, decía el encabezado en la tapa.

En interiores un reportaje sobre los homicidios de periodistas en Veracruz y las complicidades de los funcionarios para no esclarecerlos; otro para el tercer aniversario del asesinato de Regina Martínez, impune; y uno más de priistas que van por la vida lanzando incienso al duartismo.

En el interior, fotos de Yair Ceballos (Proceso y AVC Noticias), de Félix Márquez (Cuartoscuro, AVC y AP) y de Rubén Espinosa (CuartoscuroAVC y Proceso). Imágenes con técnica y composición para ilustrar los reportajes que describieron la miseria, la tragedia y la corrupción campante en Veracruz. Pero ni una como la de Rubén Espinosa. Por eso ganó la portada.

Don Manuel Buendía -asesinado por la espalda durante sexenio de Miguel de la Madrid- decía que la crítica no molestaba tanto a los poderosos, como dejarlos al desnudo con ironía y un refinado sentido del humor. Así lo hizo Rubén Espinosa en Proceso 1946; pero con la lente.

No cabía de contento por su portada. Lo dijo a todos sus amigos. Lo festejó, y humilde, para el mediodía del domingo comenzó a olvidarlo para comenzar a trabajar en la siguiente foto de ocho columnas.

Proceso 1946 arribó a Xalapa y Veracruz tal vez el sábado por la tarde para que estuviera circulando el domingo tempranito; pero grupos de personas, jóvenes ante todo, en coches particulares y camionetas, comenzaron a comprarlas por montón.

Otra toma famosa, esta de Cuartoscuro

Otra toma famosa, esta de Cuartoscuro

“Me da la Proceso donde sale Duarte Gordo” se preguntaba en los estanquillos, “ya no hay, se las llevaron todas”, decían los voceadores, y así en cada puesto Proceso había sido “levantada”. Circuló en menor medida en los restaurantes de cadena en donde habitualmente se vende.

El operativo contra la revista no era novedad: Durante el sexenio pasado se recogían por pilas cuando publicaban reportajes contra Fidel Herrera Beltrán. También pasó cuando el Cártel de Jalisco Nueva Generación dio muerte y abandonó los cadáveres de más de 30 personas en la vía pública, en Boca del Río.

Con la portada de la Proceso 1946 Rubén Espinosa quedó en la mira. Habrían de venir otras agresiones, el acoso desde el Palacio de Gobierno por medio de una horda de orejas. Tenían consigna. Le tomaban fotos en las protestas y ruedas de prensa de quienes exigían justicia o denunciaban algún abuso desde el poder.

A principios de junio pasado resultó agredido física y verbalmente por encapuchados que aprovecharon para hacer desmanes en Xalapa durante una marcha de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) tras la golpiza a ocho alumnos, a la sazón de las elecciones federales pasadas. A Rubén Espinosa lo encaran los “anarquistas”, tapados de la cara, le increpan y empujan.

En 2013 la vio cerca durante el desalojo violento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a maestros que protestaban en Plaza Lerdo o Regina contra la Reforma de Educativa. Duarte necesitaba la plaza despejada para celebrar, con acarreados de la periferia, el Grito de Independencia, y un baile con la banda El Recodo.

Apasionado de las protestas ciudadanas y de las causas sociales, se había enterado del posible desalojo y se fue a la plaza para aguardar. A la una AM, policía acreditable ingresaba por docenas y en cuestión de minutos corrieron a todos. Rubén tomó las fotos y de inmediato se marchó a su casa para guarecerse. En el camino fue interceptado por policías que le exigieron borrar las imágenes. Después de eso se desapareció durante varias horas, perdió el teléfono y no había comunicación.

Los amigos le buscaron con denuedo pues lo pesaban detenido en las masmorras de Arturo Bermúdez, en San José, junto a maestros reprimidos. Horas después apareció con bien y sobre todo con varias fotos en las cuales se miraba a los policías armados con toletes eléctricos y con los cuales aporrearon a los mentores. Rubén Espinosa documentó una de las peores noches para los movimientos sociales en Veracruz, pues la golpiza la recibieron los maestros y docenas de jóvenes identificados con la causa que también estaban en la resistencia. Duarte no dudó en madrear a dos generaciones distintas. Su muerte, un golpe más duro para esas nuevas generaciones que admiraban su trabajo y prácticamente le tenían como un símbolo.

“Las protestas eran su especialidad”, cuenta Aarón Gaona, quien recuerda que Rubén Espinosa Becerril era originario del Distrito Federal (Tacubaya) y llegó a Veracruz en 2009 con otro equipo de profesionales para trabajar en el portal Elgolfo.info, propiedad de José Othón González Ruiz, que manejaba una línea a favor del gobernante en turno.

Al tiempo, Rubén Espinosa sale de El Golfo y comienza a definirse por las causas sociales y las manifestaciones, “yo creo que porque venía de una familia de trabajo. No le gustaba mucho seguir órdenes. Las hacía; pero siempre buscó hacer lo que a él le gustaba, su forma de ser era medio irreverente. El clásico chilango que va a la provincia con sus ondas muy marcadas”.

“Como fotógrafo era bueno. Buscaba mucho tener una buena composición. Nunca era egoísta con lo que sabía” define.

No había protesta o demanda social en Veracruz, o manifestación en Xalapa, que no haya documentado desde su salida de El Golfo para trabajar en medios como MultigráficaAVC Noticias y APRO.

PROMO-FOTOGRAFO

Araceli González, de Colectivo por la Paz, donde se agremian madres que buscan a sus hijos desaparecidos en situaciones de violencia, lo describe como un tipo convencido de la realidad de Veracruz y que eso lo llevaba en sus valores. Raro era verle siguiendo al gobernante.

Rubén Espinosa “se identificaba con esa indignación porque buscaba cambios desde el trabajo que hacia; le indignaba la inseguridad, la violencia las injusticias”.

“Siempre era amable. En las manifestaciones o conferencias de prensa nos saludábamos. Tomaba fotos y se iba”, cuenta la también encargada de la organización Equifonia, en pro de los derechos de mujer.

Gabriela Martínez, promotora de los derechos de los animales, lo ubica como “una de las personas más auténticas que he conocido. Era uno de los pocos periodistas que entendían las causas, las luchas sociales. Era muy objetivo y sus pensamientos eran filosofía pura”.

“Era una piedrota en el zapato”, define.

Rubén Espinosa Becerril fue encontrado sin vida en un departamento de la colonia Narvarte. En la escena había también cuatro víctimas más, mujeres, maniatados de pies y manos con cinta. Con señales de tortura y disparos de arma de fuego.

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Rubén Espinosa se exilió de Veracruz porque era acosado por desconocidos. Sintió miedo después de que sujetos sospechosos daban cuenta de sus pasos al trabajo, casa y amigos. Esto comenzó luego de sus acciones, con otros periodistas, para cambiar el nombre a la plaza Lerdo a Plaza Regina Martínez -también corresponsal de Proceso-. La placa con el nombre de Regina fue retirada horas después de su colocación por parte de periodistas. Los reporteros la compraron nueva y la montaron otra vez. Rubén Espinosa tomó cemento blanco para fijar el trozo de metal a la escalinata, pero ni así la respetaron y a los pocos días la sustrajeron. Después de ese evento lo comenzaron a seguir desconocidos. Por eso se marchó al DF, desde donde sentenció: “La muerte escogió a Veracruz como su casa y allí decidió vivir”.

En abril de 2013, la directiva de Proceso, la revista en donde colaboraba Rubén Espinosa, denunció la existencia de un plan tramado desde Veracruz para que un grupo de policías de ese estado viajaran al DF a ejecutar acciones hostiles contra Jorge Carrasco, quien estaba asignado por la revista para investigar el homicidio de Regina Martínez dentro de las propias pesquisas del semanario. El plan contemplaba ubicarlo, acopiar información personal y emprender acciones hostiles en su contra. La denuncia de Proceso fue retomada por organismos internacionales defensores de los derechos humanos y se brindó seguridad inmediata al periodista. Carrasco se tuvo que exiliar del país un tiempo y hasta la fecha sigue bajo resguardo.

En este tenor, el fin de Rubén Espinosa hace preguntarse a muchos periodistas por la posibilidad de que el poder hubiera retomado ese plan para adaptarlo al fotógrafo asesinado en la Colonia Narvarte.


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LA LEY GARROTE




26 March, 2021

** ONG, académicos UV y UNAM piden derogar el delito de ultrajes a la libertad y delitos contra las instituciones públicas, iniciativa de Cuitláhuac.

Por Perla Sandoval /AVC

Xalapa, Ver. - A 17 días naturales para que venza el plazo para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Penal en material de ultrajes a la libertad y delitos contra las instituciones públicas aprobado por la mayoría en el Congreso de Veracruz tras la iniciativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Al menos ocho organizaciones de la sociedad civil, académicos de la UV y UNAM, así como abogados, advirtieron que es urgente que la tercera parte de los legisladores en Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el propio Ejecutivo promuevan esta acción para derogar la reforma por contravenir estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y propicia la criminalización de la protesta social, el disenso y el libre ejercicio de la libertad de expresión.

Académicos de la Facultad Derecho de la UV señalan que la redacción resulta vaga e imprecisa, carente de toda técnica legislativa, que provocará una interpretación indebida o arbitraria, tanto por los operadores de investigación, o por autoridades judiciales.

A ello se suma que organizaciones como Artículo 19 han documentado casos en que el tipo penal de ultrajes a la autoridad se ha usado para restringir la labor periodística, el ejercicio de la protesta y el derecho a la libertad de expresión, por lo que la reforma posibilita el uso arbitrario de este tipo penal no solo contra la labor periodística sino contra cualquier personas.

Tan solo de 2009 a 2020 Artículo 19 documentó 491 agresiones contra la prensa en Veracruz, colocándola en la segunda entidad más violenta contra la prensa, tan solo por debajo de la Ciudad de México y es el estado donde se han asesinado a más periodistas en el país con un total de 30.

“Se ha creado una legislación penal que faculta a las autoridades a cometer mayores arbitrariedades, violaciones a derechos humanos y dejando un amplio margen de discrecionalidad e interpretación para la aplicación de la ley penal”, señaló Adriana Fuentes, integrante de la organización Equifonía AC.

*Qué dice la ley

La ley establece que se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multas de 10 a 40 veces el valor e UMA a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Y se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores de 5 a 7 años de prisión cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos, se realice pro medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima, que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociacion delictuosa, o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito o que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa, protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

Además, se impondrá de 7 a 15 años de prisión y multas de 400 a 800 UMAS a quien amenace o agreda a algún integrante de alguna institución de seguridad pública o estatla en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que en razón de la arma empleada, la fuerza o destreza del agresor pueda producirle como resultado lesiones o muerte.

*Qué exigen

Lar organizaciones demandaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a los diputados del Congreso de Veracruz derogar el tipo penal de ultrajes a la autoridad y delitos contra instituciones de seguridad pública, cumplir con el principio de legalidad al legislar en lo presente y futuro cualquier tipo penal con la finalidad de que se describa de forma clara, sin vaguedades o imprecisiones, que permita la arbitrariedad o interpretación en su amplio por los operadores del sistema de justicia penal.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los diputados locales presentar con base en sus atribuciones la acción de inconstitucionalidad en tiempo y forma contra el decreto 848 y que se permita y genere un diálogo abierto y respetuoso a través de un modelo de parlamento abierto en el que se escuche a la sociedad civil y academia para que sean coadyuvantes en la discusión de esta reforma.

Los especialistas advierten que en caso de no atender sus demandas podrían recurrir a instancias federales o internacionales, aunque reconocen que los proceso son tardamos y estos no incluyen algún n procedimiento administrativo o penal contra los diputados que aprobaron la reforma “por no saber legislar”.

“Este dicho de 99 por ciento de honestidad y uno por ciento de capacidad nos está costando muchísimo a los mexicanos a y no debe continuar, la exigencia es a raíz de participación ciudadana” señalan.

*Qué está en juego

La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), Sidney Ernestina Marcos Escobar, indicó que las reformas al artículo 331 del Código Penal es ambigua e imprecisa, lo cual da pauta para que no solamente sean los policías quienes hagan uso de este delito de ultrajes a la autoridad sino cualquier servidor público, lo cual significaría incluso cárcel para periodistas y ciudadanos en general.

Ante ello, señaló que el desglose del tipo penal de ultrajes a la autoridad establece que quien amenaza o agreda a un servidor público será motivo de este tipo pena, pero en el desglose dice que cuando se realice por cualquier tipo de violencia, lo cual significa que no hay una precisión de qué tipo de violencia y se puede hablar de física, psicológica, moral. Advirtió que en el caso de los periodistas se corre el riesgo de que al hacer una entrevista o un trabajo los funcionarios puedan señalar que hubo la comisión de este delito y que por tanto puedan usarlo como una forma de inhibir el trabajo periodístico

“Al hacer una entrevista a un funcionario y hay empujones de pronto pudiese estar actualizando esta acción que se sanciona en el artículo 331. Parece que el funcionario estaría detrás de vallas para no recibir confrontación para que no le vaya a a dañar su condición psicológica por su pregunta y vaya a decir que incluso no puede dormir“, criticó.

Consideró que los ciudadanos también resultarán afectados porque podrían incrementarse los casos de abusos policiales durante inspecciones policiacas, a pesar de que estas solo se permiten en casos de un hecho delictivo en flagrancia.

Recordó que la inspección de personas solo se justifica para casos en los que probablemente hay una participación en hecho flagrante y que es la única justificación por la cual un policía en persecución puede solicitarle a alguien una inspección a una persona y se debe realizar con respeto a la dignidad humana, “no se puede pedirle desnudarse ni someterse a tocamientos”.

“Si no hay una revisión de personas informada es un acto ilícito y hay que difundirlo, la ciudadanía lo debe saber porque ante esa temeridad con la que se miran a las policías no se somete a las inspecciones e incluso se confrontan. Estamos ante un clima e inseguridad jurídica porque si la persona se niega quedará registrado lo que el policía asiente en el informe homologado, y basta con una mera probabilidad (de delito) para que el caso llegue a un control judicial”.

*Abusos policiacos

Previamente, académicos de la UV han señalado que la reforma da pie a casos de abuso policiaco pues la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es la segunda dependencia del Poder Ejecutivo con más recomendaciones por parte de la CEDH en 2020 solo por debajo de la Fiscalía General de Veracruz, pues de las 173 recomendaciones emitidas son 26 contra la SSP.

La mayoría de estas recomendaciones relacionada con detenciones injustificada o tortura y la CEDH señala que el 2020 es el año con mayor número de recomendaciones desde 2011. La CNDH advierte que Veracruz es segundo lugar por recomendaciones por abusos policiacos con 129 solo por debajo de Guanajuato.

La coordinadora de documentación en Artículo 19, Itzia Miravete, señaló que elevar las sanciones privativas de la libertad y modificar de manera tan ambigua el tipo penal generará una mayor arbitrariedad y violación a los derechos humanos.

“No protege a los ciudadanos y mucho menos a los policías, genera una brecha de discrecionalidad que operará en contra de la ciudadanía. Vemos que a quien se pone en riesgo es a la ciudadanía y si quisiera facilitar el trabajo de corporaciones policiacas tendrían que impulsar otras acciones con enfoque preventivo, como la capacitación de cuerpos policiales para realizar su labor de manera correcta”.

Por ello insistió en que se debe abrogar el tipo penal y que el Estado garantice el derecho a la libertad de expresión y protesta, dado que con la reforma el tipo penal inhibe el debate público y las expresiones sociales.

“Veracruz es uno de los estados con mayor cantidad de desapariciones forzadas, cometidas por le estado y si se suma que los policías pueden detener a una persona el riesgo de que se signa cometiendo este tipo de violaciones a los derechos humanos aumenta”.

Lo anterior debido a que el delito de ultrajes a la autoridad podría justificarse desde un intercambio de palabras hasta “lo que no le guste a un servidor público”, y recordó la detención del reportero de Foro Tuxpan, Antonio de Marco Arango, durante su cobertura a un operativo policiaco.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Artículo 19, Colectivo Akelarre, Colectivo, Madrágora, Equifonía, Grupo de Trabajo, Gestión Social y Ciudadanía, Académicos de la UV , Matraca, Programa Universitario de Bioética de la UNAM y el Centro de Servicios “Heriberto Jara”, entre otros.

FUENTE: NOTIVER

http://www.notiver.com.mx/index.php/primera/609044.html?secciones=3&seccion_selected=3&posicion=2