OPLE BUSCARÍA VIOLENTAR LA LEY PARA DAR DIPUTACIÓN A GÓMEZ CAZARÍN PASANDO POR ALTO PARIDAD DE GÉNERO EN EL CONGRESO

Pese a que tiene un pie afuera del Congreso por razones de equidad de género, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró – de dientes para afuera - que no atropellará el derecho de ninguna mujer y que está a favor de la paridad de género, incluso si se queda sin una curul para la próxima LXVI Legislatura. "Yo respeto la decisión del OPLE, voy a respetar la decisión de los tribunales y respeto a todas las mujeres y si tiene que haber paridad, tiene que haber, yo lo voy a respetar", aseguró. Sin embargo, su compañera de partido y candidata a la diputación plurinominal, Marcela Barroso, denunció que podría perder su nombramiento si Gómez Cazarín asume una diputación plurinominal. Y es que, al parecer, violentado sus derechos políticos y la equidad de género en el próximo Congreso local, el Órgano Público Local Electoral, OPLE, de Veracruz le quiere quitar la diputación plurinominal que le corresponde a las mujeres de Morena con lo que se evitaría que en el Congreso exista paridad de 25 mujeres y 25 hombres. 

Es así que, pisoteando la ley, los consejeros del Órgano Electoral tratarían a toda costa de darle la diputación al diputado misógino Juan Javier Gómez Cazarín. Por otro lado, el aún diputado morenista no confirmó si será la actual LXV Legislatura la que apruebe o rechace la petición del Poder Judicial del Estado de un rescate de 500 millones de pesos que solicitó la magistrada presidenta, Isabel Romero Cruz. 

Refirió que ayer sostuvieron una reunión con el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, quien confirmó que no podrán disponer de ese monto. "No hay el recurso para satisfacer 500 millones de pesos (...) él va a estar checando sus números, pero dice que 500 millones de pesos no le dan", reiteró Cazarín. De igual forma, negó que el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, busque imponer a los funcionarios que el pleno del Congreso debe designar. Incluso, adelantó que el próximo viernes podría definirse al próximo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (Ceeaiv). "Nos reuniremos hoy en la tarde y lo más seguro es que el viernes tengamos un resultado ya, haremos las entrevistas estos días. "Yo respeto al secretario de Gobierno y no tengo ni una sola llamada o mensaje de él en la que me dé algún. 

FUENTE: GOBERNANTES 

ENLACE: https://www.gobernantes.com/memos.php

PERIODISTA ASESINADO EN VERACRUZ: RESULTADO DE LA AUSENCIA DE UN ESTADO GARANTE QUE PERMITE LA IMPUNIDAD.

Periodista asesinado en Veracruz: resultado de la ausencia de un Estado garante que permite la impunidad.

 

Ciudad de México 20 de agosto de 2021.-  El 19 de agosto de 2021, el periodista y locutor de Ori Stereo, Jacinto Romero Flores, fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos en Ixtaczoquitlán, Veracruz. Siendo el quinto periodista asesinado en este año en posible vínculo con su labor.

 

El crimen ocurrió alrededor de las 11:00 horas cuando el comunicador circulaba a bordo de su vehículo a la altura del puente que conecta a la unidad de Potrerillo. Cinco meses antes, en marzo, Romero Flores reportó amenazas en contra de su persona, las cuales se perpetraron vía whatsapp, a raíz de sus publicaciones  sobre abusos de autoridad por elementos de la policía municipal de Texhuacan. Por estos hechos, Romero Flores solicitó apoyo a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) para que aplicaran los mecanismos de protección necesarios para salvaguardar su seguridad, pero hasta la fecha se desconoce si la CEAPP otorgó protección al periodista. 

Fuente: Fotografía que se recibió de una fuente, cuyo nombre se reserva, para uso público de ARTICLE 19

Jacinto era un periodista reconocido en la región con muchos años de experiencia. Además de trabajar en Ori Stereo tenía una página de noticias llamada El enano del tapanco. Cubría información en general con énfasis en periodismo comunitario, pues principalmente informaba sobre los sucesos que pasaban en su localidad. Asimismo, tenía un programa de radio donde ayudaba a la gente que se lo pidiera, incluso llegó a buscar medicinas para quien se lo solicitaba. 

El asesinato de Romero ocurre en un contexto de extrema violencia en el estado de Veracruz, ya que desde el 2000 al 2020, como lo reportó ARTICLE 19 en su informe anual Distorsión: El discurso contra la realidad, 30 periodistas en Veracruz han sido asesiandos por casusas posiblemente vinculadas con su labor periodística. Hasta la fecha no se han esclarecido los hechos para proporcionar justicia ni verdad. Adicionalmente, desde 2018, Veracruz se mantiene entre los diez estados más violentos contra la prensa, según la documentación de esta organización. 

Ante los hechos ocurridos, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato al periodista enfatizando la necesidad de: 

Una investigación exhaustiva que rompa con un ciclo de impunidad, un ciclo que mata y genera temor. Esclarecer este asesinato, y todos los homicidios de periodistas que pagaron con sus vidas el haber informado, es la única manera de garantizar a familiares, amistades, colegas y a la sociedad en su conjunto que la libertad de expresión será garantizada frente a quienes creen tener el poder para decidir lo que debemos decir y lo que podemos escuchar. 

Nos encontramos con un Estado ausente que no brinda las garantías necesarias ni para la prevención ni para la protección del gremio periodístico. En 2020, la tasa de impunidad en delitos contra la libre expresión se ubicó en 98%. La impunidad está presente en Veracruz, en 2020, ARTICLE 19 documentó 52 ataques contra la prensa en la entidad. 

La impunidad en Veracruz es una constante, si bien la administración de Javier Duarte fue una de las más violentas con 18 periodistas asesinados y 4 desaparecidos, generando un ambiente de miedo, esto se sigue reflejando hasta la actualidad. Un ejemplo de ello, además del caso citado, fue en el año 2020, donde presuntos integrantes de la delincuencia organizada asesinaron al reportero y corresponsal del Diario Mundo de Córdoba, Julio Valdivia en Tezonapa, Veracruz. Hacía coberturas sobre enfrentamientos y ejecuciones y documentaba la violencia que se vive entre Oaxaca y Veracruz. Las autoridades encontraron su cuerpo decapitado en unas vías de tren. Así mismo, María Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa y directora del medio Quinto Poder, fue asesinada por dos sujetos desconocidos que le dispararon con un arma de fuego cuando salía de una oficina notarial en Papantla, Veracruz. Ella reportó que había recibido agresiones y amenazas de muerte, como el caso de Romero Flores. 

Con el asesinato de Jacinto se llega a una cifra de 22 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. A casi tres años de su mandato es imperante y urgente que se tomen medidas para evitar que más periodistas sigan siendo asesinadas/os por ejercer su labor. Ante un Estado que omite, que no es garante y que hasta la fecha no es claro en cuanto a las estrategias que tomará para frenar la violencia contra la prensa, esclarecer los crímenes contra la libertad de expresión, establecer medidas de no repetición y combatir la impunidad se hace necesario.

ARTICLE 19 exige: 

A Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, tomar las acciones necesarias para evitar agresiones y violencia hacia la prensa. Así como hacer un reconocimiento público de la importancia del ejercicio periodístico para una sociedad democrática.

A la Fiscalía General del Estado de Veracruz investigar de manera pronta, diligente e imparcial tomando como línea prioritaria de investigación la labor de información que desempeñaba Romero Flores, así como los antecedentes de agresiones contra él.

A la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) dar seguimiento al caso y brindar protección a la familia de la víctima para garantizar una reparación del daño integral

Nota para prensa 

Para más información, favor de escribir a comunicacion@article19.org

ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión.

https://articulo19.org/periodista-asesinado-en-veracruz-resultado-de-la-ausencia-de-un-estado-garante-que-permite-la-impunidad/

FOTO DE RISA DEL ANTICOMUNISMO DEL PAN EN “CARTA/MADRID”. ¡SE ELIMINARÁ LA GRAN PROPIEDAD!

Los anticomunistas serán derrotados

Pedro Echeverría V.

1. ¡Nadie podrá parar el comunismo y la igualdad!, aunque tarde un poquito. ¡La humanidad no puede aguantar más tiempo que unos pocos concentren la gran propiedad, las riquezas, el poder, mientras el 90 por ciento de los pueblos mueren por pobreza, miseria y hambre! El anticomunismo nuevamente se manifiesta con desesperación ante el permanente avance de China, Rusia, India, Irán y hoy Afganistán. ¿Han advertido al fin el derrumbe de los EEUU y su búsqueda desesperada de una nueva estrategia –eso fue Trump, eso es Biden- que no sale, porque el destino del imperio está trazado?

2. En México nunca ha habido, no hay un gobierno de izquierda; el de López Obrador es apenas de Centro, como fue el PRI décadas antes del salinismo, mismo que se colocó en 1982 en la derecha extrema, junto al PAN. Son tan atrasados mentales esos panistas que ven a López Obrador como un comunista; no ven que cuando inevitablemente llegue el comunismo lo único que les va a quedar es correr apresuradamente a rezar en los rincones de sus templos u hogares. Huirán porque los chinos y los rusos vienen muy gruesos; nosotros en México sólo esperamos que los yanquis se rindan, ¿ya lo están haciendo?

3. Ya veré (sonriendo mucho) cómo los Abascal, los viejos cristeros, los creadores del Yunque, los fundadores e hijos del PAN, los multimillonarios, corren a defender sus grandes propiedades. Nosotros, precedidos de una investigación, les diremos que de sus diez residencias y diez fábricas, escojan una de las que más les gusten y las nueve restantes serán repartidas; que no escojan las más grandes porque estarán prohibidos criados o empleados para limpiarlas, las esposas tendrán que trabajar fuera del hogar y los pequeños a las guarderías. O sea, la libertad burguesa tan usada por ricos, se transformará en libertad para todos.

4. ¿En eso consiste la libertad, no? Que todos, toditos, trabajen y que todos, toditos, tengan los ingresos necesarios para vivir; que todos, toditos, tengan dinero para viajar, para divertirse. Que todos tengan hogar, escuelas, centro de salud para toditos, ninguno particular porque no habrá clases sociales. El problema ha sido siempre el dominio imperialista mundial en política, producción y comercio, pero si China sigue dominando como hasta hoy, las relaciones comerciales pueden ser muy directas y claras. ¿Puede alguien imaginarse que sean los mismos obreros, trabajadores o empleados, los que en asambleas decidan?

5. Todo el asunto de la ideología se reduce a la educación. Durante toda la vida nos han dicho que toda la verdad es la que nos enseñan en el hogar, la iglesia, la escuela, la sociedad, la política, sin darnos cuenta que es la misma ideología del poder que consiste en la defensa de la propiedad, en la acumulación de riquezas y privilegios en manos de las mismas familias. El comunismo –por el contrario- aconseja reflexionar críticamente cada pensamiento que nos ha dominado en la vida explicándonos el por qué. Por ello cuando veo las caritas desesperadas de los panista, sólo me da mucha risa, esperando que el comunismo los coja inconfesados. (3/IX/21)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

HERENCIAS, IMPUESTOS Y PODER

 Fuentes: Rebelión - Imagen: "El presidente", (1967), Osvaldo Guayasamín.

En América Latina, la herencia, como institución que permite la transferencia de bienes de una generación a otra, ha merecido estudios desde el campo jurídico más que desde la sociología política o la historia económica.

Se la ha tratado como un asunto relativo a la familia y el patrimonio. Por causa de muerte, los herederos, definidos por la ley, pueden recibir aquel patrimonio que durante su vida generó el causante. Cada legislación crea las condiciones en que tal transmisión ocurre. Y el tema, que tiene sus complejidades en el campo jurídico, se vuelve incluso de enorme significación cuando hay “problemas de herencia”. De todo ello existen materiales vírgenes por investigar en las notarías y en los juicios, porque tanto los procesos como las sentencias proporcionan luces para entender la evolución de los sistemas de herencia. Los registros municipales de la propiedad también son fuentes a través de las que se puede rastrear el movimiento de los bienes inmuebles. Pero la tradición del derecho no ha avanzado a la perspectiva económica y social, que conviene examinar.

De manera general, el punto de partida es la época colonial, pues con ella se inició la apropiación privada de bienes y la acumulación de patrimonios entre las elites de la clase criolla. Las riquezas familiares, sobre todo cuando se trataba de tierras y concertajes de indios (derivados de las antiguas encomiendas), fueron celosamente garantizadas entre los propietarios y transmitidas a los hijos. Ello dio origen al mayorazgo, una institución en virtud de la cual los bienes del causante (padre) eran heredados exclusivamente por el hijo mayor, aún si existían otros varones en la familia y, además estaban excluidas las mujeres. Esta norma se rompía cuando el causante ordenaba otra sucesión, lo que resultaba un asunto excepcional. Los otros hijos, en una familia ampliada, nada recibían y si no forjaban su propia carrera como militares, sacerdotes o abogados, quedaban dependientes del mayor, mientras las mujeres, casi condenadas a la vida doméstica, también podían vivir o servir al hermano mayor, casarse, una vez otorgada una buena dote, o dedicarse al servicio religioso. Así fue el sistema que permitió preservar en la “nobleza” a familias que no solo transmitieron bienes (particularmente haciendas y estancias), sino la dominación social y la indudable influencia política.

A pesar de las independencias y la inmediata formación de las repúblicas latinoamericanas, el mayorazgo subsistió por décadas y normalmente fue abolido por las conquistas liberales y la implantación de los códigos civiles, que se generalizaron a partir del Código Civil chileno, expedido en 1855, y que fuera preparado por el célebre intelectual venezolano/chileno Andrés Bello (1781-1865), sobre la base del Código napoleónico francés. Pero la tradición cultural se había impuesto, de modo que en pleno siglo XX todavía los valores terratenientes se conservaban entre familias conservadoras.

A consecuencia de los gobiernos liberales, que impulsaron transformaciones decisivas para superar las tradicionales sociedades conservadoras latinoamericanas, se generalizaron los derechos individuales, se promovió la igualdad jurídica de las mujeres y fueron reformados los sistemas de herencias, legados y donaciones. Eso no impide observar que, durante la vida republicana, la riqueza sobre patrimonios heredables, se originó en múltiples procesos de acumulación privada, ampliamente estudiados por la ciencia social latinoamericana, en los que siempre está presente la apropiación del valor socialmente creado. Las herencias, en todo tiempo, han reforzado la transmisión de poderes económicos.

La necesidad de construir economías que transformen las realidades del capitalismo, determinó que, durante el siglo XX, se impongan sistemas de impuestos a las herencias. Siempre fueron tibios y muy bajos, así es que las capas ricas podían eludirlos. Sin embargo, en la América Latina contemporánea, ante la agudización del conflicto social entre dos modelos de economía, el empresarial-neoliberal, de una parte y el de economía social, de otra, el enfoque sobre las herencias se ha modificado radicalmente. Las elites del poder económico y los gobiernos que las representan, buscan debilitar los impuestos directos y reaccionan contra los intentos por radicalizar el impuesto sobre las herencias, que consideran una confiscación a los patrimonios familiares supuestamente construidos por antecesores visionarios y emprendedores. En cambio, los sectores y gobiernos que se identifican con las economías sociales, han afirmado posiciones en torno a la necesidad de imponer mayores y más fuertes impuestos directos y, sin duda, aplicarlos a las herencias.

Desde las perspectivas teóricas, trabajos como El Capital en el Siglo XXI (2013), del economista francés Thomas Piketty, han ocasionado un revuelo mundial. Piketty demostró cómo se ha reconcentrado la riqueza en el mundo (en el 1% de la población), al mismo tiempo que ha destacado la redistribución que puede lograrse con los impuestos y específicamente hace referencia al de herencias. En América Latina existen múltiples estudios de la CEPAL, incluso anteriores al de Piketty, que han comprobado la abismal concentración de la riqueza que distingue a la región e igualmente plantean el avance a un nuevo modelo de desarrollo que considere el fortalecimiento de las capacidades estatales y la acción redistributiva de los impuestos directos, entre los que se ubica el de herencias, que solo afecta a los segmentos altos de las sociedades latinoamericanas.

Un cuadro completo del impuesto a las herencias en América Latina podría ayudar a comprender el problema. Adicionalmente debe considerarse que el desempleo y la informalidad bordean el 60%, de modo que las herencias se vinculan a la posesión de patrimonios con alguna significación. Y la pandemia del Covid-2019 aumentó el número de pobres en la región (22 millones más solo en el año 2020) al mismo tiempo que, paradójicamente, crecieron los multimillonarios y aumentaron las ganancias en diversos sectores (en Ecuador, la banca y otros servicios). Sin embargo, los ricos latinoamericanos apenas pagan una tasa de impuestos que promedia el 5.6% (CEPAL), aunque en varios países desciende hasta el 1% (https://bit.ly/2VlDmJi) Estamos lejos de lo que ocurre en Europa e incluso en los EEUU. En Japón el impuesto sobre herencias alcanza el 55%. Y en América Latina se ha vuelto imposible que los ricos y los grandes empresarios comprendan la necesidad de los impuestos para que los Estados cuenten con recursos para afirmar los servicios básicos a todos los ciudadanos.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que suprimirá el impuesto a las herencias. Argumentó que “No genera nada para el Estado” (es bajo, ciertamente, pero se recaudaron 30 millones de dólares entre enero y julio de 2021) y agregó: “El más modesto de los ecuatorianos es dueño de un terrenito, es dueño de una casa, es dueño de un barco pesquero, es dueño de una finca. ¿Y qué es lo que quiere? que el esfuerzo de su vida llegue a sus hijos, no al Estado” (https://bit.ly/3yJMDsj). Sin embargo, de acuerdo con las informaciones públicas del Servicio de Rentas Internas (SRI), se aplica una tabla para el cobro del impuesto (2020) a las herencias, legados y donaciones (https://bit.ly/3kSJ7H1), según la cual, nada se paga si se recibe menos de US$ 72.090,01; y va subiendo el impuesto desde el 5% hasta el 35% que se paga al recibirse desde US$ 865.113,01 en adelante. Es evidente que el impuesto a las herencias no afecta a los sectores populares. En cambio, queda muy claro quiénes se benefician con la supresión del impuesto a las herencias en Ecuador.

Blog del autor: Historia y Presente:  www.historiaypresente.com

https://rebelion.org/herencias-impuestos-y-poder/

DOS MESES DE IMPUNIDAD

TEXTO IRREVERENTE

FUENTE: NOTIVER

3 SEPTIEMBRE, 2021

Por Andrés Timoteo

Ayer se cumplieron dos meses de la ejecución extrajudicial de los niños Eduardo y Jonathan en la comunidad La Patrona de Amatlán de los Reyes y a pesar de los reclamos de justicia de parte de familiares, vecinos y organizaciones civiles nada ha hecho la Fiscalía General para llevar a juicio a los policías estatales responsables, aun cuando fue un asesinato demasiado burdo y a vista de todos.

Los agentes de la llamada Fuerza Civil ingresaron violentamente al domicilio de uno de los tíos, mataron a los dos pequeños y manipularon los cadáveres para simular un escenario diferente que justificara el crimen. El gobierno estatal difundió la versión falsa de que los niños fueron ‘víctimas colaterales’ al quedar en medio del fuego cruzado durante la persecución de un grupo delictivo, algo que nunca sucedió.

Las Patronas, la prestigiada organización de mujeres altruistas que ayudan a los migrantes que van de paso, emitieron una denuncia pública dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernante estatal, Cuitláhuac García, acusando que fue una ejecución extrajudicial, además de que la policía estatal ingresó al poblado para allanar domicilios sin órdenes judiciales y ejerciendo violencia contra los lugareños.

“No hubo tal persecución ni enfrentamiento con ningún grupo delictivo, también nos manifestamos ante la omisión y ausencia de todos los niveles de gobiernos. Exigimos una respuesta seria y congruente de parte de las autoridades y principalmente justicia para Jonathan y Eduardo. No queremos más inseguridad, queremos que nos regresen la paz a nuestras comunidades y una investigación pronta y expedita”, exigieron Las Patronas. Pero nunca hubo respuesta y todo sigue en el limbo.

La fiscal Verónica Hernández inició una investigación por la presión mediática pero ésta se encuentra archivada. Ni un solo policía ha sido llamado a declarar y todo el aparato judicial está alineado para darles impunidad. Tanto es el afán para protegerlos que el propio neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública, acaba de declarar que no hay ningún expediente de investigación sobre sus policías ni mucho menos recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el caso de Amatlán de los Reyes.

Aseguró que las recomendaciones giradas por el ombudsman local son por “casos del pasado”. De ese tamaño es el descaro del tipo que presume sin pudor la impunidad para sus agentes. Y, efectivamente, la titular de la CEDH, la duartista Namiko Matzumoto se ha negado a documentar el caso de Eduardo y Jonathan al igual que la fiscala Hernández Giadáns. Es una complicidad en cadena para encubrir ese crimen de lesa humanidad.

FUENTE: NOTIVER

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-125/

¡DICE LILY TELLEZ QUE FUE A TITULO PERSONAL!

¡¡¡Dice Lily Téllez que firmó la “carta de Madrid” “a título personal” en un evento organizado en el senado por el PAN, no bueno!!! 

Dice que firmó, porque está en contra de los extremismos, el racismo, la homofobia y el antisemitismo. 

Tendrá que buscar otra excusa porque con quién firmó la carta, es precisamente eso, extremistas, homofóbicos y racistas, ni modo que no supiera quienes son los enfermos de VOX.

La senadora Lilly Téllez aceptó haber firmado la “Carta Madrid” promovida por el partido español de ultraderecha VOX, cuyo representante se reunió ayer con integrantes del Partido Acción Nacional (PAN). 

Cabe recordar que este encuentro generó gran polémica, pues las posturas del organismo político europeo son cada vez más rechazadas tanto en su país con en el mundo. 

Ante esto algunos integrantes del PAN criticaron la “alianza” de senadores con VOX, pues lo vieron como un retroceso y un acto que alimenta el discurso polarizador del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

Por su parte, Lilly Téllez defendió el acontecimiento; no obstante, de forma contradictora, la expresentadora de noticias dijo detestar los extremismos. 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210903/fue-a-titulo-personal-lilly-tellez-defiende-encuentro-con-lider-del-partido-ultraderechista-vox/amp/

SILENCIO ELOCUENTE

TEXTO IRREVERENTE

3 SEPTIEMBRE, 2021

Por Andrés Timoteo

Hablando de la Fiscalía General, ésta igualmente se ha mantenido silenciosa ante los asesinatos de GRODETZ RÍOS ANDRADE Y JOSÉ ESCAMILLA AGUILERA, quienes eran cercanos al alcalde electo de Córdoba, Juan Martínez Flores, y que formarían parte de su equipo en el ayuntamiento, el primero ocuparía una dirección y el segundo sería regidor. También están callados todos en el organigrama estatal, incluido el gobernante García Jiménez tan asiduo a prometer justicia cuando ocurren asesinatos de políticos.

Tuvo que pasar una semana del primer asesinato, el de Ríos Andrade, para que a duras penas y a insistencia de los reporteros el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros afirmara escuetamente: “vamos a dar con los responsables como en todos los casos (sic)”. Obvio eso mueve a la risa, pero también a la duda pues Cisneros agregó que no sucederá “como en el pasado cuando se buscaba una persona y se generaban culpables (otro sic)”. Al parecer el subconsciente lo traicionó porque habla de ‘chivos expiatorios’ y ‘fabricación de culpables’ cuando la pregunta iba en otro sentido.

El rústico funcionario de plano deslizó lo que harán en los casos de Ríos Andrade y Escamilla Aguilera. No dijo más, solo pidió “no especular”, lo que también es indicativo. ¿Por qué el silencio oficial y la reticencia para tocar el tema? Los observadores y bien enterados afirman que es para no ‘batir’ más el mensaje del crimen organizado sobre la próxima administración municipal de Córdoba y también porque el alcalde electo, Martínez Flores no es del agrado ni del gobernante García Jiménez ni de la corriente morenista que representa.

Es más, es conocido su enfrentamiento con el favorito de palacio, el titular de la Secretaría de Educación, Zenyazen Escobar y el distanciamiento con el delegado partidista que respalda la administración estatal, Esteban Ramírez Zepeta. Por eso han dejado solo a Martínez Flores tanto en la investigación judicial por ambos crímenes como en la protección ante el embate de la delincuencia organizada al ayuntamiento que presidirá. Vaya, la tirria que le tienen llega a tal grado que ni siquiera el pésame le dieron. El silencio del cuitlahuismo es elocuente.

MENTES CRIMINALES

Y una más para cerrar el tema de la violencia del crimen organizado y el silencio o complicidad del aparato estatal – y a reserva de retomar el tema en otro texto pues su gravedad lo amerita-. En días pasados, el colectivo “Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas”, reveló que en las fosas clandestinas del predio “La Guapota” en el municipio de Úrsulo Galván se localizaron alrededor de 25 casquillos de bala junto a los restos humanos. Son, por supuesto, pruebas forenses del o las armas usadas para esos homicidios.

Lo preocupante, dicen algunas fuentes del ministerio público, es que el personal legista adrede hizo perdidizas muchas otras vainas de proyectil pues al revisarlas científicamente podría corroborarse que habrían provenido de pistolas al servicio de la policía estatal, ya sea en tiempos del duartismo cuando la encabezaba Arturo Bermúdez Zurita -el actual ‘héroe’ del cuitlahuismo- o en esta gestión de Gutiérrez Maldonado. Sea una cosa u otra, todo indica que hay la orden de atajar y desaparecer cualquier evidencia que confirme la colusión o responsabilidad directa de agentes estatales en los asesinatos de quienes terminaron en las fosas de “La Guapota”. Una historia digna de la serie televisiva “Mentes criminales”.

*Envoyé depuis Paris, France.

FUENTE: NOTIVER

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-125/