TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
9 junio 2025
Todos los que se oponen a la permanencia del setentero
ideológico Martín Aguilar Sánchez en la rectoría de la Universidad Veracruzana
(UV) invocan el candado legal de haber rebasado los 65 años de edad para
aspirar al cargo.
Cierto, es el impedimento normativo más visible -desde
el 2023 Aguilar cobra su pensión "65 y más"-, pero hay otro delito
grave en el que incurren tanto él como los integrantes de la Junta de Gobierno:
usurpación de funciones de Estado que se castiga hasta con seis años de cárcel
según el artículo 250 de Código Penal Federal.
Ellos cometen esa violación legal con la chicanada
para mantener al minanteco en la rectoría interpretando la Ley Orgánica a
contentillo a pesar de que no tienen la facultad para hacerlo.
Buscan justificar la artimaña alegando que la
normatividad establece que "el rector durará en su cargo cuatro años,
periodo que podrá prorrogarse una sola vez".
A la palabra "prórroga" la quieren equiparar
con reelección por decreto y mero trámite burocrático sin emitir la
convocatoria requerida legalmente ni permitir la democracia al excluir 'a
priori' a los otros aspirantes al mismo cargo.
Quieren instituir un 'maximato' interpretando la ley,
algo que no pueden hacer y con ello incurren en usurpación de funciones del
Estado.
La Constitución Política dicta que los únicos que
tienen la potestad para interpretar las leyes -de todo tipo: federales,
estatales y municipales, e instituciones autónomas como la UV- son los que
forman parte del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Esa facultad se llama jurisprudencia que en derecho se
define como el mecanismo a través del cual los órganos del PJF emiten los
criterios sobre la interpretación, integración y aplicación de las normas y
principios jurídicos que son de observancia obligatoria para los tribunales
federales y locales.
¿Y cuáles son esos órganos autorizados para emitir
jurisprudencia? El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), las Salas de ese mismo alto tribunal, los Tribunales Colegiados
de Circuito y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF)
Y paren de contar. La Junta de Gobierno de la UV no
tiene la autorización para interpretar la Ley Orgánica. Sus nueve integrantes
-Juan Manuel Pino, el presidente y Diana Folger Pérez, secretaria, y los otros
Ernesto Insuza, María Angélica Buendía, José Franco, Adela Monreal, Alan
Morgado, Héctor Vázquez y Haydee Zizumbo- no pueden darle un sentido a la
palabra "prórroga" para conveniencia de su titiritero Martín Aguilar.
Esa recua de oficinistas no son jueces ni magistrados
ni ministros del Poder Judicial y, por lo tanto, tampoco pueden sentar
jurisprudencia.
Son vulgares usurpadores a los que hay que marcarles
el alto.
Están cometiendo un delito y deben ser denunciados
penalmente.
CONSULTA AMAÑADA
Todos los de la comunidad universitaria -alumnos,
maestros, investigadores, trabajadores administrativos y egresados- que se
sientan agraviados pueden interponer la denuncia penal correspondiente contra
ellos.
Esto junto con un amparo contra la pretensión para
violar la norma del límite de edad contenida en el artículo 37 de la Ley
Orgánica de la institución.
Y, en su caso, la verdadera interpretación de la
citada norma recaerá en los tribunales de circuito o la misma SCJN.
Al cochinero de la prórroga ilegal estos pillos
intentan disfrazarlo con una consulta pública entre la comunidad universitaria
tan chueca como ellos ya que para participar en la misma se tiene que
proporcionar datos personales y académicos.
Esto para tener el registro y luego perseguir a los
voten contra la permanencia del setentero rector.
La consulta viciada inicia mañana martes y después
dirán que fue el 'pueblo bueno' el que decidió que Aguilar se eternice
espuriamente. Y hasta son capaces de gritar, muy al estilo 'cuatrotero': ¡Por
el bien de todos, primero Martinzuelo! Risas.
Si el exgobernador Javier Duarte se robó el dinero de
la UV, Aguilar Sánchez se quiere robar la rectoría y la democracia interna.
Todos los universitarios tienen el deber de pararlo en
los tribunales y en las calles.
Para hoy está convocada una movilización en Jalapa
contra esa chicanada, ojalá sea masiva y se reproduzca en todos los campus de
la entidad.
LA MANO DE HUERTA
Por cierto, el documentado periodista Raymundo Jiménez
informa en su columna "Al pie de la letra" que el senador morenista
Manuel Huerta tiene toda la mano metida en la UV. ( https://goo.su/pnZZK ).
Al menos seis de los nueve integrantes de la Junta de
Gobierno -Pinos Rodríguez, Franco López, Isunza Vera, Vázquez Leal, Folger
Pérez y Monreal Gómez- forman parte de una cofradía liderada por él y Aguilar
Sánchez.
Todos trafican con influencias y cargos académicos sin
ningún recato.
Estos tipos son cochinos y además trompudos.
Otras fuentes señalan que Huerta a través de una
personera fue el que llevó a Aguilar con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del
entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacerlo rector en el
2021.
Ahora también estaría 'meciendo la cuna' a fin de que
el rectorzuelo se quede a la mala.
Envoyé depuis Paris, France.
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