JAVIER DUARTE DE OCHOA TIENE QUE PAGAR INFINITAMENTE MÁS QUE LOS MILES
DE MILLONES DE PESOS ROBADOS AL PUEBLO
ASESINATOS, DESAPARICIONES,
IMPUNIDAD…
XALAPA,
Ver. (Apro).- Más allá de los desfalcos y la desmesura de los abusos en los que
incurrieron él y su familia, el sexenio de Javier Duarte de Ochoa está marcado
por el sello indeleble de la violencia, los asesinatos, los secuestros, las
desapariciones y las fosas comunes en una entidad cogobernada por políticos y
criminales donde se pierde la frontera que distingue a unos de otros.
El
admirador del dictador español Francisco Franco; el mandatario que solía huir
de las madres con hijos desaparecidos que buscaban confrontarlo; el autoritario
que quería imponer por mandato una realidad virtual en Veracruz, como cuando
presumió que los únicos delitos en el estado eran robos a los Oxxo; el que
llevó a esta entidad a la quiebra; el que con dinero público movía a la prensa
oficialista, que lo premió como prócer de la libertad de expresión aun cuando
la entidad es conocida en el mundo por ser cementerio de periodistas, tiene que
pagar infinitamente más que los miles de millones de pesos robados al pueblo.
Hasta
ahora, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) ha sido omisa
en aludir a esa otra parte de la historia negra del sexenio duartista.
Mientras
en una cárcel de máxima seguridad en Guatemala Duarte aguardaba la solicitud
formal de extradición del gobierno mexicano, que la presentó el viernes 21 a
las 15:49 horas, en Veracruz –estado que gobernó del 1 de diciembre de 2010 al
12 de octubre de 2016– los familiares de desaparecidos y de reporteros
asesinados, además de otros periodistas y políticos de oposición, exigían que
el exmandatario rindiera cuentas sobre la ola de terror que él y su gabinete de
seguridad pública y procuración de justicia sembraron durante su sexenio.
Diecinueve
periodistas de medios estatales fueron asesinados bajo su gobierno. Tres
reporteros (Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, Anabel Salazar, de El Buen
Tono, y Armando Saldaña, de la Ke Buena) perdieron la vida en otras entidades
pero trabajaron en el estado, y tres comunicadores más fueron desaparecidos,
consigna la organización civil Reporteros sin Fronteras (RSF) en su último
reporte extraordinario sobre Veracruz.
En
la nueva administración de Jorge Winckler Ortiz, la Fiscalía General del Estado
(FGE) consignó dos mil 345 carpetas de investigación abiertas por desaparición
de personas, pese a que Luis Ángel Bravo —el anterior fiscal, afín a Duarte—
únicamente reconocía 950 casos y los de 119 personas reportadas como
desaparecidas y "encontradas sin vida” en la entidad, entre 2011 y 2015.
En
el oficio FGE/UAI/556/2015, que responde a la solicitud 00371915 de información
a Infomex-Veracruz, también se consignó que 699 de las personas desaparecidas
eran jóvenes de entre 17 y 27 años.
Una
pieza clave en el organigrama del gobierno de Duarte era Arturo Bermúdez
Zurita, El Capitán Tormenta, secretario de Seguridad Pública que actualmente
cumple prisión preventiva de un año, acusado de enriquecimiento ilícito, abuso
de autoridad y tráfico de influencias, así como de haber incrementado su
patrimonio en 64 millones 733 mil pesos, según la carpeta de investigación
FGE/FIM//CI/068/2017/XII, a la que tuvo acceso el reportero.
CIFRAS
DE LA MUERTE
En
Veracruz se concentra el mayor número de casos de ese delito atraídos por la
PGR, con 17% (183 denuncias), por encima de Tamaulipas (173) y de Guerrero
(92), como se resume en el oficio SJAI/DGAJ/01491/2016 de la dependencia
federal, obtenido asimismo en la plataforma Infomex. En esa estadística se
entiende que dichas desapariciones forzadas fueron presuntamente cometidas por
alguna autoridad y en la mayoría de los casos se señaló a elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Durante
el gobierno de Duarte y hasta hoy, Veracruz ha sido el campo de batalla de Los
Zetas, Gente Nueva, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de
Sinaloa y Los Ántrax. En sólo cinco de los seis años de esa administración, la
espiral de violencia causó 7 mil 291 muertes violentas.
Por
separado y mediante un cuestionario escrito, el actual fiscal general Jorge
Winckler puntualiza que en el sexenio de Duarte se localizaron 43 fosas
clandestinas en otros tantos municipios, sin contar los dos grandes
narcocementerios de Arbolillo, en Alvarado, y de Colinas de Santa Fe, en el
puerto de Veracruz, de donde se han exhumado "hasta el momento” más de 300
cráneos y 17 mil restos óseos.
El
mapeo de dichas fosas, elaborado por la actual administración de la FGE,
muestra que el crimen organizado utilizaba como cementerios clandestinos
regiones como el Totonacapan, la Huasteca, los Tuxtlas, la región olmeca y las
periferias de las grandes ciudades.
En
el narcocementerio de Santa Fe, a un costado del recinto portuario, se han
extraído más de 250 cráneos y 17 mil restos óseos, pero únicamente se ha
conseguido identificar a dos víctimas: Pedro Huesca Barrada, quien fue fiscal
investigador especializado adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de
Marina-Armada de México en el Operativo Veracruz Seguro, y su oficial
secretario, Gerardo Montiel Estrada.
NI
VERDAD NI JUSTICIA
"Hay
una deuda de sangre con los informadores de Veracruz”, señala Ana Laura Pérez
Mendoza, presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a
Periodistas (CEAPP) de Veracruz, quien considera que el sexenio de Duarte
"dejó la puerta abierta” para que "cualquier gente” del crimen
organizado o del Estado atente contra los reporteros.
El
28 de abril se cumplen cinco años del asesinato de Regina Martínez Pérez,
corresponsal de Proceso en Veracruz, que continúa impune. Por ese crimen sólo
está en prisión Jorge Hernández, El Silva, un enfermo de VIH que difícilmente
cumplirá los 38 años de su sentencia. El otro presunto asesino, José Antonio
Hernández Domínguez, El Jarocho, sigue prófugo.
"No
se otorgó justicia en el caso de Regina ni en muchos otros. El sentimiento es
de mucha frustración. Cada vez que no se castiga a los culpables es dejar la
puerta abierta para que cualquier persona pueda agredirnos. Hoy más que nunca
es necesario abrir, reabrir los expedientes. Ahora es mucho más difícil porque
hay pruebas que se han perdido desde el inicio; en muchas ocasiones la cadena
de custodia no se respetó”, señala Pérez Mendoza.
En
vísperas de su quinto aniversario luctuoso, los corresponsales de Proceso en el
país han preparado un video multimedia en el que exigen desde cada una de sus
plazas justicia para la "querida Regina” y no más impunidad en su
asesinato ni en el de otros periodistas.
La
"deuda de sangre” a la que se refiere la titular de la CEAPP se acumuló
con las muertes de Noel López Olguín, de Noticias de Acayucan; Miguel Ángel
López Velasco, Misael López Solana, Gabriel Huge y Yolanda Ordaz, de Notiver;
Guillermo Luna Varela, de Veracruz News; Esteban Rodríguez, del Diario AZ;
Víctor Manuel Báez Chino, de Milenio; Gregorio Jiménez de la Cruz, de Liberal
del Sur; Moisés Sánchez Cerezo, editor de La Unión; Juan Mendoza,
fotoperiodista de El Dictamen; Armando Saldaña, locutor de La Ke Buena; Juan
Santos Cabrera, excorresponsal de Televisa en Orizaba; Anabel Flores,
colaboradora de El Buen Tono y El Sol de Orizaba; así como el de Regina
Martínez y Rubén Espinosa, de Proceso.
LA
LUCHA DE SOLECITO
Lucy
Díaz busca a su hijo Guillermo Lagunes, quien desapareció en 2013. Es vocera
del Colectivo Solecito, una organización mayoritariamente integrada por mujeres
que busca a sus desaparecidos por todo Veracruz. Dice que con la aprehensión de
Duarte se inicia otra lucha de Solecito:
"El
colectivo exige que el exgobernador sea procesado por desaparición forzada. Si
bien es importante que pague los delitos patrimoniales y de peculado, es
indispensable que se haga justicia a las decenas de miles de desaparecidos en
Veracruz.”
Con
más de dos mil 400 carpetas de investigación abiertas por desapariciones en la
entidad, Solecito está atento a que la detención de Duarte no sea sólo una
"venganza partidista o para el golpe mediático”. Los activistas desconfían
de las autoridades.
También
es importante para ese y otros colectivos que Duarte sea "juzgado en
Veracruz”, donde cometió sus delitos y omisiones como gobernante, además de
que, a decir de Díaz, "es inaceptable que el exgobernador goce del
privilegio de estar aislado de sus víctimas; es necesario que el escarnio sea
parte de su condena.”
Hasta
ahora la justicia de Veracruz requiere a Duarte por probable abuso de
autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y
coalición, según consta en la causa penal 56/2017 y 38/2017.
Pero
en este y otros muchísimos casos la PGR se desempeña como una garante de la
impunidad, aun cuando Duarte tenga una inmensa "deuda de sangre” con el
pueblo veracruzano y con la sociedad mexicana toda.
