María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM; maestra y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la University of Cambridge, King's College; catedrática e investigadora del Departamento de Estudios Políticos del CIDE; columnista en el diario Reforma; miembro de los comités editoriales de la revista Nexos y el Fondo de Cultura Económica, y colaboradora en espacios de análisis como el programa Primer Plano de Once TV México.
¿Usted creía que había ideología?, ¿Qué la política se trataba de principios y programas?, ¿Qué hay enemigos jurados y rencores insuperables? Nada de eso. En las 14 elecciones locales que ya entraron en su fase de campaña hay todo tipo de alianzas partidarias. Algunas previsibles y a las que ya estamos acostumbrados como las del PRI-PVEM en 13 de las 14 entidades y otras muy extrañas como la del PRI-PT-PRD en Parral, Chihuahua.
Pero en unas elecciones en las que se elegirán 441 diputados locales, 931 alcaldías y 1 gobernador hay todas las combinaciones que usted pueda imaginar: desde un partido como el PT que aparece haciendo alianza con TODOS los partidos grandes (PRI, PAN y PRD) hasta los el de TODOS los partidos contra el PAN.
La única regularidad –con algunas pocas excepciones que confirman la regla- es que la llamada chiquillada formada por los 4 partidos pequeños o emergentes no va sola al baile electoral.
A un observador extranjero que no conociera nuestro sistema le costaría trabajo entender el por qué de algunos fenómenos electorales en México. Por qué pasan los años y no se consolidan y crecen los partidos pequeños; por qué no se afianzan y mantienen las alianzas partidarias; por qué los partidos no se agrupan con base al espectro político-partidario. Pero a nosotros no nos costaría tanto trabajo dar una explicación.
La clave está en el muy generoso sistema de prerrogativas –léase recursos públicos- para que los partidos contiendan. Mantener el registro es un negocio jugoso y perderlo sale muy caro. A los partidos chicos se les asignaran en este año más de 1,100 millones de pesos. Si alguno de ellos perdiera el registro por no obtener el 2% se quedaría sin esos recursos. Y no solo eso. Al no hacer alianzas electorales podrían quedarse sin participación en los congresos locales y consecuentemente quedarían privados de las también jugosas prerrogativas. Y aún hay más: su participación en las alianzas les permite acceder a cargos de gobierno ya sea en los gobiernos locales (Baja California) o en los cabildos. Total, negocio redondo.
Ahora que tanto se habla de una nueva reforma electoral y de la uniformización u homologación de las leyes electorales bien podrían empezar por obligar a las legislaciones locales a que los votos emitidos para una alianza se le contabilicen a un solo partido y a prohibir, como ocurre a nivel nacional, la llamada cláusula de la vida eterna en la que, a través de convenios de coalición se predetermina el porcentaje de votos que se asignará a cada partido. Así, al menos sabremos la fuerza real de la chiquillada.
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