Ciudad de
México, 8 de junio (SinEmbargo).- El 2 de diciembre de 2012, el Presidente
Enrique Peña Nieto, las principales fuerzas políticas del país y los
gobernadores firmaron el llamado Pacto por México, integrado por 95
compromisos, cinco reformas constitucionales, 11 nuevas leyes y ocho cambios de
ley, como la competencia en refinerías, fin de los monopolios y los privilegios
fiscales, la autonomía del DF, el rebase de topes de campaña como nulidad de
triunfos, control de deuda de los estados y hasta cambiar la toma de protesta
presidencial al 15 de septiembre.
El objetivo de
este acuerdo era buscar que todas las reformas que buscara emprender el
Ejecutivo entrante fuera avaladas y consensuadas con las distintas fuerzas
políticas a fin de que no enfrentaran tropiezos a la hora de su aprobación en
el Legislativo. Meses después y ante la cercanía de elecciones locales en 14
entidades del país, algunos estados decidieron “tropicalizar” el pacto y
lanzar versiones locales, que al igual que el emprendido a nivel federal, no
han estado libres de cuestionamientos y acusaciones de la oposición hacia el
gobierno de negociar a sus espaldas los acuerdos.
VERACRUZ Y EL
ESCÁNDALO DE LA SEDESOL
El 21 de mayo,
representantes de nueve partidos políticos signaron con el gobernador Javier
Duarte de Ochoa, en llamado Pacto Por Veracruz, un acuerdo político previo al
inicio oficial de las campañas electorales en que se renovarán 212 alcaldías y
50 diputaciones locales. La firma del Acuerdo para la Instalación de la
Comisión Plural Estatal de Preservación del Entorno Político de Equidad en la
Competencia Electoral en Veracruz como se llama el documento, según se
explicó, respondió al llamado del Presidente Enrique Peña Nieto, de asegurar
un entorno de confianza y certeza a la población.
En el
documento se ratificaba la restricción de entrega de apoyos de programas
sociales 45 días antes de la elección del 7 de julio; suspensión temporal de
altas y bajas en los padrones de beneficiarios; transparencia de dichos
padrones, el establecimiento de una contraloría ciudadana que vigilará el uso
de apoyos.
El anuncio se
dio semanas después de que panistas acusarán que se estaba tejiendo una red
electoral a través de la Secretaría de Desarrollo Social para favores al
Partido Revolucionario Institucional durante las próximas elecciones y que
involucraba a la titular de la dependencia a nivel federal, Rosario Robles
Berlanga y al delegado estatal, Ranulfo Márquez Hernández. El 18 de abril,
Robles anunció el despido de los siguientes funcionarios de la dependencia en
la entidad: Felipe Sosa Hernández, coordinador operativo de Sedesol; César
Mendoza, jefe de zona; Raúl Molina, jefe de zona; Graciela Tejeda, enlace
operativo de 65 y Más; Jesús Balbuena Buenrostro, Oportunidades y Mariano
Molina, supervisor de Oportunidades. Días después también fue removido del
cargo el delegado estatal de la dependencia.
Tras la firma
de acuerdo, los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la
Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza
(Panal), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Partido
del Trabajo (PT), Alternativa Veracruzana (AV) y Partido Cardenista,
coincidieron en que se trataba de un documento de buena fe que se signaban por
el bien de los veracruzanos.
Sin embargo,
días después, Fidel Robles Guadarrama, comisionado político nacional del
Partido del Trabajo (PT) en la entidad, criticó la falta de voluntad política
del gobierno y del PRI para conducirse con rectitud y transparencia, lo que
obligaría a abandonar el pacto, “debido a que solo es puro discurso falso, pues
en los hechos hacen todo lo contrario”. Acusó al el uso excesivo de los
recursos públicos en las precampañas, en Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, lo
que rompía con el principio de la equidad e imparcialidad, entonces tampoco se
puede hablar de transparencia. Según cálculos del líder petista, el PRI en su
precampaña ha gastado de 4 a 5 millones de pesos, “para la compra y coacción
al voto, entonces no hay respecto al pacto y tampoco cumplimiento a los
acuerdos, eso obligaría al PT a abandonar ese dichoso pacto que no
representas nada y tampoco significa nada”, dijo. También denunció presuntas
irregularidades en la inscripción de aproximadamente 80 mil personas en el
Registro Federal de Electores (RFE).
GUANAJUATO:
¿CUÁL PACTO?
El 4 de junio
pasado, en Guanajuato, la junta de Gobierno y Coordinación Política del
Legislativo, convocó a dirigentes estatales y coordinadores de grupos parlamentarios
en el Congreso del Estado, así como al secretario de Gobierno, Salvador García,
como representante del Gobierno del Estado para firmar el llamado “Pacto por
Guanajuato”. No obstante, la firma del acuerdo quedó en veremos, ante la
ausencia de los representantes del Partido Acción Nacional, quienes
argumentaron “cuestiones de agenda”. A la cita sólo acudieron Javier Contreras
como dirigente estatal y coordinador de diputados del PRI; Georgina Miranda y
Hugo Estefanía, del PRD; Marco Antonio Miranda y Roberto del Ángel de nueva
Alianza, así como Carlos Chacón y Sergio Contreras por el partido verde.
El Gobernador,
el también panista Miguel Márquez, aseveró que hubo cosas más importantes que
atender que la reunión realizada por los partidos de oposición el y dijo
desconocer completamente el llamado Pacto por Guanajuato. Cuestionado por los
medios sobre si no era necesaria la presencia al menos del Secretario de
Gobierno, Antonio Salvador García López, en de su papel como mediador político
dentro de la administración estatal, sólo expresó: “No, hay más cosas
importantes que atender”.
La
ausencia del PAN durante estas reuniones frena una reforma política local, a
decir de los representantes del resto de los partidos. El coordinador de la
bancada del PAN y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en
el Congreso Local, Juventino López Ayala, justificó su inasistencia y la de su
líder estatal de partido a la reunión con los partidos políticos opositores al
blanquiazul; “no podíamos asistir teníamos otros pendientes”. López Ayala
aclaró que la bancada del PAN en el Congreso Local no ira por un Pacto por
Guanajuato; “no hay tal pacto, esto por algunas situaciones propias y en
consenso con el grupo, no podremos, tenemos que analizar antes”.
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