Veracruz es el estado donde más puestos de elección popular se renuevan en la jornada del próximo 7 de julio y su proceso electoral es uno de los que han resultado más controversiales de los 14 estados que celebrarán comicios locales este año.
El escándalo se dio luego de que el PAN acusara a la secretaria de Desarrollo Social federal, Rosario Robles, y al gobernador de la entidad, Javier Duarte, por el presunto uso indebido de recursos públicos y el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto en las elecciones locales.
Pero la atención que los actores políticos y los medios han dado al proceso electoral veracruzano no tiene que ver sólo con estas denuncias, sino con la importancia política de la entidad.
De los 14 estados convocados a las urnas el primer domingo de julio, Veracruz es el que tiene mayor población, el padrón electoral más grande y el que más cargos públicos definirá en la referida fecha.
En este proceso electoral se elegirán a las autoridades de 212 ayuntamientos –presidentes municipales, síndicos y regidores– y 50 diputados del Congreso local, 30 de ellos de mayoría relativa y 20 de representación proporcional.
Veracruz es una de las nueve entidades del país que nunca ha tenido un gobierno estatal de un partido distinto al PRI; de estas nueve entidades que por más de ocho décadas han tenido un Ejecutivo estatal priista (y de sus antecesores, el PNR y el PRM) , seis celebrarán comicios el 7 de julio: Coahuila, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
En el Congreso del Estado de Veracruz, el PRI ha mantenido siempre la mayoría; en 2004 esta mayoría dejó de ser absoluta (ya no superaba el 50% de las curules) pero en 2010 recuperó esta condición en el legislativo local.
A nivel municipal, el PAN es el partido que más alcaldías detenta con 92 de un total de 212; 54 de estos 92 municipios los gobierna en coalición con Nueva Alianza, entre los que están Carrillo Puerto, Río Blanco, Martínez de la Torre, Zentla y Maltrata; además, el PAN encabeza –en solitario– otros 38 ayuntamientos, entre los que destacan Cosoleacaque, Coatepec, Chicontepec y Tantoyuca, según datos del Instituto Electoral Veracruzano.
El PRI y sus aliados –el Partido Verde y el Partido Revolucionario Veracruzano– gobiernan 82 municipios, entre los que resaltan Xalapa (la capital del estado), Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Córdoba, Orizaba, Pánuco, Minatitlán, Poza Rica y San Andrés Tuxtla, entre otros.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y con Movimiento Ciudadano, gobierna en 37 municipios, entre los que se encuentran Miahuatlán, Zongolica, Acultzingo, Cosamaloapan, Santiago Sochiapa, entre otros; mientras que Nueva Alianza tiene el gobierno de dos ayuntamientos: Ixmatlahuacán y Coahuitlán.
En el proceso electoral de 2010, las elecciones en los municipios de Coxquihui y José Azueta fueron anuladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por detectar diversas anomalías, como compra de votos y coacción.
Las elecciones extraordinarias se llevaron a cabo en mayo del 2011 y el municipio de Coxquihui fue ganado por el PRI con una diferencia de 18 votos, mientras que en el ayuntamiento de José Azueta, el PAN ganó por apenas 49 votos de ventaja.
El Congreso del Estado de Veracruz está conformado por una mayoría priista, con una bancada de 29 diputados (20 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional); le sigue el PAN con 13 diputados (seis legisladores de mayoría y siete plurinominales) y después Nueva Alianza con cuatro diputados (tres de mayoría y uno plurinominal), el PRD con tres (todos plurinominales) y también hay un legislador independiente (plurinominal).
Además de gobernar la mayoría de los municipios, otro dato que revela la importancia electoral del PAN en Veracruz es que, en la contienda presidencial de 2012, fue uno de los tres estados donde ganó la candidata de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota.
RECUENTO DEL CONFLICTO
El estado de Veracruz llega a la elección de julio próximo captando la atención nacional por el escándalo del presunto desvío de recursos públicos a favor del PRI, según fue señalado por el PAN.
A mediados de abril, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, denunció que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) realizaban labores de desvío de recursos y coacción del voto a favor de candidatos del PRI; el dirigente presentó videos, audios y documentos sobre el tema.
Días después, la titular de Sedesol, Rosario Robles, negó estar implicada en los hechos y señaló que su único interés era dar cauce a la Cruzada Nacional contra el Hambre. La acusación del PAN, llevó a que Rosario Robles anunciara la destitución de siete funcionarios de esa secretaría.
Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, despidió por esos hechos a su secretario de Finanzas, Salvador Manzur Díaz.
El PAN y el PRD interpusieron una demanda de juicio político contra Robles Berlanga y contra el gobernador Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos. Se interpuso también una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En respuesta, el PRI acusó a los panistas Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, de presuntamente haber coaccionado el voto en Veracruz a favor del PAN en las elecciones federales del 2012 a través del programa Oportunidades.
Debido a estas presuntas irregularidades e intervencionismo en el proceso electoral en curso, los dirigentes del PAN, Gustavo Madero, y el PRD, Jesús Zambrano, llegaron incluso a considerar la posibilidad de abandonar la mesa del Pacto por México.
Para contrarrestar los efectos negativos, el presidente Enrique Peña Nieto y los líderes de los partidos firmantes del Pactosignaron un adéndum en el que se comprometieron a establecer un blindaje electoral y a garantizar que los servidores públicos no desviarán recursos a favor de ningún partido político.
El Congreso de la Unión ha manifestado su preocupación por las condiciones en las que se llevarán a cabo las elecciones de julio próximo.
Después de una visita a varias entidades, el presidente de la "Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales del Senado", el panista José María Martínez, expresó que en Veracruz se perciben focos rojos porque existen situaciones irregulares.
“Nos quedó una honda preocupación pues los ciudadanos no tienen absolutamente confianza en el gobierno ni en las instituciones democráticas que habrán de velar por su derecho en este proceso electoral”, expuso Martínez.
Diputados de la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara Baja, órgano encabezado por José Francisco Coronato, legislador de Movimiento Ciudadano, acudieron por separado en otra visita a Veracruz donde se entrevistaron con su gobernador, Javier Duarte, quien les explicó que serán más de 60,000 observadores los que vigilarán el proceso electoral.
Durante las elecciones locales del 2010, cuando se eligió nuevo gobernador, también hubo un escándalo por el supuesto desvío de recursos; en aquella ocasión la controversia alcanzó a Fidel Herrera, entonces mandatario de la entidad, a quien se le acusó de entregar despensas con la leyenda “Fidelidad”, en referencia a su nombre.
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