EDITORIAL DE LA REVISTA EL INSURGENTE
El cometido de crímenes de lesa humanidad, en específico
la desaparición forzada de personas y la ejecución extrajudicial en México, los
comete el Estado mexicano a través de todo el aparato represivo y al amparo del
estado de derecho oligárquico, una verdad inocultable e incuestionable, al
grado que es condenado por la Oficina en México del Alto Comisionado de la
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), a través de su titular Zeid
Ra’ad Al Hussein.
Una realidad que tiene años en su cometido, en la
historia reciente de nuestro país la desaparición forzada de personas por
motivos políticos o sociales es una política de gobierno que han sostenido de
manera sistemática los últimos tres sexenios, política que se traduce en
terrorismo de Estado, porque la violencia que emana de éste es sistemática y
generalizada, es violencia de clase, que está enfocada contra el pueblo y
produce millones de víctimas directas e indirectas.
Las recientes desapariciones forzadas en Tamaulipas no
son una excepción, sólo confirman esta política transexenal; más que indicios
de la participación de la marina en el cometido de estos crímenes, es la prueba
fehaciente de que las fuerzas represivas esparcen el terror en el pueblo. Cada
vez más se comprueban las evidencias que señalan a las fuerzas policíaco
militares como las responsables directas del cometido de las desapariciones
forzadas, y demás crímenes de lesa humanidad, que se cometen a diario contra el
pueblo trabajador en nuestro país. Esta realidad es tan evidente, que es
imposible negar la existencia del terrorismo de Estado como política de
gobierno.
El problema fundamental ante esta realidad es la actitud
política que se asume, de donde se desprende el camino por el cual ha de
transitar la lucha contra el terrorismo de Estado. No basta con demostrar la
injerencia del Estado en el cometido de crímenes de lesa humanidad, porque en
cada uno de ellos es evidente la mano gubernamental, esto está más que probado.
Aceptar y reproducir el discurso que se vierte desde el Estado del cometido de
desapariciones forzadas por parte de la mítica “delincuencia organizada” es
legitimar la imposición de las medidas profascistas dentro de un estado de
derecho oligárquico. Representa dejar en la indefensión y a merced de mayores
crímenes de Estado a las víctimas y al pueblo, justificar la violencia de clase
contra el pueblo.
Desde los diversos aspirantes a la nueva junta
administrativa se hace defensa a ultranza a las fuerzas represivas y, a la vez,
apología al Estado policíaco militar, de donde emana la violencia
institucionalizada, ésta tiene un largo historial de norte a sur y de este a
oeste del país, de la que dan cuenta las víctimas directas e indirectas que se
cifran en millones.
Eso se llama TERRORISMO DE ESTADO. No se puede reducir la
exigencia de justicia de los crímenes de lesa humanidad solamente al marco
jurídico burgués que ampara a los criminales de estado; no se puede confiar
ciegamente ni esperar candorosamente que el verdugo se castigue a sí mismo por
sus actos criminales, la justicia se alcanza combinando todas las formas de
lucha que abonen a la solución de este flagelo, entre ellas la justicia
popular.
La visibilización del fenómeno del cometido de crímenes
de lesa humanidad se ha logrado; el terrorismo de Estado es inocultable incluso
desde la propia institucionalidad burguesa; el responsable de la violencia que
azota al país es uno solo, el Estado, sus instituciones y sus representantes.
Lo fundamental en estos momentos respecto al terrorismo
de Estado es definir las vías a tomar para garantizar justicia a las víctimas,
enjuiciar y castigar a los criminales de Estado; además, definir también cómo
hacer frente a esta violencia de manera organizada en defensa de las masas
populares ¿Cuántos estamos dispuestos a organizar y estructurar la autodefensa
armada de las masas?
¡Por
nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer!
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