(26
de julio, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).-
Marciano Martínez Cruz; Rafael
Hernández Cisneros; Isidro Baldenegro López; Juan Ontiveros Ramos; Benjamín
Juárez José; José Carlos Jiménez Crisóstomo; Luis Gustavo Hernández Cohenete;
Francisco Jiménez Alejandre; Santiago Luna Crisanto; Miguel Ángel Vázquez
Torres; Agustín Vázquez Torres; Rodrigo Guadalupe Huet Gómez; Pablo Andrés
Jiménez; Gabriel Ramos Olivera y Felipe Ramírez, son los nombres de las
personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas en México.
Al menos 207 personas fueron asesinadas en el mundo
por defender los derechos humanos, su tierra y el medio ambiente en 2017. A
menudo, “poderosas fuerzas buscan marginar a las personas defensoras,
calificando sus acciones de antidesarrollo”, señala Global Witness en
su Informe anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué
precio?, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.
Tres de cada cinco personas defensoras
asesinadas el año pasado eran latinoamericanas, las cifras del informe están
basadas en registros de organizaciones civiles y fuentes de información
públicas.
En México, la situación empeoró
respecto de 2016, pasando de tres a 15 personas defensoras asesinadas durante
2017. De acuerdo con el informe, 13 de estas 15 personas pertenecían a
comunidades indígenas que defendían sus territorios ancestrales.
Un caso es el de la Sierra Tarahumara,
donde la interacción entre una presencia fuerte del crimen organizado, la
militarización de la zona y la falta de protección por parte de las autoridades
ha generado procesos de reclutamiento forzado y desplazamiento interno.
Integrantes de Alianza Sierra Madre A.C. han tenido
que salir del territorio, lo que ha impactado de forma negativa en la
realización de su labor en defensa de los derechos humanos de las comunidades
ahí, se ha informado.
Aunque los activistas ambientales, en
su calidad de personas defensoras de derechos humanos, deben gozar de la
protección de los gobiernos que están obligados a asegurarla, tal y como se
establece en la Declaración de la ONU sobre las Personas Defensoras de Derechos
Humanos, así como las empresas están obligadas a respetar sus derechos, de
conformidad con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos
Humanos, esto no ha sido cumplido.
“Parte del problema es la falta de
implementación adecuada del marco de protección internacional de derechos de
los pueblos indígenas relativo a consulta y consentimiento previo, libre e
informado, así como de las medidas de protección para personas defensoras, en
contextos de defensa frente a la actividad empresarial”.
Cabe resaltar que, México es uno de los
pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a
personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica no funciona.
Se necesita una política gubernamental integral
para complementar la ley existente que, en lugar de estigmatizar a las personas
defensoras, fomente una cultura que reconozca su labor, combata la impunidad y
garantice la voluntad política para abordar el problema de forma estructural,
indican los especialistas en el tema.
El informe de Global Witness insta al
Estado Mexicano a implementar recomendaciones para atender la preocupante
situación en que vive el país. Se centran en pedir atacar las causas, combatir
la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los
derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho
de las comunidades afectadas a otorgar o negar su consentimiento libre, previo
e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.
Apoyar y proteger a las personas
defensoras, darles las herramientas necesarias para que lleven a cabo
eficazmente su activismo eficazmente, y garantizar su seguridad. Así como
garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras; los
responsables de los ataques contra las personas defensoras deben comparecer
ante la justicia, y quienes no les apoyen ni les protejan deben enfrentar
consecuencias políticas, financieras y judiciales, señalan.
Los autores del informe señalan que,
“son las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, las que se
oponen a gobiernos, empresas e inversores inescrupulosos, en una lucha
extremadamente desigual. Cada persona defensora tiene su propia historia,
relacionadas con casos de comunidades amenazadas, como es el caso de México. No
obstante, todas son parte de un movimiento global para proteger el planeta.
“Ellas y ellos están en la primera línea en la
lucha contra el cambio climático, la preservación de los ecosistemas y la
protección de los derechos humanos. Defienden causas que nos benefician a
todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia”.
También se afirma que, el crimen
organizado se fortalece en un contexto de impunidad, lo que genera mayor
violencia contra las personas defensoras, particularmente en aquellas áreas
donde tienen presencia las pandillas vinculadas al narcotráfico.
Remarcan que las leyes sobre el
consentimiento libre, previo e informado y las medidas para proteger a las
personas defensoras no están siendo implementadas adecuadamente por el
gobierno.
En el caso de Isidro Baldenegro, sabía
que su vida estaba en riesgo. Defendió los bosques de la cordillera de la
Sierra Tarahumara de una poderosa alianza de sicarios, narcotraficantes y
madereros locales, trabajo que lo llevó a ganar el Premio Goldman del Medio
Ambiente en el año 2005, un premio global para el activismo. Abandonó su comunidad
en el norte de México después de recibir amenazas, informan.
Pero cuando Isidro regresó el 15 de enero de 2017,
un presunto sicario lo mató de un disparo. La historia se repitió trágicamente:
el padre de Isidro también fue brutalmente asesinado 30 años antes por oponerse
a la tala.
“Isidro fue víctima del fuerte aumento
de la violencia contra personas defensoras del medio ambiente y la tierra en
México, el año pasado. Al igual que Isidro, la gran mayoría de estas personas
defensoras eran indígenas que luchaban por conservar sus tierras ancestrales
frente a individuos, grupos criminales y empresas que buscan controlar la
tierra y explotar los recursos naturales”.
Se ha puntualizado que, algunas de las
razones de esta escalada de violencia se pueden encontrar en el caso de Isidro:
La propagación del crimen organizado, la impunidad persistente, la falta de
protección del gobierno y, fundamentalmente, la ausencia de un consentimiento
libre, previo e informado de las comunidades para el uso de sus tierras o la
explotación de sus recursos naturales.
La Sierra Tarahumara, una zona
montañosa cercana a la frontera con Estados Unidos, ha sido el hogar de pueblos
indígenas durante siglos. Pero en las últimas décadas, sus tierras ancestrales
se han visto amenazadas por la llegada de infraestructura y proyectos
extractivos, concesiones madereras y un aumento del crimen organizado, que
cultiva y transporta sustancias ilícitas. Las comunidades indígenas se han
visto obligadas a abandonar sus tierras.
“Tienen que abandonar su territorio por una
decisión del gobierno de otorgar concesiones mineras o de explotar los bosques,
o por una ocupación de facto por parte de los narcotraficantes”, informó Isela
González, directora de la Alianza Sierra Madre.
El aumento en los homicidios de
personas defensoras mexicanas ha coincidido con un incremento masivo de
asesinatos derivados del crimen organizado. En 2017, los grupos criminales
fueron supuestamente responsables de casi 19 mil ejecuciones, convirtiéndolo en
el peor año registrado.
CEMDA, una organización que apoya a las
personas defensoras del medio ambiente en México, observó que la violencia
contra los defensores del medio ambiente y la tierra estaba empeorando en las
zonas donde el crimen organizado tenía una fuerte presencia. Descubrió que el
crimen organizado fue responsable de varios ataques contra personas defensoras.
El aumento del crimen organizado intensifica el
conflicto por la tierra (requerida por los cárteles para el tráfico de drogas y
otras actividades delictivas) y provee sicarios a los madereros,
narcotraficantes y otros grupos delictivos, que pueden emplearlos para proteger
sus intereses, incluso amenazando y atacando a personas defensoras.
“Asombrosamente, un 98% de todos los
crímenes en México nunca ha sido resuelto. Isidro Baldenegro fue un defensor
con un alto perfil, con un reconocimiento internacional, sobre quien el Estado
tenía conocimiento de que se encontraba en situación de riesgo; pero esto no
disuadió a sus asesinos, quienes seguro sabían que nunca enfrentarían la
justicia”, se puntualiza.
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