2 de enero de 2011

Un país doblegado, un gobierno débil, un presidente estresado…

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- Estados Unidos desconfía de Felipe Calderón, de las Fuerzas Armadas de México, de los funcionarios federales y de todas las policías del país, según se desprende de 17 cables de la diplomacia estadunidense referidos a este país y que difundió el sitio de internet WikiLeaks.

Los cables –que WikiLeaks ofreció a los diarios The New York Times y El País, donde en parte fueron publicados– hacen evidente el poder que ejercen en México las agencias de inteligencia de Washington y la alarma del gobierno estadunidense por la corrupción que ha generado el narcotráfico.

Los despachos secretos y clasificados que la embajada de Estados Unidos en México envió al Departamento de Estado (y viceversa) muestran a un Washington dispuesto a respaldar a Calderón en la lucha contra el narcotráfico, pero a cambio de extender en el país sus redes de espionaje, aprovechando la incapacidad del gobierno mexicano.

Las 52 páginas de los 17 despachos diplomáticos de Estados Unidos sobre México que WikiLeaks había liberado hasta el cierre de esta edición muestran a un gobierno calderonista doblegado ante Washington debido a su incapacidad y a las fallas tácticas en su guerra contra el narcotráfico.

El caso de Marisela Escobedo, una puñalada a la justicia

Marcela Turati

Chihuahua, Chih.- El manoteo político por controlar los efectos de la muerte de Escobedo y la búsqueda de culpables podrían dinamitar el modelo de justicia que sustituye el proceso tradicional, que desahogaba todo por escrito y a discreción, por uno oral y público, que se basa en la presunción de inocencia, que sustituye las confesiones por evidencias científicas, y privilegia la solución alternativa a los conflictos para desahogar los tribunales y las cárceles.

“El caso de Marisela puso a prueba al sistema penal y lo reprobó exactamente donde todos los abogados de experiencia decíamos que iba a reprobar: si el imputado se niega a confesar ante el juez y el Ministerio Público (MP) no presenta pruebas científicas muy sólidas para establecer su responsabilidad”, dice a Proceso el abogado Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

A Escobedo el nuevo sistema no le fue favorable: aunque ella hizo todas las investigaciones para llevar a juicio a Sergio Barraza, el asesino confeso de Rubí, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid Jurado lo absolvieron porque consideraron que el MP y los peritos de la procuraduría no probaron la culpabilidad del acusado, así que lo liberaron, y cuando Escobedo se inconformó, un tribunal de magistrados anuló el fallo anterior y condenó al homicida a 50 años de cárcel cuando él ya había huido; y aunque la señora volvió a localizarlo, la policía no fue capaz de reaprehenderlo

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/86872

31 de diciembre de 2010

Denuncian organizaciones indígenas hartazgo social contra las políticas públicas estatales

Orizaba, Ver.- La indiferencia del gobierno de Fidel Herrera para atender las demandas de los pueblos indígenas creó el hartazgo social contra las políticas públicas. “El hartazgo ciudadano tiene límite y ya estamos muy cerca”, advierte Julio Atenco Vidal, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), y de paso considera que el actual gobierno estatal “no debe repetir la dosis de partidizar y unicolorear la praxis institucional o función pública y la administración del erario público”.

A través de un documento, el dirigente de esa organización hace un recuento de la forma en la que fueron tratados los grupos indígenas de la sierra de Zongolica a manos del gobierno de Fidel Herrera. “Fueron muchas las propuestas, análisis y reflexiones que en más de 100 reuniones de trabajo que tuvimos durante los últimos tres años. Ofrecimos a funcionarios públicos contribuir a modificar las causas estructurales de la pobreza; para acabar con el divorcio de la educación superior con la ciencia y el desarrollo con equidad y justicia fundamentamos nuestra propuesta de creación de un nuevo sistema de educación indígena autonómico, bilingüe desde el preescolar hasta la universidad y que esté asociada a un sistema de becas e internado”.

“Planteamos a las vías de comunicación del medio rural como un detonante del desarrollo local; insistimos en la participación ciudadana democrática verdadera y no simulada en los diagnósticos que den sustento a la acción institucional y a sus programas de gobierno y así eficientar la acción pública del gobierno”.

“Cuestionamos siempre respetuosamente pero con firmeza que el Estado veracruzano ha abandonado su papel de promotor del desarrollo desde el nivel local y comunitario, que ha abandonado su papel de organizador de los productores, ha abandonado su papel de organizador de las cadenas productivas de sus sistemas de producción y ha dejado a los productores y a los consumidores a merced de las mafias de coyotes”.

Unas primeras conclusiones de las reuniones de trabajo, allá por agosto del 2008, fue la necesidad de modificar las reglas de operación de varios programas que operan con fondos federales. De hecho, refiere que se llegó a un acuerdo de tener reuniones de trabajo para hacerles propuestas concretas a los diputados federales veracruzanos, pero las reuniones no se realizaron y los diputados estaban sólo preocupados por las elecciones del 2010.

“Todo fue inútil. Fuimos escuchados, pero no atendidos”

Sin embargo sí reconoce que hubo apoyo de una sola dependencia estatal: “El único que sí hizo eco de nuestra invención, la estufa ahorradora de leña denominada “Kaltzintli” fue el ingeniero, Juan Humberto García. También respaldó institucionalmente nuestro proyecto para la creación del Centro de Capacitación, Formación y Experimentación Silvícola, pero al mismo tiempo estúpidamente este proyecto fue bloqueado –hasta impedir su construcción– por el último director del Patrimonio del Estado de apellido Flores, tipo lambiscón con su padrino político, faccioso, burócrata sin escrúpulos y sin idea alguna sobre el asunto del desarrollo”.

Atenco Vidal, además, hace un repaso en materia de justicia: “En relación con el caso del asesinato de nuestra hermana Mayor Ernestina lamentamos la opacidad del gobierno y de su instrumento para garantizar la negación del derecho a la información de los veracruzanos que malamente se denomina IVAI. El gobierno del estado a pesar de contar con todas las pruebas que demuestran la existencia de un artero crimen, prefirió ocultar las pruebas y negociarlas con el gobierno federal”.

Nuestra lucha, aclara, demanda la presentación pública de todas las pruebas en manos del gobierno estatal para demostrar la existencia de un brutal crimen. Para nosotros el caso de Ernestina no está cerrado, apenas se abrirá y para ello nuestra demanda de justicia tiene su curso a nivel federal, ya que nuestro gobierno veracruzano nos traicionó y se alió a los asesinos. De no funcionar la justicia federal apelaremos a la justicia internacional.

Además, revela que en el año 2005, en reunión solemne del Pacto de Gobernabilidad, nuestra organización a través del gobierno municipal nahua de Soledad Atzompa, le entregamos a Fidel en su propia mano una propuesta de reforma constitucional que garantizaría dos derechos fundamentales: el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como Sujeto de Derecho Público, y el derecho a conservar y portar oficialmente nuestra Identidad Étnica. Fidel le entregó la propuesta a los partidos representados en el Congreso local a través de Margarita Guillaumín. En el año 2008 reiteramos nuestra propuesta ante Fidel y ante el nuevo Congreso local, pero después de tres años de silencio los dos Poderes del Estado finalmente hicieron caso omiso de nuestra propuesta, y actuando como “Estado” la “perredista” Guillaumín y la hermana nahua priísta Bernardina Tequiliquihua, le dieron curso a una propuesta de Fidel para crear una nueva burocracia indígena que simule atención a las demandas indígenas para que nada cambie en la condición de segregación racial y opresión política que impone a los Pueblos Indígenas el Estado mexicano en su versión veracruzana.

Atenco Vidal propone cómo se pudo haber llegado a enriquecer la Ley Indígena: “Para llegar a conseguir la anuencia indígena los ex legisladores debieron haber informado previa y suficientemente sobre sus malas intenciones; luego debieron haber pactado con los Pueblos Indígenas un tiempo razonable para que sus comunidades, autoridades y liderazgos analizaran aquellas aviesas intenciones –en y por los medios y procedimientos tradicionales que se dan los propios pueblos indígenas–, y fijaran una postura”.

“Llegado el plazo, los legisladores –acudiendo ellos a las instancias de participación y decisión propias de los Pueblos Indígenas– dialogarían y llegarían a un acuerdo en dos capítulos: el primero sería sobre el contenido de la propuesta legislativa revisada, corregida y aumentada si fuese necesario, y el segundo capítulo expresaría explícitamente los términos de su anuencia para que el Congreso acuerde la reforma que hubieren convenido conjuntamente la Comisión de Diputados y los Pueblos Indígenas. Esto se llama Diálogo y Democracia, tan lejos e inalcanzable por ahora”, lamenta.

Finalmente, demanda que el nuevo gobierno asuma acciones concretas y reales para atender los reclamos de los pueblos indígenas.

Afirma el gobernador que las transiciones municipales serán tersas en su mayoría

Coatzacoalcos, Ver.- Los municipios asentados en la Cuenca del Papaloapan serán vigilados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el proceso de transición municipal, debido a los problemas de inseguridad que se han presentado, manifestó el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa, quien confirmó que en la mayor parte del territorio veracruzano las transiciones municipales serán tersas.

Otro de los puntos rojos en la entidad es el municipio de Cosoleacaque, donde existe un ambiente tenso después del atentado contra el diputado Antonio Benítez Lucho; el alcalde electo Cirilo Vázquez Parissi indicó que se espera que se presenten grupos de choque que intenten bloquear su toma de protesta.

MIENTRAS QUE JUAN ANTONIO LAVÍN SE REGOCIJA EN SUS ACTOS PÚBLICOS, VECINOS ENARDECIDOS POR PÉSIMOS SERVICIOS PÚBLICOS PROTESTAN

Juan Antonio Lavín Torres hasta en sus últimos momentos de su administración municipal utilizo distractores para evadir su responsabilidad ante los cordobeses.
Córdoba, Veracruz.- Mientras el ingeniero Juan Antonio Lavín Torres se encontraba en un evento en el salón principal del palacio municipal de esta Ciudad de Córdoba, Veracruz, vecinos de 6 colonias populares, entre las que destacan: Miguel Alemán, Las Flores, Barrio de San Miguel, San Pedro, Úrsulo Galván y Centro, enardecidos formaron montones de basura bloqueando las calles. Debido a que los carros recolectores de basura tienen una semana que no pasaban por sus hogares. Pero el servicio pésimo de limpia pública se viene dando desde hace varios meses. Pero los vecinos de estas colonias el día de ayer jueves 30 de diciembre después del mediodía no soportaron más y decidieron cerrar varias calles, poniendo los desechos en la vía pública, fue más tarde que los vehículos de limpia publica iniciaron la recolección del basurero.

Malestar total en estos días de los habitantes que tienen que sufrir por la falta de agua potable en sus hogares, mientras tanto Juan Antonio Lavín se regocija en sus actos públicos utilizándolos como un distractor y termina su administración como un mal administrador del ayuntamiento y como un pésimo funcionario público, que hasta ahora Córdoba, Veracruz, sufre las consecuencias del amiguismo y torpeza de este tipo de funcionarios incapaces de darle servicios públicos eficaces a los cordobeses. Pero el ingeniero hasta el último momento de su administración termino repitiendo su lema: “Córdoba, la número uno”. ¿Sera?...

Por cierto de los NInis ¿se quedaran en la administración de Paco Portilla o se irán con Lavín?...dios nos libre de este lastre que solo sirven para llevarse los recursos del erario público.

30 de diciembre de 2010

La nueva esclavitud

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- Dicen que la historia no se repite, pero a veces hay hechos que parecen contradecir esa afirmación. Tal es el caso del secuestro de miles de inmigrantes centroamericanos y mexicanos por parte del crimen organizado, en connivencia con autoridades de México, para extorsionar a sus familias o para usarlos como esclavos en los plantíos de mariguana y amapola, o bien para el transporte de cocaína y drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

En realidad no se tiene una cifra exacta de los inmigrantes que cada año son secuestrados en México, pero un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2009 señalaba que en sólo seis meses, alrededor de 10 mil indocumentados habían sido secuestrados por células de Los Zetas o pandillas que se los entregaban. Éstas, a su vez, pedían a los familiares de las víctimas el pago de hasta 2 mil 500 dólares por cada inmigrante, lo que dejó una ganancia a los delincuentes de cerca de 25 millones de dólares.

Este fenómeno inició a finales de la década pasada, pero en ésta ha cobrado mayor relevancia por los casos de los 72 inmigrantes centroamericanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas, al negarse a participar como sicarios de Los Zetas; y la desaparición de 50 indocumentados de distintas nacionalidades en una localidad de Oaxaca. Esos hechos vergonzosos han llamado la atención del mundo, especialmente por la crueldad con que son tratadas las víctimas por parte de las mafias mexicanas.

Según un informe de la CNDH, en promedio 54 indocumentados son secuestrados cada día en México. De acuerdo con testimonios recogidos por la institución, se trata, muchas veces, de secuestros masivos de personas que son obligadas a trabajar como esclavos o a prostituirse, o someterse a todo tipo de humillaciones para conseguir su libertad.

"Agarraron un fierro que tenía una zeta dibujada, lo calentaron y me dijeron: Ahora sí te va a llevar tu chingada madre", relató un hondureño de 18 años, quien no sólo vivió en carne propia la tortura, sino que también vio padecer a otros jóvenes que fueron secuestrados en su grupo. "Él no quería hablar, no quería hablar, y (un secuestrador) le dijo: sos mudo que no hablas o no tienes lengua... Te voy a quitar la lengua para que de verdad no hables. Y agarraron un cuchillo, un puñal, le abrieron la boca y le rajaron la lengua."

Entre los siglos XVI y XIX la esclavitud fue uno de los más prósperos comercios de los países de Europa, principalmente España, Inglaterra, Portugal, Francia y Holanda. A este comercio también le entró Estados Unidos, que trajo de África la mano de obra que necesitaba para echar a andar su economía.

Millones de africanos e indígenas de América fueron marcados, golpeados, tratados como animales y expoliados hasta la muerte. Se erigieron entonces verdaderas empresas que se dedicaban a la caza, transporte y venta de hombres, mujeres y niños que se convirtieron en el motor de las economías de los países que hoy conocemos como “desarrollados”.

Hoy, en México, estamos ante una nueva versión del esclavismo con los inmigrantes nacionales y de otros países que son secuestrados por bandas del crimen organizado para realizar las labores que necesitan y que les generan ganancias millonarias, que al final del ciclo financiero realimentan las economías más poderosas del mundo.

Hace poco el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, reconoció que los cárteles de las drogas secuestran a inmigrantes para obligarlos a integrarse a sus filas.

“Algunas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar personas que voluntariamente quieran participar en estas bandas criminales”, dijo el funcionario.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, reveló que en lo que va del año han recibido la denuncia de 222 supuestos secuestros de indocumentados centroamericanos.

"Son casos que a nosotros nos han denunciado, que nos han señalado los migrantes que han sido asegurados por el Instituto Nacional de Migración, o sea que son migrantes que pasan por una estación migratoria y dicen: 'yo sí fui objeto de un secuestro o tuve conocimiento de un secuestro', pero hasta ahí", explicó.

Para investigar estos y otros casos, el pasado 31 de agosto la CNDH firmó con las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública el Acuerdo sobre la Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes, y actualmente elabora un nuevo diagnóstico sobre el plagio de indocumentados

Pero lo que no han contemplado ni el gobierno de Felipe Calderón ni la CNDH son los secuestros de inmigrantes mexicanos por parte de los cárteles, que se han llevado camiones repletos de campesinos, de quienes hasta ahora no se conoce su paradero. Es el caso de los labriegos de Querétaro que desaparecieron de la Sierra Gorda en febrero pasado.

Un caso más reciente fue el de los 50 jornaleros –15 de ellos menores de edad– originarios de Eloxochitlán, Puebla, quienes fueron privados de su libertad por un grupo armado en la ciudad de Caborca, Sonora. Los campesinos plagiados fueron hallados con vida en el interior de un domicilio de la colonia Las Lomas, con huellas de golpes.

En octubre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que tenía un registro de mil 700 personas desaparecidas, sea porque habían sido víctimas de levantones o bien por secuestros realizados en Tamaulipas y Nuevo León.

Y reconoció que otros cientos de personas habían denunciado a la IV Región Militar que algún familiar había sido plagiado o levantado por algún comando. Sin embargo, muchas familias ya no continuaban con la búsqueda de sus desaparecidos ni seguían el curso de las indagatorias por las amenazas de los grupos criminales.

Las desapariciones, según las fuentes militares, obedecen a tres razones fundamentales: en el caso de los levantones, para engrosar las filas de las organizaciones criminales ante las detenciones o muertes de sus miembros, o como una táctica para exterminar a los rivales, y en el caso de los plagios, para pedir rescates y financiar con ello sus actividades delictivas.

El 10 de agosto pasado, al celebrarse el Día Internacional del Desaparecido, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos calculó que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido más de 3 mil personas: 400 por razones políticas, 500 mujeres y niños relacionados con la trata de personas y 2 mil 100 por razones de narcotráfico.

Este registro de más de 3 mil desapariciones es sumamente grave, y si seguimos la lógica del gobierno y de los militares, muchos de ellos habrían pasado a formar parte de las nuevas cuadras de esclavos que el crimen organizado ha formado para seguir con un negocio que día a día crece sin que las autoridades puedan detenerlos.

Diputados se van a descansar y dejan pendientes los conflictos municipales

A pesar de que más de 100 ayuntamientos se encuentran en crisis financiera, de los cuales al menos una docena tienen tomados sus palacios municipales por parte de los empleados y más de 70 solicitaron anticipo de participaciones federales para el pago de pasivos, el Congreso del Estado “cerró la cortina” y finalizó las labores legislativas en lo concerniente al año 2010.

De poco o nada importó que algunos ayuntamientos solicitaran autorización al Poder Legislativo hasta en cinco ocasiones, el respaldo financiero para hacer frente al pago de sueldos, aguinaldos, pagos a proveedores, contratistas, así como solventar adeudos con el fisco y la Comisión Federal de Electricidad.

Con los deseos de un próspero año nuevo y felicidad para todos los diputados y sus familias, terminó las labores legislativa la actual Legislatura en este 2010, dejando pendientes las solicitudes de préstamos, créditos y adelanto de participaciones de los ayuntamientos.

De igual modo, quedaron pendientes de resolver más 200 solicitudes de autorización para suscribir diversos convenios o venta de inmuebles y muebles por parte de más de un centenar de ayuntamientos.

Incluso el tema del intento de asesinato en contra del diputado federal priísta Antonio Benítez Lucho evitó ser tocado durante la sesión de la Legislatura y casi al final, el diputado panista Fernando Yunes Márquez exigió el esclarecimiento de este hecho, para luego solicitar que en el nombramiento del director del Sistema de Agua Metropolitano se coloque a una persona capaz y no alguien que sólo llegue a enriquecerse de esa instancia.

Antes del cierre de actividades, se aprobó un punto de acuerdo para que Zenón Rodríguez Ortiz, alcalde suplente del municipio de Juan Rodríguez Clara, rinda protesta como presidente municipal, ante el asesinato del electo Gregorio Barradas Miravete.

Lo último que aprobó la actual Legislatura y debido a la premura de tiempo fue la designación de los integrantes de los consejos municipales de Coxquihui y José Azueta, ayuntamientos en los que se anuló la elección y se ordenó llevar a cabo una extraordinaria por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para el municipio de Coxquihui fueron nombrados Ricardo García Reyes, Manuel Juárez Castañeda y Herón Gaona Gaona; mientras que en el municipio de José Azueta fueron nombrados Macario Demeneghi Zilli, Alberto Fonseca Castro, José Ignacio González y Rosa Apo Tenorio como presidente y vocales, respectivamente.
 
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