1 de marzo de 2012

El Baldón: El intento de extorsión


Por: José Miguel Cobián
     Apenas el martes 21 de febrero tuve la necesidad de visitar el municipio de Coacalco en el estado de México.  Como mi auto no circula ese día, una persona allegada me prestó un carro recién adquirido que compró en la planta de la VW, y que todavía circula con permiso. Como el auto era de un ejecutivo, trae en la ventana todavía la calcomanía de la placa del estado de Puebla.

      Circulando por la vía López Portillo, comentaba con mi acompañante sobre la corrupción de los policías y agentes de tránsito en el estado de México, experimentada por un servidor desde 1978, y cómo a pesar de haber transcurrido 34 años, desde mi primera experiencia, todavía las cosas siguieran igual en los municipios de ese estado.   No bien terminando de platicar ese asunto, nos detuvo un policía, -ni siquiera agente de tránsito-. Con el pretexto de que el auto estaba circulando con dos registros.
     Según el policía de Coacalco, las placas no estaban dadas de baja, porque él tenía enlace directo con el registro nacional de placas, y al estar circulando con un permiso provisional para CIRCULAR SIN DOCUMENTOS, estábamos duplicando el registro.   Sabedor además de que el formato de baja de las placas se le queda al vendedor, me lo exigió, y ante mi imposibilidad de entregarlo, me informó que me llevaría ante el ministerio público, me tendrían detenido hasta probar que estaba dado de baja el vehículo, y me quitaría el automóvil.

     Yo estaba al principio muy divertido escuchándolo, porque cuando se sabe por dónde va el agente de la ley, se disfruta la parodia y la capacidad de mentir de un funcionario público de bajo nivel, como era el caso de este comandante. 

     Cuando el policía vio que no me preocupaba, ni hacía intento en darle una mordida, me informó que para salir libre bajo fianza tendría que pagar treinta mil pesos. Y me invitó a ir ante el ministerio público.  Yo le dije que con gusto, pero mi acompañante se asustó y se bajó del auto a hablar con el comandante, quien por cierto no era un falso policía, porque pasó la patrulla varias veces y lo saludó, al igual que compañeros que pasaron de pie y en moto.  Lo cual implica que su labor de extorsión es conocida por todos y seguramente practicada por la mayoría de los policías y agentes de tránsito de Coacalco.

     Mientras ignoraba las explicaciones de mi acompañante me calmé y busqué cambiar de estrategia. Comencé comentando que lo felicitaba por su capacidad para mentir con tanto aplomo. Le dije es usted un fregón en el arte de la actuación. Después le pregunté ¨respetuosamente¨, como le hacía para comunicarse telepáticamente con la planta de la VW para saber si ellos ya habían dado de baja esas placas o no, y también le comenté sobre su capacidad para legislar al vapor obligando a un particular a traer un nuevo documento como es la baja de las placas.   Me alejé un momento y mi amigo insistió en no ir al ministerio público, pues seguramente estaría coludido con el policía, y se pondría más difícil la situación. Incluso me dijo que no conocíamos la zona y nos podría llevar a un lugar para asaltarnos, secuestrarnos y hasta quitarnos el carro.
     Al final, le comenté que yo había sido oficial mayor y contralor en un par de ayuntamientos. Que podría denunciarlo en su municipio y ante sus superiores, pero que como era tan buen actor, no habría represalias mías, salvo la posibilidad de publicar la experiencia, sin mencionar su nombre.
     A partir de ese momento me comentó que tiene familia y que el sueldo no le alcanza. Que tiene que pagar la gasolina y refacciones de su moto, y que tiene que dar cierta cantidad de dinero a sus superiores.  También me dijo que allá la policía no está controlada por el crimen organizado. Y yo pensé que todo lo que hacen está organizado y es un crimen, así que allí también hay crimen organizado, pero estos son uniformados y con poder.   Entendí también que siempre buscan extorsionar a personas con placas de provincia.
     Me dijo que con quince mil pesos nos arreglábamos, siguió con seis mil, cinco, cuatro, tres, y al final le di doscientos pesos ante la incomodidad de seguir perdiendo el tiempo; ¨Lo que caiga es bueno¨ –me dijo-. Ya había transcurrido hora y media y la oscuridad se acercaba.
     Lo felicité una vez más por su capacidad histriónica y entendí que es un mexicano más tratando de sobrevivir ante unos sueldos de miseria y ante un sistema que en su totalidad es corrupto. Así que hasta con simpatía lo miré y me despedí con afecto.  Él al igual que usted y yo somos víctimas de un sistema podrido, y cada quien busca sus mejores opciones, algunos con mejor éxito y ética y otros sin ellos.     Como yo creo en el perdón y el amor al prójimo, no le hago daño al no mencionar su nombre, pero ayudo a otros ¨provincianos¨ a precaverse ante un ilícito inventado en el estado de México, si es que tienen la desgracia de pasar por allí.
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@jmcmex

FRANCISCO l. MADERO, LACAYO DEL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓNUÉS


Por Aristeo Menendez Rodriguez
La situación política no se remedió con la renuncia de Díaz. Madero fue elegido presidente y tomó posesión del cargo el 6 de noviembre de 1911. Su mandato presidencial se caracterizó por encabezar un gobierno que, no se identificaría con las clases marginadas; tan es así que mantenía en su gabinete antiguos porfiristas; esto provocaría varios alzamientos armados, entre los que destacan los del campesino Emiliano Zapata, quien el 25 de noviembre proclamó el Plan de Ayala exigiendo la restauración de los derechos agrarios y desconociendo a Madero como presidente. Mientras, en marzo de 1912, Pascual Orozco signó el Plan de la Empacadora, con las mismas pretensiones que Madero. Para combatir los levantamiento, Madero eligió al general Victoriano Huerta, quien, si bien no logró controlar a Zapata, pudo derrotar a Orozco.

Mientras esto sucedía Félix Díaz, sobrino de Porfirio, se levantó en armas; pero fue capturado en Veracruz y estuvo a punto de ser ejecutado. Madero, desoyendo a colaboradores que aconsejaban fusilar al Díaz, decidió indultarlo. Orozco, derrotado por Huerta, se refugió en Estados Unidos.
Francisco I. Madero pequeño burgués que no tenia la intención de cambiar de fondo al país, pretendía reconciliar a la clase burguesa y a los lacayos del porfiriato.
Como conmemorar hoy, a un tipo corto no solo de estatura, también de ideas y de verdaderos ideales de justicia social y democracia popular.
FELIPE CALDERON HINOJOSA y el Régimen de explotación actual se congratulan con su héroe…
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www.luchadeclasesyprocesohistorico.blogspot.com

29 de febrero de 2012

Originario de Còrdoba, Veracruz, cae presunto miembro de Los Zetas en la capital

Alejandro Cruz
Periódico La Jornada

Elementos de la policía de investigación capturaron en la ciudad de México a Jesús Argenis Hernández Leal, presunto integrante del grupo delictivo Los Zetas y uno de los 16 reos que se fugaron en septiembre pasado del penal de Coatzacoalcos, Veracruz.
 
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Jesús Rodríguez Almeida, señaló que en sus declaraciones ante el Ministerio Público, Hernández Leal dijo ser sicario y haber participado en un enfrentamiento a balazos contra elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Córdoba, un mes después de evadirse de la cárcel.
 
En noviembre pasado, Hernández Leal llegó a la ciudad de México dedicándose al narcomenudeo en la colonia Guerrero, donde fue detenido la tarde del martes. Según sus dichos, explicó Rodríguez Almeida, luego de su fuga participó en una veintena de secuestros y ocho ejecuciones en Córdoba.

El presunto sicario, que será entregado a las autoridades de Veracruz, fue arrestado por primera vez en 2008 y condenado a siete años de prisión por robo de vehículo, y según sus declaraciones, fue en el penal de Coatzacoalcos que se integró al grupo de Los Zetas y que le pagaban 15 mil pesos mensuales por sus servicios.

Alcalde de Ato Lucero,Ver. Recibio 350 Mil Pesos de Empresa GoldGrup."Caballo Blanco".

Bote para el alcalde de Alto Lucero!
Por Ana Lilia Velázquez

El Frente Amplio Social (FAS), pidió al Gobierno del Estado mantener su posición en contra de la instalación de la mina Caballo Blanco, en los municipios de Alto Lucero y Actopan al tiempo de exigir cárcel para el alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo quien recibió cerca de 350 mil pesos de la empresa canadiense Goldgroup.

El dirigente del FAS, Uriel Flores Aguayo dijo que si bien es importante la posición del gobernador Javier Duarte de Ochoa, de rechazar el proyecto minero, "más importante es que se mantenga en esa línea y no se quede en una declaración, lo importante es que se active y se ponga en una posición determinante frente al Gobierno Federal y no le permitan, que siga autorizando el funcionamiento de esa mina, porque está trabajando, ya están realizando labores de preparación del suelo, que sea firme en los hechos".
 
Mientras que del presidente de Alto Lucero Lucio Blanco, Flores Aguayo dijo que éste debe estar en la cárcel "porque a confesión de partes relevo de pruebas. Dice que le agarró 380 mil pesos para gastos menores, sin conocer el proyecto de la mina".
 
Se trata del clásico indígena en el marco de la conquista española, "que les daban oro nuestros indígenas y recibían espejitos para que la empresa canadiense pueda operar un negocio de millones de dólares, cuando podría cobrar 380 millones de pesos por el uso de suelo y de impuesto predial nada más. Le dieron migajas al pobre y el colmo es que haya salido a decirlo, pero es panista qué se puede esperar de un panista, son más decentes las señoras del árbol que los del PAN".

Información: Notiver.

“Tira” Anonymous sitio de Interpol en protesta por el arresto de 25 miembros

La RedacciónMÉXICO, D.F. (apro).- El grupo de ciberactivistas Anonymous embistió de nueva cuenta contra el sitio web de la Interpol, en represalia por el arresto de 25 de sus miembros en España, Chile, Argentina y Colombia.




Las detenciones se dieron en el marco de la operación “Exposure” de la Interpol, que investiga lazos internacionales de la red de hackers de Anonymous.

A través de algunas de sus cuentas, los hacktivistas hicieron referencia al ataque. Por ejemplo, el usuario @IberoAnon escribió:
 
“http://www.interpol.int/ TANGO DOWN! ESO SE MERECENN!! POR QUE ANONYMOUS SOMOS MAS!”

“Tango down” es una expresión que las fuerzas de Estados Unidos utilizan cuando han eliminado a un enemigo.
 
En la misma cuenta, el colectivo advirtió: “Los inútiles esfuerzos de la policía y los gobiernos por ‘desarticular’ a Anonymous sólo nos hacen más fuertes. Expect us.”
 
La Policía española detuvo a cuatro presuntos activistas del colectivo de hackers en Madrid y Málaga. Otros 10 fueron arrestados en Argentina, seis en Chile y cinco más en Colombia.
 
A los detenidos en España se les considera presuntos responsables de ataques de denegación de servicio (DDoS) y defacement (modificación de una web si autorización del propietario).

Sus ataques estaban dirigidos a páginas web de partidos políticos, instituciones y empresas, así como a la publicación en la red de datos de escoltas de la Presidencia y miembros de la Policía Nacional.
 
En ocasiones los ataques eran dirigidos de manera individual, pero apoyados por varias personas que unían sus esfuerzos y conocimientos para llevarlos a cabo.
 
Luego de analizar miles de blogs, la Intepol logró identificar a las personas que se encontraban detrás de estas actividades ilícitas.
 
La Dirección General de la Policía informó que dos de los arrestados ingresaron a prisión por orden judicial, uno quedó en libertad bajo fianza y el cuarto es un menor de edad, por lo quedó bajo custodia de sus padres.
 
Los investigadores identificaron y detuvieron en Málaga a quien identificaron como F.J.B.D., conocido como “Thunder” o “Pacotron”, presuntamente encargado de administrar y gestionar la infraestructura informática utilizada por Anonymous en España e Iberoamérica, principalmente.
 
Los servidores que administraba estaban alojados en la República Checa y Bulgaria y servían a los ciberactivistas para comunicarse de forma segura y coordinar nuevos ataques.
 
Los agentes lograron también la identificación J.M.L.G., “Troy”, presunto autor material de los ataques más destacados y filtraciones reivindicadas por Anonymous en España. Fue arrestado en Madrid.
 
Aunado a los arrestos, la policía española, en coordinación con la Interpol, realizó cuatro registros en los que se intervinieron 25 ordenadores, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento que ya son analizados por los especialistas.
 
Por su parte, la Policía chilena confirmó hoy la detención de seis presuntos miembros de Anonymous, uno de ellos de nacionalidad colombiana y dos menores de 17 años. Fueron ubicados en las localidades de Rabcagua, La Calera, Colina, y en los sectores de Maipú, SanMiguel y Ñuñona, en Santiago, la capital.
 
En Ñuñona fue donde la policía arrestó al colombiano de 23 años, quien reside legalmente en Chile desde hace tres años.
 
Los arrestos fueron realizados por detectives de la Brigada contra el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI). Los involucrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Centro Norte de Santiago.
 
En conferencia de prensa, Jaime Parra, subprefecto de la PDI, dijo que los hackers quedaron en libertad en calidad de “apercibidos”, por lo que deberán prestar declaración y podrían ser imputados formalmente.
 
Los principales ataques de los hacktivistas chilenos fueron dirigidos a Endesa Chile, Hidroaysén, el Ministerio de Educación, la Biblioteca Nacional y varios sitios del gobierno colombiano, según la policía chilena.
 
Los hackers, agregó, no se conocían físicamente entre ellos, y aunque su identidad se mantiene reservada, se indicó que uno es estudiante de informática, egresado de análisis de sistema, y otro iba a ingresar este año a la misma carrera.
 
Los seis detenidos son investigados por su presunta participación en mayo de 2011 en el ataque “Tormenta del Sur”, contra los sitios de la generadora Endesa y del consorcio HidroAysén, que desarrollan un proyecto para levantar varias represas en la Patagonia, mismo que es rechazado por la comunidad.
 
También están involucrados en el ataque los sitios del Ministerio de Educación y la Biblioteca Nacional, en el marco de la operación “Mal Educados” de junio pasado, en apoyo a las movilizaciones de estudiantes chilenos.
 
En Chile, este tipo de delitos alcanza una pena que va de 541 días a cinco años de prisión.
 
La policía del país sudamericano también investiga ataques a sitios web del gobierno de Colombia, entre ellos el Ministerio de Defensa, en los que podría estar involucrado el activista de esa nacionalidad, detenido hoy en Chile.

Lo torturan, lo acusan de asesino, lo encarcelan 12 años y… resulta inocente

Isaín Mandujano
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Torturado hace 12 años por policías judiciales de Chiapas para confesar un crimen que, dice, nunca cometió, Ananías Laparra Martínez fue liberado por las autoridades locales bajo la figura de “sentencia suspendida”.
 
El 14 de octubre de 1999, Laparra Martínez, su esposa Rosa Godínez, y sus hijos José Ananías y Rocío Laparra Godínez, de 14 y 16 años de edad, respectivamente, fueron detenidos y torturados. El padre de familia fue sentenciado a 28 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, supuestamente perpetrado contra Elvis Díaz Martínez en el municipio de Coacahotán.

En 2007, ocho años después de ocurrido el suceso, amigos, familiares y abogados del acusado crearon el Comité Laparra y exhibieron los abusos cometidos por el gobierno de Chiapas.
 
El caso se llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, en Washington, Estados Unidos.
 
Tras varios años de esfuerzo y gestoría, hoy se realizó una reunión en la que participaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación y autoridades del gobierno del estado de Chiapas. Estuvieron presentes miembros de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, del Consejo Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Salud, así como el abogado Ricardo Lagunes Gasca.
 
Desde Seattle, Alejandra Gonza y Thomas Antkowiak, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, presenciaron el evento protocolario vía Skype.
 
Ananías Laparra Martínez, de 64 años de edad, recordó que luego de ser torturado, sin saber leer ni escribir y con la complicidad del Ministerio Público, fue forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, confesando un crimen que no cometió.

Pese a las reiteradas denuncias de tortura que hizo Laparra desde el primer momento en que estuvo frente a un juez, fue sentenciado a más de 28 años de prisión.
 
La confesión obtenida bajo tortura fue la prueba principal de su condena, aceptada por los jueces mexicanos con base en el principio de inmediatez procesal.
 
Laparra Martínez era un blanco fácil para la policía y el Ministerio Público. De escasos recursos económicos y sin instrucción académica, su detención no sería objetada y dotaría a las autoridades de una condena sin mayores esfuerzos de investigación.
 
En una misiva, el director de la Clínica de Derechos Humanos, Thomas Antkowiak, señaló que este caso “representa una dura realidad en México: el uso sistemático de la tortura y coerción como método de investigación por parte de la policía y el Ministerio Público, y la aceptación de prueba coaccionada por parte del Poder Judicial”.
 
Esa práctica sistemática ha sido reconocida y reprochada por numerosos organismos internacionales, que han solicitado al Estado mexicano realice cambios estructurales en su sistema de justicia.

De acuerdo con Antkowiak, un momento decisivo en la historia del caso Laparra fue la presentación, por parte de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Varios estudiantes de derecho participaron en el análisis del expediente, así como en la preparación y el seguimiento del caso ante la CIDH.
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano que instrumentara medidas adecuadas para dotar de tratamiento médico y proteger la delicada situación de salud de Laparra.
 
“La decisión de la CIDH se transformó en una herramienta trascendental para generar un espacio de negociación con oficiales del gobierno local y federal sobre el caso de Ananías Laparra”, dijo Alejandra Gonza, abogada representante en el caso.
 
Después de un intenso periodo de negociaciones y reuniones, y con la adopción –el pasado viernes 24– de medidas cautelares por parte del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, la Mesa de Reconciliación determinó liberar a Laparra este martes, bajo la figura de sentencia suspendida.
 
Para llegar a este punto fue fundamental el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la representación legal del abogado mexicano de la familia Laparra Martínez, Ricardo Lagunes Gasca, con quienes la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle pudo consolidar la libertad.
 
Lagunes, Gonza y Antkowiak dijeron que la Clínica y todo el equipo de abogados y organizaciones que los apoyaron continuarán trabajando en representación de la familia Laparra Martínez, para que el Estado de mexicano le otorgue una reparación integral por las graves violaciones a sus derechos humanos.
 
Los esfuerzos, añadieron, incluirán el litigio pendiente ante la CIDH, además de las iniciativas entabladas ante autoridades estatales y federales.
 
Laparra Martínez dejó el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número de 3 de Tapachula, Chiapas (CERSS 3), pero la travesía apenas empieza para él, pues ahora iniciará la búsqueda de su hijo José Ananías, quien “huyó” de la entidad luego de haber sido torturado por policías judiciales, y hasta ahora nada saben de él.
 
Lo último que Ananías Laparra Martínez supo de su hijo, ahora con 26 años de edad, es que estaba en el Distrito Federal y que se había hecho adicto a las drogas.

Si hay corrupción en el ejército, acepta General...

El General Roberto de la Vega Díaz aceptó la posibilidad de que exista corrupción entre personal del Ejército y que además es problema generalizado entre las corporaciones.

De acuerdo con El Universal, De la Vega exhortó a los soldados, agregó, es a que no se involucren en actividades ilícitas.
 
En el marco de una ceremonia en las instalaciones de la Región Militar en Torreón, Coahuila, de la Vega aceptó que hay corrupción en las filas del ejército.
 
Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador ha señalado que se debe retirar al ejército de la guerra contra el narco precisamente para evitar que se corrompa.
 
Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, o obstante, se han declarado a favor de mantener al ejército en la misma guerra contra el narco de Felipe Calderón.

Posted by Victor Hernandez