Roberto Morales Ayala
Zona Franca |
Fuerza bruta
A como va pintando el
operativo Coatzacoalcos Seguro, entre quejas y reclamos de la sociedad, abusos
contra parroquianos en bares y cantinas, y dudosos golpes al crimen organizado,
no sabe uno si resultó peor el remedio que la enfermedad.
Todos queremos tranquilidad. Todos exigíamos la presencia militar, habida
cuenta de la desconfianza que provocan las policías, su mala fama y la
evidencia de que se coluden con la delincuencia. Todos deseábamos que el
Ejército y la Marina-Armada tomaran la plaza, inhibieran a los malosos, los
desterraran y los pusieran a la sombra para recuperar la paz perdida.
Lo que no queríamos, ni
queremos, es la prepotencia de quienes por tener un arma en la mano, el
uniforme que impone, el pasamontañas que oculta el rostro, más que disuadir a
la delincuencia, terminan por hostigar a la sociedad. Con la fuerza bruta,
nadie.
Ha tenido el operativo
Veracruz Seguro un mal arranque, contrario a lo que la población habría
imaginado. En el bar El Arrecife, marinos y policías llegaron como sheriff del
oeste, esculcaron a los clientes, les decomisaron teléfonos celulares, se
llevaron una ipad, desnudaron a las meseras y hasta la dueña del negocio
asegura que le robaron 10 mil 400 pesos. Fue su carta de presentación.
Horas después, un grupo de taxistas
de la Central Camionera protestaron porque sus unidades les fueron retenidas
presuntamente por detectarse irregularidades en su documentación.
Simultáneamente,
automovilistas fueron infraccionados por no tener licencia, por tener la
licencia vencida, por carecer de tarjeta de circulación, porque no emplacaron,
por no cumplir con la verificación vehicular, por no usar el cinturón de
seguridad, por traer vidrios polarizados, o simplemente porque se le pusieron
al brinco a los militares, navales o policías.
En masa arribaron a las
oficinas de Hacienda del Estado a pagar las multas para recuperar su documentos
y en algunos casos, para recuperar sus automóviles. La cifra promedio es de 700
conductores multados, a razón de 60 pesos cada uno. O sea 42 mil pesos diarios.
Cierto es que el ciudadano
está obligado a andar derecho, a cumplir con el reglamento de Tránsito, a no
transgredir las leyes. Pero, que se sepa, no era ese el objetivo del operativo
Coatzacoalcos Seguro, sino el de recuperar la tranquilidad, apresar a sicarios,
halcones, estacas, jefes de plaza, lavadores y operadores financieros del
crimen organizado.
Lo que vemos es otra cosa. Militares y navales, la policía misma, es usada por
el gobierno de Javier Duarte en labores que no son su naturaleza. Actúan como
inspectores de tráfico, como ejecutores del Reglamento de Tránsito, como
agentes viales, diluyendo el respeto que un amplio sector de la sociedad les
tenía.
Se suponía que el operativo
Coatzacoalcos Seguro tendría también la participación de las comisiones de
derechos humanos, cuya misión sería vigilar que los pasos de los militares,
marinos y policías no rebasaran los límites del respeto a las garantías
constitucionales de los ciudadanos. Por voz de los ombudsman nos enteramos que
ni los fumaron, ni los invitaron, ni los incorporaron.
A diario, desde que arrancó
el operativo, hay quejas por detenciones arbitrarias, incluida la del
periodista de nota policíaca, Rafael León, quien enteró del abuso a la
Asociación de Periodistas sin obtener gran respuesta, y tuvo que acudir a la
delegación regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La instalación de retenes, el
aparataje policíaco, las caravanas de patrullas, el sobrevuelo de helicópteros
y hasta el manoteo y la voz prepotente de los militares, marinos y policías,
puede ser espectacular pero difícilmente efectivo.
A menos que sean suicidas,
los malosos no se acercarán al malecón donde se forman las interminables filas
de vehículos que son revisadas acuciosamente por los elementos del operativo.
El crimen organizado vive una competencia diaria con las fuerzas del orden, una
lucha entre el bien y el mal, una lucha por sobrevivir. Sería impensable que
así, sin reparar mucho, acuda a la cita con las fuerzas federales instaladas en
el malecón o en algunas avenidas de Coatzacoalcos. El instinto les dice que hay
que sacarle la vuelta a los retenes. Y así lo hacen.
Ese hostigamiento a los
automovilistas y el atropello a un cada vez mayor número de ciudadanos, nada
tiene que ver con el combate al crimen organizado. A medida que avanzan los
días, entre la sociedad se observa el operativo Coatzacoalcos Seguro como una
mascarada sin ton ni son.
De hecho, existe una
contradicción. Por un lado existe rigidez con el ciudadano común, el
automovilista, el cliente asiduo a un bar o a una cantina, y por el otro el
ayuntamiento de Coatzacoalcos permite el consumo de bebidas embriagantes en la
vía pública y hasta se da el lujo de regular sus horarios en el malecón.
Los rondines suelen ser
espectaculares pero sumamente costosos. El gasto en gasolina y en combustible
para helicópteros es un derroche, sin que se hayan obtenido resultados
tangibles o capturado peces gordos del crimen organizado.
En el arranque del operativo
Coatzacoalcos Seguro se denunció la desaparición de seis personas a manos de
marinos, militares y policías. Sus familiares revelaron que fueron sacados de
sus casas con lujo de fuerza, presumiblemente sin que hubiera flagrancia, es
decir, sin que en ese momento estuvieran cometiendo delito alguno. Eso es lo
que dicen sus familias.
Poco después, la Secretaría
de Seguridad Pública reveló que los detenidos pertenecen a bandas del crimen
organizado, algunos son narcomenudistas y se les consignará ante las instancias
legales correspondientes.
Algo ahí no encaja. Un caso,
el de Violeta Villaseñor Chiu, llama la atención. La policía dice que se le
detuvo en la colonia Las Gaviotas, al poniente de la ciudad y se le acusa de
narcomenudeo. La familia de ella, en cambio, asegura que fue detenida desde el sábado
pasado, y que la sacaron de su casa, no en Las Gaviotas.
Algunos de los nombres
manejados en la prensa como desaparecidos o detenidos por los elementos
federales y la policía estatal, hechos públicos desde el lunes 26, apenas ayer
los reportó la Secretaría de Seguridad Pública en calidad de presuntos
responsables de narcomenudeo. Tuvo que venir una embestida de prensa para la
SSP abordara el tema.
El panorama es más que
preocupante. Pareciera ser un montaje, donde primero se detiene a ciudadanos,
inocentes o no, y cuando la situación lo amerita se les presenta públicamente
en calidad de supuestos integrantes del crimen organizado.
Así se va creando la
suspicacia. Así se genera la falta de credibilidad. Todos suponíamos que el
operativo Coatzacoalcos Seguro generaría confianza y tranquilidad, pero ocurre
justamente lo contrario.
En tres días, el operativo ha
provocado el hostigamiento a la ciudadanía y escasos resultados en cuanto a
acciones contra el crimen organizado.
No era eso lo que se
esperaba. Todos reclamábamos tranquilidad y hoy estamos más intranquilos.
Queríamos la presencia de las fuerzas federales y hoy nos sentimos amenazados,
temerosos de sufrir un abuso, que lleguen a nuestras casas, nos saquen y nos
inventen un delito. Queríamos paz y nos dieron incertidumbre.
Al unísono se habría
aplaudido la presencia militar, garantía de acciones contra los delincuentes,
pero no para generar un ambiente de zozobra, hostigamiento y temor.
Algo se tendrá que hacer, quizá un cambio de
señal, pues de lo contrario habrá salido peor el remedio que la enfermedad.
Reproducimos este articulo de Roberto Morales Ayala por ser un tema vigente, de fecha 30 de Noviembre del 2012 del enlace:
