EN SUS MANOS…..

Para bien o para mal son los partidos políticos quienes  deciden el destino de cada uno de los mexicanos, ante procesos democráticos manipulados y la  demostrada sumisión de las instancias “autónomas” encargadas de vigilar que las leyes se cumplan a cabalidad sin importar de quien o de qué  se trate, solo queda reconocer que son los grupos de poder cobijados en las tres principales fuerzas políticas quienes nos tienen, nos guste o no…… en sus manos.

Ayer fue un día crucial para los tres partidos de mayor “representación social” en el país….…Asamblea nacional  de Delegados del PAN para  aprobar sus nuevos estatutos de selección de Dirigentes, Consejo Político del PRI en Veracruz con mensaje desafiante a la oposición por parte del Gobernador Duarte y Consejo Nacional del PRD para discutir su permanencia en el “Pacto por México”.   Cada una de las decisiones tomadas en las tres reuniones, marcaran el rumbo de los mexicanos por los próximos años.

¿Justicia Divina?

En el caso del Partido Acción Nacional, en medio de una gran polémica se aprobó la reforma a sus estatutos.   Por un lado  aseguran  los panistas simpatizantes con el actual Líder Nacional Gustavo Madero  que  el único  objetivo de  estas, es dar mayor peso a la militancia permitiendo que sean ellos quienes elijan a sus  Dirigentes Estatales  y  Nacionales, sobre todo en el caso de los Comités Estatales  con probada subordinación a los gobernantes en turno aunque estos sean “adversarios políticos”.  El  ejemplo  que varios de ellos ponían por ser de los más claros, es el de Veracruz, cuyo “Líder” estatal  ha mostrado en varias ocasiones cierta  afinidad  al palacio de Gobierno en  temas de crucial importancia para la subsistencia del  partido que representa  y  la mejor muestra de ello es la “docilidad” con las que se ha  aceptado  que se anulen casillas en los distritos de Xalapa Urbano,  Xalapa Rural, Álamo  y Misantla con lo que se beneficia de manera directa al PRI quienes podrían además de los 27 Diputados de mayoría relativa electos, lograr 9 curules más por la vía plurinominal, lo cual representa una auténtica   burla a las leyes electorales vigentes.

Por el otro lado sus  detractores afirman que este  método de  selección  había sido aprobado ya en una sesión anterior  y que el verdadero debate se  inició cuando  el  Comité Ejecutivo Nacional  del partido presentó una nueva Reforma de Estatutos  “disfrazada de armonización”,  en la que se crea un órgano nuevo llamado Comisión Permanente del Consejo Nacional  cuya facultad de decisión  puede superar las atribuciones del mismo CEN y de las Dirigencias Estatales y Municipales.    Acusan  que fue un “agandalle” lo que se vivió ya que se reformaron artículos que no eran parte de la propuesta original y   de ahí  que se originaran las manifestaciones de molestia por parte de un sector del blanquiazul.

Línea directa……

También para el PRI ayer fue un día importante y no porque en el Consejo Político  Estatal, celebrado en el Word Trade Center de Boca del Río se diera algún anuncio  relevante, sino por la manera en la que en abierto y ante la presencia de  representantes de medios de comunicación de todo el país que cubrieron  el evento,  se ordenó a los diputados priistas que resultaron electos el pasado 7 de julio, la línea que habrán de seguir y la obediencia absoluta que deberán mostrar no a quienes por ellos votaron, sino al Gobernador Javier Duarte y al partido al que pertenecen.

Ante la presencia del Dirigente Nacional del PRI César Camacho,  Duarte  se comprometió a que SUS Diputados serán “grandes aliados” del Presidente Peña Nieto votando a favor por cada una de las Reformas que  a este parezcan convenientes, aprovechando que después del 7 de julio el PRI  gobernara  al 70% de los veracruzanos.   Incluso lo exhorta  de manera velada a no ceder ante presiones políticas derivadas de la permanencia de la oposición en el “Pacto por México”,  con el más absoluto cinismo  y mostrando su natural habilidad para decir lo que no debe,  declara… “ El  Presidente Peña Nieto en Veracruz  no necesita pactar con nadie, aquí estamos comprometidos con su programa”…..

Se le olvida a Duarte de Ochoa que él mismo previo a la jornada electoral, hacía un “llamado a la unidad” entre los partidos políticos de oposición, proponiendo incluso su propio “Pacto” por Veracruz y que si el “Pacto por México” ha estado en riesgo desde entonces,  ha sido  justamente por  la descarada intromisión  del Gobierno a su cargo en el proceso electoral pasado.   Una auténtica bajeza del mandatario estatal  minimizar un acuerdo nacional entre partidos de oposición en aras de  un triunfo logrado a base de trampas.

Los de…. “En medio”

Y en medio de ambos eventos pero relacionado con las decisiones que al final del día se tendrán que tomar entre las principales fuerzas partidistas del país, el PRD vivió su propia batalla a nivel nacional, la misma que se ha replicado en varios estados de la república entre los militantes del PRD Rojo y los militantes del auténtico PRD.  El tema a debatir, la permanencia del Sol Azteca en el “Pacto por México”.

Los militantes amarillos lanzaron severas críticas a su Dirigente Nacional Jesús Zambrano por los resultados obtenidos en la pasada jornada electoral  a pesar del modo festivo en el que éste se refería en todo momento a los comicios.  La mayoría de los oradores vincularon el retroceso del partido a los acuerdos signados en el pacto, acusaron  a Zambrano de prestarse al juego de legitimación del Presidente Peña Nieto y de distanciar al PRD de su personaje más emblemático de los últimos años, Andrés Manuel López Obrador.   

Aunque se declaró el Consejo Nacional en receso sin llegar a un consenso general  sobre el punto, Zambrano lleva cierta ventaja ante los quejosos ya que logró acuerdos importantes con grupos que aunque son menores pueden inclinar la balanza a su favor  y poner el primer obstáculo importante a la nueva corriente  surgida al interior  del  PRD “La nueva Izquierda” encabezada por Marcelo Ebrard.   Una de las acusaciones más serias en contra de Zambrano fue que detrás de sus decisiones están los acuerdos a los que de manera personal ha llegado con el Secretario de Gobernación,  Miguel Ángel  Osorio Chong.

FUENTE: NOTIVER

POR QUÉ DECIR “NO” A LA REFORMA ENERGÉTICA: LAS MANIPULACIONES OFICIALES

Martin Esparza    | Primera parte

Si los gobernantes en turno afirman que México es un país democrático, el tema de la reforma energética debe llevarse a un debate nacional donde participen no sólo los grupos empresariales –interesados en apropiarse de buena parte de los dividendos de la renta petrolera, de los contratos de exploración, explotación y los procesos de refinación–, sino todos los sectores sociales, así como intelectuales y especialistas en la materia, para evitar que un asunto de vital trascendencia para el futuro del país sea aprobado por una irresponsable mayoría en el Congreso de la Unión, como ya aconteció con las reformas laboral y educativa. Presentamos esta serie de artículos para argumentar el porqué los mexicanos debemos decir “no” a los cambios que se pretenden realizar en el sector, de acuerdo con lo planteado por priístas y panistas.

 

Si partimos de la base jurídica contenida en el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece sin cortapisas que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público que dimana de éste debe instituirse para su beneficio y no para provecho de unos cuantos, es innegable que parte de esta soberanía descansó, por muchas décadas, en nuestra soberanía económica lograda, en buena medida, gracias a las nacionalizaciones de las industrias petrolera (1938) y eléctrica (1960).

 

De hecho, y como hemos argumentado en Contralínea, en México parece existir una corriente inversa a la que rige en las naciones petroleras y del primer mundo, mismas que conceden a sus recursos energéticos un valor estratégico para sus soberanías y su propia seguridad nacional, evitando que tan invaluable sector sea infiltrado y controlado por empresas extranjeras.

 

Alarmante resulta saber que, por ejemplo, funcionarios mexicanos de primer nivel, como la exsecretaria de Energía Georgina Kessel, sean recompensados por haber brindado millonarios contratos a empresas como la española Iberdrola, que en el pasado sexenio obtuvo concesiones para el establecimiento de parques de eólicos para generación de electricidad en estados como Puebla y Oaxaca, así como importantes proyectos de cogeneración en Tamaulipas y Guanajuato.

 

La firma española contrató como asesora externa a la exfuncionaria con un sueldo trimestral de 35 mil euros –unos 600 mil pesos–, con lo que Kessel obtendrá un sueldo promedio de 200 mil pesos mensuales por haber incluido, en un nebuloso tráfico de influencias, a Iberdrola dentro de los 772 permisos otorgados por los gobiernos panistas para la generación de energía en México a diversas empresas multinacionales.

 

Si en nuestro país se hiciera valer el estado de derecho, Kessel y otros muchos funcionarios deberían ser investigados por haber utilizado información privilegiada para favorecer a las trasnacionales en contra de los intereses de la nación, poniendo en riesgo nuestra soberanía y seguridad nacional, amén de los millonarios daños patrimoniales que han representado los compromisos adquiridos con las firmas extranjeras para comprarles, de forma obligatoria, su energía en las próximas décadas.

 

Como lo han establecido con claridad organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su análisis de la Cuenta Pública de 2009, hasta diciembre de aquel año la compra de energía a las firmas beneficiadas por la exsecretaria Kessel le había costado al país 268 mil millones de pesos. Tal situación avizora un dramático futuro cuando el organismo señala con irrefutables pruebas que los contratos firmados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con las multinacionales de la energía representarán, de 2010 a 2040, una erogación global de 1.6 billones de pesos. Altísimo costo que ya empezaron a pagar millones de mexicanos con la imparable alza en sus recibos de luz.

 

Esta errada política energética no sólo ha obligado a subutilizar a la infraestructura eléctrica, propiedad de la nación, sino condenar a Petróleos Mexicanos (Pemex) a una virtual quiebra técnica por la silenciosa privatización en sus diversas áreas, echada a andar desde el gobierno de Vicente Fox y legalizada con la reforma calderonista de 2008, que abrió la posibilidad de los contratos incentivados.

 

Ahora, y hay que denunciarlo al país, la reforma energética busca dar garantías a los grandes corporativos que no serán expuestos al riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoridad reguladora o Pemex puedan declarar nulas las futuras concesiones: las mismas y extralimitadas garantías de que gozan las trasnacionales que se han adueñado del sector eléctrico.

 

La falsa escenografía que presenta al sector energético como un callejón sin salida para justificar la reforma que, de acuerdo con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, será presentada este mes, debe ser echada abajo en foros de análisis y debate nacional, pues no corresponde a la realidad que enfrentan tanto la CFE, como Petróleos Mexicanos. Ambas entidades deben parte de sus debilitamientos financieros a esa encubierta privatización operada por los panistas, situación de crisis que en el caso de Pemex se ha acrecentado por el injusto régimen fiscal impuesto a sus ingresos. Los multimillonarios recursos que paga la paraestatal al fisco son utilizados para tapar los gigantescos huecos presupuestales ocasionados por la evasión de los grandes empresarios, ante la complicidad y complacencia de las autoridades hacendarias.

 

Tan sólo en 2004, de acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la evasión en nuestro país alcanzó la cifra de 610 mil 800 millones de pesos, ingresos faltantes que fueron cubiertos por la carga fiscal impuesta a la paraestatal y que le costó erogar, ese año, 473 mil millones de pesos. Antes de tomar cualquier determinación a espaldas del país, se debe explicar a los mexicanos –en quienes reside la soberanía nacional como lo dicta el Artículo 39 constitucional–, cómo es posible que se haya consentido que Pemex sea la única empresa petrolera en el mundo que pague más impuestos. Por ejemplo, en 2009, Exxon Mobile erogó, por la vía tributaria, 15 mil 100 millones de dólares; Royal Dutch Shell, 8 mil 300 millones de dólares; Petrobras, 5 mil 200 millones y, para no creerse, Pemex desembolsó ¡40 mil 500 millones de dólares!

 

Con estos comparativos, difícilmente los panegiristas de la reforma podrán argumentar que Pemex es una empresa poco rentable e improductiva. Recordemos al respecto la urdida ineficiencia de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro, inventada por Calderón para desaparecerla, cuando sabía perfectamente que su gobierno la obligaba a comprar energía cara a la CFE y revenderla a un precio más bajo a los consumidores: una inducida quiebra cuyos verdaderos objetivos eran desaparecer a una de las organizaciones más combativas e independientes del país, como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para entregar valiosos recursos patrimonio de la nación (como la fibra óptica) a empresarios privados, muchos de ellos, por cierto, panistas, como los exsecretarios de Energía en la gestión de Fox, Fernando Canales y Ernesto Martens.

 

Los priístas, que ahora buscan emplear su fuerza numérica para imponer la reforma energética, deben recordar lo planteado por sus antecesores de la LXI Legislatura, cuando en julio de 2011, y siendo oposición, demandaron en su documento parlamentario 10 años de panismo (apartados de “Resultados”; “III Energía: desperdicio y enajenación de bienes públicos”): “para el PRI [Partido Revolucionario Institucional] está claro que el futuro de la energía en México se deberá discutir en un marco de apertura, certeza y honradez, y en función de los mejores intereses del país; la solución no consiste en privatizar los recursos de la nación para ocultar los fracasos del PAN [Partido Acción Nacional]. México cuenta con los recursos energéticos suficientes para enfrentar el reto. Sólo falta liderazgo”.

 

En sus manos está honrar su propia palabra y hacer valer la soberanía nacional que radica, como lo establece nuestra Constitución, en el pueblo de México y no en funcionarios pillos que han configurado, en su delictivo proceder a favor de las trasnacionales, una verdadera traición a la patria.

 

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas 

 

Fuente: Contralínea 347 / agosto 2013

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/11/por-que-decir-no-la-reforma-energetica-las-manipulaciones-oficiales/

¡NO NOS CALLARÁN! LAS BATALLAS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

A la memoria de Miguel Ángel Granados Chapa (1941-2011)

 

Dos volcanes se ciernen sobre los mexicanos. Uno, el Popocatépetl, el célebre Don Goyo entre las actuales generaciones que viven y sobreviven a sus alrededores y quienes sienten los constantes temblores por sus aún tímidas erupciones y fumarolas; y quienes desde lejos lo miramos y sabemos que ese milenario volcán se mantiene activo y amenazante desde el centro de nuestro planeta. Esto mientras la Julieta de eseRomeo, la Mujer Dormida, el Iztaccíhuatl, permanece aparentemente inactivo con su cobija de nieve.

El otro volcán es el social, en cuyo interior su lava es la mezcla de la pobreza, el desempleo, la inseguridad y el encarecimiento y escasez de los productos de primera necesidad. Un volcán a punto de estallar contra los malos gobiernos federales, municipales y de los estados, incluyendo la jefatura defeña; contra la impunidad, el abuso del poder y la pésima administración de la justicia (desde los ministerios públicos, pasando por los jueces y culminando en una Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus palos de ciego en sus resoluciones, que a veces son atinadas y otras, cuando no regresivas, abiertamente absurdas).

 

“Ésa es, señores [lectores], mi convicción profunda: creo que estamos durmiéndonos sobre un volcán, estoy profundamente convencido de ello”, advirtió Alexis de Tocqueville 1 mes antes de la Revolución de 1848 en su discurso en la Cámara de Diputados de Francia, el 29 de enero de ese año. Una Revolución que buscó rescatar los principios de la Revolución de 1789, contra el resurgimiento de un gobierno antidemocrático. No son ahora las mismas causas sociales, económicas y políticas las que atizan al volcán social de nuestro país que, como los griegos, los españoles, los brasileños, sufre la traición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, a punto de ser víctima de la embestida privatizadora del petróleo en los términos del peñismo, con la complicidad de los partidos electoreros y de los ricos, millonarios y multimillonarios que suman no más de 150 mil en una población de 114 millones de mexicanos (según consigna el informe que hace el seguimiento de las personas acaudaladas publicado por La Jornada el 19 de junio de 2013).

 

En ese contexto, el periodismo crítico –no el de Televisa, Tv Azteca y complacientes medios escritos y radiofónicos– es el que ha estado siendo atacado a sangre y fuego por funcionarios delincuentes que quisieran silenciar a la prensa que informa verazmente, que exhibe los abusos del gobierno, de los sicarios del narcotráfico y todas las delincuencias, dándole tribuna a los asuntos sociales del hambre, el empobrecimiento, el desempleo y que no titubea en informar sobre los rateros en los cargos públicos, el reparto del botín y los panistas desgarrándose las vestiduras blanquiazules –entre calderonistas y no– con los más de 400 mil pesos en las bolsas, al estilo del Granier priísta con sus cajas de millones de pesos.

 

Contra esa prensa escrita, sobre todo, es que gobernantes y delincuentes han enfocado sus constantes y graves ataques, al grado de que tenemos ya más de 60 periodistas asesinados, más de 40 asilados fuera de sus lugares de origen, otros desaparecidos y muchos más amenazados. Gobernantes y delincuentes son vasos comunicantes de la corrupción, al grado de que ya no tenemos políticos, sino rateros que, por encubrir sus abusos, son capaces de todo.

 

En el Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico de la capital del país, se abrió la exposición ¡No nos callarán! Las batallas por la libertad de expresión. Se trata de una exposición creada por la asociación civil Propuesta Cívica, que está presidida por el periodista Sergio Aguayo y en colaboración con organizaciones que dan la cara por la lucha constitucional de tener una prensa libre, crítica, veraz y de servicio democrático.

 

Asistir a esa muestra por las libertades de prensa, aunado a la lectura de la crónica de Mónica Mateos-Vega (La Jornada, 20 de junio de 2013), es unirse incondicionalmente a lo que la exposición representa: mantenerse  alertas contra los funcionarios que en su doble personalidad sangrienta, autoritaria y represiva actúan como delincuentes. Y también en alerta contra las delincuencias encabezadas por los narcotraficantes. Ambos están más que dispuestos a combatir esas libertades, duramente conquistadas y ratificadas contra viento y marea, de quienes quisieran verlas zozobrar en el mar de sus homicidios, resoluciones judiciales, amenazas cumplidas y todo tipo de agresiones de las que se valen para amedrentar.

 

*Periodista 

Fuente: Contralínea 347 / agosto 2013

Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/11/no-nos-callaran-las-batallas-por-la-libertad-de-expresion/

EXIGEN QUE JAVIER DUARTE CONVOQUE A PLEBISCITO SOBRE LA EXTRACCIÓN DEL AGUA DEL RÍO PANUCO

Porque el daño ecológico que se causaran estas decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo Federal de realizar el proyecto Monterrey VI que atenta contra el desarrollo futuro regional de la huastecas. Sin tomar en cuenta los efectos sociales, económicos y de deterioro devastador que generara dicho proyecto. 3 años de pedir a la CONAGUA analizar conjuntamente los datos inconsistentes sin respuesta. Solo hemos pedimos que escuchen los resultados de nuestros análisis hidrológicos, pues seguro estamos que de realiarzase el Monterrey VI como lo planean jamás les resultara. 

Pues creemos firmemente que para que tenga sustentabilidad hidrológica, se deberá modificar sus características hidráulicas de diseño, debiendo incluir, entre otras, vasos de almacenamiento y regularización, colindantes a la obra de captación. 

El proyecto del Sistema Pujal-Coy desde el punto de vista ingenieril y de evaluación de proyectos presentó en la época una concepción adecuada, contándose para el mismo con estudios completos en lo que se refiere a: obra civil, agronomía, hidrología y evaluación económica. Así mismo, contó con un programa de definido de obras, estimación de costos de inversión y operación y la estimación de los beneficios durante la vida útil del proyecto, datos que solo hay que actualizar. 

Desde su origen este proyecto ha sido unilateral, con datos inconsistentes hidráulicos, grandes violaciones de la legislación ambiental vigente y nulificando a las autoridades, y poblaciones de los estados de Veracruz y Tamaulipas, sus especies y comunidades más afectadas con dicho proyecto. por todo lo anteriormente citado aunado a que casi no tenemos agua en la mayor parte de los municipios y garantizar con el agua dulce a los pueblos es prioridad fundamental de sus gobernantes claro está sin perjudicar a una porción de ciudadanos mayor a los que beneficiara, hoy la lucha de los gobiernos en el mundo es la POSESION DEL PETROLEO, sino porque PEMEX se empezó a vender, después de unos años mas las guerras serán por el control y posesión del agua dulce, si no porque FEMSA SERA BENEFICIADA CON LA MAYOR CANTIDAD DE ESTA AGUA QUE SE PRETENDE SACAR DEL RIO Y QUE LA MAYOR PARTE SERA DESTINADA AL USO INDUSTRIAL.

ENLACE:http://www.change.org/es/peticiones/dr-javier-duarte-de-ochoa-se-convoque-a-plesbicito-sobre-la-extracci%C3%B3n-del-agua-del-r%C3%ADo-panuco?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true

MIGUEL ANGEL YUNES LINARES SOLICITA AL GOBIERNO ESTATAL INFORMACIÓN DE LOS GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Escrito por Jesus Lazo

Miguel Ángel Yunes Linares solicitó al Gobierno del Estado, a través de un documento entregado en la Coordinación de Comunicación Social, proporcione información detallada sobre los gastos ejercidos por esta dependencia, en específico sobre la partida 5133636100005 respecto a la “difusión de mensajes sobre programas gubernamentales” del año 2010 a la fecha. 

Yunes Linares pidió un informe sobre las erogaciones por concepto de pagos a medios de comunicación en prensa escrita, radio, televisión y páginas de internet y los gastos por concepto de carteleras espectaculares en el estado, y en el país.

Asimismo, solicitó las fechas de dichas erogaciones; las copias de las facturas emitidas por los medios de comunicación citados; las copias de los cheques o comprobantes de pago emitidos por parte del gobierno de Veracruz para estos efectos; y los convenios de dichos medios de comunicación que al efecto se han hecho. 

Manifestó que el Gobierno del Estado, a través de la modificación al acuerdo número CAIR-047-2012, pretende clasificar la información de la Coordinación de Comunicación Social como de acceso restringido en la modalidad de reservada y confidencial y por lo tanto los ciudadanos no pueden tener acceso a la misma.

“Este acuerdo es totalmente contrario a las normas constitucionales; y porque es obvio que el Gobierno del Estado a utilizado miles de millones de pesos para difundir obras y acciones que no ha llevado a cabo, privilegiando el gasto en Comunicación por sobre otros rubros que debiera atender, y que sí debieran considerarse prioritarios como lo son seguridad pública, educación salud, obras públicas, combate a la pobreza, y en general en desarrollo social”, dijo.

Yunes Linares señaló que es más que un abuso que se desvíen cada año cientos de millones de pesos para “comunicar” lo que no se hace cuando la crisis que vive Veracruz no tiene paralelo en su historia.

Señaló que el Gobierno Estatal está obligado a proporcionar dicha información, de manera detallada, y apelando al principio de “máxima publicidad”, mismo que se encuentra establecido en la Carta Magna y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Detalló que en el numeral 2 del artículo 7, esta Ley señala que: “los sujetos obligados atenderán al principio de máxima publicidad en la gestión pública, comprendiendo el derecho de acceso a la información como una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa que permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar a sus representantes y servidores públicos, y estimula la transparencia en los actos de gobierno”.

Miguel Ángel Yunes Linares espera que su solicitud tenga una respuesta positiva en los plazos que la Constitución y las leyes establecen.

FUENTE: POLÍTICA EN RED

AL GOBERNADOR DE VERACRUZ: ¿DÓNDE ESTÁN LOS ASESINOS DE REGINA MARTÍNEZ?

Repudian el asesinato de Regina Martínez en Veracruz.  Foto: Miguel Ángel Carmona

El gobierno de Javier Duarte de Ochoa fabricó un culpable para dar por esclarecido el asesinato de nuestra compañera Regina Martínez Pérez. Así lo ha informado la revista Proceso y así lo confirmó el propio Poder Judicial del estado de Veracruz.

El jueves 8, la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado resolvió poner en libertad a Jorge Antonio Hernández Silva, acusado por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) de ser copartícipe del robo y homicidio cometido la madrugada del 28 de abril de 2012 en la casa de nuestra corresponsal en Veracruz.

Por dos votos a tres, la sala revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión a los que lo había condenado, en abril pasado, la juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa Beatriz Rivera Hernández, quien había avalado por completo la versión de la Procuraduría.

Los magistrados Edel Humberto Álvarez Peña –autor del proyecto de resolución– y Andrés Cruz Ibarra echaron abajo esa sentencia por las violaciones constitucionales cometidas por la PGJ que afectaron el debido proceso y dejaron en situación de indefensión al inculpado, un analfabeto seropositivo que fue torturado para que se declarara culpable.

Ante el sentido de la resolución, que echa abajo en parte la versión de la PGJ, la magistrada Martha Ramírez Trejo emitió un voto particular, mientras que la propia Procuraduría expresó su rechazo a la decisión mayoritaria de la sala y el hermano de la periodista, Ángel Martínez, anunció en un comunicado de prensa y una nota informativa que impugnaría la resolución de los magistrados.

La posición que prevaleció entre los magistrados fue que además de las violaciones al debido proceso previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, la Procuraduría no acreditó la responsabilidad de Hernández Silva, quien alegó haber sido detenido semanas antes de que la PGJ lo presentara como probable responsable.

Respecto a las violaciones constitucionales dijo que no hubo orden de aprehensión para su detención, además de que “no contó con una debida defensa”, como lo establecen los artículos 19 y 20 constitucionales, pues si bien tuvo un defensor de oficio “en ningún momento se advierte que se haya dado a la tarea de cumplir cabalmente con su función”.

Además, la sentencia de la juez de primera instancia se sostuvo únicamente con la confesión del inculpado, “la cual fue llevada por medo de la tortura, por lo cual no deberá otorgársele validez”, dicen los dos magistrados que hicieron el voto mayoritario.

A los ojos de los magistrados, los testimonios que presentó la PGJ contra Hernández Silva y que fueron avalados por la juez Rivera Hernández “son de oídas”, “contradictorios” y “aleccionados”. Más aún, “no se advierte que ninguno de ellos haya hecho mención que fuera Jorge Antonio Hernández Silva la persona que se introdujera a la casa de la finada a robar y estuviera presente cuando su copartícipe privara de la vida a Regina Martínez Pérez”.

(Fragmento del texto que se publica en Proceso 1919, ya en circulación)

DEFENSORES Y AMBIENTALISTAS ASESINADOS/ Piedra en el zapato

por Lilia Baizabal

10 agosto, 2013

“Pobre pueblo mexicano. ¡Mandar no puede y obedecer no quiere!”: Ignacio Montes de Oca.

Por lo menos 66 defensores de derechos humanos, luchadores sociales y ambientalistas han sido asesinados en los últimos 7 años en México. El más reciente es el caso de Noé Vázquez Ortíz,  en el municipio de Amatlán del estado de Veracruz. Murió según sus compañeros,  por ser uno de los principales opositores a la construcción de una hidroeléctrica en la comunidad del Naranjal.

Varios de estos brutales asesinatos han sido repudiados y condenados hasta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, como en los casos de más de cien comunicadores asesinados,  el Estado mexicano se mantiene “ciego, sordo, mudo e indiferente ante la ola de sangre que continúa cobrando la vida de quienes en abierto, exigen justicia, alto al abuso, la impunidad, corrupción, exigen paz y la aplicación de la ley.

La lista de asesinados incluye a hombres y mujeres que han luchado desde diversas trincheras, van desde los que claman por la aparición de hijos levantados, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, líderes indígenas que se oponen a la expropiación de sus tierras, mujeres que luchan contra los feminicidios, Campesinos Ecologistas, defensores del medio ambiente y demás.

Noé Vázquez Ortíz/ Plumas Libres

Sin olvidar las amenazas, intimidaciones, secuestros  y hasta desapariciones de muchos otros que se han atrevido a denunciar casos de violación, abuso y tortura por algunos militares, policías judiciales federales, estatales y hasta policías locales.

Guerrero es el estado que más asesinatos de activistas y defensores de Derechos Humanos reporta con el 68% en el país. Le siguen el Distrito Federal, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y ahora Veracruz que se suma a la lista con el asesinato de Noé Vázquez Ortíz. Antes, reportó casos de defensores que han sido procesados penalmente, por manifestarse en contra de la depredación de dunas y contaminación de granjas porcinas en la región de Perote.

Todo hace sospechar que ahora las víctimas podrían ser ambientalistas o defensores de los recursos naturales, bosques, selvas, mares, ríos, lagos,  lagunas, especies animales, o férreos opositores a la construcción de 112 hidroeléctricas que vienen por el control sobre el agua en el estado.

Como en el caso de los más de cien periodistas asesinados en los últimos 7 años, el Estado Mexicano ha incumplido no solo con frenar esta ola de muerte evidentemente orquestada desde algún lugar, sino hasta con las medidas cautelares dictadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha otorgado más de 156 medidas de protección a 200 defensores mexicanos y familiares, que lo solicitaron.

Queda claro que las y los defensores de derechos y medio ambiente, aparecen como algunos periodistas, en la lista de actores incómodos ante las políticas de contrainsurgencia, depredación, privatizaciones, sometimiento al exterior, explotación de recursos naturales, presunta “guerra contra el narcotráfico” y demás.

En el 80% de los casos de asesinatos, las autoridades de Procuración y Administración de Justicia, han respondido con la descalificación hacia las víctimas para excusar la terrible impunidad y corrupción con que trabajan.

A la mayoría de los asesinados los han criminalizado, desprestigiado. Por eso no sorprende que un agente del ministerio público en Córdoba, se haya apresurado a declarar que Noé Vázquez Ortiz, pudo haber sido asesinado por rencillas personales, sin que haya primero cumplido con su labor de investigar y luego hablar.

Jonathan Gerardo Contreras Jiménez, Luis Enrique de la Cruz Martínez y Armando Tlaxcala Hernández, presuntos responsables de la muerte del ambientalista y artesano, Noé Vázquez,  continúan detenidos pero nada se ha hecho para asegurar la vida del menor que acompañaba a la víctima único testigo clave de los hechos. Y quién nos asegura que producto del mal trabajo de la Procuración de Justicia,  al rato salen libres igualito como sucedió con el caso de Jorge Alberto Hernández Silva, presunto asesino de la ex corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez.

Lo que dejan claro los hechos,  es que el ambiente de inseguridad, de violencia, muerte, amenazas, intimidaciones, desapariciones forzadas,  se ha volcado en contra de los y las defensoras de derechos humanos y medio ambiente en el país y continuará mientras las autoridades correspondientes no hagan nada y la misma sociedad no se organice para evitarlo.

Suena a solicitar un milagro,  cuando organismos internacionales Defensores de Derechos Humanos, han denunciado que muchos de estos crímenes y violencia corren a cargo de comandos armados, grupos paramilitares y elementos estatales (particularmente policías y miembros de las Fuerzas Armadas) que han sido identificados en los reportes de prensa, en las denuncias y en los informes internacionales como ejecutores de la violencia en contra de los defensores y periodistas.

Javier Hernández Valencia, representante en México de la OACDHONU, manifestó “que servidores públicos “se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos” y que en la pasada gestión federal y en la actual,  no se ha tenido ningún progreso respecto de los más de 180 casos de agresiones que ha documentado esa representación internacional.

Un informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, que elaboró la Oficina del Alto Comisionado, de la ONU, revela que en el 51 por ciento de los casos de asesinatos a defensores de derechos humanos, periodistas y ambientalistas,  no se puede identificar a los agresores; el 22 por ciento se trata de actores no estatales; el 14 por ciento, de operadores de justicia; el 8 por ciento, de autoridades municipales; el 5 por ciento, de autoridades militares.

Queda claro que existen “operativos”, bien orquestados para acabar con la vida de quienesimpulsan la democracia, la justicia, la equidad, los derechos sociales, territoriales, ambientales, comunitarios en todos los rincones del país.

Tantos asesinatos, no pueden ser producto de la casualidad o hasta de la delincuencia organizada, como muchos funcionarios dicen para no hacer nada.

Las innumerables muertes de defensores de derechos humanos, periodistas y ambientalistas, nos revelan que no son casos aislados, sino parte de una estrategia de intimidación y siembra de miedo para que nadie se atreva a reclamar o defender sus derechos o los recurso naturales, que como nunca antes están siendo depredados en todo el país, producto de la brutal corrupción e impunidad, que permea desde el poder.

Todo, consecuencia de una sociedad en su mayoría indiferente a la grave problemática que enfrenta la nación en materia económica, política, social producto de un modelo económico neoliberal que está empobreciendo al pueblo de México y saqueando los bosques, las selvas, los ríos, los mares, las lagunas, etc.

Pero todos como pueblo tenemos la respuesta. Para solucionar los graves problemas que enfrenta el país, estado, comunidad, hay que romper la barrera del conformismo y la resignación pugnando por una  “Revolución Intelectual” que nos permita impulsar los grandes cambios que México necesita. De no hacerlo, se preguntará, hacia dónde irá el país. Al tiempo.

FUENTE: PLUMAS LIBRES