28 de marzo de 2014

ATAQUE A LA BESTIA DEJA DOS MIGRANTES MUERTOS Y CINCO HERIDOS


Un migrante en "La Bestia". Foto: Octavio Gómez
Un migrante en "La Bestia". Foto: Octavio Gómez
XALAPA, Ver. (apro).- La Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) confirmó que, en el ataque por parte de un comando al tren de carga conocido como La Bestia, dos migrantes centroamericanos perdieron la vida y cinco más resultaron heridos.
La Fiscalía detalló que el asalto registrado en la parte alta de los vagones del tren ocurrió esta madrugada en el municipio de Chinameca, al sur de la entidad.
En el tramo ferroviario de Chinameca y Jaltipan, en el poblado Barrio Tercero, fueron encontrados los restos destrozados de una persona del sexo masculino de nacionalidad hondureña.
Los hondureños David Miranda y Jorge “N” fueron arrojados del ferrocarril por los agresores, quienes portaban armas de fuego y machetes, muriendo en el acto el segundo indocumentado.
En tanto, Miranda Rodríguez fue trasladado al hospital de Minatitlán para ser atendido, donde falleció esta mañana debido a la gravedad de sus lesiones.
Por este motivo, indicó la PGJE, se dio inicio a las investigaciones ministeriales COSOL2/170/2014 y MIN2/201/2014, radicadas en la Agencia Segunda del Ministerio Público de Cosoleacaque y Minatitlán.
Por la mañana, medios de comunicación de la región y autoridades aseguraron que habían sido tres las personas asesinadas; sin embargo, autoridades ministeriales sólo confirmaron el hallazgo de dos cuerpos: uno en el lugar del accidente y otro en el hospital de Minatitlán.
En ese nosocomio se encuentran otros cinco migrantes que están siendo atendidos por heridas producidas por machete y porque también fueron arrojados del tren en movimiento.
El asalto del comando de sicarios, reportaron autoridades, se debió al cobro de cuota por parte de la delincuencia organizada.
Detectives de la Policía Ministerial resaltaron que el “incidente” ocurrió en el kilómetro 34+030, de la vía ferroviaria que conduce a la ciudad de Minatitlán en el tramo conocido como Higueras.
En otro hecho suscitado cerca de ahí, la estatal Dirección General de Atención a Migrantes informó que cuatro centroamericanos, dos de origen hondureño y dos guatemaltecos, sufrieron un accidente en la comunidad de Medias Aguas, en el municipio de Acayucan, mientras el tren realizaba maniobras.
“Todos fueron ingresados con heridas leves al hospital de Oluta, donde ya reciben atención médica”, se consignó en un comunicado.

COLOSIO, EL IMPOSTOR


Una pared conmemorativa del aniversario del asesinato de Colosio en Tijuana. Foto: Xinhua / Guillermo Arias
Una pared conmemorativa del aniversario del asesinato de Colosio en Tijuana. Foto: Xinhua  / Guillermo Arias
MÉXICO, D.F. (apro).- Luis Donaldo Colosio es un ídolo fabricado con amnesia, ignorancia y mentiras, porque su comportamiento real como político priista y salinista fue la antítesis del demócrata.
La biografía política de Colosio –que este 23 de marzo cumplió dos décadas de haber sido asesinado por el sistema al que sirvió y del que se sirvió– está asociada a los fraudes electorales, los asesinatos políticos, los latrocinios y tantas arbitrariedades del poder priista en su expresión más siniestra: El salinismo.
Afiliarse es un acto de adhesión, no de repudio, y Colosio empezó a militar en el PRI en 1968, el año de la matanza de estudiantes en México, y su supuesto compromiso de democratizar el poder –en vísperas de su sacrificio– es la nítida confesión del régimen represor al que perteneció.
Más aún, con la arrogancia de los autócratas, Colosio daba por hecho que sería Presidente de México. ¿Cómo pensaba ganar? Como estaba acostumbrado el PRI y él mismo: A la mala.
La supuesta conversión de Colosio a la democracia sigue siendo, a dos décadas de su asesinato, una fantasía barata. Los hechos acreditan que fue un priista más sometido a Salinas, su jefe hasta su muerte.
Como coordinador de la campaña de Carlos Salinas, en 1988, Colosio fue protagonista principalísimo de una elección marcada por el fraude electoral y los asesinatos de Francisco Xavier Ovando y Román Gil, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas, que fueron los primeros dos de los más de 500 cometidos en el sexenio contra simpatizantes de éste.
Presidente del PRI por decisión de Salinas, Colosio fue el responsable de todos los operativos fraudulentos en las elecciones que siguieron para imponer una “democracia selectiva”: En 1989, por ejemplo, Michoacán no y Baja California sí.
A Michoacán, Colosio envió una legión de mapaches electorales para recuperar el estado, encabezados por José Guadarrama Márquez –ahora perredista operador de Jesús Ortega–, y en Baja California cedió la primera gubernatura al PAN con Ernesto Ruffo.
En la elección de 1991, Colosio se propuso la recuperación del PRI al costo que sea. Decía Colosio: “Queremos la mayoría en el Congreso para seguir acompañando al presidente Carlos Salinas de Gortari en el cumplimiento del mandato social de transformar la vida nacional”.
Y sí: Lo logró con el recién creado Instituto Federal Electoral /(IFE) bajo el control de su partido, con Salinas como coordinador de la campaña desde el gobierno, con multimillonarios recursos del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) y con todas las mapacherías.
Hasta la prensa extranjera, fascinada por las reformas privatizadoras de Salinas, observó el festín de trampas: Carrusel, ratón loco, operación tamal, compra y coacción de voto, “rasuramiento” del padrón.
Aún existía el Colegio Electoral, donde los presuntos diputados defendían su triunfo y ahí  se repitió la tradición: La oposición denunció, el PRI aplastó.
Colosio, quien fue subordinado del subsecretario Manuel Camacho Solís en la Secretaría de Programación y Presupuesto encabezada por Salinas, fue también un falsario de la democratización del PRI y represor de los disidentes Rodolfo González Guevara, fundador de la Corriente Crítica quien terminó por renunciar.
Y el único intento cupular para la supuesta democratización, el Movimiento para el Cambio Democrático (MCD), muy pronto se frustró también, como lo narra el periodista Julio Hernández López, quien fue invitado por Colosio para presidir como secretario adjunto del CEN ese organismo.
En su libro “Las horas contadas del PRI, la historia real de una disidencia por la democracia”, editado por Grijalbo en 1997, Julio cuenta que, tras acciones en los estados para sacudir al PRI –que él mismo presidió en San Luis Potosí entre 1994 y 1995–, el intento se frustró.
“Colosio no podía contradecir las instrucciones de Carlos Salinas y José María Córdoba. Y la instrucción, después de la asamblea, era la de reversa completa. Marcha atrás. Media vuelta. A esperar mejores tiempos.”
Añade: “Platiqué con Colosio. Empujar sería contraproducente para el proceso en general y para el proceso en particular. No había condiciones, las circunstancias habían cambiado”.
Julio renunció a la secretaría adjunta, aunque siguió al frente del MCD, “pero todo se deshizo. A fin de cuentas éramos un movimiento cupular, dependiente de la voluntad y la protección del presidente del partido”.
Ese presidente del PRI se incorporaría, en 1992, al gabinete como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, creada para él por Salinas, tras la recuperación electoral del año anterior. Cargado de recursos, perfilado ya para ser el ungido de su jefe, Colosio recorrió el país en una abierta precampaña.
El 5 de noviembre de 1993, tres semanas antes de su destape, Colosio descendió a la lisonja con Salinas, en Tehuacán, Puebla:
“Esta es una ocasión propicia para rendir un reconocimiento al hombre que conduce con gran acierto y compromiso los destinos del país: Carlos Salinas de Gortari.
“Creo que aquí, como en el resto del país, la obra del gobierno de la República finca las bases de un nuevo tiempo mexicano, en el que está presente de manera decisiva la labor y el desempeño de su liderazgo permanente y ejemplar, de su temple y de sus profundas convicciones (…).
“Por su liderazgo, el Presidente supo convocar, unir y construir mejores destinos para el país y anticiparse a los cambios mundiales, sin vacilar en defender su soberanía (…).
“Por la magnitud de las transformaciones emprendidas, la obra de Carlos Salinas seguirá siendo fuente de inspiración en los años venideros”.
¿Colosio un demócrata? Qué tontería…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
(Las opiniones expresadas en el texto son responsabilidad exclusiva del autor)

SR. TOMAS RÍOS BERNAL DETENGA EL ABUSO DE LOS INSPECTORES DE COMERCIO…

La pagina de change.org. que su enlace es http://www.change.org/ , se ha distinguido por un sinnúmero de peticiones presentadas como quejas o denuncias esta llevando a efecto una campaña de recolección de firmas para detener el abuso de los inspectores de comercio d Córdoba, Veracruz. A continuación la nota:
Sr. presidente municipal haga algo ya con sus trabajadores de comercio

  • walid chain



  • Petición creada por
    Veracruz, México

  • Córdoba Veracruz
    Un ambulante con problemas físicos que vende relojes para poder sobrevivir, fue humillado por personal de la dirección municipal de Comercio, quienes le decomisaron su mercancía.
    Cerca del mediodía, el comerciante Simitrio Valdivia Cruz, de 49 años de edad, quien tiene un problema en una de sus piernas, caminaba por las calles de la ciudad tratando de vender sus relojes, los cuales sirven para poder tener algún sustento que le permita sobrevivir, fue interceptado por un grupo de hombres vestidos de civil, quienes viajaban en una camioneta propiedad del Ayuntamiento.
    Ostentándose como empleados municipales, le exigieron entregara toda su mercancía al informarle la prohibición de vender en la vía publica, sin embargo, él solicitó una “oportunidad” para retirarse, pero fue rechazada.
    “Por mi incapacidad no puedo conseguir un trabajo, mi edad tampoco me lo permite, me compré unos relojes para poder tener un sustento y tratar de ganar algo, ahora lo he perdido todo, lo único que pido es que me dejen vender, tengo la necesidad, porque prefiero vender a estar pidiendo limosna o robando”, aseguró.
    Para:
    Tomás Ríos Bernal, Presidente Municipal 
    Sr. presidente municipal haga algo ya con sus trabajadores de comercio
    Atentamente,
    [Su nombre]

    Firma esta petición

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    NECESITAMOS 81


    “CÁRCEL” A LOS ALCALDES QUE DESVÍEN RECURSOS

    Ruleta Tuxtleca

    Ángel Bravo Martínez 

    Ya están más que advertidos  y, hasta sentenciados por SEDESOL

    Todo aquel alcalde, sea del partido político que sea,  que utilice recursos económicos etiquetados por la federación para la realización de obras públicas de relumbrón, será severamente sancionado y hasta a la cárcel puede ir a parar.

    Ya no van a poder sembrar cemento y más cemento, pese a que existían varios proyectos en el plan de desarrollo municipal.

    Las normatividades de Sedesol federal cambiaron por completo y eso tiene prácticamente “parados de mano” y con la rabieta a flor de piel a varios alcaldes, por que ahora están más que obligados a atender los reclamos y demandas más populares y apremiantes de las familias pobres y marginadas para dotarlos de los servicios básicos más elementales, drenaje, agua potable, alcantarillado, electrificación, viviendas dignas y diversos programas de asistencia social.

    La obra pública tendrá que hacerla la dependencia correspondiente.
         
    Las anteriores administraciones cometieron toda clase de desvíos de recursos federales, latrocinios económicos y diversos actos de corrupción y sufren la condena popular, más no la sanción ministerial y judicial a la que se hicieron acreedores, gracias a que el manto de la impunidad los protege.
     
    Pese a que  los ciudadanos de ésta entidad, coinciden públicamente  en meter a la cárcel a los funcionarios, ex presidentes municipales, ex síndicos, ex directores de obras y ex ediles que tuvieron la comisión de hacienda, que hayan desviado recursos públicos durante sus gestiones, hasta el momento gozan de libertad plena ya que existe contemplaciones y hasta complicidades por parte de las autoridades respectivas.

    Vamos, abusaron del cargo al grado tal de contar con media docena de pistoleros para que los protegieran de cualquier “atentado”, el pueblo no fue atendido y sí en cambió sufrió las consecuencias de los malos gobiernos.

    Ésta misma historia parece repetirse en varios municipios de la región a tres meses de la presente administración municipal, ¿a que le temen, que hicieron, que deben? Es la interrogante de la ciudadanía cuando ven a sus autoridades municipales “cubiertos” por guaruras, esto se vive en Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, Alvarado y Catemaco, donde ya hay “experiencia”  para gobernar.
    Recientemente Jorge Alberto González Azamar, en algunos medios pagados por el erario público, se dolió de las normatividades de  SEDESOL “porque tiene etiquetado los recursos solo para el combate a la pobreza, sin embargo se desconoce en que se esta combatiendo”; irónicamente el sujeto acaba de adquirir una flamante camioneta de lujo valuada en poco más de 800 mil pesos, mientras los cinturones de miseria siguen en espera de ser atendidos.

    Porque a decir verdad en las colonias y diversas comunidades  hay extrema pobreza y no tienen siquiera agua en sus casas,  no hay fuente de empleo, hacen falta oportunidades.

    Aquí lo que quiere y requiere el alcalde es el diezmo de las constructoras a la que está acostumbrado.

    Y ya en cada demarcación, donde no existe la sensibilidad  ni una verdadera vocación de servicio social de las autoridades, se reflejan los abusos del “pinche poder” y como hay consentidos y “chiquiones” de la primera autoridad, muchos ya  traen coches nuevos y de lujo con choferes, guaruras y sus “chiquitas”, el que les carga la mochila, el que les toma las fotos, otro mas que solo filma video, ¡vamos! en Catemaco dicen que en el DIF Municipal hay un excomandante que tiene la “delicada” comisión de cargar la mamila de la bebe de la presidenta del DIF, otro mas la pañalera, otros de seguridad y otro poco que cuida a todos, etc.

    Y para que vea usted que sí alcanza el presupuesto, tan solo en tesorería municipal hay dos tesoreros, dos contadores y una docena de empleados que fueron “contratados” San Andrés Tuxtla. - Ver para creer.

    Jorge Carvallo “al toro por los cuernos” 

    Su lema es cumplir a cabalidad los pactos y acuerdos establecidos con los diversos grupos sociales y productivos del Estado y así  a nombre del gobernador Javier Duarte de Ochoa y cumpliendo con su palabra empeñada, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Jorge Carvallo Delfín,  hizo  entrega de los sueldos de las tres semanas que faltaban a los obreros del ingenio San Francisco Naranjal, enclavado en Lerdo de Tejada, de donde por cierto es originario.

    De esta manera se registró una derrama de un millón 300 mil pesos, cumpliendo así con el compromiso adquirido con los trabajadores de este ingenio que enfrenta graves problemas de solvencia y fue declarado en quiebra por su propietario Francisco García González.

    Trescientos diez obreros fueron los beneficiados con este recurso, finiquitando así el compromiso adquirido por parte del Gobierno del Estado de apoyarlos con el pago de seis semanas de sueldo en tanto no se define la situación del ingenio y el rumbo que tomará esta fuerte fuente de empleos en Lerdo.

    El secretario de Sedesol en el Estado, Jorge Carvallo, manifestó a los obreros su interés de que todo salga bien y no se pierda esta fuente de empleo y en tanto no se resuelve la situación se les continuará apoyando con los paquetes nutricionales semana con semana. Bien.

    CARTA A TOMAS RÍOS BERNAL, ALCALDE DE CÓRDOBA, SOBRE LOS CANDADOS A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL…

    México, Distrito Federal, 28 de marzo de 2014.

    MVZ. Tomás Ríos Bernal
    Presidente Municipal Constitucional y Titular del Sujeto 
    Obligado H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.
    P R E S E N T E.

    Por medio de la presente le envío un cordial saludo y sirva asimismo para exponer:

    Que me entero por medio de Diario El Mundo de Córdoba, en su primera plana, así como en el medio electrónico de dicho medio de comunicación que el H. Ayuntamiento Cordobés el cual Usted preside, instalará un Comité de Información de Acceso Restringido que en palabras del aludido diario, “pondrá candado a la información municipal”.

    Al respecto, como ciudadano y originario de Córdoba, Veracruz, en uso de las garantías y derechos que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente lo contenido en los artículos 6 y 8, y más recientemente por lo reformado (D.O.F. el 10 de febrero de 2014) en el artículo 35 “De los derechos de los Ciudadanos” en temas de participación ciudadana; así como lo estipulado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, me permito manifestarle lo siguiente:

    Efectivamente, según el citado artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (recientemente reformado por el D.O.F. del 07 de febrero de 2014), establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y “sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes”.

    DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

    Primero habría que discernir que existen dos formas de Información de Acceso Restringido; las que se encuentra bajo las figuras de “reservada” y “confidencial”. 

    Por “Información Reservada” se entiende a la que se encuentre temporalmente sujeta a algunas de las excepciones previstas en los artículos 12, 14, 15 y 16 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, y son las siguientes:

    I. La que comprometa la seguridad pública nacional, estatal o municipal, o pueda afectar la integridad territorial, la estabilidad o la permanencia de las instituciones políticas; 

    II. Aquella cuya difusión ponga en peligro o dañe la estabilidad financiera o económica nacional, estatal o municipal. No se comprende en este rubro la información relativa a la deuda pública; 

    III. La que pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero; 

    IV. Las actuaciones y las resoluciones relativas a procedimientos judiciales o administrativos, cuando aún no hayan causado estado; 

    V. Las actuaciones y las resoluciones relativas a los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, salvo cuando exista resolución definitiva, administrativa o jurisdiccional; 

    VI. Las opiniones, estudios, recomendaciones o puntos de vista que formen parte de un proyecto de trabajo de los sujetos obligados, cuya divulgación suponga un riesgo para su realización o pueda ser perjudicial al interés público, pero una vez tomada la decisión o aprobado el proyecto, todo lo anterior será información pública; 

    VII. La contenida en las revisiones y auditorías realizadas directa o indirectamente por los órganos de control o de fiscalización estatales, hasta en tanto se presenten ante la autoridad competente las conclusiones respectivas y haya definitividad en los procedimientos consecuentes; 

    VIII. La que pueda ocasionar serios obstáculos a las actividades relacionadas con el cumplimiento de las leyes y reglamentos, y a la prevención o persecución de los delitos, incluyéndose en este rubro las averiguaciones previas en materia de procuración de justicia; 

    IX. La que ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona; y 

    X. La que por disposición expresa de otra ley vigente, al momento de la publicación de ésta, sea considerada reservada. 

    Por “Información Confidencial” se entiende a la que estando en poder de los sujetos obligados es relativa a las personas y se encuentra protegida por el derecho a la intimidad y sobre la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus representantes legales, previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia.

    Es “Información confidencial” la que sólo podrá ser divulgada con el consentimiento expreso de los particulares, titulares de dicha información. En ella estarán comprendidos: 

    I. Los datos personales; 

    II. La información que en caso de difundirse ponga en riesgo la vida, integridad física, seguridad o salud de cualquier persona o su patrimonio y afecte directamente el ámbito de su vida privada; 

    III. La información que se obtenga cuando las autoridades intervengan las comunicaciones privadas, en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias de ese precepto; y 

    IV. La que por mandato expreso de otra ley vigente, al momento de la publicación de la presente ley, deba ser considerada confidencial. 

    El carácter de información confidencial es permanente para los efectos de esta ley y no está condicionado o limitado a un plazo o término. 

    No se considerará como información confidencial: 

    I. Aquella que por disposición de una Ley se halle en registros públicos o fuentes de acceso público, en cuyo caso se le hará saber al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que se puede consultar esta información; o 

    II. Aquella que por ley tenga el carácter de pública.

    DEL COMITÉ DE ACCESO RESTRINGIDO.

    Según lo que marca la fracción III del artículo 6 de la Ley de Transparencia veracruzana, los sujetos obligados deberán proteger la información “reservada y confidencial”, incluyendo los datos que, teniendo el carácter de personales, se encuentren bajo su resguardo y deban conservar secrecía en los términos de esta ley.

    El artículo 13 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, que dicta que los sujetos obligados que tengan información “reservada o confidencial” crearán un “Comité de Información de Acceso Restringido”, que tendrá la responsabilidad de emitir un acuerdo que clasifique la información reservada y confidencial, de conformidad con esta Ley y los lineamientos que al efecto dicte el Instituto, atendiendo al procedimiento a que se refiere el párrafo 5 de este artículo.

    El Comité se integrará por el titular del sujeto obligado (Presidente Municipal), el responsable de la Unidad de Acceso y los servidores públicos que así se determinen.

    Los titulares de los sujetos obligados deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 

    Los servidores públicos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), debidamente acreditados y autorizados al efecto, podrán tener acceso a la información clasificada como reservada o confidencial exclusivamente para determinar su debida clasificación, desclasificación o procedencia de su acceso, es decir, podrán acudir al municipio y se les deberá dar acceso a los expedientes.

    La información deberá ser clasificada por el “Comité de Información de Acceso Restringido” cuando se reciba una solicitud de acceso a la información, por medio de un acuerdo que se le hará saber al solicitante; en el caso de documentos que no se hubieren clasificado previamente, la Unidad Administrativa que tenga la información solicitada bajo su resguardo remitirá al Comité, por conducto de la Unidad de Acceso, el informe respectivo con los elementos necesarios para fundar y motivar la clasificación de la información. 

    El Instituto podrá establecer criterios específicos para la clasificación de información mediante la expedición de “lineamientos de clasificación y desclasificación”. En ningún caso los sujetos obligados podrán clasificar documentos mediante acuerdos generales antes de que se solicite la información. Actualmente, el municipio carece de dichos lineamientos o al menos, actualmente no se encuentran publicados en el Portal de Transparencia municipal.

    Según lo establecido en el artículo 14 de la citada Ley de Transparencia, existen tres requisitos para que la autoridad funde y motive la clasificación de la información como “reservada o confidencial”, y son los siguientes: 

    I. Que corresponda legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción prevista en la ley; 

    II. Que su liberación pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley; y

    III. Que el daño que pueda producirse con su liberación sea mayor que el interés público de conocerla. 

    Se indicará expresamente la fuente de la información, las razones en que se apoye la justificación de la clasificación formulada; si el acuerdo abarca la totalidad o sólo parte de la información, y el plazo de reserva estimado, así como la designación de la autoridad que será responsable de su conservación. 

    Si los expedientes que contengan información reservada incluyen alguna otra que no tenga tal calidad, la petición o solicitud que se formule se atenderá respecto de esta última. 

    El artículo 15 de la multicitada Ley 848, señala que la información que haya sido clasificada como reservada deberá permanecer con tal carácter, mientras subsistan las causas que hayan motivado su clasificación, debiendo desclasificarse una vez que las mismas desaparezcan, se determine que ya no ponen en peligro el bien público tutelado o medie una resolución del Instituto (IVAI) que declare infundada su reserva. Con independencia de lo anterior, en el acuerdo de clasificación, de ser viable, deberá determinarse un lapso estimado, en el que debe permanecer reservada la información, sin que la desclasificación opere de manera automática agotado dicho plazo, requerirá siempre de un pronunciamiento del sujeto obligado, o en su caso del Instituto, en el que se analice si las causas generadoras de la clasificación han dejado de estar vigentes. 

    Los sujetos obligados, por conducto de su respectiva Unidad de Acceso, elaborarán semestralmente y por rubros temáticos, un índice de la información o de los expedientes clasificados como reservados. Dicha relación mencionará la unidad administrativa generadora o poseedora de la información pública, la fecha de su clasificación como reservada y el plazo de reserva acordado. En ningún caso ese índice será considerado como información reservada. 

    Por lo anteriormente manifestado y fundamentado, apreciable Presidente Municipal, se le conmina, en el ejercicio democrático y pleno de la ciudadanía, que el “Comité de Acceso Restringido” se apegue a los principios constitucionales y a la normatividad establecida en la Ley de Transparencia del Estado de Veracruz, evitando en toda manera el ocultamiento de información pública y restringiendo el acceso en los casos que no ameritan su reserva, ello con el objeto de garantizar los derechos ciudadanos, la libertad, la democracia y el respeto íntegro de los derechos humanos de las persona.

    Saludos cordiales.

    Lic. Marco Antonio Martínez Hernández.

    26 de marzo de 2014

    ¿DÓNDE ESTÁ LA BILLETIZA?

    Edgar Hernández/ Línea Caliente
    Hoy que 2 mil 171.9 millones de pesos federales destinados a atender la pobreza andan bailando –presuntamente- en los bolsillos de unos cuantos bien vale la pena observar lo que no se hizo en materia de salud y seguridad pública.
    Al concluir la revisión de la “Cuenta Pública 2012” de Veracruz la Auditoria Federal de la Federación informa la entrega de 36 mil 153 millones de los cuales varios miles de millones no fueron ejercidos, en algunos casos devueltos y en otros más sin aclarar.
    Nadie sabe, nadie supo.
    La ASF encontró mala aplicación de recursos federales en Salud, Seguridad Pública, SEV  y no hay uno sólo sancionado. ¿Quién se está quedando con los recursos públicos en el gabinete?. Es pregunta.
    La ASF encontró mala aplicación de recursos federales en Salud, Seguridad Pública, SEV y no hay uno sólo sancionado. ¿Quién se está quedando con los recursos públicos en el gabinete?. Es pregunta.
    En el caso de las áreas destinadas a la salud se encontró o más bien no se encontraron ni inventarios, licencias para el manejo de medicamentos controlados y el no surtimiento de las recetas para los pacientes.
    Se concluyó además que “la atención a la población que no tiene acceso a ningún tipo de seguridad social no fue la adecuada” y que SESVER no tiene un idóneo manejo de operación.
    La ASF concluye que de las muestras auditadas el gobierno estatal no cumplió con la normatividad donde destacan: 1, 174, 982. 6 miles de pesos por recursos de Cuota Social y la Aportación Federal Solidaria 2012 con pendientes por transferir de parte de la Secretaría de Finanzas al Régimen Estatal de Protección a la Salud, así como los rendimientos generados.
    Y 155 millones de pesos por haber transferido recursos de la cuota Social y la Aportación Solidaria federal 2012 hacia una cuenta bancaria que administró los recursos del Seguro Popular 2013 y 62 millones de pesos por haber transferido recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal a cuentas bancarias pagadoras de nóminas y gastos de operación, sin haberse comprobado su ejercicio.
    En asuntos de seguridad pública hay dos hechos que llaman la atención:
    La Auditoría Financiera y de Cumplimiento de la ASF 12-A-30000-02-0628 da cuenta de una de tantas transferencias, ésta por 53 millones 273 mil pesos, que finalmente no se ejercieron, pero tampoco se devolvieron… o más bien la Secretaría de Seguridad Pública tiene detenidos 49 millones 452 mil pesos, por lo cual la institución fiscalizadora emitió un “dictamen negativo por el no ejercicio comprometido al 31 de diciembre del 2012 y la no devolución del recurso”.
    Otra entrega de dinero federal a Veracruz establecida en el “Enfoque de Desempeño de la ASF” 12-A-30000-14-0605 GF-489 consigna la transferencia, en mayo del 2012, de 356, 7779 miles de pesos para la Seguridad Pública.
    Resultados:
    “258, 761.70 miles no se encontraron en cuenta bancaria específica como tampoco la documentación comprobatoria del gasto, además de 58.5 miles de pesos en penalizaciones no aplicadas”.
    Ufff… ¡Que de billetes!
    Tiempo al tiempo.
    *Premio Nacional de Periodismo
    FUENTE: PLUMAS LIBRES