FORMATO SIETE
Por Rafael Pérez Cárdenas
A pesar de las numerosas reformas legislativas para regular sus actividades, proteger el ahorro y formalizar la creación de entidades de crédito popular, lo cierto es que las Cajas de Ahorro en el país siguen operando en un esquema perfecto –falta de regulación y nula vigilancia– para ejecutar fraudes incluso contra las propias instituciones del Estado.
El escandaloso fraude orquestado desde Ficrea, sociedad financiera popular, ha puesto en evidencia la ineficacia de los controles que existen en el sistema financiero mexicano para evitar la actuación ilegal de cientos de cajas de ahorro que siguen defraudando a millones de mexicanos.
Con el conocimiento de la autoridad, en México operan 652 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) no reguladas, las cuales no reportan algún tipo de información al gobierno, lo que significa un riesgo mayor para quien busca aumentar su ahorro o acceder a un crédito en este tipo de instituciones.
Como consecuencia de esta falta de vigilancia, por lo menos 300 mil familias han sido defraudadas con 15 mil millones de pesos en las cajas de ahorro “fantasma” o “patito” que operan en el país con el permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), denunció el dirigente del Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca (FUADO), Mario Enrique Herrera Carrasco.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no investiga a profundidad los casos.
Las llamadas cajas populares operan como Sociedades Financieras Populares en donde el socio ahorra y la sociedad entrega la cantidad principal y los intereses que se generan.
Desde finales de los años noventa se han presentado de manera recurrente diversos fraudes en algunas entidades, lo que paradójicamente no ha debilitado la confianza en el sector. Prueba de ello es que en el último gran fraude orquestado por Ficrea, el principal afectado fue precisamente el Poder Judicial del Distrito Federal, entidad que habría invertido más de 100 millones de pesos en esta Caja de Ahorro.
Aunque en general se aprovechan de regiones con pocas instituciones bancarias o bajo nivel de desarrollo, donde pueden defraudar fácilmente a los usuarios, también es cierto que Ficrea demostró que se pueden cometer fraudes multimillonarios en el centro neurálgico del sistema financiero.
A pesar de que a principios del año pasado autoridades de la CNBV aseguraron que no habría más irregularidades en el manejo de las cajas de ahorro, hasta hoy la gran mayoría permanecen aún carentes de registro, se expanden sin control y desaparecen súbitamente en perjuicio de los ahorradores, por lo que la persecución de los responsables es casi imposible.
De hecho, el 31 de marzo de 2014 venció el plazo que otorgó la nueva Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, la cual instruyó que cualquier caja de ahorro con activos superiores a los 12 millones de pesos debía estar registrada y autorizada; sin embargo, se olvidó de más de 300 cajas que trabajan con menos de esa cantidad y que atienden a más de 260 mil personas.
Ahorro popular, una cadena interminable de fraudes
En el sistema financiero del país operan exactamente 4 mil 364 instituciones financieras en 25 sectores distintos, unas con mayor presión regulatoria que otras; sin embargo, analistas coinciden en que la atención está puesta en la banca y se deja de lado el sector del crédito y ahorro popular.
Del total de estas entidades, 70 por ciento son sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, las cuales, como su nombre lo indica, no son supervisadas por la autoridad financiera, dado que no pueden captar recursos del público; es decir, no hay ahorradores a los cuales puedan estafar.
Las cajas populares de ahorro proliferan en el país.
No obstante, su actividad es susceptible a ser utilizada para el lavado de dinero, por ende, tienen la obligación de comprobar ante las autoridades financieras que cuenten con controles adecuados para evitar el blanqueo de recursos; para conseguir su certificación, además, deben emitir reportes mensuales al respecto.
Aunque las autoridades financieras aseguran que el desfalco realizado por Ficrea a sus ahorradores se trata de un caso aislado y que no pone en duda la fortaleza del sistema mexicano, en realidad es la punta del iceberg de los fraudes que están a la orden del día en el sector popular, sobre todo, en las cajas de ahorro.
En consecuencia, el verdadero problema está en las entidades que sí pueden recibir dinero del público aparte de los bancos, como son las sociedades financieras populares y, sobre todo, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, mismas que se han visto involucradas en múltiples casos de fraude.
Este tipo de entidades, mejor conocidas como cajas de ahorro, surgieron a inicios de la década pasada, y aunque sus abusos no tienen tanta resonancia porque se instalan en su mayoría en lugares alejados, no son pocos los casos en que llegan, captan los ahorros de personas de bajos recursos y desaparecen.
Debido a la opacidad de este sector y a los lugares marginados donde operan, es imposible identificar cuántos fraudes han realizado; sin embargo, el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca calcula que son unas 300 mil las personas afectadas, 55 mil de ellas solo en el estado que representan.
Lo anterior significa que cualquier día estas entidades financieras pueden desaparecer sin dejar rastro y llevándose el dinero de sus socios, mismos que, al contrario de los clientes de las sociedades financieras populares, ni siquiera cuentan con un seguro que proteja sus recursos por 25 mil unidades de inversión, o bien, 130 mil pesos.
En realidad se trata de una cadena interminable de fraudes. Prueba de ello es el caso más reciente y sonado, cuando a inicios del año pasado la Caja 30 de Agosto, en Querétaro, que operaba sin autorización, cerró sus puertas de la noche a la mañana, dejando sin sus ahorros a entre 11 mil y 13 mil personas, cuyos recursos en total ascendían a más o menos 30 millones de pesos.
Los ahorradores son defraudados.
El caso de Ficrea no es el único que durante 2014 involucró a una Sofipo. A mediados de año, Caja Libertad puso a temblar a sus más de un millón 700 mil clientes, dado que su relación con los dueños de Oceanografía, —empresa que defraudó a Banamex—, la puso en la mira de autoridad por supuesto lavado de dinero.
Sin embargo, luego de una investigación que duró un mes, la CNBV deslindó a la entidad de cualquier operación considerada como ilícita, además de asegurar que tiene los recursos líquidos suficientes para hacer frente a retiros inesperados a favor de sus clientes y usuarios.
Ya en 2011, unos 12 mil veracruzanos se dijeron víctimas de fraude por algunas cajas de ahorro que desaparecieron; en agosto del año pasado, en el municipio de Alto Lucero en Oaxaca, una caja llamada Finacred estafó a 120 personas de la tercera edad con 6 millones de pesos.
En cajas de ahorro, los casos de fraude sobran. Por ejemplo, en Monterrey la Caja de Ahorro Buenos Aires desfalcó con 29 millones 800 mil pesos a sus socios; en Acapulco se habla de seis cajas que defraudaron a más de 20 mil personas con casi 350 millones de pesos.
Un caso sobresaliente fue el reportado en junio de 2014 cuando la Caja de Ahorro Valle de Atlixco defraudó a 120 familias de migrantes de municipios de Puebla por más o menos 7 millones 600 mil pesos. Otro caso es el de 68 trabajadores estafados con casi dos millones de pesos por la caja que constituyó la empresa donde laboran, Impulsora Tlaxcalteca de Industrias.
Casos como los anteriores sobran en el país, inclusive en estos momentos grandes cajas de ahorro, Independencia, Progresa, Acrecenta y San Francisco, todas en Guanajuato, enfrentan problemas financieros y, de llegar a la quiebra, afectarán a 53 mil socios que tienen ahorros por más de mil 300 millones de pesos.
Para evitar fraudes, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda siempre asegurarse que se trata de una caja autorizada y tomar en cuenta elementos de alerta como que sea administrada por un solo dueño, aparezca de un día a otro, no dé contrato u ofrezca altas tasas de rendimiento. Pero esto no ha sido suficiente.
Sin regular, más de 650 cajas de ahorro
La tibia aplicación de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo no ha logrado evitar la operación indiscriminada e irregular de 652 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) que no reportan algún tipo de información al gobierno, de acuerdo con datos de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Tal es el desorden en el sector que las cifras a nadie les coinciden. Según el último dato del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro, Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, en México hay 680 cajas, de las cuales 380 no están reguladas porque son de nivel básico, y en conjunto administran mil 722 millones de pesos de más de 266 mil ahorradores.
No hay regulación para las cajas de ahorro.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al 30 de junio pasado, para estas instituciones no es necesario cumplir con requisitos como consultar el historial de las personas y empresas que les solicitan financiamiento, o reportar información a los burós de crédito.
Esta situación, según expertos y legisladores, provoca importantes huecos en el sistema financiero, ya que tras ocho años de creado, el sector Sofom sigue teniendo muchas deficiencias en información y transparencia, lo que alienta los fraudes.
De acuerdo con José Luis de la Cruz, director del Departamento de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, estas opciones de créditos inmediatos con pocos requisitos se han extendido; no obstante, se paga un alto costo por obtenerlos.
“Cuando vemos que la penetración bancaria, es decir, las opciones establecidas con mayor seguridad y certidumbre no llegan a la mitad de la población del país, entonces hay quien queda a expensas de este tipo de instituciones no reguladas y corre un mayor riesgo en cuanto al manejo de los recursos”, señaló.
Insistió en la necesidad de una regulación efectiva, sobre todo en entornos de una mayor volatilidad del mercado, ya que ante estos escenarios son las primeras en desaparecer. Indicó que aunque las Sofom no reguladas están en todo el país, se aprovechan de las regiones con pocas instituciones financieras o con bajo nivel de desarrollo. Pero también sucede en las grandes ciudades.
Según datos de la CNBV, en Oaxaca, de las 204 instituciones financieras registradas, 34 son Sofom no reguladas que se reportan como constituidas sin enviar información. En Chiapas, de 223 entidades reportadas, 30 son Sofom no reguladas y no reportan sus operaciones. En el Distrito Federal, de las 2 mil 820 entidades financieras, 164 son Sofom no reguladas que no reportan información.
Ficrea, más grande que una decena de bancos
Aún en medio de la tormenta legal, su desaparición formal decretada por la Secretaría de Hacienda y la exigencia de cientos de ahorradores de recuperar sus recursos, en el portal de internet de Ficrea aún se puede leer: “Somos transparentes y sinceros en nuestro actuar, así como en el uso y manejo de la información, de los recursos materiales y financieros de nuestros clientes y de la institución.”
Como muestra del cinismo y la arbitrariedad, dicen de sí mismos: “Pertenecemos al Sistema Financiero Mexicano. Nuestro tiempo ha sido dedicado a identificar las necesidades de las personas, emprendedores y empresas que buscan servicios financieros adecuados a sus necesidades.”
Solo engañan a los usuarios de cajas de ahorro.
La realidad hoy está a la vista, a pesar de que las autoridades financieras ya tenían antecedentes de un posible fraude.
No era una decisión fácil. Aunque desde su creación se desarrolló dentro de un sector catalogado como de intermediarios menores, Ficrea era más grande que por lo menos 11 de los 45 bancos que operan en el sistema, según lo revelan cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Datos del organismo regulador publicados por el diario Milenio indican que, por su nivel de activos, la sociedad financiera popular ahora disuelta era más robusta que ABC Capital, Autofin, Bancrea, Pagatodo, Bankaool, Dondé, Forjadores, Inmobiliario Mexicano, Investa Bank, UBS y Volkswagen Bank.
La superioridad de Ficrea frente a algunos bancos no solo se reflejaba en el nivel de activos, sino también en el tamaño de su cartera de crédito vigente, la cual era más grande que la de 15 bancos y, al momento de su intervención, ascendía a 5 mil 51 millones de pesos.
Solo por poner algunos ejemplos, la cartera de ABC Capital es de 2 mil 249 millones de pesos; Autofin, 2 mil 458 millones; Bancrea, 2 mil 257 millones; Banco Base, 533 millones; Consubanco, 4 mil millones; Inmobiliario, 2 mil 795 millones, y Volkswagen Bank, 4 mil 220 millones de pesos.
En el supuesto de que Ficrea fuera un banco, su tajada de mercado sería de 0.8 por ciento, toda vez sus activos ascienden a 5 mil 834 millones de pesos, cuando los del total de la banca comercial mexicana se ubican en alrededor de 7 billones 138 mil millones de pesos.
Los ahora 7 mil 300 afectados por el fraude que realizó Ficrea solo cuentan con un seguro especializado para las sociedades financieras populares que parte del hecho que los clientes de estas instituciones tienen ahorros promedio de solo 6 mil 500 pesos, por ende, solo cubre un máximo de 130 mil pesos.
No obstante, solamente 42 por ciento de los clientes de esta entidad quedarán totalmente cubiertos, toda vez que el 58 por ciento tienen ahorro superiores a lo que indica este seguro, donde la mayoría tienen entre uno y cinco millones de pesos, pero hay casos de hasta 70 y 110 millones de pesos.
Y lo peor no ha pasado. Sin tanta atención mediática, decenas de cajas de ahorro a lo largo del país siguen cometiendo fraudes al amparo de una legislación insuficiente y la nula vigilancia del sector financiero.
