En México, Moisés Sánchez es el decimocuarto periodista secuestrado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El domingo 11 de enero, junto con decenas de dignatarios de todo
el mundo, el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Carlos de Icaza,
y el embajador mexicano en Francia, Agustín García López, marcharon por las
calles de París en solidaridad por el ataque contra la “subversiva” revista
Charlie Hebdo.
Mientras tanto en México,
ningún funcionario del gobierno federal de nivel equivalente a subsecretario
(ni de rango menor) ha pronunciado algo sobre el secuestro de otro
“subversivo”, el periodista veracruzano Moisés Sánchez, quien el dos de enero
fue sacado de su casa por una decena de hombres armados y su paradero se
desconoce a la fecha.
Me refiero a funcionarios
federales porque desde hace más de dos años la ley le da competencia a la
Federación para perseguir los delitos contra periodistas y porque la
Procuraduría General de la República tiene una Fiscalía especializada en
delitos contra la libertad de expresión, y porque la Secretaría de Gobernación
tiene un Mecanismo de Protección de Periodistas.
Pero mientras de Icaza y
García López marchaban en París contra un atentado a la libertad de expresión,
Sánchez tenía ya nueve días desaparecido y crecían las sospechas de que su
secuestro tenía que ver con notas que había publicado sobre las autoridades del
municipio de Medellín, Veracruz.
No se trata, por supuesto,
de minimizar la necesaria solidaridad que México debe tener con otros países afectados
por alguna tragedia. Pero es evidente que las autoridades no muestran
reciprocidad con lo que ocurre dentro del país. En París el ataque a Charlie
Hebdo dejó 12 víctimas. En México, Moisés Sánchez es el decimocuarto periodista
secuestrado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 a
la fecha. Un mes antes del secuestro del veracruzano en Sinaloa ocurrió otro
plagio, el de Mario Crespón, corresponsal de UNO TV en Mazatlán. Cinco de los
14 secuestrados, incluidos Sánchez y Crespón, aún están desaparecidos. De
confirmarse los peores temores, ellos se sumarían a los 13 periodistas
asesinados en el país en el mismo lapso, según datos del mapa Periodistas en Riesgo del
Centro Internacional para Periodistas y Freedom House.
En Veracruz, las
autoridades estatales sólo iniciaron la rutina de investigar el secuestro de
Moisés Sánchez, pero casi tres semanas después de esa indagatoria no han podido
identificar a los responsables del plagio o el paradero del periodista. 13
policías municipales de Medellín han sido arraigados por un juez y el propio
alcalde del municipio, Omar Cruz fue llamado a declarar. Las versiones de la
Procuraduría veracruzana que apuntan a un grupo del crimen organizado como
autor del secuestro tiene un eco ominoso de la desaparición de los normalistas
de Ayotzinapa: delincuentes haciendo el trabajo sucio de policías municipales y
alcaldes. En Guerrero contra estudiantes, en Veracruz contra periodistas.
Pero eso no ha sido
suficiente para desatar escándalo. Quizá porque Moisés Sánchez era periodista
de tiempo parcial en un pequeño municipio alejado de los reflectores. Sánchez
vivía de manejar un taxi y editaba de manera irregular una revista llamada La Unión que denunciaba las
carencias en Medellín y los abusos de las autoridades.
El carácter irregular de la
publicación llevó a algunos puristas a concluir que Sánchez en realidad no era
periodista, cuando lo que su situación laboral realmente revelaba es la extrema
precariedad económica que viven los reporteros locales en México.
Tampoco fue escandaloso el
hecho de que Veracruz vivió exactamente la misma película hace un año, cuando
el periodista Gregorio Jiménez fue secuestrado seis días y asesinado. La
investigación de las autoridades locales fue duramente cuestionada y nunca se
supo con claridad quiénes fueron los responsables del crimen. En ese entonces
escribí que la
impunidad que gozaban los homicidas de periodistas en Veracruz en los años
anteriores habría alentado a los asesinos de Jiménez a pensar que nada les
pasaría. Un año después, es razonable concluir que la impunidad que
gozaron los asesinos de Jiménez habría alentado a los captores de Moisés
Sánchez a pensar que podían salirse con la suya. Los antecedentes de Jiménez y
Sánchez, y antes de ellos del homicidio de la corresponsal de Proceso, Regina
Martínez, permiten deducir que la Procuraduría veracruzana es inútil o
irrelevante.
En el gobierno federal, la
administración de Enrique Peña Nieto ha dado resultados mezclados a la hora de
enfrentar las agresiones a periodistas. En algunos casos ha sido muy
contundente, como ocurrió en La Laguna a principios de 2013 con el secuestro de
cinco trabajadores de El Siglo de Torreón y ataques armados contra policías
federales que resguardaban las instalaciones del diario donde yo trabajaba en
ese entonces. Esos hechos ocurrieron en los primeros tres meses del nuevo
gobierno y en el afán de mostrar eficiencia ante los retos de seguridad, en
menos de dos meses el Ejército y las autoridades de Coahuila y Durango habían
detenido a más de 40 integrantes del grupo criminal que cometió las agresiones.
Debo admitir que en ese
momento dudé de la contundencia mostrada por las autoridades, pero luego tuve
que reconocer que funcionó: desde entonces los medios en la Comarca Lagunera no
han sido víctimas de ataques.
Pero en los meses
siguientes esa eficiencia se desvaneció y las agresiones sucedieron una tras
otra en la mayor impunidad a lo largo y ancho del país. Golpizas que policías
propinan a reporteros durante manifestaciones, amenazas de funcionarios contra
periodistas incómodos, pero también secuestros, homicidios y ataques armados. Y
el ritmo se ha intensificado: Según el mapa Periodistas en Riesgo, de los 13
periodistas asesinados en los últimos dos años, seis de ellos murieron tan sólo
entre mayo y octubre de 2014. Es decir casi tantos periodistas fueron
asesinados en seis meses como en los 18 meses anteriores.
Pero ninguna autoridad
mexicana ha mostrado solidaridad alguna con los familiares o compañeros de
estas víctimas. Si solidaridad es mucho pedir, ni siquiera han mostrado
intención de hacer el trabajo de investigar las agresiones pasadas y prevenir
las futuras. La tasa de impunidad en los ataques contra la prensa ronda el 90%.
Si de algo pudo servir el viaje a Francia de los funcionarios mexicanos sería
para aprender cómo en menos de 12 horas las fuerzas de seguridad galas
identificaron a los agresores de Charlie Hebdo y en 48 horas ya los habían
encontrado y abatido.
En México, Moisés Sánchez
va para tres semanas desaparecido en Veracruz. Para las autoridades mexicanas
cuentan más los “subversivos” de Francia que los de su país.
Javier Garza es periodista
y Knight Fellow del Centro Internacional para Periodistas.
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