Aurelio Contreras Moreno
Mientras el estado de Veracruz vive una severa crisis económica por el uso inescrupuloso y abusivo de los recursos públicos, que le ha significado un endeudamiento cercano a los 40 mil millones de pesos –según cifras oficiales– sin que éste se vea reflejado en obras y servicios, el destino de ese dinero, en materia de difusión, propaganda y otros rubros relacionados con la comunicación social, permanecen bajo llave.
En Veracruz, contra el principio de máxima publicidad que rige la disposición de recursos presupuestales tanto en la obra pública como en las tareas de difusión de las actividades gubernamentales, esta información está restringida por ley, luego de que el gobierno de Javier Duarte la declaró como reservada sin sustento jurídico para ocultar esos datos del escrutinio público.
En cambio, en cuatro años de la actual administración, por un lado se han creado, de la nada, emporios de comunicación en los que participan quienes tuvieron a su cargo, precisamente, las tareas de la comunicación social. O bien, se apuntalan aspiraciones políticas usando esos recursos para golpear a los adversarios del régimen.
La solicitud de etcétera
El 10 de julio de 2014, etcétera solicitó el detalle de los gastos de difusión del gobierno de Javier Duarte desde diciembre de 2010 hasta junio del año pasado. Se pidió el desglose de spots en radio, televisión, portales de Internet, inserciones en prensa y publicidad exterior, tanto en medios locales como nacionales. El 27 de julio, el Sistema Infomex notificó a etcétera de una solicitud de prórroga del gobierno veracruzano.
Pero para el 14 de agosto, la administración de Javier Duarte, que se vanagloria en el discurso de manejarse con total “transparencia”, respondió, vía el oficio CGCS/UAIP/067/14, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “no es posible entregar la información solicitada por estar clasificada como Reservada, con base en el acuerdo que tiene por objeto clasificar, como de acceso restringido en la modalidad de Reserva, la información relativa a la partida 513636100005, ‹Difusión de Mensajes sobre Programas Gubernamentales› y que obra en poder de la CGCS, con base en el artículo 5.1 de la mencionada ley”.
Días después, el 21 de agosto, etcétera interpuso un recurso de revisión contra esta negativa a proporcionar la información, cuya respuesta fue también prorrogada, hasta que el 29 de septiembre el Sistema Infomex envió la notificación que declaró improcedente el recurso de revisión, “por tratarse de información catalogada como reservada”.
El 29 de octubre, etcétera envió una nueva solicitud de información, a sugerencia del Centro de Atención Telefónica del Instituto Federal de Acceso a la Información, misma que hasta el momento de escribir estas líneas, no había obtenido respuesta de la administración de Duarte de Ochoa.
Voces de Veracruz y el “holding” de medios
Desde que fungía como vocera del gobernador Duarte, Gina Domínguez Colío fue señalada, además de ejercer un férreo control sobre lo que se publicaba y se dejaba de publicar en los medios, de participar como accionista en algunos.
Es el caso del diario El Águila, fundado en Xalapa en el sexenio de Javier Duarte, que cuenta con rotativa propia, con un tiraje regular, pero que se regala en las calles, y sobre el que existen sospechas de que Domínguez Colío era o es accionista. Tales sospechas están fundadas en el hecho de que Domínguez reclutaba personalmente periodistas para puestos directivos en él desde antes de que saliera a la luz.
Pero si en este caso es difícil comprobar su relación de negocios con esa empresa, que opera a la par la radiodifusora Radio Capital en Xalapa, lo que está fuera de duda es su participación en una cadena llamada “Voces de Veracruz”.
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