Familiares de los normalistas
desaparecidos, su defensa y los normalistas de Ayotzinapa, representados por el
secretario de su Comité Estudiantil, rechazaron la versión de la Procuraduría
General de la República (PGR), cuyo titular, Jesús Murillo Karam, declaró la
tarde de ayer que había elementos suficientes para concluir que los 43
estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero del municipio
de Cocula, Guerrero.
Por el contrario, para los padres de los jóvenes el caso aún dista de estar resuelto, pues señalaron que existen varios elementos que todavía no se han aclarado en la investigación y no hay certeza científica de que los normalistas hayan sido asesinados como sostiene la PGR.
Unas horas después de que el Procurador Murillo Karam informara a los medios su conclusión del casoincumpliendo
con ello el acuerdo que el gobierno había hecho a los familiares de que ellos
serían los primeros en enterarse, el vocero de los padres de los
normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo que repudiaban la forma en
que el Procurador pretende cerrar “de manera descarada” la investigación por
los hechos del 26 y 27 de septiembre pasados, cuando un grupo de estudiantes de
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue atacado por policías municipales
y presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Del ataque
resultaron muertas seis personas, tres de ellas estudiantes, y 43 normalistas
fueron desaparecidos forzadamente por los policías.
“No vamos a permitir que concluyan o que cierren las investigaciones”, advirtió el representante de los familiares, para luego manifestar que mantendrán su lucha pacífica hasta que les demuestren científicamente que los normalistas desaparecidos fueron asesinados, como sostiene la PGR.
“No vamos a descansar, que le quede bien claro al gobierno de México. Los padres de familia vamos a seguir en la lucha”, expresó de la Cruz en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustin Pro Juárez, ante un auditorio repleto de medios de comunicación.
Asimismo acusó que la declaración de Murillo Karam “violentó” el acuerdo hecho por el Presidente Enrique Peña Nieto con los padres de familia, conforme al cual se determinó que la información sobre el caso tenía que notificárseles a ellos primero. Sin embargo, eso no ocurrió ayer, dijo.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, consideró que hay una intencionalidad política por parte del Gobierno federal para cerrar el caso a “toda prisa” y dejarlo impune. Ante ello, informó que llevarán el caso ante la justicia internacional.
“Nosotros estamos viendo claramente que este caso empieza a tener una tendencia hacia la impunidad, por eso desde hoy lo decimos enfáticamente: México tiene responsabilidad internacional y de cara a los derechos humanos que han sido conculcados acá.
“[Las investigaciones] tendrán que ser revisadas por organismos de derechos humanos tanto del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, así como del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). Hacia allá vamos a empezar a enfilar el presente caso porque aquí se perfila nuestro caso porque el gobierno siembra impunidad”, manifestó.
Por el contrario, para los padres de los jóvenes el caso aún dista de estar resuelto, pues señalaron que existen varios elementos que todavía no se han aclarado en la investigación y no hay certeza científica de que los normalistas hayan sido asesinados como sostiene la PGR.
Unas horas después de que el Procurador Murillo Karam informara a los medios su conclusión del caso
“No vamos a permitir que concluyan o que cierren las investigaciones”, advirtió el representante de los familiares, para luego manifestar que mantendrán su lucha pacífica hasta que les demuestren científicamente que los normalistas desaparecidos fueron asesinados, como sostiene la PGR.
“No vamos a descansar, que le quede bien claro al gobierno de México. Los padres de familia vamos a seguir en la lucha”, expresó de la Cruz en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Agustin Pro Juárez, ante un auditorio repleto de medios de comunicación.
Asimismo acusó que la declaración de Murillo Karam “violentó” el acuerdo hecho por el Presidente Enrique Peña Nieto con los padres de familia, conforme al cual se determinó que la información sobre el caso tenía que notificárseles a ellos primero. Sin embargo, eso no ocurrió ayer, dijo.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, consideró que hay una intencionalidad política por parte del Gobierno federal para cerrar el caso a “toda prisa” y dejarlo impune. Ante ello, informó que llevarán el caso ante la justicia internacional.
“Nosotros estamos viendo claramente que este caso empieza a tener una tendencia hacia la impunidad, por eso desde hoy lo decimos enfáticamente: México tiene responsabilidad internacional y de cara a los derechos humanos que han sido conculcados acá.
“[Las investigaciones] tendrán que ser revisadas por organismos de derechos humanos tanto del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, así como del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). Hacia allá vamos a empezar a enfilar el presente caso porque aquí se perfila nuestro caso porque el gobierno siembra impunidad”, manifestó.
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