Se han cumplido 4 meses
ya de aquel fatídico 26 y 27 de septiembre en que se ejecutaron múltiples
crímenes de lesa humanidad en contra de los normalistas de Ayotzinapa; 4 meses
de larga espera de que el Estado presente con vida a los 43 normalistas detenidos
desaparecidos; 4 meses en exigencia de justicia para los 3 estudiantes
ejecutados extrajudicialmente; 4 meses de angustia y dolor de familiares,
amigos y compañeros porque el Estado cercenó 43 familias, salón de clase,
dormitorio…; 4 meses de omisión e insensibilidad de funcionarios del Estado
mexicano y de amenazas veladas de represión hacia los sectores de pueblo
movilizados por la demanda de presentación con vida.
Son 4 meses en que la
tesis del Estado de que fue la delincuencia organizada el autor material e
intelectual de estos deleznables hechos, ha caído y no ha soportado la prueba
del tiempo ni de voces honestas que ponen al servicio de las causas justas los conocimientos
científicos. A pesar de esto, el Estado mexicano en voz de su procurador Jesús
Murillo Karam se empecina en sostener que los 43 compañeros normalistas fueron
incinerados en el basurero de Cocula.
Murillo Karam no sólo
miente con la absurda tesis de la incineración de los normalistas, sino que
además demuestra su insensibilidad ante el dolor de los familiares. Refleja su
indolencia ante una exigencia popular que es legítima. Sostener absurdamente
una investigación que carece de sustento científico y que tampoco cuenta con el
aval del conocimiento empírico común, significa re-victimizar a las víctimas,
es decir, se les ha arrancado su personalidad física, ahora se quiere borrar de
la memoria colectiva con el llamado a “superar el dolor”.
Buscar en los cuarteles
militares no es un capricho, es una necesidad popular que estos sean abiertos
para tratar de cerrar la herida que se refleja en las víctimas de la
desaparición forzada de la guerra sucia, sin embargo, no solo los cuarteles
deben ser abiertos, se hace necesario que también se investigue en propiedades
de los caciques y empresarios, ya que históricamente se ha demostrado que en
propiedades de la oligarquía local o nacional se construyen mazmorras donde
flagelan perenemente a la parte más combativa del pueblo.
No es una contradicción
buscar en espacios de las fuerzas castrenses, como intentaron sostener algunos
analistas, argumentando que son las principales interesadas en dar con el
paradero de los detenidos desaparecidos. Es una necesidad política toda vez que
las pruebas apuntan a que es desde estas instancias policiaco-militares donde
se planea y se ejecutan los más aberrantes crímenes contra el pueblo.
Que el Estado mexicano
se vea forzado a aceptar tampoco es una concesión, es mediante la presión
popular y ante la imposibilidad de sostener sus argumentos oficiales con
pruebas contundentes. Hoy se ha logrado mediante la presión política y mediante
los resquicios que deja el estado de derecho oligárquico, corresponde al pueblo
forzar que esta situación se concrete y que se sepa la verdad histórica sobre
los detenidos desaparecidos de ayer y hoy.
En este sentido son
igual de responsables los gobiernos estatales, municipales y federal, porque la
desaparición forzada de personas se viene practicando de manera sistemática y
recurrente en nuestro país, y ha contado con la comisión y omisión de
funcionarios de toda laya y de todos los partidos políticos.
En el estado de Guerrero
por ejemplo, no significó ningún cambio en la vida política del estado, tener
una alternancia de partidos en el ejecutivo estatal, desde este escaño se abaló
e impulsó la política federal del PRI gobierno, lo que costó miles de víctimas
del pueblo en el periodo de la guerra sucia, como en el contexto actual desde
las administraciones panistas hasta el gobierno antipopular de Enrique Peña
Nieto.
Para el pueblo ha
quedado claro, el ejecutivo federal ha sido compartido por los principales
partidos de derecha y ultraderecha, es decir el PRI y el PAN, entre estos dos
se han encargado de ensangrentar a las masas trabajadoras, de llenar el
territorio mexicano de fosas clandestinas y cercenar millones de familias.
Estos dos partidos representan lo más recalcitrante de la oligarquía mexicana y
en cada acción destilan el odio de clase que sienten por las masas de
trabajadores explotados y desposeídos.
Exigir entonces el
castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa
humanidad cometidos contra los normalistas, debe pasar por los responsables de
la miseria y el pauperismo social. Debe tocar al extitular del ejecutivo
estatal de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien ya tiene un historial de
crímenes contra el pueblo, concretamente en la masacre de Aguas Blancas cuando
fue secretario de gobierno, que se haya separado de cargo no significa eximir
su responsabilidad en estos hechos.
A 4 meses la consigna
sigue siendo ¡presentación con vida! De los detenidos desaparecidos de ayer y
hoy; la necesidad política es ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los
queremos! A los familiares de los 43 normalistas, necesario es reiterar nuestra
solidaridad y nuestro llamado a mantener firme la exigencia de presentación con
vida, y juicio y castigo a los responsables de estos crímenes de Estado.
En este contexto de
terrorismo y violencia de Estado, ante esta coyuntura desfavorable para el
pueblo trabajador, se hace necesario conformar una coordinación nacional de
víctimas contra el terrorismo de Estado, por la presentación con vida de los
detenidos desaparecidos de ayer y hoy, mediante ésta, nos proponemos romper el
miedo y el silencio de las víctimas que permanecen en el anonimato, dar voz de
denuncia a asociaciones y familiares que por temor no se atreven a denunciar y
por último, poner nombre y apellido a cada una de las miles de víctimas del
terrorismo de Estado.
El terrorismo y
violencia del Estado es uno, la respuesta también debe ser unitaria, arribemos
a formas superiores de organización que nos permita hacer frente a esta
escalada represiva.
Atentamente
¡Por la unidad obrera,
campesina, indígena y popular!
Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH)
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