9 de agosto de 2016

DUARTE HEREDA A VERACRUZ UN FUTURO HIPOTECADO LA DEUDA PÚBLICA TOTAL



Durante los últimos seis años, el gobierno del estado incrementó de manera desproporcionada el monto de la deuda pública. Considerando los pasivos de todo tipo, la deuda pública a julio de 2016 es de 166 mil 744 millones de pesos (mdp).
Es necesario señalar que los compromisos de pago podrían ser superiores porque existen reclamos de adeudos no cuantificados con precisión, por parte de profesores del sistema de enseñanza a cargo del estado, Institutos Tecnológicos y adeudos a constructores de obra, que ya finalizaron la construcción, pero el compromiso de pago aún no ha sido registrado en las cuentas de pasivos del gobierno.
1.- La estructura de la deuda pública
La deuda pública está compuesta por el conjunto de cuentas que se presentan en el siguiente cuadro:
Aquí puede observarse que la naturaleza de los pasivos es diversa, e incluye tanto deuda bancaria y bursátil, como cuentas por pagar a empresas proveedoras, así como otros pasivos de tipo contingente y cuentas de orden, todos los cuales constituyen un compromiso de pago presente o futuro.
a) Destaca en primer lugar la "Deuda bancaria y bursátil" que registra un monto de 42 mil 77 mdp en julio de 2016, es decir, en seis años este tipo de deuda se duplicó comparada con la existente en 2010 cuando era de 20 mil 475 mdp.
b) Otro rubro importante es el "Pasivo Circulante" cuyo monto a julio de 2016 es de 11 mil 39 mdp, de acuerdo con el "Informe de cuentas por pagar" que presentó la Secretaría de Finanzas y Planeación el 19 de julio. Esta es una cantidad tres veces superior a la que se publicó en el tercer informe de la cuenta pública del año pasado, cuando se informó que era de 3 mil 469 mdp.
c) Otro rubro importante son las "Cuentas de Orden" cuyo monto actual es de 52 mil 576 mdp, lo cual representa un crecimiento de 2913% comparado con 2010 cuando era de mil 805 mdp. Hay que señalar que si bien la cuentas de orden constituyen un registro contable que reconoce las obligaciones contingentes que pueden convertirse o no en un compromiso de pago, es muy importante considerarlas aquí porque existe una alta probabilidad de que efectivamente, una parte importante de éstas, se constituya en cuentas por pagar.
Particularmente se puede afirmar esto cuando se analizan los llamados "Registros realizados por sector en proceso de validación" que suman 33 mil 402 mdp y las "Operaciones pendientes de afectación presupuestal", que alcanzan un total de 6 mil 622 mdp, las que de manera casi inminente se convertirán en pasivos reales en el corto plazo, y las cuales suman 40 mil mdp.
Los "Registros realizados por sector en proceso de validación" se integran con operaciones con afectación presupuestal, realizadas por dependencias y entidades, que se encuentran en proceso de verificación jurídica. Es decir, se trata de deudas que se revisan para determinar su validez en donde probablemente se encuentran una multitud de cuentas por pagar a proveedores que aún no han sido reconocidas como deuda. Por su parte las "Operaciones pendientes de afectación presupuestal" son compromisos no han causado afectación presupuestal y que están en espera de ser reflejadas en el gasto.
Otros rubros de menor monto, pero de igual importancia son los créditos contraídos con respaldo de Bonos Cupón Cero que son el Fonrec (Fondo de Reconstrucción de infraestructura y el Profise (Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad). El primero por un monto de 4 mil 747 y el segundo por 2 mil 134 mdp.
Un último concepto que vale la pena señalar es Operaciones pendientes por impuestos sobre nóminas, que suman un total de mil 765 mdp y que es un pasivo que resulta de la obligación de pago que tiene el gobierno del estado como patrón y que de cubrir por ser un impuesto que se deriva del pago de su nómina.
En el cuadro de la estructura de la deuda se encuentran contenidos los créditos aprobados el año pasado que aún no han sido contratados, aunque no se incluyen en la suma del total. Se trata un crédito por 15 mil mdp con respaldo del Impuesto a la Nómina, otro por mil 700 mdp con respaldo del FAIS y uno más por 4 mil 500 mdp como garantía de pago.
2.- Los recursos federales no ejercidos también son deuda
Es necesario considerar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno de Veracruz incurrió en actos de corrupción e irregularidades en el manejo de los recursos públicos, que generan daño patrimonial por un monto de 43 mil 554 millones de pesos (mdp) durante el período 2010-2014.
Ni las observaciones ni las aclaraciones han sido resueltas a favor del gobierno de Veracruz, por lo que está obligado a devolver estos recursos a la Federación, junto con los intereses generados hasta que lo reintegre, tal como lo expresa el Informe de resultados de las Cuentas Públicas de esos años.
En la medida que estos recursos deben devolverse de manera obligatoria a la Federación, constituyen una obligación de pago del gobierno del estado y por lo mismo deben sumarse como parte de la deuda pública estatal, con lo que ésta alcanzaría un monto aproximado de 43 mil 554 mdp.
La evolución de la deuda pública total
Se puede observar que durante el gobierno de Javier Duarte, el endeudamiento se convirtió en una política gubernamental para hacer funcionar el aparato estatal, por lo que fue en ascenso año con año. Aunque es importante señalar que, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán heredó una deuda de 51 mil 324 mdp, que es un punto de partida bastante elevado, lo cual evidencia que los problemas financieros del gobierno estatal datan de un período anterior, pero que durante el actual gobierno se multiplicaron de manera impresionante.
De este modo, se advierte que de 2010 a 2016 la deuda pública de Veracruz se incrementó en 115 mil 420 mdp, bajo las consideraciones de disponibilidad de información antes expuestas.
El monto de la deuda es resultado de una administración corrupta, irresponsable, ineficiente y cínica, propia de un gobierno que utilizó los recursos públicos para hacer negocios privados y hoy le deja como herencia a los veracruzanos un futuro hipotecado.

NO SABÍA NADA DE LAS EMPRESAS FANTASMA, NO TENGO PRESTANOMBRES, NO DEBO NADA: DUARTE



El gobernador de Veracruz dijo que las llamadas empresas fantasma sí entregaron los bienes por los que se les contrató; negó ser corrupto.

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo este martes 9 de agosto que él no tuvo alguna operación en el caso de las empresas fantasma que establecieron contratos con el gobierno estatal, y que no tenía conocimiento de las irregularidades que tenían, por lo que ahora espera que las autoridades correspondientes aclaren el caso.

“Sería ilógico que el gobernador estuviera enterado de las miles de operaciones que hace el gobierno con particulares”, mencionó Duarte en entrevista con la cadena Radio Fórmula.

“Yo reviso, y si el secretario de Finanzas y el contralor general del estado me dicen que no hay ninguna irregularidad en el proceso, se presentó la fianza, se presentaron todos los elementos, se cumplió con lo que la ley de adquisiciones y obra pública establecen, y se entregaron los entregables, el gobernador no tiene ningún tema qué generar”, agregó.

Animal Político publicó en mayo pasado el caso de las empresas fantasma de Veracruz.


Esas empresas, con domicilios fiscales falsos, obtuvieron contratos para ser proveedoras de bienes, mercancías y servicios para el gobierno de Veracruz, a pesar de que estaban recién constituidas. Esto fue posible gracias a adjudicaciones directas o licitaciones simplificadas, sin que se tuviera constancia de que las empresas hayan entregado los productos que eran para habitantes de zonas populares.

De las 26 empresas identificadas en un inicio por este caso, 22 fueron creadas en el sexenio del gobernador Duarte.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que han sido presentadas 32 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por esta situación. Solo dos de las empresas que están siendo indagadas reportaron tener trabajadores.

Duarte mencionó en la entrevista que, según los reportes que tiene, esas empresas sí entregaron los bienes para las que se les contrató, aunque falta establecer si fueron mal constituidas, o cometieron alguna situación fiscal incorrecta.

“En ningún momento estoy encubriendo a nadie. Si existe responsabilidad alguna de un funcionario público, pues tendrá que asumir las consecuencias”, expresó.

Respecto a los señalamientos sobre presunta corrupción o enriquecimiento ilícito, Duarte dijo que “el que nada debe, nada teme”, que las acusaciones en su contra carecen de sustento, y que al terminar su gobierno no dejará México.

“No tengo prestanombres, y no tengo propiedad alguna en el extranjero”, dijo.

Duarte descartó pedir licencia, y aseguró que terminará su periodo de gobierno, hasta el próximo 30 de noviembre. Dijo que aún no sabe si estará en el Congreso de Veracruz para hacer la transición, y pasar el mando a Yunes Linares.

Además, mencionó que el proceso electoral sigue en litigio, por lo que se refirió a Yunes Linares como “presunto gobernador electo”.

El político priista descartó sentirse abandonado tanto por su partido como por el presidente Enrique Peña Nieto, aunque dijo que falló la estrategia de campaña aplicada para la elección de gobernador en la entidad, en la que el candidato del PRI también atacó a su gobierno.

En cuanto a la situación financiera de Veracruz, expresó que deja de una deuda “manejable”, y que el déficit financiero no es su responsabilidad, ya que es una situación que viene de tiempo atrás.

Cuestionado respecto a su estado de salud, Duarte mencionó que ha bajado 34 kilos, “a base de dieta y ejercicio”, y que tiene como meta bajar otros 11, para seguir sin problemas médicos.

En algún momento, dijo, llegó a pesar 130 kilos.


REPORTAN FOSA CLANDESTINA LOCALIZADA EN UN PREDIO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA MUNICIPIO DE IXTACZOQUITLÁN

Elementos de Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportaron este martes el hallazgo de una fosa clandestina localizada en un predio de la comunidad de Lagunilla municipio de Ixtaczoquitlán. En el lugar fueron encontrados fragmentos óseos quemados, además de indicios de restos de lo que habría sido una fogata y carbón. 
La activista Araceli Salcedo señaló que los restos estaban casi a ras de suelo, por lo que no fue necesario excavar demasiado, y que lo que ahora esperan es que se agilicen los trámites para realizar las confrontas de ADN, y así, alguna familia tendrá paz y cierre su ciclo de duelo. Salcedo Jiménez detalló que, por lo que pudo apreciar, estás personas fueron ejecutadas de una manera vil pues tal parece que estaban atados de manos porque había unas esposas. 
Al lugar acudió personal de Servicios Periciales de la Fiscalía, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Científica Federal, quienes acordonaron el lugar para evitar el ingreso y se contamine la escena. Cabe recordar que hace unos días la Unidad Especializada Contra el Secuestro (UECS) localizó otra fosa clandestina, muy cerca de donde ahora se hizo el hallazgo. A pesar del hermetismo con que se manejó, se logró saber que fueron localizados restos óseos, zapatillas y prendas de vestir femeninas y masculinas, además de unos tambos con aceite quemado y polvo, lo que al parecer son residuos de huesos, los cuales fueron asegurados. Vaya casos…

NESTLÉ SE APROPIA DE LOS MANANTIALES DE AGUA DEL IZTACCÍHUATL


En el volcán la Iztaccíhuatl, el consorcio trasnacional de origen suizo Nestlé –Nestlé Waters– se apropió de manantiales propiedad de la nación para el rentable negocio de la venta de agua embotellada, al tiempo que en el mismo espacio campesinos de las comunidades y ejidos del municipio poblano de Tlahuapan tienen restringido el aprovechamiento de agua para consumo humano y es vedado su uso para la producción agrícola.
Lo más sobresaliente es que la multinacional comercializa el “agua natural de manantial” extraída de mantos acuíferos en una zona en veda, para un negocio del que se desconoce el volumen real del líquido aprovechado, la apertura de pozos y el monto que pagan al país por la apropiación de un bien vital de dominio público, de valor social, económico y ambiental, como se establece en la Ley de Aguas Nacionales.
Vale mencionar que el líquido se extrae de los acuíferos más importantes del país localizados en el Eje Neovolcánico Transversal; 40 de éstos se identifican en la región del Balsas, de los cuales 16 se encuentran en el Alto Balsas donde se localizan los manantiales apropiados por Nestlé, y que son para el estado de Puebla fundamentales, ya que las fuentes superficiales son escasas y de reducido volumen o se encuentran totalmente aprovechadas. Este dato es significativo, toda vez que los crecientes conflictos y la disputa por el líquido se centran en el espacio geográfico del área del Izta-Popo.
La relevancia del espacio socio-natural que habitan las comunidades rurales y sus ejidos de Tlahuapan está asociada a los recursos hidrológicos estratégicos que posee la Sierra Nevada, lo que le confiere un papel destacado para la región más densamente poblada de la República. Estos excepcionales recursos hídricos nacen en la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, principalmente por el deshielo de los glaciares y la precipitación pluvial abundante, por arriba de los mil milímetros promedio anuales. Las corrientes superficiales son abundantes durante la época lluviosa y producen una gran filtración de agua que alimenta las corrientes subterráneas; así, los ecosistemas efectúan los procesos que permiten la recarga de acuíferos que abastecen buena parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, del Valle de Chalco, del Valle de Puebla-Tlaxcala y del Valle Cuautla- Cuernavaca (Parque Izta-Popo, 2008).
En este lugar de enorme relevancia hídrica están emplazados los territorios campesinos de los ejidos forestales de Tlahuapan que, mediante el manejo de sus bosques, en un sitio cabecera de cuenca, son considerados “(…) lugares clave como ‘fábricas’ de agua para el resto de los ecosistemas y para la sociedad (…), en los que la captación de agua no depende sólo de la simple precipitación sino del manejo (…) campesino de bosques y suelos, del que depende que en estas regiones se favorezca la evaporación, infiltración y el escurrimiento (Eckart Boege, 2008). No obstante, sus comunidades enfrentan una insuficiente disponibilidad de agua por la decretada veda permanente, pero se privilegia el suministro del agua sobre todo para las ciudades, en particular de Puebla y San Martín Texmelucan, para las embotelladoras de la región y para empresas como la automotriz Volkswagen.
Nestlé posee manantiales que pertenecieron a la empresa mexicana Agua Santa María y probablemente ha perforado pozos en la misma zona. En 2007, el consorcio obtuvo del gobierno federal una nueva concesión en la comunidad de Santa Cruz Otlatla del municipio de Tlahuapan, donde radica la planta de Nestlé, para incrementar la extracción de agua del acuífero. Con la nueva concesión, de acuerdo con una interpretación micro hidrológica del especialista César Solís Gómez, basado en los datos oficiales del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), se infiere que sólo con este último manantial de un volumen de 500 mil metros cúbicos al año, se pudieran regar alrededor de diez mil hectáreas o abastecer de agua potable a diez mil habitantes, una cuarta parte de la población total del municipio de Tlahuapan.
Más allá del derecho humano al agua, estos escenarios, tensiones y conflictos se producen por las políticas de acceso, de abasto y de control y por acciones de privatización del agua que condicionan a las sociedades rurales que ven reducidas sus posibilidades de servirse del agua para el desarrollo comunitario y consumo familiar, dada la lógica que concibe el agua como un bien económico para las empresas privadas y multinacionales y genera una desigual distribución de privilegio para las ciudades y descobijo al campo.
De esta manera, se ha propiciado un contexto tirante y de resistencias por la accesibilidad, distribución, control, explotación y privatización del agua, que produce diversas manifestaciones y estrategias locales, así como reacciones como la que expresó con disgusto don Vicente García Guzmán, ex tesorero del comisariado ejidal de Santa Cruz Moxolahuac: “Si producimos agua, las comunidades de abajo nos deben de pagar. ¿Por qué a ellos sí les dan permisos para abrir pozos y a nosotros, que producimos el agua, no? El agua nace en la comunidad y ahora ¡ya no se tienen derechos! ¡Necesitamos agua (…) urge para nuestra población! Los beneficiados son los de abajo. Aquí trabajamos y allá ¿que hacen? Aquí no quieren que perforemos un pozo. ¿Quién hizo la veda del agua?”
Estos hechos también han propiciado en la región de Puebla y Tlaxcala diversas movilizaciones, por lo que se constituyó el frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Puebla–Tlaxcala.
Así, en este territorio sociohistórico descubrimos por un lado, conflictos y fisuras comunitarias e intercomunitarias por obtener el agua de los manantiales locales, y por el otro, “(…) hasta la lucha por el control del agua, que se debate entre las tendencias privatizadoras del manejo desde la cuenca, manantiales, infraestructura y venta del líquido” (Boege, 2008).
Los considerables fenómenos hídricos en el planeta vislumbran un momento histórico de crisis del agua enlazado con las maneras como el ser humano se ha relacionado con el entorno natural, en particular con el proceso económico de degradación de la naturaleza. Así, el mundo enfrenta problemas críticos de escasez por contaminación no sólo de agua sino de aire, por sobreexplotación, así como pérdida de suelos, efecto invernadero, alteraciones climáticas, entre otros. Todos estos son indicios de los límites a los que ha conducido el modelo de apropiación depredadora de la naturaleza. Es un sistema, el capitalista, que omite la determinación mutua entre el ser humano y la naturaleza, y se expande sin límites en busca de mayores utilidades y acumulación de capital por encima de los ciclos y ritmos de los recursos naturales como son los bosques o el agua.

LA PERIODISTA MÓNICA GONZÁLEZ REVELA QUE FUE SECUESTRADA EN MÉXICO POR LOS ZETAS


La periodista Mónica González, directora del Centro de Investigación e Información Periodística de Chile, reveló que fue secuestrada en México el mes pasado, presuntamente por el cártel de Los Zetas.
En el programa Ciudadanos, de CNN Chile, contó el lunes el motivo de su ausencia en ese espacio durante cuatro semanas.
“Mis primeras dos semanas fueron de vacaciones, largamente planificadas con una de mis nietas que vive en Francia. Pero las últimas dos fueron obligadas. Ello, porque estando en México, específicamente en San Cristóbal de las Casas, el martes 19 de julio fui secuestrada con mi nieta en un hotel cinco estrellas de la manera más violenta y lo que viví a partir de ese momento fue una pesadilla”, relató.
“No me puedo quedar conforme con sólo lamentarme y haber vivido el horror”, dijo González.
“No puede ser que tantos ciudadanos chilenos sigan yendo inadvertidamente a México. Yo fui a San Cristóbal porque figura como uno de los estados más seguros de México”, comentó.
Expuso que había “reservado en un hotel maravilloso, cinco estrellas, precioso y estaba muy cansada con mi nieta porque habíamos viajado bastante durante dos días”.
“Recorrimos la ciudad, comimos muy rico y nos acostamos temprano a dormir. Y estando dormida profundamente suena el teléfono de la habitación, y el hombre de la recepción me dice ‘señora Mónica, hay un operativo en marcha, la comunico’. No me comunica con un teléfono, hay un hombre que toma la comunicación y me dice ‘señora, quiero informarle que hemos descubierto un vehículo cargado con armas con patente de Monterrey y que hemos iniciado un operativo habitación por habitación ¿Lo escuchó? Si escucha disparos, escucha gritos, escucha carreras, más disparos, usted no abra la habitación hasta que yo se lo ordene'”, detalló.
El sujeto le empezó a hacer preguntas para ver si ella era “quien dice ser” y González le pidió explicaciones sobre por qué debe responder preguntas personales y que quién le garantizaba que quien estaba al otro lado del teléfono era policía.
“Ahí cambia el tono de voz -añadió- y escucho ‘mira hija de la gran puta, el único que da las órdenes soy yo, el único que grita soy. Tú no vales nada, tú no eres nadie. ¿Policías? Jajajá.Estás en manos de Los Zetas”.
“Que te digan Los Zetas se te hiela la sangre y yo tenía a mi lado una nieta que dependía de mí, chica, a la cual lo primero que me dicen es que la van a sacar y le van a hacer todas las violencias que ellos saben hacer”, agregó.
“Lo que siguió fue una pesadilla”, confesó. A la mañana siguiente, salió del hotel junto a su nieta bajo la orden de dejar todas sus pertenencias y sólo llevar cosas “para dos o tres días”.
Los secuestradores llevaron a la periodista a un segundo hotel donde tenía una reservación a su nombre. Allí estuvo durante días; la mantuvieron incomunicada bajo la amenaza de que había hombres en las afueras del recinto vigilando sus pasos.
Los presuntos Zetas llamaron a la familia de Mónica González en Francia y le pidieron “un rescate millonario”.
A su vez, su familia se contactó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo departamento de crisis se instaló en la casa en Francia.
La familia también contactó al periodista mexicano Luis Miguel González, director de El Economista, a quien también Los Zetas pidieron un rescate, el cual habría pagado.
Mónica González relató que mientras se hacían las negociaciones ella recibió amenazas “que van subiendo de tono el tercer día”-
“La desesperación empieza a aumentar porque la violencia verbal es mucho”, acotó González quien agregó que el periodista mexicano pagó el rescate, sin embargo, el grupo narcotraficante no la liberó y empezaron a solicitarle a ella 25 mil dólares.
González relató que finalmente decidió salir del hotel “a lo que sea, tomo a mi nieta y le digo nos dejaron salir”. 
La periodista chilena regresó al hotel desde el que había sido secuestrada. Una hora después llegó la policía y fue trasladada hasta el aeropuerto, donde la esperaban los embajadores de Chile en México, Ricardo Núñez y de Francia,Maryse Bossière. “Ahí me doy cuenta que estoy a salvo”.

POLICÍA CUESTIONADA

En 2011 se conforma el colectivo por la Paz en Xalapa, el primer referente de agrupación de víctimas del delito organizadas para emprender acciones legales y colectivas para garantizar el acceso a la justicia. Se agremiaron académicos, defensores de los derechos humanos, madres de personas denunciadas como desaparecidas y víctimas de la violencia. Sus hechos comenzaron a hacer visible el dolor y la angustia de quienes pierden a un hijo víctima de secuestros o de privaciones ilegales de la libertad toleradas por la indolencia gubernamental, y comenzaron a marcar una parte de la agenda del gobierno de Veracruz.
Al paso del sexenio de Duarte, el fenómeno de la desaparición, no paró, incluso, se incrementó y eso dio pie a la conformación de más colectivos que siguieron el ejemplo de lucha del Colectivo por la Paz, así, hoy hay madres organizadas en Veracruz puerto, en Orizaba, en Huatusco, en Córdoba, en Xalapa y en Coatzacoalcos. En muchos de los casos tutelados, se menciona a policías estatales como los autores del delito.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 personas desaparecidas en Veracruz entre 2014 y junio del 2016, aunque Aracely Salcedo, integrante y promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que son unas 15 mil las personas desaparecidas en este gobierno, aunque sus familiares “no denuncian por miedo” y Blogexpediente lleva un recuento periodístico de al menos 160 casos de personas que han sido víctimas de desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Todo este panorama apunta a la participación de la policía en alianza con delincuentes, y así lo plantearon integrantes del colectivo El Solecito en un documento entregado al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras el pasado 25 de enero de 2015, días después del escándalo por la sustracción de cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra blanca, y por lo que ocho elementos de la SSP están bajo proceso como presuntos responsables de desaparición forzada. Las madres de El Solecito “vemos intervención directa de Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Zurita en las desapariciones de nuestros familiares”, ellos dos “permiten una policía integrada por delincuentes”. Por eso “exigimos la inmediata renuncia de Javier Duarte de Ochoa y de Arturo Bermúdez, quienes han permito que Veracruz se convierta en un estado donde la policía está al acecho secuestrando a nuestros hijos y entregándolos a las células de los delincuentes en donde está claro que ellos son las cabezas”.
Estas organizaciones, en los últimos meses, han reiterado el señalamiento de que la policía veracruzana hoy es una institución desacreditada y bajo sospecha de que sus mandos están en alianza con los grupos delincuenciales. En marzo pasado, Causa Común, de María Elena Morena, reveló que el 35 por ciento de los uniformados estatales que efectúan labores operativas no aprobaron estos controles de confianza, mientras que el 37 por ciento de sus mandos tampoco acreditaron las pruebas, y eso convertía a Veracruz en la entidad con más elementos reprobados y en activo. Un mes antes, el diario Reforma, indicó que eran 186 los oficiales veracruzanos que en cinco años habían sido consignados por presuntos nexos con la delincuencia.
“Veracruz lo que sí hizo bien, fue su Escuela de Policía la cual tiene un buen nivel académico, los policías salen bien preparados, pero tú imagínate estos muchachitos que salen bien preparados para que después tengan un mando que sea un criminal. Porque lo que estamos viendo en Veracruz, es que gran parte de la policía son criminales con placa, entonces imagínate la gravedad, tú preparas chavos para que después les toque un mando criminal y los haga una banda de criminales”, matizó María Elena Morera.
De la serie de abusos documentados por uniformados, el caso que ha llegado más lejos ante una instancia, es el del joven cantante Gibrán Martiz y dos de sus amigos, quienes habrían sido sustraídos por elementos de la SSP en Xalapa, quienes después simularon su muerte en un enfrentamiento con delincuentes en el camino a Huatusco, en enero del 2014. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos endilgó así a Veracruz su primer recomendación por desaparición forzada, en el expediente 014/2015, donde constan numerosos atropellos cometidos por jenízaros y personal de la Fiscalía General de Luis Ángel Bravo Contreras, quienes manipularon procedimientos forenses para ocultar evidencia.
Y pese al escándalo de Tierra Blanca y Papantla –sendos jóvenes entregados por policías a la delincuencia- las acciones bajo sospecha de los cuerpos de la SSP, no pararon.
El 20 de mayo pasado, un operativo de la Fuerza Civil realizado para neutralizar una célula de delincuentes en Coatzacoalcos, quedó evidenciado por el testimonio de Lorena Javier Arias, madre del abogado Jorge Álvarez Javier, de 29 años de edad, quien fue presentado como miembro de la delincuencia con otros sujetos que fueron abatidos por la Fuerza Civil en la carretera estatal a Barrillas.
En el mismo sitio donde Roberto González Meza, director de la Fuerza Civil, daba rueda de prensa sobre los resultados de sus elementos, la mamá del licenciado Álvarez acusaba que todo había sido un montaje, pues al joven lo habían sustraído horas antes de su casa, en Sector Popular, y a punta de golpes lo subieron a vehículos oficiales y se lo llevaron sin rumbo.
La mujer le recriminó al mando “quiero a mi hijo, se lo llevaron los de la Fuerza Civil, fueron varios, yo los vi, desde un día antes ya lo estaban esperando afuera de mi casa”. Meses antes, la policía veracruzana participó de otro operativo en Coatzacoalcos, varios delincuentes perdieron la vida en el supuesto enfrentamiento en el basurero de Las Matas, entre ellos Jonathan Guillén Gómez, de 23 años, reportado como víctima de sustracción violenta de su casa en el puerto horas antes; sin embargo, en ese supuesto enfrentamiento, en la noche, él apareció con otras personas como parte de un grupo de agresores.
Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV, “en un régimen político moderno” no debe tolerar a una policía que cargue señalada de abusar de los derechos humanos, menos una ineficiente en prevención del delito. “No puede permitirse que la policía funcione de esa forma”, y en su punto de vista, en este contexto, es urgente “analizar los índices de letalidad en enfrentamientos en los cuales participan las policías preventivas junto con las fuerzas federales para saber si como acontece en otros estados del país en el nuestro puede hablarse de un patrón sistemático de violencia extrajudicial justificada como guerra contra la delincuencia organizada o aún se trata de casos no generalizables”.

¿PEOR QUE TAMAULIPAS? SÍ, ASÍ DEJÓ BERMÚDEZ A VERACRUZ: REPUNTAN SECUESTROS Y HOMICIDIOS DOLOSOS

Por Redacción / Sin Embargo agosto 8, 2016
Con Arturo Bermúdez Zurita al frente de la seguridad en Veracruz, el estado se convirtió en el segundo lugar nacional en secuestros, supera a Tamaulipas; también lo desplazó por homicidios dolosos. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 casos registrados en esa entidad entre 2014 y junio de 2016, aunque Aracely Salcedo, integrante y promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que son unas 15 mil las personas desaparecidas durante su gestión. Sin rendir cuentas, Bermúdez se fue de la Secretaria de Seguridad Pública dejándola con deuda de mil 450 millones de pesos, aunque en su periodo su presupuesto incrementó en 150 por ciento.
Por Ignacio Carvajal
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo/BlogExpediente).– Del sexenio de Miguel Alemán, al del Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita pasó de ser un simple secretario particular al súper ministro con capacidades metaconstitucionales. Como un “césar romano”, sus pretorianos decidieron sobre la vida y la muerte, incluso, el paradero de muchos que hoy son buscados en fosas clandestinas y en servicios forenses.
Sin embargo, lejos de recomponer el torcido camino de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la sumió en la inmundicia; y el estado en general, transita el escenario más crítico en prevención del delito con el incremento exponencial del secuestro, el homicidio doloso y violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por personal de esta dependencia, y en donde a Bermúdez Zurita se le trata ubicar como un elemento ajeno al desempeñado de sus elementos y altos mandos, varios ya en la cárcel.
Hoy Veracruz, según reportes de organizaciones internacionales por la defensa de las garantías individuales, y dependencias del gobierno federal, es el estado con más alto índice de desapariciones forzadas, es decir, las privaciones ilegales de la libertad cometidas directamente por funcionarios del gobierno. En este caso, gendarmes.
Datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) establecen que durante el paso de Bermúdez en la SSP (julio de 2011 a agosto de 2016) Veracruz siempre figuró entre los primeros diez lugares de homicidio doloso y secuestro a nivel nacional. Para el final de sus cinco años como titular de la SSP, Veracruz es ya segundo lugar nacional en secuestros y supera al vecino estado de Tamaulipas en homicidios dolosos.
Es decir, lo que hace años se miraba como el mayor horror que puede vivir una región en México, la violencia sin cuartel en Tamaulipas, hoy está replicada y multiplicada en Veracruz. Y mientras Bermúdez Zurita sostuvo la mística de crear una policía de proximidad, capacitada y mejor evaluada, la violencia hoy es motivo de desplazamiento de familias en ciudades como Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Acayucan, Coatzacoalcos y Las Choapas, en las que todas las estrategias de seguridad han fracasado.
LA SEMAR-SSP
LA SEMAR-SSP





















Pero Bermúdez no actuó sólo, en la estrategia para mantener la seguridad en el estado, se dio parte a la Secretaría de Marina Armada de México mediante la estrategia del Veracruz Seguro, y de allí, la firma de un convenio de colaboración entre la Semar y el Ejecutivo estatal para dar paso al Mando Único, y que elementos de la Semar dieran vida a la Policía Naval, coordinada por mandos de la Marina; también se les dio participación en Tránsito y algunas corporaciones municipales.
La estrategia del Mando Único tan sólo en Córdoba y Coatzacoalcos, por ejemplo, está cuestionada ante el avance de la delincuencia común. Hoy Coatzacoalcos y Minatitlán aportan el 34 por ciento al total de secuestros reportados en Veracruz por el SNSP; y Córdoba, según el mismo organismo, es la ciudad en donde se cometen más homicidios dolosos. Una es la ciudad tomada como residencia por Javier Duarte de Ochoa, y la otra, terruño de su esposa, la Primera Dama, Karime Macías, ni por eso cuidaron sus esquemas de seguridad.
En Coatzacoalcos, en cada foro sobre seguridad, sectores sociales y empresariales, se pronuncian por la salida de la Marina de las tareas de seguridad y dar paso a un mando municipal o intermunicipal. Este fue uno de los clamores durante la última reunión entre empresarios y el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, en Coatzacoalcos, “en la zona industrial, al mes, nos reportan al menos 17 robos”, al recién inaugurado complejo de Braskem-Idesa le están robando al mes siete camiones con producto, expuso el representante en el sur de la Asociación de Industriales de Veracruz (AIEVAC), Claudio Martell Velasco.
En la zona de Complejos de Coatzacoalcos, el clúster petroquímico más importante del país, la seguridad ya corre por cuenta de los empresarios, que mensualmente cooperan para pagar una compañía de vigilancia privada cuyo personal recorre en unidades móviles esos puntos tratando de inhibir el robo de cableado, el asalto a obreros y el atraco a camiones cargados con diversos productos para abastecer de materia prima al sector industrial de México.
El polígono industrial es responsabilidad de la Policía Naval; sin embargo, sus elementos ni si quiera mueven las patrullas ante la falta de recursos para la gasolina, a ellos ni si quiera les están pagando sus compensaciones, esto quedó asentado en el anexo de deudas presentado por el gobierno de Veracruz al Congreso local para liquidar deudas con el impuesto del 3 por ciento a la nómina, y en donde la SSP reconoce un pasivo por 28 millones de pesos a la Semar por el convenio de la operación del Mando Único.
Sobre los alcances, los objetivos y el financiamiento concreto y particular para la SEMAR, sobre todo la distribución salarial entre mandos y tropas, no hay transparencia. En la solicitud 0001300021212, a la Semar, se requirió versión pública sobre el contenido del convenio signado entre el gobierno del estado y la Marina en noviembre de 2011, pero la dependencia se negó a entregarlo argumentando que era información confidencial, y darla a conocer “compromete la seguridad pública en la zona conurbada, al poner en peligro la integridad de las personas y el orden público y menoscaba la capacidad de evitar la comisión de delitos, toda vez que existía un daño presente, probable y especifico al difundir información relativa al personal involucrado en dicha tarea”. Una nota del periodista Armando Ramos, de la agencia AVC Noticias, advierte que el convenio entre la SEMAR y Veracruz concluye el 31 de noviembre próximo, con la posibilidad de una prórroga de dos años, en la nota cita la solicitud de información 0001300045916 a la SEMAR, en la cual se informa la erogación de 771 millones de pesos en los últimos años para las tareas coordinadas del personal de la Policía Naval y estatales, recursos aportados por el Ejecutivo estatal.
Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, profesor de Universidad Veracruzana y Coordinador del Grupo de Trabajo “Seguridad y Democracia en América Latina y el Caribe” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), es “impostergable” modificar la forma en que se ha llevado el modelo del Mando Único, ya que como está, se trata de “una estrategia limitada a integración militar de mandos, no implica reorganización policial, capacitación específica para la reforma de la Justicia Penal, mejora de controles internos y externos, menos la aceptación del control civil de los operativos mediante mecanismos de transparencia o rendición de cuentas”.
“En estas circunstancias, la integración de policías municipales al mando único -como mando centralizado- se ha realizado en condiciones en las cuales es impostergable la centralización, dado el grado de control de algunos grupos y redes policiales por grupos delictivos”, matiza.
Referente a lo que ha pasado en Veracruz en los últimos años, resulta “particularmente, preocupa, que algunos policías estén vinculados con redes ilegales y abusen de la fuerza policial en casos como Coatzacoalcos, Poza Rica, Tierra Blanca y Papantla”.
MÁS SECUESTROS Y HOMICIDIOS





















A mediados del 2011, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz, era el General Sergio López Esquer, recomendado del gobierno de Felipe Calderón para encabezar la lucha contra la delincuencia; no obstante, deja el cargo por un atentado a finales de junio de 2011, cuando un comando armado intentó emboscar en el crucero de Villarín a su escolta. Sus ayudantes regresaban a Xalapa después de embarcar al alto mando en un avión que lo llevaría al DF; sin embargo, las versiones apuntaron a que los sicarios fallaron pues el blanco originalmente sería el militar. Hubo muertos en ese ataque del bando oficial; el mismo día, la casa del general, en Antón Lizardo, resultó atacada por pistoleros fuertemente armados. Sergio López se va y es así como arriba Bermúdez al mando de la SSP.
En 2010, el SNSP reportaba 583 muertes dolosas para Veracruz, 17 secuestros, 351 denuncias por extorsión y 4 mil 495 robos de vehículo. Para los siguientes dos años, ya con Bermúdez al mando, el mismo organismo reportó 968 homicidios dolosos en 2012 y 863 en el 2013. Se trató de los años más violentos en la entidad por el enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco y Los Zetas, los primeros arribaron a arrebatar el territorio, y al grupo local le tocó poner la mayor parte de los muertos.
Uno de los hechos más violentos se suscitó frente a Plaza Américas de Boca del Río, cuando sicarios de Jalisco abandonaron dos camionetas llenas de cadáveres de presuntos enemigos, 35 víctimas en total. Un mes después, aproximadamente, en dos casas de Boca del Río, aparecieron otras 28 víctimas. De manera paralela, en noviembre del 2011, en la localidad de Portezuelos, en Manlio Fabio Altamirano, las autoridades encontraron otra fosa con 26 víctimas, supuestamente una venganza de Los Zetas.
Ahora que Bermúdez renuncia a la SSP, después del escándalo de su fortuna, deja a Veracruz en segundo lugar nacional en denuncias por secuestros, indica el SNSP, que están integrados por estadísticas aportadas por la Fiscalía general. El dato más relevante del último reporte, actualizado de Enero del 2016 a junio pasado, es que Veracruz, con 62 casos, le quitó el segundo sitio nacional en secuestros a Tamaulipas, que reportó 57; en tercer lugar, figura Guerrero, con 43 secuestros; el primer sitio sigue siendo para el estado de México con 134 denuncias.
A nivel nacional, el SNSP indica que de enero a junio de 2016, en México se han denunciado 621 secuestros, esto quiere decir que en Veracruz se comete el 10% de los secuestros que se denuncian a nivel nacional. En términos generales, en Veracruz el secuestro se incrementó entre 2010 (17 casos) y 2016 (62 casos) en 37 por ciento.
El secretariado indica que en enero, para Veracruz, se denunciaron 10 casos de privación ilegal de la libertad, en febrero, 9; en marzo, 12; en abril, 10; en mayo, 9; y en junio, 12, y es en este periodo, los últimos meses de Javier Duarte en el poder, cuando este delito se ha disparado en un 22.5 por ciento en contraste con el mismo periodo del 2015.
Los informes actualizados del SNSP también expresan un incremento en los homicidios dolosos, y si de enero a junio de 2015 se informó sobre 221 denuncias de este tipo, para el mismo periodo, de 2016, son 405 personas asesinadas con todas las agravantes de la ley en Veracruz.
Esto es igual a 184 homicidios más en el mismo periodo en contraste con el 2015 y 2016, lo que habla de un incremento del 45 por ciento en las denuncias por homicidios dolosos, que en su mayoría son ajustes de cuentas.
Con estos datos, Veracruz estaría aportando el 4% de las denuncias por homicidios registradas en el conteo nacional, y en este rubro, otra vez, Veracruz supera a Tamaulipas, que registró 279 casos.
A nivel nacional, son 10 mil 301 denuncias por homicidios dolosos, los estados más violentos son Estado de México, con mil 133 denuncias; Guerrero mil 52; Jalisco, 611; Chihuahua, 595; Michoacán, 584; Baja California, 543; Sinaloa, 524; Guanajuato, 506; Distrito Federal, 477; Veracruz, 475; Tamaulipas, 402 y Oaxaca, 371.
En lo municipal, la ciudad de Córdoba es la más violenta, con 30 homicidios entre enero y junio de 2016; la segunda, Veracruz, con 24 homicidios dolosos; la tercera, Coatzacoalcos, 21; Xalapa, 21; Poza Rica, 21; Papantla, 19; Tihuatlán, 17; Minatitán, 15; Tierra Blanca, 11; y Boca del Río, 10, en esa última seis elementos de tránsito municipal resultaron privados de su libertad entre el jueves y sábado, aunque regresaron con bien a sus casas.
Y aunque voces como la del senador Fernando Yunes Márquez hablan de “maquillaje” de las cifras de violencia reportadas a la Federación, los datos existentes evidencian el fracaso de Bermúdez como gestor de la seguridad pública en la entidad veracruzana, pero el “Capitán Tormenta” insiste en haber triunfado, así lo dejó patente en una carta difundida horas después de dejar el despacho en manos de José Nabor Nava Holguín:
“Estoy orgulloso de lo que he podido aportar a favor de la Policía Estatal de Veracruz. Hoy, una Institución digna, fuerte y sólida que se sostiene del trabajo y compromiso de hombres y mujeres que se formaron bajo un Nuevo Modelo Policial que los obliga a actuar con determinación, valentía y lealtad a la sociedad”.
LA SSP, QUEBRADA

Arturo Bermúdez dejó la SSP con una deuda de mil 450 millones de pesos a contratistas y proveedores. Foto: Blog Expediente


Licenciado en Ciencias Administrativas por la Escuela Comercial Bancaria, Arturo Bermúdez dejó la SSP con una deuda de mil 450 millones de pesos a contratistas y proveedores, consta en el anexo de empresas aprobadas por el Congreso Local para recibir recursos públicos que liquiden sus pasivos con el Ejecutivo. No le pagó a concesionarios que vendieron unidades para patrullas, a empresas que ofrecieron servicios para preparación de alimentos en penales, menos a quienes rentaron instalaciones para montar comandancias y cuarteles temporales.
En contraste, si a una dependencia le incrementó Duarte los recursos, fue a la SSP, a la que también se le anexó el control de las cárceles y de Tránsito del Estado, volviéndola en una súper secretaría.
Así, la Ley de Egresos del 2011 dice que la Secretaria de Seguridad Pública ejerció ese año mil 450 millones de pesos. Para el 2016, contó con un presupuesto de 3 mil 615 millones de pesos, es decir, un incremento de 150 por ciento, lo que es igual a un estimado de 2 mil 165 millones más.
No obstante, la queja más reiterada de los alcaldes veracruzanos en materia de seguridad es la inoperancia de los cuerpos de prevención del delito. Tan sólo en Coatzacoalcos, operan unas 60 cámaras de videovigilancia, pero ninguna ha sido útil para revolver homicidios pues no están conectadas; las patrullas pasan largas horas estacionadas en el mismo sitio y a los oficiales se les ve recorriendo las calles a pie, o tirados a la sombra tomando refresco o mandando mensajes por redes sociales.
Sin embargo, la Cuenta Pública 2015, indica que más del 60 por ciento del presupuesto, se destina a servicios personales, lo que incluye nómina. En 2015, se emplearon 2 mil 805 millones de pesos para pago de servicios personales, eso es un incremento del 14 por ciento en contraste con el 2014, es decir, en 12 meses, la nómina de la SSP se elevó en 409 millones de pesos, lo que no se tradujo en disminución de la violencia en territorio veracruzano o de acciones para la prevención del delito.
Pero el extitular de la SSP se marcha del cargo con una estela de señalamientos de ser dueño de un conglomerado de empresas en la ciudad de México, desde hoteles, restaurantes, bares, empresas de seguridad privada, preparación de alimentos y toda clase de servicios, hasta autolavados, lavanderías y una cadena de estéticas, según el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares. El último escándalo, y el cual derivó en su precipitada renuncia, las mansiones detectadas por el equipo de investigación de Aristegui Noticias en Texas, las cuales Bermúdez reconoció como de su propiedad. En sus denuncias ante la PGR y la Fiscalía, Yunes Linares pone a Bermúdez como cabeza de una estructura de lavado de recursos provenientes del erario público y de la delincuencia organizada.
En un video difundido en blogs de noticias sobre narco, retomado por diarios locales, el supuesto grupo Jarochos Unidos graba la confesión de José Armando Juárez Ramírez, quien era comandante de la base de la Policía Estatal en La Antigua-Cardel, y que antes de ser asesinado, señala al mando de la SSP de participar de diversos negocios ilícitos con grupos delincuenciales. El cadáver de este policía, apareció en la carretera Estatal Soledad de Doblado-Huatusco, cerca de Paso Lagartos. El gobierno de Duarte no inició ninguna investigación contra Bermúdez a su salida, meses antes, por el reclamo de empresarios para que lo echara del gabinete por la desbordante inseguridad, el gobernador aseguró que si Arturo se iba, él también, pero ni eso cumplió.
En la Cuenta Pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación manda dos pliegos de observaciones a la SSP de Veracruz, el 14-A-30000-14-0794-06-001 y 14-A-30000-14-0928-06-001 por 350 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Subsidio para las entidades federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, dinero que no llegó a su destino, sacado de las cuentas creadas para su dispersión y recursos para proveedores a quienes no se pagó.
NOTA COMPLETA EN http://www.sinembargo.mx/08-08-2016/3077526