En 2011 se conforma el colectivo por la Paz en Xalapa, el primer referente
de agrupación de víctimas del delito organizadas para emprender acciones
legales y colectivas para garantizar el acceso a la justicia. Se agremiaron
académicos, defensores de los derechos humanos, madres de personas denunciadas
como desaparecidas y víctimas de la violencia. Sus hechos comenzaron a hacer
visible el dolor y la angustia de quienes pierden a un hijo víctima de
secuestros o de privaciones ilegales de la libertad toleradas por la indolencia
gubernamental, y comenzaron a marcar una parte de la agenda del gobierno de
Veracruz.
Al paso del sexenio de Duarte, el fenómeno de la desaparición, no paró,
incluso, se incrementó y eso dio pie a la conformación de más colectivos que
siguieron el ejemplo de lucha del Colectivo por la Paz, así, hoy hay madres
organizadas en Veracruz puerto, en Orizaba, en Huatusco, en Córdoba, en Xalapa
y en Coatzacoalcos. En muchos de los casos tutelados, se menciona a policías
estatales como los autores del delito.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 personas
desaparecidas en Veracruz entre 2014 y junio del 2016, aunque Aracely Salcedo,
integrante y promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que
son unas 15 mil las personas desaparecidas en este gobierno, aunque sus
familiares “no denuncian por miedo” y Blogexpediente lleva un
recuento periodístico de al menos 160 casos de personas que han sido víctimas
de desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Todo este panorama apunta a la participación de la policía en alianza
con delincuentes, y así lo plantearon integrantes del colectivo El Solecito en
un documento entregado al fiscal Luis Ángel Bravo Contreras el pasado 25 de
enero de 2015, días después del escándalo por la sustracción de cinco jóvenes
de Playa Vicente en Tierra blanca, y por lo que ocho elementos de la SSP están
bajo proceso como presuntos responsables de desaparición forzada. Las madres de
El Solecito “vemos intervención directa de Javier Duarte de Ochoa y Arturo
Bermúdez Zurita en las desapariciones de nuestros familiares”, ellos dos
“permiten una policía integrada por delincuentes”. Por eso “exigimos la
inmediata renuncia de Javier Duarte de Ochoa y de Arturo Bermúdez, quienes han
permito que Veracruz se convierta en un estado donde la policía está al acecho
secuestrando a nuestros hijos y entregándolos a las células de los delincuentes
en donde está claro que ellos son las cabezas”.
Estas organizaciones, en los últimos meses, han reiterado el
señalamiento de que la policía veracruzana hoy es una institución desacreditada
y bajo sospecha de que sus mandos están en alianza con los grupos
delincuenciales. En marzo pasado, Causa Común, de María Elena Morena, reveló
que el 35 por ciento de los uniformados estatales que efectúan labores
operativas no aprobaron estos controles de confianza, mientras que el 37 por
ciento de sus mandos tampoco acreditaron las pruebas, y eso convertía a
Veracruz en la entidad con más elementos reprobados y en activo. Un mes antes,
el diario Reforma, indicó que eran 186 los oficiales veracruzanos que en cinco
años habían sido consignados por presuntos nexos con la delincuencia.
“Veracruz lo que sí hizo bien, fue su Escuela de Policía la cual tiene
un buen nivel académico, los policías salen bien preparados, pero tú imagínate
estos muchachitos que salen bien preparados para que después tengan un mando
que sea un criminal. Porque lo que estamos viendo en Veracruz, es que gran
parte de la policía son criminales con placa, entonces imagínate la gravedad,
tú preparas chavos para que después les toque un mando criminal y los haga una
banda de criminales”, matizó María Elena Morera.
De la serie de abusos documentados por uniformados, el caso que ha
llegado más lejos ante una instancia, es el del joven cantante Gibrán Martiz y
dos de sus amigos, quienes habrían sido sustraídos por elementos de la SSP en
Xalapa, quienes después simularon su muerte en un enfrentamiento con
delincuentes en el camino a Huatusco, en enero del 2014. La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos endilgó así a Veracruz su primer recomendación por
desaparición forzada, en el expediente 014/2015, donde constan numerosos
atropellos cometidos por jenízaros y personal de la Fiscalía General de Luis
Ángel Bravo Contreras, quienes manipularon procedimientos forenses para ocultar
evidencia.
Y pese al escándalo de Tierra Blanca y Papantla –sendos jóvenes
entregados por policías a la delincuencia- las acciones bajo sospecha de los
cuerpos de la SSP, no pararon.
El 20 de mayo pasado, un operativo de la Fuerza Civil realizado para
neutralizar una célula de delincuentes en Coatzacoalcos, quedó evidenciado por
el testimonio de Lorena Javier Arias, madre del abogado Jorge Álvarez Javier,
de 29 años de edad, quien fue presentado como miembro de la delincuencia con
otros sujetos que fueron abatidos por la Fuerza Civil en la carretera estatal a
Barrillas.
En el mismo sitio donde Roberto González Meza, director de la Fuerza
Civil, daba rueda de prensa sobre los resultados de sus elementos, la mamá del
licenciado Álvarez acusaba que todo había sido un montaje, pues al joven lo
habían sustraído horas antes de su casa, en Sector Popular, y a punta de golpes
lo subieron a vehículos oficiales y se lo llevaron sin rumbo.
La mujer le recriminó al mando “quiero a mi hijo, se lo llevaron los de
la Fuerza Civil, fueron varios, yo los vi, desde un día antes ya lo estaban
esperando afuera de mi casa”. Meses antes, la policía veracruzana participó de
otro operativo en Coatzacoalcos, varios delincuentes perdieron la vida en el
supuesto enfrentamiento en el basurero de Las Matas, entre ellos Jonathan
Guillén Gómez, de 23 años, reportado como víctima de sustracción violenta de su
casa en el puerto horas antes; sin embargo, en ese supuesto enfrentamiento, en
la noche, él apareció con otras personas como parte de un grupo de agresores.
Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, del Instituto de Investigaciones
Histórico Sociales de la UV, “en un régimen político moderno” no debe tolerar a
una policía que cargue señalada de abusar de los derechos humanos, menos una
ineficiente en prevención del delito. “No puede permitirse que la policía
funcione de esa forma”, y en su punto de vista, en este contexto, es urgente
“analizar los índices de letalidad en enfrentamientos en los cuales participan
las policías preventivas junto con las fuerzas federales para saber si como
acontece en otros estados del país en el nuestro puede hablarse de un patrón
sistemático de violencia extrajudicial justificada como guerra contra la
delincuencia organizada o aún se trata de casos no generalizables”.
NOTA COMPLETA: http://www.sinembargo.mx/08-08-2016/3077526
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