Por Redacción / Sin
Embargo agosto 8, 2016
Con Arturo Bermúdez Zurita al frente de la
seguridad en Veracruz, el estado se convirtió en el segundo lugar nacional en
secuestros, supera a Tamaulipas; también lo desplazó por homicidios dolosos. El
Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala 502 casos registrados en esa
entidad entre 2014 y junio de 2016, aunque Aracely Salcedo, integrante y
promotora de la Brigada de Búsqueda en la zona centro, estima que son unas 15
mil las personas desaparecidas durante su gestión. Sin rendir cuentas, Bermúdez
se fue de la Secretaria de Seguridad Pública dejándola con deuda de mil 450
millones de pesos, aunque en su periodo su presupuesto incrementó en 150 por
ciento.
Por Ignacio Carvajal
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo/BlogExpediente).– Del sexenio
de Miguel Alemán, al del Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita pasó de
ser un simple secretario particular al súper ministro con capacidades
metaconstitucionales. Como un “césar romano”, sus pretorianos decidieron sobre
la vida y la muerte, incluso, el paradero de muchos que hoy son buscados en
fosas clandestinas y en servicios forenses.
Sin embargo, lejos de recomponer el torcido camino de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), la sumió en la inmundicia; y el estado en general,
transita el escenario más crítico en prevención del delito con el incremento
exponencial del secuestro, el homicidio doloso y violaciones sistemáticas a los
derechos humanos cometidas por personal de esta dependencia, y en donde a
Bermúdez Zurita se le trata ubicar como un elemento ajeno al desempeñado de sus
elementos y altos mandos, varios ya en la cárcel.
Hoy Veracruz, según reportes de organizaciones internacionales por la
defensa de las garantías individuales, y dependencias del gobierno federal, es
el estado con más alto índice de desapariciones forzadas, es decir, las
privaciones ilegales de la libertad cometidas directamente por funcionarios del
gobierno. En este caso, gendarmes.
Datos del Secretariado Ejecutivo para el Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP) establecen que durante el paso de Bermúdez en la SSP (julio de
2011 a agosto de 2016) Veracruz siempre figuró entre los primeros diez lugares
de homicidio doloso y secuestro a nivel nacional. Para el final de sus cinco
años como titular de la SSP, Veracruz es ya segundo lugar nacional en
secuestros y supera al vecino estado de Tamaulipas en homicidios dolosos.
Es decir, lo que hace años se miraba como el mayor horror que puede
vivir una región en México, la violencia sin cuartel en Tamaulipas, hoy está
replicada y multiplicada en Veracruz. Y mientras Bermúdez Zurita sostuvo la
mística de crear una policía de proximidad, capacitada y mejor evaluada, la
violencia hoy es motivo de desplazamiento de familias en ciudades como
Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Acayucan, Coatzacoalcos y Las Choapas, en las que
todas las estrategias de seguridad han fracasado.
LA SEMAR-SSP
LA SEMAR-SSP
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Pero Bermúdez no actuó sólo, en la estrategia para mantener la seguridad
en el estado, se dio parte a la Secretaría de Marina Armada de México mediante
la estrategia del Veracruz Seguro, y de allí, la firma de un convenio de
colaboración entre la Semar y el Ejecutivo estatal para dar paso al Mando
Único, y que elementos de la Semar dieran vida a la Policía Naval, coordinada
por mandos de la Marina; también se les dio participación en Tránsito y algunas
corporaciones municipales.
La estrategia del Mando Único tan sólo en Córdoba y Coatzacoalcos, por
ejemplo, está cuestionada ante el avance de la delincuencia común. Hoy
Coatzacoalcos y Minatitlán aportan el 34 por ciento al total de secuestros
reportados en Veracruz por el SNSP; y Córdoba, según el mismo organismo, es la
ciudad en donde se cometen más homicidios dolosos. Una es la ciudad tomada como
residencia por Javier Duarte de Ochoa, y la otra, terruño de su esposa, la
Primera Dama, Karime Macías, ni por eso cuidaron sus esquemas de seguridad.
En Coatzacoalcos, en cada foro sobre seguridad, sectores sociales y
empresariales, se pronuncian por la salida de la Marina de las tareas de
seguridad y dar paso a un mando municipal o intermunicipal. Este fue uno de los
clamores durante la última reunión entre empresarios y el Gobernador electo,
Miguel Ángel Yunes Linares, en Coatzacoalcos, “en la zona industrial, al mes,
nos reportan al menos 17 robos”, al recién inaugurado complejo de Braskem-Idesa
le están robando al mes siete camiones con producto, expuso el representante en
el sur de la Asociación de Industriales de Veracruz (AIEVAC), Claudio Martell
Velasco.
En la zona de Complejos de Coatzacoalcos, el clúster petroquímico más
importante del país, la seguridad ya corre por cuenta de los empresarios, que
mensualmente cooperan para pagar una compañía de vigilancia privada cuyo
personal recorre en unidades móviles esos puntos tratando de inhibir el robo de
cableado, el asalto a obreros y el atraco a camiones cargados con diversos
productos para abastecer de materia prima al sector industrial de México.
El polígono industrial es responsabilidad de la Policía Naval; sin
embargo, sus elementos ni si quiera mueven las patrullas ante la falta de
recursos para la gasolina, a ellos ni si quiera les están pagando sus
compensaciones, esto quedó asentado en el anexo de deudas presentado por el
gobierno de Veracruz al Congreso local para liquidar deudas con el impuesto del
3 por ciento a la nómina, y en donde la SSP reconoce un pasivo por 28 millones de
pesos a la Semar por el convenio de la operación del Mando Único.
Sobre los alcances, los objetivos y el financiamiento concreto y
particular para la SEMAR, sobre todo la distribución salarial entre mandos y
tropas, no hay transparencia. En la solicitud 0001300021212, a la Semar, se
requirió versión pública sobre el contenido del convenio signado entre el
gobierno del estado y la Marina en noviembre de 2011, pero la dependencia se
negó a entregarlo argumentando que era información confidencial, y darla a conocer
“compromete la seguridad pública en la zona conurbada, al poner en peligro la
integridad de las personas y el orden público y menoscaba la capacidad de
evitar la comisión de delitos, toda vez que existía un daño presente, probable
y especifico al difundir información relativa al personal involucrado en dicha
tarea”. Una nota del periodista Armando Ramos, de la agencia AVC Noticias,
advierte que el convenio entre la SEMAR y Veracruz concluye el 31 de noviembre
próximo, con la posibilidad de una prórroga de dos años, en la nota cita la
solicitud de información 0001300045916 a la SEMAR, en la cual se informa la
erogación de 771 millones de pesos en los últimos años para las tareas
coordinadas del personal de la Policía Naval y estatales, recursos aportados
por el Ejecutivo estatal.
Para José Alfredo Zavaleta Betancourt, profesor de Universidad
Veracruzana y Coordinador del Grupo de Trabajo “Seguridad y Democracia en
América Latina y el Caribe” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), es “impostergable” modificar la forma en que se ha llevado el modelo
del Mando Único, ya que como está, se trata de “una estrategia limitada a
integración militar de mandos, no implica reorganización policial, capacitación
específica para la reforma de la Justicia Penal, mejora de controles internos y
externos, menos la aceptación del control civil de los operativos mediante
mecanismos de transparencia o rendición de cuentas”.
“En estas circunstancias, la integración de policías municipales al
mando único -como mando centralizado- se ha realizado en condiciones en las
cuales es impostergable la centralización, dado el grado de control de algunos
grupos y redes policiales por grupos delictivos”, matiza.
Referente a lo que ha pasado en Veracruz en los últimos años, resulta
“particularmente, preocupa, que algunos policías estén vinculados con redes
ilegales y abusen de la fuerza policial en casos como Coatzacoalcos, Poza Rica,
Tierra Blanca y Papantla”.
MÁS SECUESTROS Y HOMICIDIOS
A mediados del 2011, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de
Veracruz, era el General Sergio López Esquer, recomendado del gobierno de
Felipe Calderón para encabezar la lucha contra la delincuencia; no obstante,
deja el cargo por un atentado a finales de junio de 2011, cuando un comando
armado intentó emboscar en el crucero de Villarín a su escolta. Sus ayudantes
regresaban a Xalapa después de embarcar al alto mando en un avión que lo
llevaría al DF; sin embargo, las versiones apuntaron a que los sicarios
fallaron pues el blanco originalmente sería el militar. Hubo muertos en ese
ataque del bando oficial; el mismo día, la casa del general, en Antón Lizardo,
resultó atacada por pistoleros fuertemente armados. Sergio López se va y es así
como arriba Bermúdez al mando de la SSP.
En 2010, el SNSP reportaba 583 muertes dolosas para Veracruz, 17
secuestros, 351 denuncias por extorsión y 4 mil 495 robos de vehículo. Para los
siguientes dos años, ya con Bermúdez al mando, el mismo organismo reportó 968
homicidios dolosos en 2012 y 863 en el 2013. Se trató de los años más violentos
en la entidad por el enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco y Los Zetas, los
primeros arribaron a arrebatar el territorio, y al grupo local le tocó poner la
mayor parte de los muertos.
Uno de los hechos más violentos se suscitó frente a Plaza Américas de
Boca del Río, cuando sicarios de Jalisco abandonaron dos camionetas llenas de
cadáveres de presuntos enemigos, 35 víctimas en total. Un mes después,
aproximadamente, en dos casas de Boca del Río, aparecieron otras 28 víctimas.
De manera paralela, en noviembre del 2011, en la localidad de Portezuelos, en Manlio
Fabio Altamirano, las autoridades encontraron otra fosa con 26 víctimas,
supuestamente una venganza de Los Zetas.
Ahora que Bermúdez renuncia a la SSP, después del escándalo de su
fortuna, deja a Veracruz en segundo lugar nacional en denuncias por secuestros,
indica el SNSP, que están integrados por estadísticas aportadas por la Fiscalía
general. El dato más relevante del último reporte, actualizado de Enero del
2016 a junio pasado, es que Veracruz, con 62 casos, le quitó el segundo sitio
nacional en secuestros a Tamaulipas, que reportó 57; en tercer lugar, figura
Guerrero, con 43 secuestros; el primer sitio sigue siendo para el estado de
México con 134 denuncias.
A nivel nacional, el SNSP indica que de enero a junio de 2016, en México
se han denunciado 621 secuestros, esto quiere decir que en Veracruz se comete
el 10% de los secuestros que se denuncian a nivel nacional. En términos
generales, en Veracruz el secuestro se incrementó entre 2010 (17 casos) y 2016
(62 casos) en 37 por ciento.
El secretariado indica que en enero, para Veracruz, se denunciaron 10
casos de privación ilegal de la libertad, en febrero, 9; en marzo, 12; en
abril, 10; en mayo, 9; y en junio, 12, y es en este periodo, los últimos meses
de Javier Duarte en el poder, cuando este delito se ha disparado en un 22.5 por
ciento en contraste con el mismo periodo del 2015.
Los informes actualizados del SNSP también expresan un incremento en los
homicidios dolosos, y si de enero a junio de 2015 se informó sobre 221
denuncias de este tipo, para el mismo periodo, de 2016, son 405 personas
asesinadas con todas las agravantes de la ley en Veracruz.
Esto es igual a 184 homicidios más en el mismo periodo en contraste con
el 2015 y 2016, lo que habla de un incremento del 45 por ciento en las
denuncias por homicidios dolosos, que en su mayoría son ajustes de cuentas.
Con estos datos, Veracruz estaría aportando el 4% de las denuncias por homicidios registradas en el conteo nacional, y en este rubro, otra vez, Veracruz supera a Tamaulipas, que registró 279 casos.
Con estos datos, Veracruz estaría aportando el 4% de las denuncias por homicidios registradas en el conteo nacional, y en este rubro, otra vez, Veracruz supera a Tamaulipas, que registró 279 casos.
A nivel nacional, son 10 mil 301 denuncias por homicidios dolosos, los
estados más violentos son Estado de México, con mil 133 denuncias; Guerrero mil
52; Jalisco, 611; Chihuahua, 595; Michoacán, 584; Baja California, 543;
Sinaloa, 524; Guanajuato, 506; Distrito Federal, 477; Veracruz, 475;
Tamaulipas, 402 y Oaxaca, 371.
En lo municipal, la ciudad de Córdoba es la más violenta, con 30
homicidios entre enero y junio de 2016; la segunda, Veracruz, con 24 homicidios
dolosos; la tercera, Coatzacoalcos, 21; Xalapa, 21; Poza Rica, 21; Papantla,
19; Tihuatlán, 17; Minatitán, 15; Tierra Blanca, 11; y Boca del Río, 10, en esa
última seis elementos de tránsito municipal resultaron privados de su libertad
entre el jueves y sábado, aunque regresaron con bien a sus casas.
Y aunque voces como la del senador Fernando Yunes Márquez hablan de
“maquillaje” de las cifras de violencia reportadas a la Federación, los datos
existentes evidencian el fracaso de Bermúdez como gestor de la seguridad
pública en la entidad veracruzana, pero el “Capitán Tormenta” insiste en haber
triunfado, así lo dejó patente en una carta difundida horas después de dejar el
despacho en manos de José Nabor Nava Holguín:
“Estoy orgulloso de lo que he podido aportar a favor de la Policía Estatal de Veracruz. Hoy, una Institución digna, fuerte y sólida que se sostiene del trabajo y compromiso de hombres y mujeres que se formaron bajo un Nuevo Modelo Policial que los obliga a actuar con determinación, valentía y lealtad a la sociedad”.
“Estoy orgulloso de lo que he podido aportar a favor de la Policía Estatal de Veracruz. Hoy, una Institución digna, fuerte y sólida que se sostiene del trabajo y compromiso de hombres y mujeres que se formaron bajo un Nuevo Modelo Policial que los obliga a actuar con determinación, valentía y lealtad a la sociedad”.
LA SSP, QUEBRADA
Arturo Bermúdez
dejó la SSP con una deuda de mil 450 millones de pesos a contratistas y
proveedores. Foto: Blog Expediente
Licenciado en Ciencias Administrativas por la Escuela Comercial
Bancaria, Arturo Bermúdez dejó la SSP con una deuda de mil 450 millones de
pesos a contratistas y proveedores, consta en el anexo de empresas aprobadas
por el Congreso Local para recibir recursos públicos que liquiden sus pasivos
con el Ejecutivo. No le pagó a concesionarios que vendieron unidades para
patrullas, a empresas que ofrecieron servicios para preparación de alimentos en
penales, menos a quienes rentaron instalaciones para montar comandancias y
cuarteles temporales.
En contraste, si a una dependencia le incrementó Duarte los recursos,
fue a la SSP, a la que también se le anexó el control de las cárceles y de
Tránsito del Estado, volviéndola en una súper secretaría.
Así, la Ley de Egresos del 2011 dice que la Secretaria de Seguridad Pública ejerció ese año mil 450 millones de pesos. Para el 2016, contó con un presupuesto de 3 mil 615 millones de pesos, es decir, un incremento de 150 por ciento, lo que es igual a un estimado de 2 mil 165 millones más.
Así, la Ley de Egresos del 2011 dice que la Secretaria de Seguridad Pública ejerció ese año mil 450 millones de pesos. Para el 2016, contó con un presupuesto de 3 mil 615 millones de pesos, es decir, un incremento de 150 por ciento, lo que es igual a un estimado de 2 mil 165 millones más.
No obstante, la queja más reiterada de los alcaldes veracruzanos en
materia de seguridad es la inoperancia de los cuerpos de prevención del delito.
Tan sólo en Coatzacoalcos, operan unas 60 cámaras de videovigilancia, pero
ninguna ha sido útil para revolver homicidios pues no están conectadas; las
patrullas pasan largas horas estacionadas en el mismo sitio y a los oficiales
se les ve recorriendo las calles a pie, o tirados a la sombra tomando refresco
o mandando mensajes por redes sociales.
Sin embargo, la Cuenta Pública 2015, indica que más del 60 por ciento
del presupuesto, se destina a servicios personales, lo que incluye nómina. En
2015, se emplearon 2 mil 805 millones de pesos para pago de servicios
personales, eso es un incremento del 14 por ciento en contraste con el 2014, es
decir, en 12 meses, la nómina de la SSP se elevó en 409 millones de pesos, lo
que no se tradujo en disminución de la violencia en territorio veracruzano o de
acciones para la prevención del delito.
Pero el extitular de la SSP se marcha del cargo con una estela de
señalamientos de ser dueño de un conglomerado de empresas en la ciudad de
México, desde hoteles, restaurantes, bares, empresas de seguridad privada,
preparación de alimentos y toda clase de servicios, hasta autolavados,
lavanderías y una cadena de estéticas, según el gobernador electo, Miguel Ángel
Yunes Linares. El último escándalo, y el cual derivó en su precipitada
renuncia, las mansiones detectadas por el equipo de investigación de Aristegui
Noticias en Texas, las cuales Bermúdez reconoció como de su propiedad. En sus
denuncias ante la PGR y la Fiscalía, Yunes Linares pone a Bermúdez como cabeza
de una estructura de lavado de recursos provenientes del erario público y de la
delincuencia organizada.
En un video difundido en blogs de noticias sobre narco, retomado por
diarios locales, el supuesto grupo Jarochos Unidos graba la confesión de José
Armando Juárez Ramírez, quien era comandante de la base de la Policía Estatal
en La Antigua-Cardel, y que antes de ser asesinado, señala al mando de la SSP
de participar de diversos negocios ilícitos con grupos delincuenciales. El
cadáver de este policía, apareció en la carretera Estatal Soledad de
Doblado-Huatusco, cerca de Paso Lagartos. El gobierno de Duarte no inició
ninguna investigación contra Bermúdez a su salida, meses antes, por el reclamo
de empresarios para que lo echara del gabinete por la desbordante inseguridad,
el gobernador aseguró que si Arturo se iba, él también, pero ni eso cumplió.
En la Cuenta Pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación manda
dos pliegos de observaciones a la SSP de Veracruz, el 14-A-30000-14-0794-06-001
y 14-A-30000-14-0928-06-001 por 350 millones de pesos del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y el Subsidio
para las entidades federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de
Seguridad Pública, dinero que no llegó a su destino, sacado de las cuentas
creadas para su dispersión y recursos para proveedores a quienes no se pagó.
NOTA COMPLETA EN http://www.sinembargo.mx/08-08-2016/3077526
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