I.- El
sistema-régimen presidencialista a la mexicana, con raíces en el autoritarismo
del porfiriato que inauguró el poder en un sólo individuo y su grupo, reuniendo
en él a los otros dos poderes para ser la suma del Ejecutivo, Judicial y
Legislativo, es lo que sigue siendo el problema-obstáculo a resolver para darle
cauce a la transición a más democracia; atorada incluso, cuando apareció la
llamada “alternancia” que para nada sirvió, pues los panistas permitieron el
regreso del PRI-Televisa que, nuevamente, para el 2018, enfrentará tal desafío
que hasta puede significar su muerte, salvo que el único político en sus filas
tomara las riendas de la candidatura presidencial, para vencer al
adversario-enemigo: López Obrador-Morena. Y es que con Videgaray, ese PRI está
de antemano derrotado aunque haga alianzas con los partidos parásitos, restando
la posible unión: PAN-PRD que parece casi imposible porque los perredistas
querrán apostar por Mancera y el PAN por Anaya, la desprestigiada Zavala o
hasta por Javier Corral.
II.- Es así que en la realidad, el único político priista es
Manlio Fabio Beltrones Rivera, al que Peña-Videgaray-Osorio han desterrado,
pero que se mantiene en la crisis de la sucesión presidencial. Pero a lo que
voy es a una de las causas del desastre peñista: el mal gobierno que los
electores recusaron con las siete gubernaturas que se llevaron los del PAN-PRD,
a raíz de que el Senado, en su mayoría sometido al peñismo, no ejerció la
facultad y obligación de haber destituido a los desgobernadores de
Sonora-Padrés, Nuevo León-Medina, Quintana Roo-Borges, Veracruz-Duarte,
Chiapas-Velasco, Chihuahua-Duarte y hasta Puebla-Moreno, Guerrero-Aguirre y
Morelos-Graco. De ellos, para no crear la total ingobernabilidad, el Senado
debió destituir y encauzar al juicio político a los Duarte, a Padrés y Medina.
Con estos tres el Senado hubiera dado una sacudida política, sin la necesidad
de que Peña lo hubiera pedido o exigido, nombrando gobernadores sustitutos y,
en caso de que ya hubieran concluido su período, empujar a la PGR para, con los
expediente, someterlos a los tribunales penales.
III.- Pudo el Senado, como órgano colegiado, quitarlos y no lo
hizo, avalando la corrupción de esos ladrones en las entidades. Y generó una
crisis de legitimidad y legalidad. Los senadores panistas, priistas y
perredistas, representantes de las 32 entidades más los sobrantes que son los “pluris”,
debieron haber cumplido con su obligación de quitarlos, pero esperaron hasta
que su jefe Peña les ordenara actuar. Así, el país sufre un desastre político
que arrastra al presidencialismo, si antes no se ve Peña renunciando, para huir
de las responsabilidades si en el 2018 se da un golpismo al viejo estilo del
PRI para imponer a Videgaray; o en una nueva versión, ante la posibilidad de
que ningún candidato, ni el mismo López Obrador, ni un independiente, logren la
mayoría y el sistema-régimen se vea sitiado por una disputa fuera de las urnas.
La complicidad de los senadores en ese asunto tiene a la Nación al borde de una
catástrofe, por la falta de un político como opción en la presente disyuntiva.
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