POR LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De la misma
manera que lo hacen Egipto y Siria, el gobierno de México emplea las
desapariciones forzadas para acallar a grupos opositores o perseguir a minorías
étnicas, denunció Amnistía Internacional (AI), y pidió compromiso para
erradicar esa práctica “atroz”.
En un informe divulgado con motivo
del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, destaca que
actualmente siguen abiertos 44 mil 159 casos en 91 Estados –registrados desde
1980–, según los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Amnistía Internacional precisa que el
‘modus operandi’ de las desapariciones forzadas es siempre el mismo: las
víctimas son detenidas en su casa o en la calle, sin que jamás se les comunique
a las familias su paradero, y a menudo sufren torturas y viven con el temor
constante a que las maten.
Sobre México denuncia la
desaparición, en septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa cuando se dirigían a una protesta contra las reformas
educativas del gobernador y fueron atracados por la policía y hombres armados
en Iguala, Guerrero.
Casi dos años
después, sólo se ha encontrado el cuerpo de uno de ellos, mientras que los 42
restantes continúan en paradero desconocido, recuerda la organización, según un
despacho informativo de la agencia EFE.
Ese caso es “emblemático” de una larga lista de personas desaparecidas en un país “en el que persiste la impunidad y donde esta práctica continúa estando generalizada”, apunta.
Ese caso es “emblemático” de una larga lista de personas desaparecidas en un país “en el que persiste la impunidad y donde esta práctica continúa estando generalizada”, apunta.
AI ha puesto
en marcha una acción “online” para recabar apoyos y exigir al gobierno mexicano
una ley que arroje luz sobre esos casos.
En el caso de
Egipto, lamenta que la desaparición forzada “se ha convertido en un instrumento
clave de la política de Estado” a fin de intimidar a la oposición y acallar la
protesta pacífica.
Allí, cientos
de ciudadanos corrientes, estudiantes (a veces menores de edad) y activistas
políticos son secuestrados por la Agencia de Seguridad Nacional y recluidos en
secreto, en condiciones crueles e inhumanas para forzar una confesión.
En su
informe, AI también denuncia la brutalidad a la que se enfrentan las personas
desaparecidas en Egipto y la connivencia entre las fuerzas de seguridad
nacionales y las autoridades judiciales, dispuestas a mentir para ocultar sus
rastros.
Desde el
nombramiento de Magdy Abdel Ghaffar como ministro del Interior en marzo de
2015, se ha registrado un “notorio aumento” de esa práctica, detalla.
Otro de los
países señalados por la organización es Siria, donde el número de
desapariciones forzadas sigue en aumento y donde, especialmente en los dos
últimos años, esa práctica “se ha utilizado de forma oportunista para realizar
ajustes de cuentas u obtener beneficios económicos”.
Además de
Siria, México y Egipto, AI documenta los casos de otros países como España,
donde considera que se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la
reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil
(1936-1939) y el régimen franquista (1939-1975).
Señala que
las autoridades españolas continúan sin prestar asistencia adecuada al poder
judicial argentino, que ejerce la jurisdicción universal para investigar
crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el
franquismo.
De acuerdo con
los datos de la ONU, en otros países como Camerún, Sri Lanka, Turquía, Bosnia
Herzegovina o Serbia, se han documentado desde 1980 un total de 55 mil 273
casos de desapariciones forzadas, de los que 44 mil 159 siguen abiertos.
Según estos
datos, añade, los diez países con mayor número de desaparecidos registrados
desde 1980 son Irak (16 mil 560), Sri Lanka (12 mil 349), Argentina (3 mil
446), Argelia (3 mil 168), Guatemala (3 mil 154), Perú (3 mil 6), El Salvador
(2 mil 673), Colombia (mil 260), Chile (907) y Filipinas (786).
No hay comentarios:
Publicar un comentario