POR ENCONTRARSE VIGENTE EL TEMA LO REPRODUCIMOS
AL
PUEBLO DE MÉXICO
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
La militarización
de México es consecuencia de la política contrainsurgente del régimen panista
en obediencia al mandato del Imperio. La criminalización de la protesta y del
movimiento social ha ido en aumento durante los dos periodos de gobierno del
Partido Acción Nacional, PAN, en tan sólo 18 meses del gobierno espurio de
Felipe Calderón, 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales
han sido desaparecidas. Las condenas a los miembros del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, FPDT, de San Salvador Atenco son la prueba de la venganza
de la oligarquía y la clase política (de todos los partidos) por haber evitado
que concretaran el proyecto de Aeropuerto en la tierra de sus ancestros. Esto
se evidencia, además, con los cientos de presos políticos en este periodo y las
desapariciones forzadas de luchadores sociales, todo en un clima de miedo
impuesto a la población para que se confunda lucha social con la delincuencia.
El Estado mexicano,
al que caracterizamos de Mafioso, en su guerra contra el
narcotráfico (uno de los grandes negocios de las redes del Poder) ha
involucrado a la población civil, al convertirla en víctima principal y en
culpable indirecta de los crímenes y ajustes de cuentas con sus operadores
-quienes además sirven de chivos expiatorios- y por la competencia por las
jugosas ganancias del tráfico de drogas. Esta guerra de "los
cerebros" contra "los operadores", la causa el que estos últimos
se han ido apropiando de buena parte del negocio, de rutas, contactos, zonas de
producción y canales para el lavado del dinero, con lo cual han desplazado a
los "dueños legítimos", la oligarquía. Algunos hablan de
'Narcoestado', olvidando que la corrupción y los negocios sucios están en todos
y cada uno de los ámbitos del Estado y sus relaciones con empresas
transnacionales y del capital financiero. Su carácter mafioso incorpora
a los poderes fácticos, tanto a los cárteles internacionales de la droga como a
las transnacionales de la energía, la automotriz, química y a los grandes
especuladores financieros.
Ello explica la
exagerada impunidad que existe en muchos ámbitos, como lo muestra la violación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la ejecución de
Contratos de Servicios Múltiples, CSM, y la entrega de recursos de carácter
estratégico como la energía eléctrica principalmente a empresas españolas, ya
ni qué decir de los jugosos contratos, vía tráfico de influencias del hoy
fallecido Juan Camilo Mouriño -qué decir de la intención de concretar una
"Reforma Estructural" lesiva para el pueblo de México- y cómo desde
funcionarios menores, hasta miembros destacados de los tres poderes de gobierno
garantizan IMPUNIDAD total para los delincuentes de cuello blanco y amigos que
los acompañan, con lo cual podemos redondear la caracterización del Estado
Mafioso.
Los niveles de
violencia y su intensidad en esta guerra reflejan la descomposición del sistema
político y la deshumanización neoliberal, la cual culpa a los padres cada vez
que las fuerzas del orden detienen a jóvenes; culpa a los vecinos en cada
aseguramiento de casas de narcos y culpa a comunidades enteras de la siembra y
comercio de enervantes o trasiego y almacenamiento de armas.
La Militarización va
contra el Pueblo
La militarización
del país crece, sobretodo por el temor de levantamientos sociales, de
insurrecciones, de conflictos 'locales' de carácter económico, político y
social. Los fines del régimen (no es la primera vez que lo decimos) son de
carácter contrainsurgente; -persuasivo, coercitivo, punitivo, al extremo de
seguir la guerra sucia del régimen anterior priísta-,
confirmándose que es otra cara de la misma moneda. El actual fenómeno de
militarización que sufre el pueblo mexicano es una extensión de la que existe
en regiones del país donde la insurgencia armada revolucionaria tiene
presencia; en el caso del estado de Guerrero dicho fenómeno lleva décadas.
Para muchos
compañeros, se vive pues una ofensiva guerrerista. En los retenes del ejército
y la policía federal, presuntamente colocados para detectar estupefacientes,
algunos luchadores sociales y población civil inerme han sido hostigados y
hasta detenidos y torturados. Además, las corporaciones policíacas (o comandos
creados ex profeso vinculados a ellas) han cateado casas de
activistas y ciudadanos en general de manera ilegal. Estos fenómenos ya han
ocurrido en los estados de Guerrero y Oaxaca, Chiapas, Michoacán entre otros.
Hoy se siembra un
terror de Estado que lleva la consigna de "guerra al narco" en
realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que
tiene en la violencia y la impunidad su norma. Ante la poca legitimidad y la
falta de credibilidad de que goza, el gobierno panista busca controlar a su
favor (no desaparecer) el mercado de las drogas, dentro de un contexto de
crisis económica aguda. Para esto criminaliza e intimida a las organizaciones
sociales y formaliza las estructuras y prácticas mafiosas (incluso renovando su
personal) ya existentes en muchos cuerpos policíacos y crea códigos judiciales
(verdaderos códigos de guerra que consideran enemigo a cualquiera que quiera
acusar de delincuente) para imponer su terror.
Frente a las
atrocidades ya cometidas en esta narcoguerra, como decapitaciones, desapariciones,
torturas y asesinatos de civiles, entre ellos decenas de profesionales de los
medios de comunicación, no podemos quedar callados como organización
revolucionaria.
Primero: Nos
deslindamos de las prácticas de terror que por el uso irresponsable y criminal
de armamento explosivo tienen como objetivo dañar a la población civil y que
como parte del pueblo mexicano hemos hecho nuestro el agravio cometido en
Morelia la noche del 15 de septiembre y, por lo tanto, como parte del pueblo
organizado e insurgente, nos reservamos el derecho a la autodefensa armada
contra quien o quienes resulten responsables por dichos actos.
Segundo: Ante la
actual campaña de Terror de Estado, pedimos a la población afectada levante la
voz y se organice por la defensa de sus Derechos Humanos para denunciar y
exigir al Estado el respeto a las libertades civiles y el cese de las prácticas
de tortura, desaparición forzada (aun cuando esta no sea por motivos políticos,
tal cual es el caso de los compañeros eperristas y erpistas desaparecidos) y
ejecuciones sumarias por parte de los bandos en pugna. Si por ejemplo, las
familias de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez han señalado las casas,
fábricas, oficinas de criminales; si también otros pueblos en el mundo han
sabido señalar, marcar, escrachar a los asesinos y a la mano terrorista del
Estado, todos y todas podemos crear formas novedosas para hacer lo propio y
romper el silencio.
Tercero: Hacemos un
llamado a las organizaciones sociales y a las organizaciones político-militares
a desarrollar nuestros mejores esfuerzos para denunciar y combatir a las mafias
en el Estado y en los partidos políticos y a sus grupos de sicarios que actúan
como bandas paramilitares en contra del pueblo mexicano.
¡¡A ORGANIZARSE CONTRA LA GUERRA DE
TERROR!!
¡¡CON EL PODER POPULAR!!
¡¡EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!!
Dirección Nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
ERPI
República Mexicana
a 15 de Noviembre del 2008.
PD: Anexamos
documento:
- La verdad detrás de la
guerra contra el narco
- La Militarización va contra
el Pueblo
- La deshumanización: Pueblo
dividido y debilitado