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XALAPA,
Ver. (apro).- Hace un año, muy temprano, el priista Javier Duarte de Ochoa
llegó al estudio de Televisa tras una entrevista pactada con Carlos Loret de
Mola.
Con
30 kilos menos de peso, ataviado con traje negro y una chillante corbata roja,
el gobernador soltó: “Pido licencia al cargo para hacer frente a todos los
señalamientos que un corrupto como (Miguel Ángel) Yunes Linares ha puesto en mi
contra”.
Siete
días después, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una orden de
aprehensión en contra del exmandatario veracruzano, aprehendido seis meses
después (el 15 de abril) en el balneario turístico de Panajachel, Guatemala.
Han
pasado 365 días desde aquella huida anunciada en Televisión, y hoy varios
excolaboradores de Duarte se encuentran en prisión, entre ellos el exsecretario
de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, cuyas propiedades fueron cateadas el
pasado martes 10, y el extesorero Mauricio Audirac Murillo, detenido en Puebla
cuando pretendía comprar un auto de lujo.
También
el exsecretario de Obras Públicas, Francisco Valencia, quien se convirtió en un
boyante empresario restaurantero mientras tenía el cargo, y la exjefa de prensa
Georgina Dominguez Colio, que de ser directora de un modesto periódico local en
Veracruz (Diario AZ) se convirtió en empresaria de medios de comunicación e
inversionista en hoteles-boutique ubicados en el pueblo mágico de Xico.
Trato
diferente recibieron el exgobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, y la
exdirectora de Espacios Educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV), Xóchitl Tress Rodríguez, acusados de peculado y enriquecimiento ilícito,
pero con ligas en el nuevo gobierno del panista-perredista Miguel Ángel Yunes
Linares. Ambos tuvieron una estancia breve en la cárcel de Pacho Viejo y hoy
gozan de completa libertad.
Aunque
un slogan de la nueva administración gubernamental difundido en redes sociales
reza: “Justicia, no venganza”, en Veracruz el colapso financiero y los niveles
recrudecidos de inseguridad continúan igual que en el sexenio de Duarte, preso
en el reclusorio Norte.
El
gobierno anterior lleva en las espaldas el asesinato de 19 periodistas, 3 mil
600 personas desaparecidas, más de 7 mil homicidios y una deuda pública
superior a los 40 mil millones de pesos, más una asfixia financiera en todos
los organismos autónomos como la Universidad Veracruzana, el Instituto de
Pensiones del Estado, el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General del
estado (FGE).
El
nuevo gobierno, con Miguel Ángel Yunes al frente, acumula ya el asesinato de dos
periodistas, mil 596 homicidios, 119 secuestros, 182 violaciones y el robo con
violencia de mil 918 vehículos, en un periodo comprendido entre diciembre de
2016 y agosto de 2017. Y, peor aún, la Universidad Veracruzana se sigue
quejando de un adeudo de casi dos mil 400 millones de pesos, mientras que
empresas reclaman el pago de un “pasivo circulante” cercano a los 12 mil
millones de pesos.
Además,
la deuda pública ya ronda los 50 mil millones de pesos, aguardando a que las
entidades bancarias –temerosas de una mala calificación crediticia de Veracruz–
presenten propuestas para su reestructuración.
Cuando
Duarte escapó para esconderse entre volcanes, en un pueblo guatemalteco donde
pulula la pobreza, la entidad que gobernó sufría ya una crisis financiera. Las
arcas de las 13 secretarías de despacho estaban colapsadas, mientras un padrón
de proveedores acampaba en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a
la espera de cobrar. A la fecha no lo han podido hacer.
Pero
varios de los colaboradores de Duarte continúan en libertad, y en algunos casos
bajo la sospecha de que negociaron su impunidad con el gobierno de Yunes.
Según
la carpeta de investigación 1135/2016 de la FGE, a la que este semanario tuvo
acceso, a Edgar Spinoso, actual diputado federal del PVEM y exoficial mayor de
la Secretaría de Educación de Veracruz, le aparece la escritura pública 27950
inscrita en la Notaría 11, que da cuenta de una propiedad en Torre de la
Palmera (oficinas 1003 y 1005), en Boca del Río, con un valor de 8 millones de
pesos.
También
es dueño de las oficinas 203 y 1212 en Torre Ánimas, en Xalapa, valuadas en 7
millones de pesos y registradas en la Notaría número 15, así como de dos
departamentos en Houston, Texas, a nombre de su esposa. Éstos tienen un valor
global de 2 millones 140 mil dólares. Al día de hoy Spinoso no ha sido tocado
por los gobiernos federal o local.
A
Vicente Benítez –actual diputado local de Nueva Alianza–, despedido de la
Tesorería de Veracruz cuando la Policía Federal le encontró 25 millones de pesos
en el aeropuerto de Toluca, Yunes Linares le atribuyó en la misma querella
propiedades en Costa Rica, así como hoteles y terrenos. La PGR abrió una
investigación, pero Benítez tuvo acuerdos con la bancada local del PAN y las
diligencias en su contra quedaron entrampadas.
En
la misma carpeta de investigación de la FGE, el gobernador Miguel Ángel Yunes
–quien aparece como denunciante, cuando fungía como legislador federal– señala
a varios supuestos prestanombres de Duarte: José Juan Janeiro Rodríguez, de Controladora
Prado Norte, con domicilio en Lomas de Chapultepec; Inmobiliaria Cartujano,
donde aparecen los nombres de Moisés Mansur Cysneros y José Antonio Bandin
Ruiz; Boydar S. de R.L., de José Juan Janeiro Rodríguez, y Valkany S. de R.L.,
de Janeiro Rodríguez y Bandin Ruiz.
Varios
de ellos ya colaboran con la PGR para rastrear el dinero y las propiedades del
mandatario veracruzano y las cesiones que se hicieron a sus familiares.
A
la cuñada de Duarte y a su suegra, Mónica Guihan Macías Tubilla y María Virginia
Yazmín Tubilla Letayf, respectivamente, la PGR las investiga por sus
propiedades en Woodlands, Texas.
En
las querellas de la PGR y la FGE, a Duarte también se le siguen diligencias por
propiedades reportadas en Estados Unidos (las ya citadas de Woodlands, Texas),
así como en las ciudades españolas de Madrid y Bilbao, y por sus departamentos
en la Torre Publex, Torre Levant y Torre Pelícano, de Boca del Río.
Los
suegros de Duarte, Antonio Macías Yazegey y su esposa, optaron por irse a vivir
a un rancho en el vecino estado de Chiapas, no sin antes tramitar amparos
(1167/2016 y 1168/2016) para evitar ser detenidos.
La
prima de Karime Macías, Corsica Ramírez Tubilla, responsable de coordinar las
redes sociales de Duarte, hizo fortuna con los contratos en la organización de
los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Hoy administra su
propia productora musical.
Los
exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Salvador
Manzur Díaz –exdelegado federal del Banco Nacional de Obras–; Gabriel Deantes
Ramos, exsecretario del Trabajo y Previsión Social; Carlos Aguirre Morales,
exsubsecretario de Egresos, prófugo de la justicia, y Tomas Ruiz González,
extitular de la Sefiplan, también tramitaron amparos contra cualquier privación
de la libertad.
Mientras
tanto, Javier Duarte continúa con prisión preventiva de un año, a la espera de
que inicie su juicio, ya alejado de los reflectores.
