Para los asistentes de la
feria de día de muertos en ORIZABA VERACRUZ cuesta $40, es el precio por darle
16 vueltas a un niño.
No es un recorrido en un espacio adecuado si no que cada pony
es amarrado a una pesada estructura de metal uno tras de otro a manera de
carrusel en un espacio más que reducido por más de 12 horas continuas sin
alimento ni descanso bajo todo el estrés y ruido, defecando y
orinando en el mismo lugar.
Se nota a primera vista que los animalitos sufren
de agotamiento por la manera en como caminan y respiran. Es indignante que una
"atracción" de éste tipo pueda estar en una feria, al igual que
muchas personas estoy en contra de éstos maltratos tan crueles e inhumanos por
lo que solicitamos al Presidente juan manuel diez francos, Ayuntamiento de
Orizaba EL CIERRE INMEDIATO DE ÉSTA ATRACCIÓN así como la investigación de la
situación de éstos animalitos, el trato y las condiciones que les dan sus
propietarios.
Además de la explotación que sufren éstos ponys,
las condiciones insalubres también resultan perjudiciales tanto para ellos como
para las personas (adultos y niños) que se acercan a está atracción.
Está demostrado que los equinos pueden llorar de
sufrimiento y ese es el caso de éste pony, y aunque el llanto no fuera por
sufrimiento ésto hablaría de una severa infección en los ojos la cual
evidentemente no está siendo tratada.
Les dejo las imágenes para que juzguen ustedes
mismos ésta situación tan injusta y desagradable.
LA INDIFERENCIA MATA.
Una ciudad tan próspera como Orizaba Pueblo Mágico
o ninguna otra debe, ni puede tolerar éste tipo de abusos.
Ayúdenme por favor a compartir y difundir!!!
Freddy JiménezAy ya todos bien pinches ofendidos pero mas de uno corren a un perro con patadas si estan en su basura por que tienen hambre puro doblemoralista descerebrado esos animales estan bien cuidos por que? Por que es su fuente de dinero de los dueños dejen de...Ver más
Silvia Rodriguez GuerreroSe supone que Sacan permisos y los supervisan que Gobierno pero si cobran pobres Snimalitos no es posible ,mareados y sin comer ni agua
Norma SandovalEn la colonia donde vivo en la feria también trajeron a esos pobres ponnis y estoy total mente de acuerdo que en ninguna feria deberían de sancionar a estos tipos por maltrato animal y la jente tan hinumana que sube a sus hijos a estos pobres al guna a asociación para que ayude a estos ponnis difundan por favor para que pronto salven a estos caballitos
Fabiola SanchezYo fui y todavía los que cobran se subian en ellos jugando y molestandolos solo los vi feo y moví la cabeza y los dejaron por un rato pero pobres animalitos .. ojala hagan algo
Barbara SlaughtercultLamentable también que la gente lo vea como algo normal. Y pague por estas crueldades .he visto también los que regalan conejos en juegos de puntería etc.
Liliana HernandezComo puede haber gente tan insensata, unos por colocar un carrusel con animales vivos, y otros por subir a sus pequeños a este tipo de aparatos, tanto incurre uno en una falta de respeto al derecho a la vida de estos animales. Como el otro por seguirles el juego. Ojalá haya más gente con la mente útil, que pueda hacer algo al respecto, por que ahí desde quien otorgó el permiso están mal.
Elizabeth GarciaDesgraciados no debían de hacer esto q espero en Dios q alguien haga algo respecto a este sufrimiento de éstos pobres animalitos pero es urgente por favor
Silvia López CuencaEn todas las ferias tienen estos inocentes. La primera vez que los vi no daba crédito. Pero la gente que sube a sus hijos es la culpable que estén así estos hermosos seres. Lástima de raza inhumana.. ,😗😙
Giovany BarraganAqui en oaxaca paso algo similar solo que nos toco la fortuna de que dias antes se aprovo una nueva ley de proteccion animal y la estrenaron
Elizabeth QPDe verdad! donde esta la prohibición de lastimar a los animales ? Soy una de la s personas que están en contra del maltrato animal, son animales y también sienten, esto no debe de pasar ni suceder. Por favor ayuden para no maltrar a los animales
Pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió inviable el recurso de
impugnación mediante el cual el Movimiento de Regeneración Nacional solicitó la
anulación de la elección en el municipio de Veracruz, ya que el candidato del
PAN rebasó el tope de campaña y contrató a una empresa, presuntamente fantasma,
el dirigente Estatal de MoReNa, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dice que
ratificó denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade) por la contratación de tales empresas fantasma para la
campaña electoral en al menos 50 municipios en el presente año. “Estamos
presentando todas las investigaciones que están documentadas, parte de este
organismo nacional anticorrupción y la primera prueba es de que el tribunal
subió el asunto que trataría, ya que es sabido que los tribunales actúan por
consigna”.
Al referirse al recurso número SUP-REC-1351/2017, refiere que se
presentaron pruebas supervenientes ante la Sala Superior del TEPJF, las cuales
se relacionaron con una investigación que se hizo pública sobre la supuesta
contratación de empresas fantasma por parte del candidato del PAN a la alcaldía
de Veracruz pero lo mismo en otros 50 municipios. “Tiene que ver con una
solicitud de pruebas supervenientes que Morena está presentando por los hechos
que se conocen como las empresas fantasma, fachadas, que Duarte le dejó a
Miguel Ángel Yunes y que ahora operan a favor del PAN, esta investigación que
Morena ha presentado, denuncias desde el caso de Fortín como un proceso
especial sancionador”, expresa.
Presumió que la inclusión del recurso para
solicitar la anulación de la elección en el municipio de Veracruz en el orden
del día de la sesión que se celebró en la Sala Superior del TEPJF pudo ser uno
de los acuerdos a los cuales llegaron el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares
y el presidente Enrique Peña Nieto durante la visita que efectuó a la Heroica
Escuela Naval Militar el lunes de esta semana.
LO MISMO QUE EN VERACRUZ, GUERRERO, ZACATECAS Y COAHUILA, LOS ZETAS, GOLFO, ETC. SON PARAMILITARES CREADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y APOYADO POR LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA AHUYENTAR O ELIMINAR A LOS PROPIETARIOS DE LAS TIERRAS Y EXPLOTAR LOS MINERALES AHÍ LOCALIZADOS. EL PROYECTO NEOLIBERAL ES DE SAQUEO Y DESPOJO, EL GOBIERNO HA CREADO EL PLAN DE DESAPARECER Y ELIMINAR A LOS OPOSITORES Y A LA POBLACIÓN, CON EL OBJETIVO QUE SU PROYECTO ENTREGUISTA SE IMPONGA…
En
el contexto de la temporada alta de migración interna, jornaleras y jornaleros
indígenas de la Montaña de Guerrero sufren extorsiones, hostigamiento y la
falta de apoyo gubernamental que, a pesar de conformar una comisión
intersecretarial de atención a familias jornaleras, nada pueden hacer ante los
abusos y problemas que padecen miles de personas que recorren cientos de
kilómetros para trabajar largas jornadas en los campos agrícolas del país ante
la falta de trabajo en sus lugares de origen.
De septiembre a la fecha, el flujo migratorio ha sido de 2 mil
500 jornaleras y jornaleros que en su diáspora hacia estados como Michoacán,
Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Baja California, Nayarit, entre otros, los
atropellos en su contra no cesan.
El Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña,
denuncia una ola de extorsiones cometidas por parte de Policías Ministeriales
de Guerrero a familias jornaleras que se transportan en vehículos particulares
que traen placas de otros estados, teniendo por ejemplo el de una familia de
Lindavista a la que el viernes pasado, los ministeriales les cobraron una
“multa” de 5 mil pesos por dejarlos pasar en el crucero de Tlalixtaquilla.
Tlapa de Comonfort, Cochoapa el Grande, Metlatonoc, Copanatoyac,
Atlixtac, Xalpatlahuac, Atlamagalcingo del Monte y Alcozauca son los municipios
con mayor expulsión de familias jornaleras. En la temporada alta de migración
de septiembre de 2016 a enero de 2017 se registraron 12 mil jornaleras y jornaleros
que migraron a 19 estados del país.
El Consejo reclama nuevamente a la Comisión intersecretarial,
integrada por dependencias estatales, federales y municipales, atención
adecuada a los migrantes indígenas y sus familias, ya que como es del conocimiento
de los funcionarios que las representan, se ha abordado la problemática de las
multas y extorsiones, acordándose en pasadas reuniones que el delegado del
gobierno estatal Arturo Bonilla y el secretario de Asuntos Indígenas y
Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano, hablarían con la Policía
Ministerial para evitar tales situaciones, sin embargo, los problemas continúan
a pesar de que elementos de la Ministerial han acudido de incógnito a las
reuniones en la Unidad de Servicios Integrales (USI) y escuchado los reclamos
de los jornaleros.
Los problemas no terminan en los límites de Guerrero, otro
testimonio dado al Consejo da cuenta de una revisión ejecutada por Policía
Ministerial del Estado de México a dos familias de Agua Dulce anexo de Santa
María Tonaya, cuando cruzaban rumbo a Yurécuaro, Michoacán, en la cual los
policías les exigieron una “mochada de cuatro mil pesos bajo amenaza de ser
turnados al Ministerio Público.
En otros asuntos generales relativos a la USI, los camiones
dónde se trasladan los jornaleros siguen estacionándose en una vía prohibida al
estar inconclusos los trabajos prometidos por el ayuntamiento de Tlapa para
acondicionar un área asignada como estacionamiento, tampoco hay suministro de
alimentos para familias jornaleras, ni se ha instalado el Registro Civil
prometido por la Comisión.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El velo de la
complicidad y el silencio volvió a descorrerse. El informe de la Clínica de
Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de Texas
sistematiza los testimonios de tres juicios contra líderes del cártel de Los
Zetas.
El informe compila y sustenta
lo que se sabía desde hace más de una década: los gobiernos de Coahuila
encabezados por los hermanos Humberto y Rubén Moreira, y los de Veracruz, a
cargo de Fidel Herrera y Javier Duarte, fueron capturados por el crimen
organizado a cambio de millonarios sobornos.
El informe presentado en el Senado
por Ariel Dulitzky, director de la Clínica, también señala millonarios sobornos
del cártel a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para obtener
contratos para “lavar dinero” tanto en Coahuila como en Veracruz.
El experto mencionó a uno de los empresarios señalados
insistentemente en Proceso como
uno de los “lavadores” de los Zetas: Francisco Antonio Colorado Cessa, Pancho Colorado,
acusado en el juicio de Austin y propietario de la empresa ADT Petroservicios.
El informe de la clínica se
concentra en Coahuila y aporta algunos elementos sobre presuntos sobornos a
Fidel Herrera en Veracruz. Mencionan más de 10 millones de dólares durante su
campaña electoral en 2004. El exmandatario estatal, corresponsable del desastre
ocasionado por su protegido y sucesor Javier Duarte, negó “categóricamente” a
la prensa haber recibido “dinero ilegal alguno del narcotráfico”.
Este informe que ha
conmocionado a la opinión pública no menciona los casos de Tamaulipas y Nuevo
León porque no forman parte del material judicial que analizó la Universidad de
Texas. No es difícil concluir que durante los gobiernos de Natividad González
Parás y Rodrigo Medina, en Nuevo León, y de Tomás Yarrington y Eugenio
Hernández, en Tamaulipas, la mecánica de Los Zetas fue muy similar a la que se
describe en el caso de Coahuila.
Estamos ante la descripción de
un método de captura del Estado y de complicidad en crímenes de lesa humanidad
cometidas con el consentimiento de gobernadores del PRI y el silencio o la
omisión negligente de los gobiernos federales del PAN (Vicente Fox y Felipe
Calderón) y del PRI (Enrique Peña Nieto) en esta tragedia del noreste del país
que ha cobrado cientos de vidas y miles de desaparecidos.
La situación en Tamaulipas toma dimensiones de vendetta. Al menos
cinco testigos y denunciantes en contra del exgobernador Eugenio Hernández han
sido asesinados en 2016, otro se suicidó en mayo de 2014, y recientemente otro
más fue “levantado” y otro se encuentra desaparecido. Al estilo de los Zetas.
Difícil que el Estado mexicano
pretenda hacerse omiso frente a esta tragedia. Una parte sustancial del informe
de la Universidad de Texas subraya lo siguiente: “los testimonios analizados
describen un patrón de complicidad, tolerancia, aquiescencia y/ o cooperación
del Estado mexicano con el cártel de los Zetas y sus negocios ilegales”.
“Los testimonios revelan el
control y la colaboración generalizada entre funcionarios del estado, desde la
policía municipal hasta el gobernador y Los Zetas”, añade el informe.
Se trató de una mecánica
criminal persistente. Las autoridades fueron cómplices en la serie de
asesinatos y secuestros cometidos por los Zetas en 2011 que provocaron 300
muertos, la fuga masiva de 130 reos de la prisión de Piedras Negras que se
convirtió en un sitio de reclutamiento forzoso para el cártel, en la ejecución
y masacre de 40 personas en Piedras Negras en marzo de 2011, en matanzas tan
graves como la de San Fernando.
Para muestra de esta
complicidad criminal, el magistrado de Coahuila, Juan José Yáñez, salió a defender
a los hermanos Moreira, poco después de que se conociera el informe de la
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas. Según el magistrado,
“no ha existido nunca, pero nunca, un ataque sistemático o generalizado
cometido contra la sociedad civil con una política de Estado”.
¿Y los cientos de muertos y
miles de desaparecidos durante este reinado del terror de los narcoestados
Zetas? ¿Si no fue un “ataque sistemático” cómo se puede entender la impunidad
sistemática que se ha aplicado en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz
frente a estos delitos de lesa humanidad?
Por supuesto, el dirigente
nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha guardado silencio sepulcral. Al igual
que los senadores priistas que recibieron este lunes 6 de noviembre el informe.
Esta es apenas la otra caja de
Pandora que se abre frente al desastre persistente de la guerra contra el
narcotráfico que, en realidad, se convirtió en una guerra irregular contra la
sociedad civil y la prensa en estas entidades.
El Informe “Control… sobre todo el Estado de
Coahuila” resalta que el control de Los Zetas se extendió a jefes de la policía
municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales
y sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano.
El estudio fue realizado por la Clínica de Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y se basa
en las declaraciones de 24 testigos en tres juicios federales contra
integrantes del sangriento cártel que se realizaron en San Antonio, Austin y
Del Rio, Texas entre el 2013 y el 2016.
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Militares y gobernadores
de Coahuila y Veracruz recibieron dinero de Los Zetas para mantener el control
de territorios, expone el Informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila”
realizado por la Universidad de Texas.
En concreto señala a los Gobiernos de los hermanos Rubén y Humberto
Moreira en Coahuila y Fidel Herrera Beltrán en Veracruz, los tres llegados al
poder bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El informe de 53 páginas analizó las declaraciones de 24 testigos en
tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San
Antonio, Austin y Del Rio, Texas entre el 2013 y el 2016 y documenta los abusos
a los derechos humanos que son mencionados en las declaraciones de los
testigos, incluyendo las desapariciones y las masacres de Piedras Negras y
Allende de 2011.
El texto resalta que los testigos en los juicios en Texas relataron que
el control del cártel se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores
estatales y federales, centros penitenciarios estatales y sectores de la
Policía Federal y del Ejército mexicano.
“Los Zetas pagaron sobornos e integraron a oficiales de policía en su
jerarquía para garantizar que el cártel podría continuar sus operaciones
ilícitas sin resistencia. Sin embargo, los Zetas no sólo influyó en la policía
estatal o municipal de bajo nivel; los testigos describen un nivel de Zeta
control que se extendió a los jefes de policía de la ciudad, fiscales estatales
y federales, prisiones estatales, sectores de la policía federal y del ejército
mexicano, y políticos estatales”, resalta el trabajo realizado por Sarah Gohary
y Moravia de la O, ambas estudiantes de la Clínica de Derechos Humanos de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
El Informe realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Texas revela que las instituciones y
funcionarios púbicos de Coahuila tuvieron un papel -ya sea por acción u
omisión- en la comisión de los abusos cometidos por el cártel.
“Los funcionarios estatales se han negado intencionalmente a buscar la
justicia a pesar de tener conocimiento de innumerables abusos contra los
derechos humanos perpetrados por miembros del cártel Zeta. Tanto los Zetas como
el Estado son responsables de la violencia en Coahuila. En el mejor de los
casos, el Estado hizo la vista gorda ante la generalizada corrupción y los
graves abusos contra los derechos humanos cometidos por los Zetas en Coahuila,
y en el peor, participó directamente en la perpetración de estos abusos”,
concluye el informe.
Según el documento,
titulado “Control… sobre todo el Estado de Coahuila”, en 2004, Efraín Torres
“El Z-14”, en ese entonces brazo derecho del líder Heriberto Lazcano, le dio 12
millones de dólares a Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña de Fidel
Herrera rumbo a la Gubernatura de Veracruz. Foto: Cuartoscuro.
Según el documento, titulado “Control… sobre todo el Estado de Coahuila”, en 2004, Efraín Torres “El Z-14”, en ese entonces brazo derecho del líder Heriberto Lazcano, le dio 12 millones de dólares a Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña de Fidel Herrera rumbo a la Gubernatura de Veracruz. Foto: Cuartoscuro.
Y recuerda que varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de
millones de dólares pagados a los hermanos Humberto Moreira y a Rubén Moreira,
gobernadores de Coahuila, a cambio del control total del estado.
De acuerdo con los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre las
operaciones del gobierno de Coahuila en todos los niveles les permitió llevar a
cabo sus negocios en todo el estado con impunidad y, a menudo con la ayuda
directa de funcionarios del estado y oficiales de policía.
Apunta que otros testimonios refieren que en 2012, “los Zetas buscaron
expandir su influencia dentro de la esfera política. Efraín Torres, un miembro
fundador de Zeta, comenzó a enviar grandes cantidades de dinero a un gobernador
candidato en el estado de Veracruz. De acuerdo con el testimonio jurado de un
agente del FBI, este candidato fue Fidel Herrera, quien se desempeñó como
Gobernador de Veracruz de 2004 a 2010. Durante el juicio de Austin, los
testigos también mencionaron los pagos hechos a la campaña para gobernador de
Fidel Herrera en 2004”.
Agrega que los tres juicios analizados permiten concluir que “el
Gobierno de EU puede actualmente poseer información no divulgada que podría
conducir a la aclaración de asesinatos y desapariciones perpetrado en México.
Por lo tanto, los esfuerzos para abordar los abusos contra los derechos humanos
cometidos por organizaciones del crimen en México necesariamente debe
involucrar soluciones transnacionales”.
El informe plantea
que la estrategia la repitieron en Coahuila, donde Los Zetas concentraron sus
operaciones y donde realizaron sus más atroces crímenes. Foto: Cuartoscuro.
El informe plantea que la estrategia la repitieron en Coahuila, donde Los Zetas concentraron sus operaciones y donde realizaron sus más atroces crímenes. Foto: Cuartoscuro.
Los investigadores resaltan además que el Estado mexicano no ha
investigado las declaraciones que surgieron de estos casos.
“Los testimonios y las investigaciones llevadas a cabo para estos
ensayos incluyen información clave, como los lugares donde tuvieron lugar las
desapariciones y los asesinatos. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que
el Estado mexicano no ha llevado a cabo investigaciones sobre estos asesinatos,
incluso cuando el Gobierno de EU compartió información vital directamente”,
dice en las conclusiones del informe.
Además, el informe resalta el patrón de secuestros, asesinatos, tortura
y desapariciones en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una
amenaza a sus operaciones ilícitas o como una manera para intimidar y reclutar
personas.
Los testigos declararon sobre la manera “cruel en la que Los Zetas
despojaban a sus víctimas de su humanidad, les asesinaban y se deshacían” de
sus cuerpos.
Masacres,
incineración de cuerpos, colusión de autoridades. Exintegrantes de los Zetas
declararon en tribunales de EU cómo el crimen controló todo en Coahuila durante
6 años.
Alberto Nájar BBC Mundo, Ciudad de México
noviembre 6 2017
Reclutamiento forzado de adolescentes para convertirlos en
sicarios. Pueblos arrasados por completo. Cientos de personas incineradas.
Es el camino que, durante al menos seis años, el
cartel de narcotráfico de Los Zetas siguió para controlar la vida de cientos de
miles de personas en Coahuila, en el noroeste de México.
En tres juicios
realizados en tribunales de Texas, Estados Unidos, exintegrantes de la
organización revelaron detalles de masacres, sobornos a policías,
alcaldes y funcionarios de dos gobiernos estatales.
Los Zetas, señalaron
los testigos, controlaron varias cárceles del estado e incluso en una de ellas,
la de Piedras Negras, incineraron a por lo menos 150 adversarios.
Entre 2007 y 2013, en
Coahuila hubo asesinatos atroces. Cientos de personas fueron despojadas de sus
propiedades. Un número desconocido de adolescentes fueron forzados a
convertirse en sicarios y más de 1.600 personas desaparecieron.
El resultado: una de
las peores épocas de violencia de su historia. Las consecuencias aún
siguen vivas.
“Fue un infierno pero
todavía lo padecemos día a día, noche a noche”, le dice a BBC Mundo
María Elena Salazar, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC).
Hace ocho años
desapareció su hijo Hugo Marcelino González en Torreón, la ciudad más próspera
de Coahuila. Desde entonces no hay noticias de su paradero. Fue una de las
víctimas de la invasión que Los Zetas emprendían en el estado. “Mi hijo desapareció
justo en ese tiempo, durante esa ola de violencia”, recuerda.
La construcción del infierno
en ese estado mexicano que revelan los testimonios en los tribunales texanas,
se reúne en el informe “Control…. Sobre Todo el Estado de Coahuila” presentado
este lunes en Ciudad de México.
Fue realizado por la
Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray
Juan de Larios de Coahuila.
El documento analiza
los juicios contra exintegrantes de Los Zetas en las cortes de Austin, San
Antonio y Del Río, Texas. Los procesos se realizaron entre 2013 y 2016. A los
detenidos se les acusó de asesinato, conspiración para importar drogas y armas,
así como de lavado de dinero.
Los interrogatorios permitieron conocer la forma como el cartel, uno de los más violentos de América Latina, estableció un control casi total en varias regiones del estado.
Todos los acusados
recibieron sentencia. Pero lo más valioso, dice el informe, es que los
interrogatorios permitieron conocer la forma cómo el cartel, uno de los más
violentos de América Latina, estableció un control casi total en varias
regiones del estado.
Y un dato poco
conocido: en los juicios surgieron datos sobre personas desaparecidas, algunas
incluso desde hace varios años.
Es información que
puede ayudar a resolver muchos casos, le dice a BBC Mundo Ariel Dulitzky,
director de la Clínica de Derechos Humanos.
“El gobierno de
Estados Unidos tiene información que debería compartir al gobierno mexicano y a
organismos independientes de la sociedad civil”, subraya. “Permitirían
esclarecer violaciones a derechos humanos”, especialmente casos de personas desaparecidas.
El mayor control de
Los Zetas se realizó en municipios vecinos a la frontera con Estados Unidos. Y
para conseguirlo, refieren los testigos en los juicios, compraron el
apoyo de las policías municipales, del gobierno estatal y algunas del orden
federal.
Un ejemplo del
control territorial que consiguieron fue la cacería de un excolaborador
identificado como “El Tucán”, a quien acusaron de colaborar con la Secretaría
de Marina.
A mediados de 2012,
señala el testigo Saúl Fernández en el juicio realizado en San Antonio, el
cartel estableció retenes en cada calle de Piedras Negras, y revisaron a todas
las personas que entraban o salían de la ciudad.
Y todo en presencia
de la policía local. Cuando se preguntó Fernández que hicieron los agentes,
Fernández respondió: “Bueno, actuaban como que no estaba pasando nada”.
También establecieron
una red privada de comunicaciones, con cientos de antenas retransmisoras en
edificios, locales comerciales o en los cerros cercanos.
A los únicos a
quienes temía el cartel era a los marinos, señala el testimonio. Y para
evadirlos los jefes del grupo utilizaban helicópteros oficiales, asegura el
testigo Rodrigo Uribe Tapia en el juicio de San Antonio.
Además de la
colaboración policíaca el grupo consiguió el apoyo de políticos locales, e
incluso a algunos les financiaron sus campañas electorales.
Los restos de las víctimas generalmente eran incinerados o deshechos en ácido. Los Zetas llaman a este método “cocinar”. (AFP)
A cambio de este
apoyo Los Zetas obtenían protección policíaca, pero también contratos para
obras públicas, no sólo en municipios o el estado sino con empresas federales
como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad.
Algunos se asignaron
a la empresa ADT Petroservicios encabezada por Francisco Colorado Cesa,
“Pancho”, quien fue sentenciado en uno de los juicios de Texas. Pero también
crearon decenas de negocios, e incluso los testimonios refieren que controlaron
centros comerciales enteros en Piedras Negras.
Esos lugares se
utilizaron como casas de seguridad o sitios para intercambiar dinero, drogas y
armas. Otro refugio para los miembros del cartel fueron las prisiones que en
algunos casos, como la cárcel de Piedras Negras, se utilizaron sólo como
dormitorios.
Po ejemplo, el
testigo Uribe cuenta que, durante el día, miembros de Los Zetas que eran
reclusos podían salir y entrar de la cárcel sin problemas.
Hachas para asesinar
Pero además de la
colaboración de autoridades, la manera más efectiva de controlar parte de
Coahuila fue el terror. El caso más conocido fue el asesinato de 300
personas en el pueblo de Allende, entre marzo y abril de 2011. Muchas de
las víctimas fueron incineradas en el lugar.
Fue una serie de
ataques en venganza porque algunos exintegrantes del cartel empezaron a
colaborar con el gobierno de Estados Unidos. De la masacre nada se supo durante
varios años, y aún ahora no se conoce por completo lo que sucedió.
“Muchas muertes. (Los Zetas)
incluso comenzaron a matar a familiares en Allende, y Piedras Negras, y Músquiz
y Sabinas. También me querían matar.
AFP/YURI CORTEZ
Los Zetas ya no mantienen un control total de Coahuila como el que se documentó en los juicios en Texas. El cartel es uno de los más afectados por el combate de las autoridades. Prácticamente todos sus fundadores, exmilitares de élite, murieron o están detenidos.
La forma como asesinaban a sus víctimas era
atroz, señalan los testigos. A varios los desmembraron vivos con un
hacha, el primer golpe en una de las rodillas.
Muchas veces las
personas asesinadas eran inocentes. Eran sentenciadas a muerte por la simple
sospecha de que colaboraban con los rivales o las autoridades.
Eso ocurrió con
cuatro niños que vendían periódicos en Piedras Negras. El responsable de la
masacre fue Marciano Millán Vázquez, conocido como “Chano” y uno de los
principales jefes del cartel en la región.
Los restos de las
víctimas generalmente eran incinerados o deshechos en ácido. Los Zetas llaman a
este método “cocinar”.
Los Zetas ya no
mantienen un control total de Coahuila como el que se documentó en los juicios
en Texas. El cartel es uno de los más afectados por el combate de las
autoridades. Prácticamente todos sus fundadores, exmilitares de élite, murieron
o están detenidos.
La organización solo
tiene presencia en una parte de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Tabasco. Antes
controlaban el tráfico de drogas, secuestros de migrantes y extorsión a
empresarios en diez de los 32 estados de México.
Pero la huella que
dejaron en su cuartel general, la zona norte de Coahuila, no se borra. Sobre
todo para las familias de personas desaparecidas.
“Es muy triste, muy
triste y doloroso para nosotros”, dice Salazar, “no se valen las respuestas que
tenemos, lo que nosotros pedimos y exigimos es que busquen vidas.
No son cosas, no son objetos. Son miles de vidas”.
