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El presidente mexicano Enrique Peña Nieto durante su intervención en la asamblea nacional del Partido Revolucionario Institucional, en agosto
Credit
Henry Romero / Reuters
CHIHUAHUA, México — Un exdirectivo del partido del
presidente Enrique Peña Nieto fue arrestado como parte de una investigación
sobre el uso ilegal del dinero público para impulsar las campañas de su partido
en las elecciones mexicanas del año pasado, anunciaron este miércoles los
funcionarios estatales.
El exdirectivo, Alejandro Gutiérrez, es uno de los
aliados del presidente mexicano que están bajo sospecha de participar en un
esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un
momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo con
exfuncionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados
por The New York Times.
El arresto de Gutiérrez, un veterano político que
en ese momento era el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación cada vez más
amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior
gobernador del estado de Chihuahua. El gobernador era un amigo cercano del
presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a
Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción.
El caso en su contra ha afectado a media docena de
exfuncionarios del estado; algunos ya están cooperando con las autoridades.
Pero la investigación se está extendiendo y amenaza
con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los
exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por The New
York Times.
Gutiérrez está siendo investigado en relación a lo
que los exfuncionarios definen como un plan nacional para canalizar decenas de
millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en
las elecciones para gobernador de 2016.
El dinero se envió a estados con gobernadores
cercanos dentro del partido. Luego, esos funcionarios crearon una serie de
contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el
dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio y los
registros consultados.
En ese momento, los principales funcionarios del
PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016.
Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para
financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder
el control.
Los documentos revisados por The New York Times se
centran en gran medida en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los
registros, millones de dólares del gobierno federal fueron transferidos en
enero de 2016 al estado con el propósito de ser utilizados en el sector
educativo.
Luego, el dinero se desvió a cuatro compañías
utilizadas para malversar los fondos, un negocio que el auditor fiscal del país
ha incluido en la lista negra por ser empresas falsas, según los contratos
gubernamentales revisados por este diario.
Esas compañías, supuestamente contratadas por el
estado de Chihuahua para proporcionar servicios educativos, recibieron casi 14
millones de dólares en sus cuentas, según los contratos y los registros
bancarios que muestran que el dinero se había recibido.
Pero las empresas no proporcionaron esos servicios,
según las declaraciones juradas de los actuales funcionarios de educación del
estado. En cambio, el dinero se convirtió en efectivo y se devolvió al PRI para
que fuera utilizado en las campañas electorales, según los antiguos
funcionarios del estado vinculados al plan.
Uno de esos funcionarios llamado Ricardo Yáñez, el
exsecretario de Educación de Chihuahua, describió la trama en un documento de
sentencia. Yáñez está cumpliendo una sentencia de prisión de cuatro años.
Sin embargo, no todo el dinero se destinó a fines
políticos.
Alrededor de 230.000 dólares se depositaron
directamente en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el exsecretario del
PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos.
La red de pagos sugiere un vínculo entre el esquema
de malversación y los líderes nacionales del partido.
Los contratos y los registros bancarios muestran
que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas,
o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora y Durango. Los registros
bancarios también muestran cientos de miles de dólares en depósitos a algunas
de las compañías por parte del estado de Colima. Y en su testimonio, los
exfuncionarios relacionados con este esquema dijeron que también se realizó en
los estados de Veracruz y Tamaulipas.
Los funcionarios de Veracruz no respondieron a las
repetidas solicitudes de declaraciones. Y el actual gobernador de Tamaulipas,
un político de la oposición que ganó su cargo durante las elecciones de 2016,
dijo que una investigación de sus funcionarios no encontró ningún contrato con
las cuatro principales compañías falsas.
Un
cartel de la campaña de César Duarte en 2010. Ante las acusaciones de que robó
más de 300 millones de dólares, Duarte huyó a Estados Unidos. CreditJesus
Alcazar / Agence France-Presse - Getty Images
Aún no está claro quién más pudo haber participado
en el plan. En el documento de sentencia, Yáñez, el ministro de Educación estatal
que ya fue declarado culpable, es citado diciendo que tanto Gutiérrez como el
exgobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que el dinero había sido
enviado por el gobierno federal para financiar las campañas electorales del
partido. Afirmó que le dijeron que el mismo plan se había realizado en varios
estados.
Duarte huyó a Estados Unidos donde está evadiendo
los cargos federales y estatales de corrupción, incluidas las acusaciones de
que robó más de 300 millones de dólares durante su gestión en el estado.
La hija de Duarte es ciudadana estadounidense y, de
acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el
exgobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente.
Se cree que Duarte vive en Texas y Nuevo México.
Los intentos por contactarlo por teléfono y a través de visitas a diez
propiedades que presuntamente son suyas en El Paso y sus alrededores fueron
infructuosos.
El jefe del partido de Peña Nieto en el momento del
plan de financiamiento de la campaña, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde
hace mucho tiempo del presidente y su familia.
Beltrones también es mencionado en el documento de
sentencia. Yáñez dijo que el exgobernador le dijo que Beltrones había ideado el
plan. Los intentos por contactar a Beltrones el miércoles no tuvieron éxito.
En el documento, Yáñez dijo que se reunió con
Gutiérrez, el exdiputado del PRI, y otros funcionarios en la sede del partido
en Ciudad de México. En ese momento, el PRI ya había perdido las elecciones y
la mentalidad de los participantes cambió a disminuir los daños.
Los casos de la campaña son parte de una amplia
investigación en curso en Chihuahua, donde el nuevo gobernador, Javier Corral,
le ha encargado a su fiscal general que investigue la corrupción.
El margen de maniobra que Corral ha otorgado a los
fiscales es raro en México, donde las investigaciones muy pocas veces se
inician y, si se permiten, raramente llegan más allá de los de los funcionarios
de bajo nivel.
A lo largo de los meses, los fiscales han trabajado
lentamente en una lista de exfuncionarios que sirvieron en el gobierno del
anterior gobernador, Duarte, y los presionaron para que cooperaran.
En enero de 2016, el estado de Chihuahua enfrentaba
problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la nómina. Jaime Herrera, el
exsecretario de Finanzas del estado durante la gestión de Duarte, necesitaba
casi 16 millones de dólares para aliviar la tensión financiera.
Dos días después, en un contrato de siete páginas,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó el pedido. De acuerdo con la
oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud tan grande fue
una decisión asombrosamente rápida.
Pero el motivo de la transferencia, de acuerdo con
los antiguos funcionarios estatales, era un engaño. Según ellos, Gutiérrez, el
exdirectivo del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua para que le
pidieran el dinero a los funcionarios federales, según el testimonio.
La operación, explicaron los funcionarios del
estado, era una forma compleja y probada de malversar fondos. A los
funcionarios se les dieron los nombres de cuatro compañías que supuestamente le
proporcionarían servicios educativos al estado: se trataba de las empresas
falsas desde las cuales los miembros del partido podían desviar el dinero.
Una compañía recibió alrededor de 5,2 millones de
dólares por vender el software estatal de recursos humanos. A otras tres
empresas se les pagaron millones por servicios de capacitación y educación,
según los contratos revisados por The New York Times.
De acuerdo con especialistas en contrataciones, los
montos pagados por el estado eran astronómicamente altos por los servicios que
brindaban.
Los pagos se movieron rápidamente. A fines de
febrero, los contratos habían sido redactados y firmados por los funcionarios
del estado, y en abril los cheques fueron enviados a cada una de las compañías.
De los aproximadamente 15,8 millones de dólares
enviados al estado por el gobierno federal, el partido solo solicitó que se le
devolvieran 14,4 millones de dólares, según el testimonio de los funcionarios
estatales. El resto, dijeron, se podría gastar como quisieran los funcionarios
del estado.
De cada una de las compañías, el dinero fue
transferido a docenas de otras compañías, varias de las cuales también aparecen
en la lista negra de empresas falsas de las autoridades tributarias nacionales,
según los documentos.
A partir de ahí, el dinero
desapareció. La única pista sobre adónde fueron a parar esos recursos se
encuentra en el testimonio de los dos exfuncionarios del estado, a quienes los
miembros del partido les dijeron que el dinero se gastó en el financiamiento de
la campaña.
J. Jesús
Esquivel es el corresponsal en Washington de la revista Proceso. Paulina
Villegas colaboró en este reportaje desde Ciudad de México.
