¡Por nuestros camaradas proletarios! ¡Resueltos a vencer! EDITORIAL: EL INSURGENTE
“…LA POLÍTICA DE PERDÓN
LLEVA IMPLÍCITO EL OLVIDO, A LA VEZ PROMUEVE IMPUNIDAD Y ALIENTA AL COMETIDO DE
MÁS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD…”
Contrario a los discursos
triunfalistas o al hipócrita reconocimiento oficial, la violencia de clase
galopa por todo el país, lejos de que ésta disminuya se mantiene y adquiere
nuevas expresiones; más víctimas se agregan a la macabra estadística, éstas
mantienen su común denominador, son pueblo trabajador.
La desaparición forzada, la
ejecución extrajudicial, los tratos crueles e inhumanos, las detenciones
arbitrarias, el encarcelamiento injusto, el desplazamiento forzado, la
persecución y hostigamiento político, en conjunto son parte del andamiaje del
terrorismo de Estado; política de gobierno que asumieron diferentes sexenios,
en consecuencia, si el fenómeno de la violencia contra el pueblo no es superado
es responsabilidad directa de quien el 1º de diciembre del año pasado asumió la
administración federal.
La realidad es desgarrante
no sólo para las víctimas y familiares, lo es para toda la sociedad y en
específico para los oprimidos. La revelación de nuevas fosas clandestinas (222)
en lo que va del año expresa que la violencia de clase contra el pueblo es
sistemática, no es un caso fortuito, tampoco “una herencia de una política
equivocada”, es ante todo terrorismo de Estado.
En la medida que la
violencia contra los oprimidos es objetiva expresa que dicha política es
transexenal, que el aparato represivo y contrainsurgente opera bajo la lógica
del capital, está intacto y se manda por sí solo. En consecuencia, el actual
gobierno es corresponsable en la medida que no se supera la violencia de clase
contra el pueblo, además es responsable directo a partir del 1º de diciembre en
cuanto que en dicho tiempo la desaparición forzada se mantiene y se incrementa
la ejecución extrajudicial, ambos son parte del mismo fenómeno, violencia que
emana del régimen, sea por comisión u omisión.
Es una ofensa pedir
“disculpas” desde las autoridades a las madres, esposas, hijas, hermanas que
tienen un ser querido en condición de desaparición forzada; es hipócrita y
sobre dicha política se finca el intento de minimizar el fenómeno y de diluir
la responsabilidad gubernamental de su existencia e incremento. No basta con
reconocer que los crímenes de Estado son producto de la política de gobierno
que sostuvieron los tres últimos sexenios, la exigencia popular es y debe ser
la presentación de los detenidos desaparecidos, el alto inmediato de la
violencia de clase contra el pueblo y el castigo de los responsables materiales
e intelectuales de la violencia de Estado.
En la medida que no hay
castigo para quienes idearon y objetivaron dicha política es un cheque en
blanco para que los crímenes de lesa humanidad sean parte de la realidad
mexicana. Ésta confirma una vez más que la política de perdón lleva implícito
el olvido, a la vez promueve impunidad y alienta al cometido de más crímenes de
lesa humanidad.
Lejos de abandonar la
exigencia de la presentación de los detenidos desaparecidos, la lucha contra el
terrorismo adquiere mayor necesidad, ésta debe transitar fuera de todo marco
corporativizante y debe transformarse en lucha política contra el régimen que
genera iniquidad. No hay lugar para recrear la concepción judeocristiana, los
tiempos demandan combatividad, elevar la voluntad popular a niveles superiores
que se expresen en nuevas formas de lucha que permita a las fuerzas populares
pasar a la ofensiva y ejercer el derecho a la autodefensa armada de las masas.
¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará!
EDITORIAL: EL INSURGENTE Año
23 Nº 195 mayo de 2019 Pág. 3
