Alejandra
De la Vega, es por este motivo, y otros más, la principal beneficiaria en el
área empresarial por parte del Gobierno de
Chihuahua, juega la parte política, sin ser política, la parte empresarial sin
serlo del todo por mérito propio, y la parte de funcionaria, sin cumplir con su
responsabilidad, sin tener experiencia y mucho menos éxito en acciones
concretas.
Ella afirma que no está en su
plan de vida hacer carrera política, cuando en la realidad se ha dedicado a la
política, salvo que entienda por esta actividad otra cosa que no sea influir en
la vida pública. Quizá no quiere ser política profesional, lo que sería
plausible dado su enorme fortuna, en torno a la cual evade una explicación que
le debe a todos los Chihuahuenses acerca del famoso 3 de 3, al que ella se negó
por “razones familiares”.
Aunque oculta que buena parte de
los negocios a que se dedicó la familia por más de cien años tiene mucho que
ver con las buenas relaciones con el poder público, como es lógico inferir en
un país en el que la comercialización de bebidas alcohólicas ha estado normado
con tintes muy claros de cercanía con ese poder público y la política.
Durante la campaña de César
Duarte, la familia De la Vega, a través de Alejandra, la mujer de los negocios,
sostuvo varios encuentros previos al triunfo electoral de Duarte, apoyando por
supuesto con aportaciones millonarias la campaña, recursos de inversión que
después cobrarían con creces al ya gobernador del estado.
Los predios, permisos,
concesiones por parte del Gobierno de Chihuahua 2010-2016, fue parte del pago a
la familia De la Vega por las aportaciones económicas a la campaña, además de
proveedurías, y la canalización con funcionarios del más alto nivel para lograr
extender sus negocios en todo el país, sobre todo en el tema de gasolineras.
La expansión comenzó por todo el
país, en Ciudad Juárez, los asentamientos irregulares de tiendas de
conveniencia y gasolineras posteriormente, fueron autorizados sin ningún
problema, aún fuera de manera irregular, sin cumplir con normativas, leyes,
papelería y permisos, la orden venía de lo más alto.
La familia repetía el modus
operandi de décadas atrás, como lo hizo con la Cervecería Carta Blanca, cuando
Federico De La Vega Mathews logró poseer la concesión exclusiva de la
cervecería, inundo el mercado de alcohol, y lo monopolizó, convirtiéndolo en el
hombre más rico de Ciudad Juárez, pero también el responsable indirecto de
muchas pérdidas de vida por el excesivo consumo de alcohol a través de sus
ventas millonarias.
La empresaria adinerada por
herencia y por matrimonio (al estar casada con el petrolero Paul Foster, dueño
de Franklin Mountain Energy (FME), mantiene una relación tan estrecha con el
gobernador Javier Corral Jurado, que ahora pretenden hacer un millonario
negocio en los deportes con recursos públicos. Y para colmo de la desvergüenza,
será bajo otro fideicomiso y la figura de la Asociación de Inversión
Público-Privada (AIPP).
La pujante empresaria tiene
amarrados los fondos para la construcción de un estadio de fútbol –que no es
prioridad para los ciudadanos juarenses-, mediante el esquema de inversión
pública privada.
En términos llanos, es el ‘huachicoleo’ de cientos de millones de pesos que el
gobierno canalizará para la construcción del nuevo estadio de fútbol con el que
siempre soñó la familia de la Vega, y cuya inversión alcanzaría, de acuerdo a
fuentes vinculadas al club de futbol y al gobierno de Chihuahua, los 2 mil
millones de pesos.
Otro
boquetazo a los recursos públicos de los chihuahuenses que pagan y cumplen con
el pago de los impuestos, que tiene como nuevo destino, bajo la justificación
del deporte y la llegada del futbol profesional de primera división, la
inyección de recursos al equipo de Bravos de Ciudad Juárez, que es propiedad de
la señora Alejandra de la Vega Arizpe.
