GLORIA LETICIA DÍAZ
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| Juegos de guerra. Militares simulan operativo en Veracruz. Foto: Miguel Ángel Carmona |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde el pasado 29 de julio, Alejandrina Chigo apenas come o duerme. Casi no habla. Se pregunta cómo estará su hijo José de Jesús Martínez Chigo, detenido ese día en un retén instalado por integrantes de la Secretaría de Marina, muy cerca de su casa, en el poniente de Nuevo Laredo.
“Fuimos a tres campamentos de los marinos, a la oficina de la PGR, a la policía del estado, venimos a México y no nos dicen nada”, comenta en entrevista con Proceso. Y añade: “Él (José de Jesús) es un muchacho muy callado, muy tranquilo, es soldador como sus hermanos. Apenas murió su mujer y dejó a una niña de tres años y a un niño de un año”.
Alejandrina, su esposo y tres hijos varones llegaron a Nuevo Laredo procedentes de Veracruz en busca de mejores oportunidades para vivir. “Mi esposo es carpintero, yo trabajé en una fábrica 10 años, luego pusimos una tienda de abarrotes. Los muchachos estudiaron la secundaria, se casaron y son soldadores. Nunca hemos tenido problemas con nadie. No entiendo por qué los marinos se llevaron a Jesús”.
Acompañada de familiares y del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, los primeros días de agosto Alejandrina acudió a las oficinas centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Unidad de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para conocer el paradero de su hijo. De acuerdo con varios testigos, éste fue llevado junto con la menor Diana Laura Hernández Acosta a un campamento provisional de los marinos en la Ciudad Deportiva de Nuevo Laredo.
Además de este caso, el titular de la CDHNL presentó al organismo que encabeza Raúl Plascencia Villanueva los expedientes del menor Raúl David Álvarez Gutiérrez y de Humberto del Bosque Villarreal, detenidos también por marinos el 30 de julio y el 3 de agosto, respectivamente, y de quienes hasta ahora no se sabe nada.
“Es
preocupante que no haya hasta ahora una respuesta de la Secretaría de Marina ni
siquiera un comunicado oficial del gobierno federal porque en este gobierno hay
un discurso muy efectivo a favor de los derechos humanos, pero en los hechos
hay una tolerancia a los abusos igual o mayor a la que en su momento hubo con
el presidente Felipe Calderón”, sostiene Ramos Vázquez.
Informa
que mientras en el sexenio pasado su organización recabó 432 quejas contra
elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la
Policía Federal, por ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura
y violación sexual, en los primeros ocho meses de 2013 ha registrado 95
denuncias contra las mismas fuerzas federales, cifra que equivale a 22% de los
casos documentados durante el sexenio calderonista.
Hasta diciembre de 2012, apunta Ramos Vázquez, los habitantes de Nuevo Laredo sobrevivían en medio de la guerra de cárteles y de la acción policiaco-militar para combatirla. Sin embargo, “a partir de enero dejaron de ocurrir las masacres terribles, y algunos creímos, ingenuamente, que la situación iba a mejorar, pero lo que estamos viendo ahora es otra ola de violencia generada por la presencia de las Fuerzas Armadas, marinos y policías federales”.
Pese a los abusos ocurridos en Nuevo Laredo durante el sexenio de Calderón, la CNDH sólo emitió dos recomendaciones: la 29/2012, por acciones atribuidas a elementos del Ejército en diciembre de 2011, entre ellas la muerte por tortura de José Manuel Esqueda López, detenido ilegalmente junto con Gustavo Fuentes Moreno, quien sobrevivió al maltrato.
La otra recomendación es la 39/2012, relativa a la desaparición forzada de seis personas, José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Martín Rico García, Usiel Gómez Rivera, Diego Omar Guillén Martínez y Joel Díaz Espinoza, capturadas por marinos en distintos operativos en junio de 2011.
En relación con los abusos cometidos por fuerzas federales en Tamaulipas durante el sexenio pasado, la CNDH emitió cuatro recomendaciones; una de éstas corresponde a las muertes de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, quienes viajaban con sus padres en un vehículo que fue alcanzado por disparos de militares en Ciudad Mier.
Miedo y desconfianza
En los primeros seis meses de 2013, el Sistema Nacional de Alerta Temprana de Violaciones a los Derechos Humanos registró en Tamaulipas 267 quejas en contra de elementos del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal y de la PGR.
Dice Ramos Vázquez que en Nuevo Laredo sólo se denuncia 10% de los abusos “porque hay una gran desconfianza en las autoridades”. Explica: “En casos emblemáticos, como las muertes de los hermanos Almanza Salazar o los seis desaparecidos, no hay castigo para los responsables. Peor aún si se llega a abrir un proceso de investigación por parte de la PGR, ya que es muy lento y los agentes del Ministerio Público empiezan por criminalizar a las víctimas”.
Además, agrega, las quejas documentadas por violaciones a los derechos humanos se refieren a casos graves, como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y, en ocasiones, violación sexual. No obstante, cuando se trata de tortura, privación ilegal de la libertad o incomunicación las víctimas y sus familiares guardan silencio “porque son amenazados por miembros de las Fuerzas Armadas de que si denuncian los matarán a ellos y a sus familias”.
Entre las quejas más graves recibidas por el CDHNL destaca la violación tumultuaria sufrida por una menor de edad el pasado 10 de julio. Tras denunciar los hechos, la joven, de 15 años, ha sido hostigada por miembros del Ejército.
Cuando identificó a sus agresores “un grupo de militares se estuvo burlando de la víctima y de sus familiares”. En el careo estuvo el comandante de la Guarnición de la Plaza de Nuevo Laredo, general Antonio Solórzano Ortega, según se lee en el documento del CDHNL fechado el 30 de julio y dirigido al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y al ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.
Para Raymundo Ramos Vázquez es alarmante que en los primeros ocho meses del gobierno priista se documenten 15 casos de personas detenidas por marinos en Nuevo Laredo.
Explica: “Los ingresan en sus campamentos, donde son torturados; el que menos, durante cinco días, y el que más, durante 30. Luego los llevan a lugares tan lejanos como Chihuahua, Ocampo, Guanajuato, Perote, Veracruz y Oaxaca. Les cambiaron los nombres y fueron amenazados. Si declaraban lo que les ocurrió en los campamentos, les dijeron, los matarían a ellos y a sus familias. Fueron presentados a las delegaciones de la PGR en esos estados y se les obligó a aceptar todas las imputaciones, como posesión de drogas o armas; fueron ingresados a penales de mediana seguridad o cárceles federales, y se les dificulta tener comunicación con sus familiares”.
Gracias a sobrevivientes del confinamiento en el campamento provisional de la Ciudad Deportiva de Nuevo Laredo, los familiares de José de Jesús Martínez Chigo se han enterado de los métodos de investigación que tienen los marinos.
“Dicen que los llevan al sótano de la Ciudad Deportiva, que los meten en tambos de agua y les dan toques eléctricos con las chicharras en el cuerpo, que conectan los dedos de los pies a acumuladores de carros, y que hasta los violan”, detalla Brenda Olvera.
De acuerdo con la denuncia presentada por la mujer ante las oficinas de la PGR en Nuevo Laredo, Margarito García Hernández, cuñado de José de Jesús, vio cuando éste y la menor Diana Laura Hernández Acosta fueron detenidos en un retén de la Marina instalado en el cruce de los bulevares Carlos Canseco y Rea. Ello ocurrió entre las dos y las tres de la mañana del 29 de julio último.
Según el acta levantada por la PGR con el número AC/PGR/TAMPS/NL/COE/541/2013, Margarito decidió ir por su carro y seguir a los marinos. Vio que éstos ingresaron a los detenidos y los vehículos en el campamento de la Ciudad Deportiva. Acto seguido dio aviso a los familiares, quienes se movilizaron para exigir la presentación.
“Hay entre 400 y 600 marinos en el campamento de Nuevo Laredo, y de ahí se rotan hacia los campamentos de Colombia y Anáhuac”, detalla el presidente del CDHNL, la única organización de derechos humanos que permanece en todo Tamaulipas, después de la guerra contra el narcotráfico.
Intervención de AI
En las movilizaciones de protesta los parientes de José de Jesús se acercaron a familiares de otros detenidos por la Marina. Es el caso de Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17 años, detenido el 30 de julio.
Según el expediente que abrió el CDHNL y por el cual la PGR dio curso al acta circunstanciada AC/PGR/TAMPS/NL-III/568/2013, a las 14:00 horas del 30 de julio la hermana de Raúl David, Corina, recibió una llamada anónima para informarle que el menor había sido detenido por elementos marinos en la esquina de la calle 15 de septiembre y la avenida César López de Lara, en Nuevo Laredo.
La joven acudió al lugar y confirmó la versión con testigos. Le dijeron que poco después del mediodía un grupo de marinos interceptó para una revisión a dos personas que viajaban en un Cavalier con placas extranjeras. Como uno de los detenidos coincidía con las señas particulares de su hermano, Corina acudió al campamento para preguntar por Raúl David, pero no obtuvo respuesta.
El CDHNL también tuvo conocimiento de la detención de Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida en el poblado de Colombia, municipio de Anáhuac en Nuevo León, el sábado 3, y por la que la PGR integró el expediente AC/PGR/TAMPS/NL/COE/560/2013.
De acuerdo con el testimonio del padre de Humberto, Armando Humberto del Bosque Gutiérrez, ese día acompañó a su hijo a la comandancia de policía de Colombia para interponer una denuncia en contra de una persona con quien había reñido. Los Del Bosque se retiraron luego de que el personal policiaco les indicó que tenían “instrucciones” de que para cualquier incidente debían “informar y solicitar la intervención del personal de la Marina”.
Aproximadamente una hora después, Humberto recibió un aviso de que acudiera a la comandancia porque “personal de la Marina quería platicar con él”. En sus respectivos automóviles, una camioneta y un Ford Mustang gris modelo 2000 y placas de Texas, padre e hijo acudieron al llamado de las autoridades, y antes de llegar a la comandancia Humberto “fue interceptado por al menos tres unidades de la Marina… descendiendo un grupo de marinos, uniformados, portando metralletas y chalecos antibalas y cubriéndose el rostro con pasamontañas”.
De acuerdo con Armando Humberto, su hijo fue bajado por la fuerza de su automóvil, “arrojándolo al piso para revisarlo; inmediatamente después lo subieron a una de las camionetas oficiales de la Marina y se lo llevaron detenido”, en tanto que un oficial de la Marina se subió al auto de su hijo, un Ford Mustang, y se lo llevó también, sin informarle a dónde iban.
El padre del joven acudió al campamento de la Marina instalado en la entrada del poblado de Colombia para preguntar por Humberto, y un oficial de guardia le dijo que “lo iban a investigar y que regresara en una hora”. Cuando regresó, le dijeron que su hijo no estaba ahí, que habían dejado en libertad al joven con el que tuvo diferencias, y le ordenaron que se marchara.
Entonces se dirigió a la comandancia de policía de Colombia, a la agencia del Ministerio Público de Anáhuac y a los campamentos que la Marina tiene en la región, para buscar información acerca del paradero de su hijo. No obtuvo respuesta.
Pese a que en la Marina niegan haber detenido a Humberto, el CDHNL recuperó un documento, fechado el martes 13, en el que José Ángel Molina y Miguel Godínez, oficiales de la comandancia de Colombia, notifican al secretario de Seguridad Pública Municipal, capitán Alfredo Grande Barrera, que personal de la Marina había “intervenido” a Del Bosque Villarreal cuando viajaba en su vehículo sobre la avenida Juárez al cruce con la calle de Urrea.
Los oficiales que datan los hechos el viernes 2 y no el sábado 3 señalan que al momento de la detención “el responsable del destacamento y comandante de la Marina refiere que a partir de ese momento ellos se hacen cargo de la denuncia, por lo que el denunciante (Del Bosque Villarreal) y el vehículo (el Ford Mustang) quedan a su disposición”.
Por los casos referidos, el lunes 19 Amnistía Internacional le solicitó al presidente Enrique Peña Nieto la aplicación de “medidas urgentes”, toda vez que “las fuerzas de seguridad y la procuración y administración de justicia no son capaces o no tienen voluntad para esclarecer los hechos y encontrar a las víctimas”. Esta solicitud se hizo mediante una carta firmada por el secretario general de la organización, Salil Shetty.
“Hasta el momento, la respuesta de su gobierno no ha estado a la altura de esta crisis de derechos humanos”, advierte Shetty y emplaza a demostrar “la capacidad del Ejecutivo para ejercer su autoridad sobre las Fuerzas Armadas”, cuyos abusos fueron ampliamente denunciados durante el sexenio pasado por esta organización.
