John M. Ackerman
Después de dos traslados pacíficos del poder presidencial en 2000 y 2006,
la violencia política ha retornado. El primero de diciembre docenas de jóvenes
fueron brutalmente reprimidos por la fuerza pública, y dos activistas pacíficos,
Uriel Sandoval y Juan Francisco Kuykendall, gravemente lesionados. El primero
perdió un ojo y el segundo parte de su cerebro, ambos heridos por la violencia
ejercida por la Policía Federal. Asimismo, las detenciones arbitrarias y la
incapacidad de la policía capitalina para proteger negocios y monumentos
revelaron el estado de desprotección en que nos encontramos los habitantes de
la ciudad de México. La liberación de algunos presos políticos ayer no modifica
en absoluto los agravios cometidos.
Recordemos cómo en 1988 fueron
asesinados dos colaboradores de alto nivel del entonces candidato presidencial,
Cuauhtémoc Cárdenas, cuatro días antes de las elecciones presidenciales.
Francisco Ovando y Román Gil habían construido una red nacional para recolectar
los resultados electorales el día de los comicios. Gracias a su muerte fue más
fácil para Carlos Salinas orquestar el fraude que cancelaría la posibilidad de
una alternancia hacia la izquierda en aquel año.
Seis años después, el 23 de marzo de
1994, el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado a
sangre fría a plena luz del día. La tensión entre el presidente Salinas y el
candidato Colosio había aumentado desde el nombramiento de Manuel Camacho como
comisionado para la Paz en Chiapas, lo cual permitió al ex regente capitalino
tener más reflectores que el candidato presidencial. Dos semanas antes de su
fallecimiento, Colosio había marcado su distancia de Salinas en un simbólico
discurso en el Monumento a la Revolución. No pocos cronistas e historiadores
han señalado que con ese pronunciamiento público, Colosio firmó su sentencia de
muerte.
Las elecciones presidenciales de 2000 y
2006 no fueron de ninguna manera ni pulcras ni equitativas. En 2000, tanto el
candidato del PRI, Francisco Labastida, como Vicente Fox recibieron enormes
cantidades de dinero de manera ilegal. Si bien el IFE impuso multas históricas
en los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, nunca se llegó al
fondo de las telarañas de financiamiento ilícito y la mayoría de los
responsables quedaron impunes. Hoy, por ejemplo, Carlos Romero Deschamps, líder
petrolero y uno de los principales responsables delPemexgate, despacha cómodamente
desde una curul en el Senado.
La elección de 2006 también estuvo
marcada por las graves irregularidades que todos conocemos. Hubo una
intervención indebida desde la Presidencia de la República, una campaña
mediática calumniosa financiada ilegalmente por el sector privado y un total
desaseo en el conteo de los votos. El dato más indicador es que a la fecha los
ciudadanos aún no hemos podido revisar la papelería de aquellas fatídicas
elecciones.
En 2012 nos encontramos ante una
macabra síntesis de las viejas y las nuevas formas para defraudar la voluntad
popular y violentar la democracia.
Uriel Sandoval, Juan Francisco
Kuykendall y las docenas de activistas que fueron arbitrariamente detenidos y
encarcelados son hoy lo que fueron Ovando y Gil en 1988 y Colosio en 1994:
víctimas de un sistema político que está dispuesto a cualquier cosa con tal de
no perder su control sobre las palancas del poder. Hubo una clara sed de
venganza. Alguien tuvo que pagar por la insubordinación de los jóvenes del
movimiento #YoSoy132.
Como complemento, tenemos unos días
después el carpetazo anticipado del IFE de los casos de Monex y Soriana. Y por
su destacada labor en la protección de los potentados, la magistrada María del
Carmen Alanís recibe de manos de Enrique Peña Nieto un anillo de diamantes como la
mujer del año.
Hace falta repudiar sin regateos la
violencia porril ejercida por los grupos de choque muy probablemente
auspiciados desde las más altas esferas del nuevo gobierno federal.
Esa vieja estrategia de los halcones la
conocemos bien desde 1971. También es importante señalarles a los pocos jóvenes
que auténticamente creen en métodos violentos de lucha, que esa senda está
destinada al fracaso y que además pone en grave riesgo la integridad física de
sus compañeros y amigos pacifistas.
No se debe nunca dar pretextos a la
autoridad para cancelar el derecho constitucional a la libre manifestación
pacífica.
Hay, sin embargo, buenas noticias.
Primero, se demostró la enorme fuerza de las redes sociales y las cámaras ciudadanas
como instrumentos para la autodefensa popular. A partir de hoy, no puede haber
protesta o acción ciudadana sin una comisión formal a cargo de grabar desde
todos los ángulos posibles. Así se podrá evitar tanto la infiltración de los
saboteadores como las detenciones arbitrarias. Con estas protecciones, los
jóvenes podrán vencer el miedo e inundar de nuevo las calles para continuar
defendiendo sus muy justificadas demandas para la total renovación de la clase
política nacional.
La otra buena noticia es que Marcelo
Ebrard termina hundiendo toda posibilidad para recibir el apoyo de la izquierda
en 2018. Cada vidrio roto el pasado primero de diciembre se debe a una
imperdonable falla en la vigilancia de sus policías. Y cada joven detenido
injustamente fue un imperdonable agravio a la ciudadanía por parte de su
gobierno.
Muchos ya lo sabíamos, pero hoy como
nunca queda claro que Ebrard es igual de represor y cínico que Peña Nieto. Si
quiere contender por Los Pinos, que lo haga por donde le corresponde: el PRI.
#1DMX no se olvida #TodosSomosPresos.
Twitter: @JohnMAckerman
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